Colombia: El dolor acabará hasta que me entierren junto a ella

Texto por Ana María Cuesta / Video y fotografías: Mauricio Poveda

 Para mi corazón basta la memoria, para tu ausencia basta mi recuerdo.
Mi soledad da vueltas como un náufrago perdido en las olas del mar
Blanca Nubia Díaz

Blanca es víctima del conflicto político, social y armado en Colombia; busca justicia desde hace trece años por la desaparición, tortura y asesinato de su hija Irina del Carmen Villero Díaz. Su participación durante años en organizaciones como la Asociación de Mujeres Indígenas y Negras de Colombia en el departamento de La Guajira, por la defensa de los derechos de la mujer, formó en Blanca un espíritu de luchadora. Actualmente pertenece al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) seccional Bogotá, en donde ha realizado procesos personales y políticos en busca de verdad, justicia y reparación. Su hija fue violada, torturada y asesinada por paramilitares comandados por Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, en mayo de 2001; en La Guajira.

Irina del Carmen era la hija menor de Blanca, una joven de 15 años, hija de un «indio wayuu» y con una visión política adelantada para su edad participando en organizaciones como la Juventud Comunista (JUCO). Ante el asesinato de su padre en junio del 2000, salió de su casa con amigas, rumbo a la ciudad de Valledupar, para vender algunos chinchorros y así poder recaudar dinero y hacer el homenaje de las nueve noches a su padre; como es costumbre en las comunidades de la Guajira para despedir a los suyos. Irina tomó la ruta de Cuestecitas que lleva a Riohacha y nunca regresó.

Ante la falta de noticias de su hija, Blanca Nubia decide ir a la zona y en el camino un campesino le anuncia que han matado a seis jovencitas; cuando llega a Cuestecitas se dirige a una enfermera que se encargó de bañar los cuerpos, Blanca le muestra la fotografía de Irina y la enfermera le confirma que es una de las mujeres muertas.

Los campesinos encontraron su cadáver semidesnudo tirado en un pozo conocido como «La Cantera», había sido violada por más de 10 hombres, le quebraron las manos, le cortaron el pecho y le propinaron tres disparos en la cabeza. Las autoridades de Cuestecitas esperaron que alguien reclamara el cuerpo y como nadie llegó, la enterraron como NN; a pesar de que Blanca reconoce a su hija, el cadáver no se lo entregaron. Tres meses después, los paramilitares de la zona llegaron a su casa y la amenazaron, obligándola a salir desplazada huyendo hacia la ciudad Bogotá.

«El indio tiene
un dolor que lo carga…
ese dolor se acabará
hasta que nos entierren
junto a ellos»

El 14 de agosto de 2010 –con el apoyo de Intermón-Oxfam y El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo– Blanca regresó a la Guajira a recoger los restos de su hija y decidió enterrarla en el resguardo indígena al que pertenecía. En medio de una ceremonia tradicional de la comunidad Wayuu, el cadáver de Irina fue envuelto en un chinchorro sagrado tejido por la persona más anciana de la comunidad y por medio del llanto, reflejo de la catarsis de la ausencia y la trascendencia hacia otra dimensión, fue recordada durante todo un día.

Nos comenta: «La verdad yo no quería enterrar a mi hija (…) ustedes [los hijos], son quienes nos tienen que enterrar a nosotros [sus padres y madres], no nosotros a ustedes».

Han pasado 13 años de impunidad y las investigaciones penales sobre el crimen, interpuestas en la Fiscalía de Maicao (Departamento de La Guajira) y el trasladado del caso a la Unidad de Derechos Humanos en Bogotá, no han avanzado. Sumado a ello, Blanca Nubia y su familia han recibido varias amenazas de muerte y hostigamientos desde que decidieron forzadamente habitar en el sur de Bogotá.

Estos hostigamientos han sido denunciados a la comunidad nacional e internacional, pidiendo al Estado colombiano que garantice los derechos a la vida, integridad y a la libertad de Blanca Nubia y su familia, exigiéndole al Estado y a la Fiscalía que investigue de manera pronta y eficaz los hechos para establecer los orígenes de las amenazas.

Blanca Nubia, después de llegar únicamente con la ropa que vestía en el momento del desplazamiento, comenzó a vender y a fabricar artesanías para poder subsistir en la capital. Durante estos años, ella ha asumido una posición política frente a los crímenes de Estado y su relación directa con la estrategia de dominio y control paramilitar. Para ello ha participando en diplomados de derechos humanos, foros, conmemoraciones, realización de documentales y actos públicos donde su corazón «no ha dejado de sangrar», reclamando justicia para el caso de su hija, que aún en tiempos de paz y reconciliación parece agonizar y no acercarse a su realidad más pronta.

