La fábrica de “culpables” del Estado mexicano: acusar a las propias víctimas (Chiapas)

Fotografía de portada: Daniela Parra (de la serie “Diverso entorno“)
Texto: Elis Monroy y Sari Dennise

En enero de 2011, cuando tenía 17 años, Jazmín Ramos Munguía emigró de Honduras a México buscando mejores condiciones de vida. Les habían asegurado a ella y a otras doce chicas, la obtención de un trabajo bien remunerado como meseras, en el estado de Chiapas. Sin embargo, lo que encontraron al llegar a Chamic, en el municipio de Frontera Comalapa, fue un bar llamado «El Titanic» en el que fueron explotadas laboralmente y obligadas a prostituirse.

En mayo de 2011 la Procuraduría General de la República (PGR) realizó un operativo en el bar y los dueños fueron detenidos. En lugar de reconocerla como víctima, a Jazmín la acusaron de ser cómplice de sus propios victimarios. Con 18 años recién cumplidos, fue procesada por el delito de trata de personas, en agravio de tres menores de edad. Luego de ser torturada de manera física y psicológica con el objeto de obligarla a firmar documentos en los que aceptaba autoinculparse. Su proceso legal, como ya es usual en estos casos, estuvo plagado de irregularidades y al final del mismo se le impuso una pena de 27 años de cárcel.

Me empezaron a golpear desde la una de la tarde hasta no sé qué horas de la noche, hasta hacerme firmar. Ya de último accedí y empecé a firmar un montón de documentos sin saber qué era lo que estaba firmando. Me decían «firma, firma y ya te vamos a dejar de estar molestando y te vas a ir libre».

Un mes después de su detención y arraigo en una estación migratoria, fue transferida al Centro de Readaptación Social (CERESO) de Motozintla y posteriormente al de Tapachula. Pasaron entre ocho y nueve meses en los que no tuvo ningún tipo de notificación, ni proceso de declaración, ni conoció a algún «licenciado» que llevara su defensa.

Durante los casi cuatro años que Jazmín estuvo en distintas prisiones de Chiapas, participó en múltiples actos de protesta reclamando justicia, libertad y dignidad. Justicia y libertad para las miles de mujeres que se encuentran encarceladas por delitos que no cometieron; dignidad para todas aquellas que, aunque hayan cometido delitos, tienen derecho a vivir y desarrollarse dignamente en los penales que, contrariamente a lo que su nombre oficial indica, incumplen su función de facilitar la “readaptación social” de las reclusas.

Empezamos a hacer huelgas y huelgas y huelgas, para que se respetaran nuestros derechos, porque a pesar de que éramos reclusas, internas o lo que fuéramos… como nos decían: “delincuentes”… teníamos derechos.

Después de ser trasladada al CERESO 5 de San Cristobal de las Casas, Jazmín conoció a otras chicas que como ella, también estaban en prisión acusadas de haber cometido el «delito de moda» en Chiapas, la trata de personas: Jessica, Clara, las hermanitas guatemaltecas Juana y María Tzoc Tziquim (de 15 y 16 años), Denia, Ivanna y muchas otras. Conviviendo con ellas corroboró lo que ya había vivido en carne propia: que a las personas se les acusa para “presumir” las condenas mediática y políticamente y que las condiciones de vulnerabilidad (como la pertenencia a un pueblo indígena o las condiciones migratorias, de edad, de género, lengua y pobreza) son claves en la fabricación de culpables: «Me imagino que agarran a tanta gente para justificar “hemos agarrado a tantos delincuentes”» comenta.

También en el CERESO 5 se relacionó con los «Solidarios de la voz del amate», organización dentro del reclusorio en la que participaban Rosario Díaz Méndez, Pedro López Jiménez, Juan Collazo Jiménez, Juan Díaz López, Rosa López Díaz, Alfredo López Jiménez, Juan López González, Benjamín López Díaz y Enrique Gomez Hernandez y Alejandro Díaz Santiz (el único que continúa recluído), adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Ellos, junto con Alberto Patishtán, comparten la búsqueda de justicia contra la reclusión de inocentes y por condiciones de vida dignas dentro de las prisiones en México.

