Reacomodos en el fallido gobierno de Michoacán y la seguridad comunitaria como contraparte

Desde hace dos semanas Michoacán ya no es el mismo. Antes del operativo del 15 de octubre[1] el gobierno de Fausto Vallejo iba a la baja y se consideraba como un gobierno débil que terminaría por ser sustituido luego de cumplir un año en febrero de 2013. O por lo menos esa era la imagen que desde la burocracia estatal se daba a los pobladores, las recaídas que provocaba la diabetes en Vallejo, las protestas estudiantiles contra la imposición de una reforma educativa ilegítima que no contaba con el consenso de los implicados, los paros de actividades, la constante demanda de atención y seguridad en la meseta p’urhépecha son algunas de las problemáticas inmediatas. Pero aquella madrugada de lunes, diversos cuerpos policiales (federales, estatales y el Grupo de Operaciones Especiales local) instrumentaron un operativo contra los estudiantes de tres Escuelas Normales, Tiripetío, Cherán y Artága, sin embargo los motivos no eran muy claros: por un lado se argumentaba la necesidad de recuperar los vehículos retenidos por los estudiantes a falta de respuesta para el diálogo, y por otra parte la “necesidad” de recuperar las instalaciones de las escuelas. Lo que realmente pasó es que no se recuperaron los vehículos –algunos fueron incluso quemados por parte de las propias autoridades a las afueras de las instalaciones- y tampoco se recuperó inmueble alguno.

Aquel lunes, mientras varios de los jóvenes detenidos pasaban las primeras horas de incertidumbre en ministerios públicos o aún en los autobuses donde fueron trasladados luego de la refriega represiva, cinco ex gobernadores priístas se reúnen para desayunar[2], a puerta cerrada, tal vez para afinar los detalles de los pasos a seguir luego de este “operativo ejemplar” que demostraría que el gobierno de Vallejo necesita cambiarse por uno que pudiera controlar la situación, por un político que sí cumpliera el nuevo perfil del partido: alguien de mediana edad al que no le temblara la mano para poner en orden las cosas, para asegurar que todo funcionará bien para los interesas de los empresarios locales –Familia Michoacana incluida. Ese hombre es Jesús Reyna, secretario de gobierno de Michoacán y hasta ahora el que ha dado la cara respecto a los hechos ocurridos en las Normales.

Esta es una posibilidad para explicar los rostros del reacomodo de la clase política michoacana, pero también afirmaría el desprecio  y el desinterés que se tiene desde el gobierno por los normalistas y todo lo relacionado. Incluso se usaron trascabos para entrar a las instalaciones, sin importar derrumbar parte de las históricas construcciones. Así planteado, el reacomodo deja al operativo como un pretexto (los resultados del mismo refuerzan esta hipótesis) y muestra, además, que Vallejo ha pactado algo y podría aceptar su destitución utilizando su salud como pantalla. La situación que fortalecería a Reyna como gobernador interino, posiblemente, sería una jugada para evitar el recrudecimiento de los conflictos en varias regiones del estado. A pesar de ello, las consecuencias de esta estrategia no sólo son los costos políticos referidos a la opinión pública debido a la brutalidad policiaca, sino que comienza a fraguarse un frente unificado en contra de varias acciones de gobierno.

He mencionado que el operativo no sólo no cumplió con sus objetivos sino que además fue excesivo en su desarrollo. Poco más de 1500 elementos de las distintas corporaciones mencionadas participaron, se cercó a los estudiantes por los cuatro flancos, de un lado llovían gases lacrimógenos y por los otros dos eran balas de goma y algunas reales las que comenzaron a amedrentar a los estudiantes. Eran aproximadamente las dos de la mañana, había helicópteros iluminando la zona y ayudando a localizar a los que pretendían escapar, las autoridades quemaron varios vehículos particulares para justificar la violencia desatada. Esta furia sólo es utilizada en operativos de contrainsurgencia y en los últimos seis años México ha sido testigo de algunos de ellos, o para realmente controlar la situación o para demostrar que se utilizará realmente la fuerza en contra de cualquier intento organizativo. A veces estos operativos resultan buenas excusas para reacomodar las fuerzas políticas al interior de ciertos gobiernos.

