En días recientes, Juan E. Méndez —relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de tortura— presentó sus conclusiones, luego de una visita de 12 días a nuestro país. En ellas reconoció que uno de los métodos más utilizados en México para «investigar» los delitos, es la tortura: «estos actos normalmente quedan en la más flagrante impunidad», aseveró.
Mediante la aplicación de dolor físico y psicológico, las corporaciones de seguridad del Estado mexicano buscan obtener información, pruebas y declaraciones autoinculpatorias. Lo que importa no es esclarecer o prevenir futuros delitos sino operar bajo la lógica del castigo y de que «alguien tiene que pagar». En honor a esta premisa, se fabrican nuevos «culpables» todos los días. En última instancia, el uso de la tortura busca esconder la incompetencia de las autoridades para realizar investigaciones serias y apegadas a derecho, así como maquillar las cifras referentes a los altos índices de inseguridad en nuestro país.
El caso de Claudia Medina Tamariz es, en este contexto, un ejemplo más de cómo los gobiernos golpean, denigran y encarcelan inocentes. Muestra, además, cómo las vejaciones y amenazas que se ejercen contra las mujeres —por el simple hecho de serlo— se desarrollan con un fuerte componente de violencia sexual.
Claudia fue detenida de manera arbitraria por elementos de la Secretaría de Marina, los cuales allanaron su domicilio en plena madrugada del 7 de agosto de 2012. Fue incomunicada, amenazada y torturada para firmar una declaración en la que reconociera formar parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación. No fue presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) sino hasta 36 horas después, a raíz de lo cual se les expuso, a ella, su marido y otras cinco personas, en un montaje mediático al más puro estilo de Genaro García Luna.
«Yo me sentía mal porque estaba toda la prensa, todos estaban tomándonos fotos, en ese momento yo quería decir que nos habían torturado, pero pensé que iban a ir por mis hijos, entonces me quedé callada», señala en su denuncia, recopilada y difundida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C. (Centro Prodh), organización que ha tomado su defensa.
Claudia se ha unido a la campaña Rompiendo el silencio: Todas juntas contra la tortura sexual, que arrancó este 5 de mayo, con el objetivo de seguir luchando por su libertad, difundir su caso y establecer redes de solidaridad con mujeres que han pasado, o están pasando, por una situación similar. A continuación su testimonio.
Luego de la tortura, tuvo que enfrentar un engorroso proceso legal por ocho acusaciones:
- Contra la salud, en la modalidad de posesión, con fines de venta, de marihuana y cocaína.
- Contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, variante posesión atenuada de marihuana.
- Delincuencia organizada con el propósito de cometer el delito de acopio de armas.
- Delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Operación con recursos de procedencia ilícita.
- Portación de arma de fuego exclusiva del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
- Posesión de cartuchos para armas.
- Posesión de granada.
Siete de ellas han sido desacreditadas legalmente y se le brindó el auto de libertad. Sin embargo, sigue enfrentando la acusación de Portación de arma de fuego exclusiva del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, por la que se le dio un auto de formal prisión y por la cual sigue viviendo bajo la amenaza constante de ser detenida nuevamente.
Finalmente, cabe recalcar la importancia que tiene la campaña #RompiendoElSilencio para la documentación, denuncia y organización contra la tortura sexual en México. Como señala Araceli Olivos Portugal, abogada del Centro Prodh: «[la tortura] es una estrategia del Estado, es sistemática y tenemos que intentar usar las herramientas que tiene a disposición para desentrañarlo poco a poco. Sin embargo, es una tarea difícil porque el sistema penal, cuando se trata de la libertad de las personas, es aplastante».