A sólo unos meses de haber sido absuelta y puesta en libertad, La Jazmina, como le dicen de cariño sus amigas, compartió con nosotras su tiempo y esta historia, con la intención de que la difusión de su caso visibilice cómo la violencia contra las mujeres en México y Centroamérica regularmente va de la mano con la corrupción de los gobiernos en la región. A pesar de la gravedad de las situaciones que ha enfrentado —o quizá como consecuencia de las mismas— ella es una mujer llena de alegría y fortaleza.

Yo he cambiado un poco al decir basta, al no quedarme callada, al luchar por mí y por mis otras compañeras, porque aunque esté afuera, para mí son mis compañeras, y más que nada, a fortalecer más mis ansias de seguir viviendo. [Estar en una situación así] lo prepara más para salir a esta vida y seguir luchando para lo que uno quiere. Ya uno sale a defender a las demás compañeras…

Tiene la esperanza de que la denuncia y difusión ayuden a que otras chicas alcancen su libertad. Como ejemplo, nos enfatiza la necesidad de poner atención a Juanita y Mariíta Tzoc Tziquim, dos hermanas guatemaltecas menores de edad quienes, asegura, fueron también condenadas injustamente. Actualmente ellas siguen recluídas en el CERESO 5 de San Cristóbal de las Casas.

Aunque las injusticias vividas por Jazmín incluyen violencia de género, violaciones al debido proceso, tortura y discriminación por condición migratoria, resulta pertinente ahondar en la situación que se vive en Chiapas en relación a la trata de personas. Como ocurre en otros casos, la “necesidad” de los gobiernos por ocultar su complicidad o ineficacia en relación a las problemáticas que enfrenta la población en la región, brinda elementos cruciales para entender porqué se está encarcelando a inocentes.

El Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, realizado por el Instituto para las Mujeres en la Migración A. C. (IMUMI) en 2009, indica que Chiapas ostenta el mayor índice de vulnerabilidad en este sentido. Los factores que se consideraron en dicho análisis fueron: la violencia social, las deficiencias en los sistemas judicial y de seguridad pública, la migración interna e internacional, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) relativo al género, la pobreza, las carencias sociales, la precariedad económica, las condiciones laborales de explotación, y por último, el IDH relativo a niveles de violencia.

A partir del anuncio con bombo y platillo, de la tipificación del delito de trata de personas y de la adopción de la Ley Especial para Prevenir y Combatir la Trata en el Estado de Chiapas, en 2009, se desató una cacería por parte de las distintas policías de la entidad, con el objetivo de lograr múltiples detenciones y sentencias, lo cual sería encomiable, de no ser porque para ello se recurrió a prácticas como la tortura, la falsificación de declaraciones, cometiéndose además recurrentes faltas en el debido proceso de los acusados.

Por ello no es extraño que como parte de su estrategia político-mediática, el gobierno del estado de Chiapas celebrara la sentencia condenatoria contra Jazmín, proclamando a los cuatro vientos su compromiso en el combate a la trata de personas, en un boletín de prensa distribuido en diciembre de 2011, con información que los medios convencionales se limitaron a repetir.

El testimonio de Jazmín nos revela una realidad distinta respecto a estas detenciones y evidencia que no sólo no ha habido un avance en cuanto a erradicar las condiciones que permiten la trata de personas en el estado de Chiapas, sino que las autoridades han optado por llevar a cabo procesos judiciales perversos en los que se discrimina y abusa de quienes, de por sí, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Es necesario seguir documentando, difundiendo, denunciando y exigiendo justicia. Algunas veces, como en el caso de Jazmín, esas exigencias se convierten en pequeñas luces dentro del obscuro escenario de los sistemas de justicia y penal mexicanos.

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