Nosotros estamos ubicados en el pasillo cuando llega una helicóptero, tenía las luces apagadas, no podíamos ver por dónde se movía, sólo escuchábamos el ruido que hacía, por ahí nosotros empezamos a echar cuetes para avisar a las comunidades, a cada uno de los compañeros que estaban haciendo guardias para que estuvieran listos. En un segundo momento aparecen otros dos helicópteros y empezaron a prender las luces, rojas y blancas. Empezaron a acercarse camionetas blancas, estuvieron como veinte minutos recorriendo la carretera, luego pasaron camionetas de los GOES (Grupo de Operaciones Especiales, nota del autor), de los federales, traían los camiones rinocerontes, venían autobuses, venían militares, fue a la única Normal donde se ve la presencia del ejército. Éramos 46 hombres y 39 mujeres, éramos muy pocos y por ahí se mencionaba que eran 1500 elementos que nos venían a desalojar. Nos concentramos en la puerta principal porque pensamos que por ahí entrarían y nos dijeron que por la parte de atrás, por las canchas, estaba repleto de federales.

Testimonio de un joven normalista indígena que fue apresado en el operativo del 15 de octubre. Escuela Normal Indígena de Cherán.

La brutalidad policíaca no es justificable y no se puede explicar sino a partir de la combinación entre la necesidad de mostrar un rostro de dureza en este nuevo gobierno y la exigencia de ciertos grupos empresariales para acabar con las protestas de los normalistas. Al interior de las escuelas, se vivió una situación poco habitual luego de la aparatosa entrada de los elementos policiales, entre balas, gases y golpes, los estudiantes “ya estábamos en el suelo y luego nos empiezan a subir a unos camiones, a los hombres nos suben en unos autobuses P’urhépecha, a las mujeres en otro autobús”, afirma un joven normalista. No hubo enfrentamiento como se había manejado al principio en medios de comunicación y por parte de la vocería del gobierno, los vehículos no los incendiaron los estudiantes. No hay confrontación y se llevan a los que pueden presos: un mensaje con varios significados se estaba lanzando desde el sector del gobierno que ordenó esta actuación.

En una visita a las instalaciones de la Escuela Normal Indígena de Cherán fue posible constatar que los vehículos que quemados estaban abandonados en la carretera y todas las personas con las que se conversó coincidieron en algo: “fue la policía quien quemó los carros, no los estudiantes”. Al interior de esta escuela se encontraban, en aquel momento de nuestra recopilación de testimonios, 18 operadores de vehículos, transportistas de diversas partes del país, y 27 vehículos de diversos tamaños, retenidos. A pesar de estar inquietos por su prolongada estadía en esta escuela, se encontraban bien alimentados aunque con la inquietud acerca del destino de su vehículo. Coincidían en exigir al gobierno que resolviera la “problemática de los normalistas” para que pudieran retirarse y de manera general se veía una comprensión de las medidas tomadas por los estudiantes pero lo que no se entendía era la brutalidad de la policía para actuar. Nuevamente todo indica a una exageración por parte de las autoridades y a confirmar que, en los medios de comunicación, Michoacán estaba en boca de todo mundo debido a la contundencia del gobierno para “tranquilizar el estado”.

Aparente normalidad

Este lunes 29 de octubre se anuncia el regreso a clases en todo el estado de Michoacán, sin embargo los datos no coinciden con este aviso, por ejemplo: la Escuela Normal de Arteaga anunció que no regresará a clases porque aún hay déficits de profesores y porque no hay condiciones para regresar a una “normalidad” en la vida académica, y en este sentido es preciso subrayar que sólo siete Normales reanudarán clases.[3] El resto de las Normales, particularmente la de Cherán, según una fuente confidencial, ha reestructurado los consejos estudiantiles y las directivas para fortalecer la lucha. Lo que se anuncia como una victoria contundente es tan sólo una calma que descansa sobre agujas.

Luego de que todos los estudiantes presos son puestos en libertad, el magisterio democrático de la sección XVIII, dirigido por Juan José Ortega Madrigal, acuerda el levantamiento del campamento de protesta y el paulatino regreso a clases con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el gobierno michoacano, siempre y cuando se establezca una mesa de diálogo para analizar conjuntamente la propuesta de reforma educativa. Por su lado, el propio titular de la SEP, José Ángel Córdova Villalobos, declara que “no hay ningún cambio absolutamente en la reforma propuesta y firmada y que fue parte de los decretos”.[4] Sólo que ahora hay un ambiente de conflicto y hay 49 jóvenes con procesos penales abiertos, 8 de ellos ya con apelaciones por parte de la Procuraduría General del Estado (PGE) debido a la decisión de un juez de para ponerlos en libertad bajo fianza. Y Reyna asegura total tranquilidad en las festividades del Día de Muertos[5] pese a que Michoacán sufre un abandono en muchos de los aspectos, particularmente en dos, la educación y la seguridad.

Todo apunta a que el reacomodo de fuerzas y figuras políticas, entre Fausto Vallejo y Jesús Reyna, es un síntoma del poco control del gobierno sobre el territorio michoacano y sobre las problemáticas que aquejan a la población, un síntoma que deja ver las mismas prácticas del priísmo y que da cuenta de la necesidad de mantener –mano dura incluida- el poder pese a todo.