«Después que hice el diplomado, me dio fuerzas para que yo denunciara (…) yo digo que haya verdad, justicia y que haya reparación y garantías de no repetición», exige Blanca.

Hasta el momento, se sabe que la autoría del crimen de Irina apunta a paramilitares que comandaba Rodrigo Tovar alias Jorge 40, ex comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las cuales implementaron en todo el país una política narco-criminal a través del miedo y la violencia; con la complicidad del Estado bajo discursos contrainsurgentes y anticomunistas.

Los crímenes del Bloque Norte de las AUC comandados por Jorge 40

El proyecto paramilitar en Colombia responde a la vinculación de sectores de derecha, políticos y empresarios del país que asociados con sicarios y narcotraficantes, han emprendido una estrategia de terror y adoctrinamiento contra la comunidad, a través del combate militar contra las guerrillas por el control del territorio y las rutas de narcotráfico.

Dentro de la estructura de las AUC, se encuentra el «Bloque Norte» que abarca los departamentos del norte del país: César, Magdalena, Guajira, Atlántico y Santander, este Bloque es el responsable de varias masacres y desapariciones en dichos departamentos.

En la Guajira, se encuentra «El Cerrejón», la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. Una mina en la que 69 mil hectáreas de tierra han sido ocupadas para extraer 30 millones de toneladas de carbón por año. Se encuentra cerca de la cuenca del Río de Ranchería y limita con la Sierra Nevada de Santa Marta. Su ubicación estratégica ha llevado al destierro de diferentes comunidades indígenas por medio del terror y la violencia, además de la degradación del ecosistema que existía a su alrededor.

Durante años, los intereses de multinacionales por extraer carbón, gas y petróleo en territorios en los que se encuentran diferentes Resguardos Indígenas, se han valido de las estructuras paramilitares para excavar en estos territorios. Los paramilitares son los encargados de perpetrar los desplazamientos de los indígenas, las desapariciones a sus líderes y la implementación del terror a través de las masacres y la incriminación de la población con grupos guerrilleros.

Según informes oficiales del Centro de Memoria Histórica, 16 mil indígenas wayuu han sido asesinados por el Bloque Norte de las AUC; entre los actos de sevicia más nombrados, se encuentra la Masacre de Bahía Portete, un puerto en la Guajira desde donde los paramilitares exportan droga fácilmente. El 18 de abril de 2004, un grupo de hombres armados bajo el mando de alias Pablo entraron a Bahía Portete, asesinaron a 12 personas y desaparecieron a 30. Entre los muertos había cuatro niños que fueron carbonizados y ocho mujeres, unas de ellas fue cruelmente decapitada.

La estructura del Bloque Norte de las AUC, fue la última en desmovilizarse durante el gobierno de Alvaro Uribe Vélez. Por medio del proceso de la Ley de Justicia y Paz; este grupo entregó sus armas junto con los 20 bloques bajo su cargo. Jorge 40 fue extraditado el 13 de mayo de 2008 a Estados Unidos junto con otras cabecillas paramilitares por delitos relacionados con el narcotráfico. Mientras estuvo sometido al proceso de Justicia y Paz en el país, Jorge 40 sólo confesó alrededor de 600 crímenes y la mascare de 40 pescadores en la Ciénaga Grande, los demás crímenes aún permanecen sin develarse por parte de sus perpetradores.

Las mujeres en el Conflicto Armado en Colombia

Como el caso de Irina, las mujeres indígenas, campesinas, líderes sociales, estudiantes, amas de casa, han sido víctimas de la misoginia y de la sevicia por parte de los grupos armados en Colombia. La mayoría de las víctimas de violencia son mujeres pertenecientes a los departamentos de Magdalena, Sucre, Guajira, Bolívar, Cesar y Atlántico; es decir, en la zona donde operaba el Bloque Norte de las AUC.

Entre los abusos que comúnmente practicaban hacia las mujeres se encuentran: las violaciones, secuestros por vínculos con otro bando armado, visitas frecuentes a sus hogares para intimidar, violaciones en retenes ilegales, esterilización forzada, castigos por incumplir reglamentos y abordaje violento a sus viviendas. Además del desplazamiento forzado, desaparición forzada, detención arbitraria, tortura y asesinato. Los grupos más afectados son las mujeres indígenas y afro-colombianas, que aparte de la violencia a las que son sometidas por el hecho de ser mujeres o líderes sociales, son también víctimas de discriminación racial y cultural.

La violencia sexual contra las mujeres por parte de los actores del conflicto en Colombia responde a prácticas de guerra, los abusos sexuales y demás vejámenes que son utilizados como hechos ejemplares con el fin de mantener y facilitar el control militar, silenciarlas, castigarlas e incluso exhibirlas como trofeo de guerra. Según el informe de Amnistía Internacional, ante la situación «las autoridades en Colombia no han abordado efectivamente la ausencia de justicia para las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado», es decir, la mayoría de estos casos están en la impunidad.

