Comunicación en Guatemala: profesión de alto riesgo

Por Anna Jover Segura

«Durante el 2013 se registraron 57 agresiones contra la prensa, en las se incluyen amenazas, obstrucción a la fuente, censura, difamación y detención arbitraria, además de 4 asesinados». Comenta en entrevista personal Alberto Brunori, representante de Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos Guatemala (OACNUDH), basándose en el informe de CERIGUA, Estado de la situación de la Libertad de Expresión en Guatemala 2014.

Ricardo Busquets es una de las personas agredidas. Comunicador de origen premianenc –gentilicio de la localidad de Premiá de Mar, Cataluña, Estado Español– de ojos vivos y sinceros que parecen estar siempre buscando el encuadre adecuado tras el marco de sus anteojos.

«Yo no hago política. Yo no soy dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC). Yo no escribo los comunicados. Yo me limito a hacer mi trabajo, que es el fotoperiodismo, por eso estoy tranquilo. Yo sólo soy comunicador en el CUC en calidad de cooperación técnica voluntaria en comunicación», aclara Ricardo, afincado en Guatemala desde enero del 2010 cuando decide colaborar a jornada completa, sin ningún tipo de retribución, como comunicador en el CUC, organización nacional del cual uno de sus fundadores fue Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz en 1992 quien fue miembro del Consejo Nacional de la organización por varios años.

Sin embargo, este reportero de carácter reservado y humilde, sin aspiraciones protagonistas, se convierte en personaje público cuando el ex viceministro de seguridad del Ministerio de Gobernación, Julio Rivera Clavería, el 14 de febrero 2012, declara que «un ciudadano de nacionalidad española, del que se desconoce el nombre, estaría manipulando a líderes comunitarios con el pretexto de querer canjear a Felipe Gutiérrez Cifuentes, de 53 años, capturado el jueves anterior por la Policía Nacional Civil (PNC) de Uspantán, por robo agravado, asociaciones ilícitas y homicidio; los pobladores y su asesor español tienen vínculos con el narcotráfico, contrabando y el crimen organizado y de no haber liberado a los agentes retenidos hubieran sido perseguidos por las fuerzas combinadas a través de las montañas del Quiché, de día y de noche, hasta dar con su paradero» (Asociación de Cabildos Indígenas).

Estas declaraciones, representaron una amenaza directa tanto a los habitantes del lugar como a Busquets, pues era el único no-guatemalteco claramente identificable que cubría la resistencia de los pobladores a los que se refiere. Dicha comunidad ha vivido ancestralmente en la aldea El Regadío, en oposición a que las aguas del nacimiento que están en su territorio sean utilizadas por el terrateniente Pedro Brol, conocido por sus actuaciones represivas y la complicidad con las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el área Ixil y los municipios de Uspantán y Cunén, en connivencia a la empresa italiana ENEL. «Ahí es donde se desata esta situación, donde dejó de ser una persona que hace su trabajo como comunicador y paso a salir en los medios de comunicación». En consecuencia y como respuesta se da una conferencia a nivel nacional para aclarar las falsedades e inexactitudes en las declaraciones del ex viceministro de seguridad, así como demandando al funcionario que se retractara y pidiera excusas públicas por mentir descaradamente. Cosa que jamás ocurrió. «No me escondo porque no tengo nada que esconder».

Poco después, da inicio el juicio en contra de José Efraín Rios Montt (presidente de facto de Guatemala por medio de un golpe de estado durante 1982 y 1983), que concluye el 10 de Mayo del 2013 y donde se halla responsable a él y al general José Mauricio Rodríguez Sánchez de la matanza de 1.771 personas de la etnia maya-ixil en Quiché –zona norte del país–, condenando al ex presidente a 80 años de prisión por genocidio y crímenes contra la humanidad. No obstante, la sentencia fue anulada por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, determinando el reinicio del juicio el próximo enero de 2015.

Es en este contexto de dudosa independencia entre lo judicial y lo militar, donde surge y se expande La Fundación Contra el Terrorismo que se auto presenta en su página de Facebook como:

Somos una institución respetuosa del estado de derecho que surgió a la luz pública como respuesta de ciudadanos libres trabajadores y que pagamos impuestos, ante la necesidad de dar a conocer la verdad histórica de Guatemala.  Nuestro propósito es evitar la tergiversación de los hechos del pasado, como maliciosamente habían venido haciendo algunas personas y organizaciones relacionadas con la delincuencia terrorista y violenta, cuyo fin último hoy por hoy es acrecentar la polarización de la sociedad guatemalteca, mediante señalamientos cargados de odio y resentimiento por la derrota que sufrieron en una guerra que ellos provocaron.