Uno de los resultados visibles de este complejo contexto, agudizado luego de la crisis educativa en Michoacán, es la reafirmación de la unidad entre organizaciones y movimientos sociales, el magisterio democrático y varias de las comunidades de la meseta p’urhépecha. Ante la represión del 15 de octubre empezó a fortalecerse la idea de conformar un frente de lucha que tiene como panorama de lucha el detener la reforma educativa en el estado, el fortalecimiento de los procesos de diálogo para mejorar las condiciones educativas, contribuir a que la reforma laboral a nivel nacional se detenga y apoyar de los procesos de seguridad comunitaria que se llevan a cabo en las comunidades p’urhépechas.

Finalmente, pese al intento de generar las condiciones sociales para que la figura del actual gobernador, Fausto Vallejo, diera paso a la de Jesús Reyna y se concretara una transición a un gobierno interino, tomando en cuenta posibles pactos previos con el crimen organizado y el propio Partido Revolucionario Institucional (PRI) y tener condiciones distintas de gobierno que estuvieran en concordancia con la nueva administración de Enrique Peña Nieto, los resultados son diferentes: se ha fortalecido la organización y el papel de los movimientos sociales, teniendo al magisterial y estudiantil como dos de sus pilares al mismo tiempo que comienzan a visibilizarse experiencias de autodefensa comunitaria ante la ausencia de la seguridad del gobierno en amplias zonas donde la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios (principales cárteles que operan en Michoacán) ocasionan violencia y temor en la población. Lo que parecía un operativo que favorecería resultó ser un descalabro político más. Una vez más, una muestra de que el Estado mexicano es un Estado fallido.

El ejemplo de la autodefensa entre los p’urhépechas

Ubicada en el noroeste de Michoacán, la meseta p’urhépecha muestra ahora un rostro distinto al de una zona devastada por el crimen organizado, tal y como hace algunos años parecía. Hoy son parte de la realidad varias experiencias de seguridad comunitaria que dan cuenta de que existe una aceptación por recuperar una tradición que lleva muchos años en esta zona: tomar la seguridad en manos de los propios comuneros para evitar corrupción y asegurar que se tranquilizarán las situaciones de violencia y despojo.

Primero fue la comunidad de Nurío, municipio de Paracho, el lugar en donde desde 2008 existe una policía comunitaria y se cuenta con un Consejo Comunal. Años más tarde, en 2011, la comunidad de Cherán se constituye como uno de los referentes más conocidos de seguridad comunitaria luego de consolidar a la Ronda Comunitaria y lograr su reconocimiento jurídico. Pero en este mismo proceso se encuentran las comunidades de Arantepacua, Comachuén, Turícuaro pertenecientes al municipio de Nahuatzen y Quinceo del mismo Paracho. Particularmente la comunidad de Urapicho dado a conocer, en las últimas semanas, la decisión de tomar la seguridad en sus manos tal y como comienza a ser habitual en esta región[6].

 

El día 13 de agosto aparecieron dos cuerpos, uno de ellos de un líder de un grupo delictivo y a partir de entonces empezamos  a recibir llamadas de amenaza de comuneros de esta misma localidad, de autoridades que tienen que ver por la seguridad del pueblo. Fue donde tomamos la decisión de que por propia seguridad teníamos que seguir vigilando la entrada de cada persona a esta población. Nos hemos mantenido en esta situación porque sabemos que estos grupos organizados, de alguna manera atentan contra la vida de las personas. Nosotros miramos que no hay nada de beneficio para nuestros jóvenes, el que nuestros jóvenes se vayan involucrando en cosas que les vayan a traer consecuencias malas a futuro no lo vemos con nada de gusto, por eso es que no damos la oportunidad de que cualquier grupo trate de infiltrarse involucrando a estos jóvenes haciéndolos caer en la droga”, explica un comunero de Urapicho mientras otros tantos mantienen la guardia en la entrada de su comunidad.

El tema de la seguridad comunitaria es una de las cuestiones que se ha convertido en centro de los debates acerca de la autonomía de las comunidades indígenas, la necesidad de construir su propia seguridad recuperando mecanismos y concepciones relacionadas con la cosmovisión es fundamental, pero sobre todo hacer frente a la dura realidad de poblaciones enteras asoladas por la corrupción, la violencia del ejército y las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico que se ha venido desarrollando este sexenio. Uno de los referentes esenciales es el trabajo que ha desarrollado el Consejo Regional de Autoridades Regionales-Policía Comunitaria (CRAC-PC) desde 1995 en la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, su propuesta de seguridad comunitaria e impartición de justicia basada en la reeducación de los delincuentes ha tenido mucha aceptación entre las comunidades de estas zonas y ha reducido considerablemente la violencia. Se trata de un proyecto surgido de las comunidades que tuvo que ser reconocido por las autoridades estatales y que poco a poco se ha preocupado por la reconstrucción del tejido social a través de proyectos educativos y de fortalecimiento de la economía local.