Las mujeres víctimas piden justicia y reparación por parte del Estado frente a estos hechos, para ellas es fundamental que el Estado garantice sus derechos más allá de la reparación en términos de indemnización monetaria; las mujeres exigen el derecho a la educación, la salud, la atención psicosocial que les ayude a superar el impacto del conflicto y finalmente, que no exista impunidad.

Justicia o impunidad en un ambiente de paz

La implementación de la Ley 975 del 2005 o Ley de Justicia y Paz, promovida por Álvaro Uribe, permitió la desmovilización de más de 30 mil paramilitares miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC. El propósito de la ley es que los grupos armados entregarían sus armas y se reintegrarían a la sociedad civil, para esto se acogerían a un proceso penal en donde recibirían beneficios en  rebajas de penas de 5 a 8 años* como pena alternativa de 60 años, en la medida en que aportaran a los procesos de justicia, verdad y reparación para las víctimas a través de «versiones libres» sobre los crímenes perpetrados.

El 13 de mayo de 2008 algunos de los comandantes de las AUC que se acogieron a la ley fueron extraditados a los Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico y pagar penas de 10 a 15 años, mientras que en Colombia deben responder por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su participación en la organización criminal. La ausencia de un sistema judicial eficiente y de instituciones que vigilen el cumplimiento de las condiciones legales a las que se acogen los paramilitares para gozar de los beneficios, ha demostrado la negligencia del aparato judicial para tramitar y procesar estos casos de lesa humanidad, garantizando total impunidad.

Sin embargo, los mandos medios y aquellos que no se desmovilizaron, mantienen al paramilitarismo activo con nuevos nombres como Águilas Negras o Bandas Criminales (Bacrim). Estas continúan azotando de violencia y sangre ciudades como Buenaventura y otras, en las cuales siguen existiendo casas de «pique»; lugares donde descuartizan gente con la misma intensión de mantener el control militar, económico y político a través del miedo y la violencia acompañada de sevicia, el continuo asesinato y las amenazas a líderes sociales.

Mientras que madres como Blanca y otras víctimas en el país, piden a jueces, fiscales y entidades gubernamentales verdad, justicia y reparación, el 15 de Agosto del presente año, salieron de la cárcel los primeros 200 paramilitares que se acogieron a la Ley 975 de Justicia y Paz, por buena conducta, contribución a la verdad y entrega de algunos bienes que despojaron. Entre ellos, 46 comandantes y cuatro mandos medios que cumplieron condenas en cárceles nacionales durante 8 años. Entre los delitos de estos 200 paramilitares suman más de 30 mil víctimas entre homicidios, desapariciones forzadas, violencia sexual, masacres y reclutamiento de niñas y niños.

Justicia y Paz ha sido una ley con gran margen de impunidad, en 8 años sólo se han presentado 12 condenas, las víctimas no han tenido procesos de reparación y tampoco ha sido garantía del desmantelamiento de las estructuras paramilitares que siguen delinquiendo, ni de los responsables intelectuales que implementaron el modelo de despojo y de control político bajo ideologías nacionalistas, quienes han ordenado los crímenes masivos cometidos por los paramilitares y que han beneficiado a ganaderos, empresarios y políticos, aun para reelegirse en sus cargos.

La Corte Suprema de Justicia ha adelantado procesos de investigación a políticos vinculados con el paramilitarismo, proceso que se ha llamado mediáticamente «parapolítica» y que ha arrojado información para iniciar algunos procesos penales, los cuales han sido adelantados por algunas declaraciones de los jefes paramilitares extraditados. Es claro que los jefes paramilitares no eran los que a manera personal diseñaron los planes de exterminio, existieron estrategias e intereses de carácter político, económico y territorial para justificar la violencia contra la población.

Mujeres víctimas como Blanca, saben que resistir no es aguantar y que la paz se construye con justicia, verdad y garantías de no repetición. La construcción de paz en medio del conflicto por parte de las mujeres víctimas incorpora la perspectiva de género, pero además reivindica la capacidad política para construir una cultura de paz impulsada desde los movimientos y organizaciones populares. La exigencia de la reparación para estas mujeres víctimas debe ser integral al daño causado en ellas y sus familias.

En las actuales negociaciones de La Habana se hace necesaria la exigencia del desmantelamiento de las estructuras paramilitares, ya que no sólo se debe llegar a un proceso de paz con un grupo guerrillero mientras continúen existiendo grupos paramilitares y sus alianzas políticas en el país manteniendo la impunidad. La paz es hija de la victoria, hermana de la justicia y es la ausencia de múltiples violencias, por eso Blanca dice: «Que si hubiera paz, que ojalá haya paz con justicia social».