Dicha Fundación, de la que es Presidente Ricardo Méndez Ruíz (hijo del ex ministro de Gobernación durante el gobierno de Ríos Montt, y secuestrado por la guerrilla en 1982) y asesor legal Moisés Galindo (abogado defensor del ex dictador), se dio a conocer con un inserto de 20 páginas de campo pagado en elPeriódico, titulado “La farsa del genocidio”, el 14 de abril del 2013, con un texto donde las palabras “marxista” y “terrorista” se repiten de forma acusatoria. En estas se habla del papel de la Iglesia católica durante el conflicto, sobre el rol de la guerrilla, describe las diferentes células insurgentes y masacres que les atribuyen e incluye un listado de fundaciones de derechos humanos donde se señala directamente a cientos de personas, muchas de ellas con fotografías y descalificaciones. Como por ejemplo, a Frank La Rue, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la ONU y entonces asesor sindical, definido como «conspirador y manipulador por naturaleza, terrorista de corbata». Los textos también incluyen un listado de “extranjeros indeseables”, donde irremediablemente es incluido y señalado Ricardo Busquets.

Por otro lado, pero en la misma línea, en el perfil de Facebook de la Fundación Contra el Terrorismo se pueden leer varios post en referencia a Busquets donde se le califica de dirigente del movimiento y violentador de los derechos de los guatemaltecos, siendo el último el pasado 6 de Julio.

Lamentablemente, el caso de Ricardo Busquets, es sólo un ejemplo de la grave situación que vive el país con respecto a la violación de derechos humanos de periodistas y medios comunitarios y así lo reiteró públicamente en diferentes medios de comunicación colectiva Hugo Rolando López, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) «es notoriamente un retroceso el que se vive en Guatemala, en relación con las libertades primarias de información y de expresión del pensamiento», enfatizando el deterioro a las libertades de prensa de los últimos años de este gobierno, al que calificó de funesto para el gremio y el pueblo en general. «La situación de riesgo, la vida, integridad, seguridad o libertad del comunicador social, no sólo está latente, sino que va en aumento al producirse persecución oficial en contra de los medios».

En el mismo sentido Reporteros sin Fronteras (RSF), organización internacional contra la censura y de apoyo y protección de periodistas (con estatus consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO), señaló que los periodistas en Guatemala son víctimas de la violencia que afecta al país, desde hace décadas. Por ello, la prensa no se anima a informar sobre temas delicados pues teme a las represalias por parte de grupos criminales o de las propias autoridades, como ejemplifica el caso de Busquets. Este temor está impregnando a los profesionales de la comunicación en un clima de autocensura y miedo que deteriora el ejercicio de la libre información y democratización en el país.

Por su parte, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA) contabiliza 38 agresiones contra periodistas y comunicadoras y comunicadores de marzo 2013 a marzo 2014, incluyendo cuatro asesinatos.

De esta forma se confirma la denuncia en enero de 2014  de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que «desde el año 1987 a la fecha, Guatemala se encuentra entre los primeros 5 países con más asesinatos y atropellos dirigidos a trabajadores y medios en Latinoamérica, superada por Brasil, México y Colombia».

En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2014 quedó patente la caída vertiginosa de Guatemala, en 29 puestos, con relación al año anterior. Uno de los motivos que posiciona a la nación en esa clasificación es que se registró el doble de agresiones físicas, incluyendo cuatro asesinatos el año pasado, como quedó consignado y documentado.

Entre otros hechos que permiten la caída en punteos internacionales, figuran la cobertura del narcotráfico, la corrupción oficial y municipal, así como conflictos de propiedad de tierras, con hidroeléctricas o mineras, que exponen a represalias a los informadores y comentaristas.

Este resumen se publica cada año por Reporteros sin Fronteras (RSF) y mide el nivel de libertad de información en 180 países exponiendo el grado de libertad para garantizar el respeto a la misma.

Guatemala está sufriendo un preocupante aumento en las violaciones a la libertad de expresión y agresiones contra la prensa, especialmente en los últimos años, tal como evidencian lo distintos informes nacionales e internacionales.

«A raíz del 2012 en adelante, tras las irresponsables declaraciones del ex viceministro de seguridad, Julio Rivera Clavería, aunque uno procura hacer su vida y vivir tranquilo, por desgracia no muy tranquilo se puede vivir», finaliza en entrevista Ricardo Busquets, a la espera del próximo ataque contra su persona y su trabajo.

Hacer comunicación en Guatemala, comunicación con respeto a la verdad y persecución de la objetividad, se ha convertido en una profesión de alto riesgo.

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