Cherán, con sus autoridades comunales elegidas en base a los usos y costumbres p’urhépechas también cuenta con el reconocimiento del gobierno michoacano aunque diversos representantes de este último buscan confrontar y dividir la aceptación de este cuerpo de seguridad comunitaria. En este sentido, se trata de la manera de funcionar y de plantearse la seguridad lo que hace que estas experiencias se multipliquen y cuenten con la legitimidad que no tienen los corporativos policiales oficiales y los partidos políticos.

“Es la comunidad en general, todos tenemos participación, todos apoyamos esta causa porque nos interesa el bienestar de las familias. Se ha tomado decisión de las asambleas, cómo es sabido, los pueblos en varios lugares se rigen a través de las decisiones que se toman en la asamblea, lo que la gente decide es lo que se hace y nosotros a través de una asamblea hemos decidido de esta manera guardar la seguridad del pueblo”, afirma el mismo comunero de Urapicho que se detiene a hablar con nosotros para explicarnos el funcionamiento de esta seguridad, su origen y las razones.

Continúa con una tranquilidad en la voz y una firmeza sorprendente, nos comenta sobre la relación que se ha tenido con los distintos niveles de gobierno, comenta que “nuestro presidente municipal, a quien tenemos como primera instancia, está informado de todo esto, a través de él hemos solicitado una audiencia con el secretario de gobierno, con el mismo gobernador, queriendo que ellos pongan atención a esto que estamos pasando, más sin embargo han pasado más de dos meses y no hemos tenido una respuesta. Por ahí es por donde la gente se desespera en ver que de alguna manera el gobierno no pone los ojos en los pueblos indígenas amenazados y tomamos otras medidas de seguridad por nosotros mismos, por eso es que aún estamos esperando dialogar con el gobierno”.

Cada día es más evidente que el vacío que dejan las autoridades es resuelto por iniciativas que parten de la propia gente afectada, poco a poco se recuperan tradiciones y formas para asegurar que la vida cotidiana de las poblaciones no se fracture y por el contrario se mantengan las dinámicas de vida que permiten avanzar comunitariamente en temas como la educación, el empleo y la aplicación de justicia. Resulta fundamental la visión de unidad expresada por parte de las comunidades que comienzan a organizarse, invitan a otras poblaciones de la región a que se discuta el tema de la seguridad: “En un momento dado que otras comunidades deseen unirse a este tipo de causas, por el bien de ellos mismos, yo creo que estaríamos fortaleciendo la manera de hacer, de alguna forma, notar al gobierno correspondiente, atender estos casos, de que pongan atención a lo que pasa en la meseta p’urhépecha, no nos vamos a manifestar de una manera que no sea conveniente, siempre hemos tratado de mantener una buena relación para poder dialogar. Nosotros sí invitaríamos a otras comunidades a que reflexionen, a que piensen que si no hacemos nosotros o no cuidamos por el bienestar de nuestras futuras generaciones, quién es el que va a estar interesado, de esta manera organizándonos, teniendo una mejor relación entre comunidades, una mejor unidad, lograremos hacer frente a cualquier tipo de relaciones y unidos podemos hacer ver las necesidades que estamos teniendo”.

Son estos algunos de los distintos contextos que podemos encontrar en Michoacán, pero a pesar de que la lucha de las Escuelas Normales y en general de todo el sector educativo se muestre alejada –en apariencia- del tema de la falta de seguridad combinada con una emergencia de propuestas comunitarias para procurársela, lo que sí es notorio inmediatamente es la ausencia del Estado, la poca importancia que le demuestran a los sujetos sociales que alzan la voz para plantear el cumplimientos de sus derechos, sujetos que exigen lo mínimo para vivir y que lo hacen a través del diálogo. Tal y como dicen los propios comuneros, “quiérase o no somos parte de este pueblo, de este estado y de esta nación, que de alguna manera no estamos exigiendo nada fuera de lo normal sino que únicamente nuestros derechos como ciudadanos […] No hemos tomado ningún otro tipo de acción porque esperamos una respuesta, una solución a este tipo de problemas”. Al fin de cuentas, tomar el control de la seguridad es también velar por el territorio y por todas las dimensiones que esto conlleva, sobre todo de cara a un Estado que poco a poco deja ver su ineficacia y muy probablemente su inutilidad.