La justicia fallida: alternativas comunitarias en Huamuxtitlán

Las pésimas condiciones de la carretera Tlapa-Marquelia
Fotografía: Karla H.Mares

La mañana del 28 de diciembre de 2009, en un taller mecánico de la ciudad de Huamuxtitlán, perteneciente a la región montaña de Guerrero, Lucino Ramírez Joachinillo, mecánico de profesión, de 34 años de edad, fue brutalmente golpeado por policías ministeriales –antes llamados judiciales, por ser la policía encargada de “hacer justicia”, es decir, ejecutar las órdenes de aprehensión-.

¿La razón? Una “inspeccion de rutina” que los policías ministeriales requerían realizar en el marco de la campaña Guerrero Seguro, donde el énfasis es buscar coches robados como estrategia de “prevención” y lucha contra la inseguridad.

A pesar de que Lucino no se resistió en ningún momento a la revisión, los ministeriales fueron más allá de sus obligaciones e intentaron entrar a la casa que se encuentra al final del taller, donde vive la familia.

Es en ese momento que se les solicita la orden de cateo. ¿La respuesta? una serie de insultos y como muestra de la autoridad incuestionable que representan, un cachazo a Lucino que lo deja tirado en el suelo.

Inmediatamente el sobrino, un joven de 17 años,  intervino y también es golpeado y subido a la camioneta blanca, junto con Lucino. Ambos relatan que durante el camino recibieron fuertes golpes en las costillas, cabeza y espalda; y los mantuvieron todo el tiempo en el piso de la camioneta, con la bota de uno de los policías encima.

Fotografía: Karla H.Mares

Además fueron permanentemente intimidados, amenazados de muerte, durante la hora que estuvieron detenidos, como una forma de que desistieran de denunciar el abuso. “Uno de los policías le dijo a Lucino: “¡¿Qué te pasó?! Te caíste y te golpeaste, eso vas a decir. […] Te cargó la chingada, yo te voy a remitir y te va a cargar la chingada, ¿dónde están las armas?’. Lucino respondió ‘¿cuáles armas?, yo no tengo armas’. El policía lo amenazó: ‘yo te voy a acusar de que eres parte de la banda de los Beltrán y llevas todas las de perder pendejo” (Mocipol, 2010).

Mientras ello sucedía, la esposa de Lucino busca ayuda y junta un grupo de vecinos que se solidariza y acompañan a la familia a solicitar auxilio al Ayuntamiento Municipal. Es la presión de los familiares y vecinos la que logra que las autoridades se movilicen y encuentran a Lucino y su sobrino en un paradero cercano a la ciudad.

Consejo Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán

La indignación de la comunidad se ha acumulado durante años. La constante en la región es que las policías ministeriales, aprovechando su función de persecución de las conductas delictivas, se dedican a extorsionar.

Las formas son diversas, ya sea para ejecutar o no órdenes de aprehensión -ello depende de quién de un mejor pago por ello, la víctima o el delincuente-.

Además, se destacan los permanentes retenes que los ministeriales implementan en lugares aislados y sobretodo en las carreteras, en búsqueda de personas en posesión de autos robados.

La Montaña de Guerrero es una zona en donde abundan los coches robados provenientes de Puebla, pues es aquí donde encuentran compradores -campesinos que necesitan camionetas para transportar su leña, maíz o cualquier producto de subsistencia-.

El precio de la libertad, es decir las cuotas de extorsión oscilan entre 10,000 y 30,000 mil pesos, en una región catalogada como una de las zonas más marginadas y de pobreza extrema en México (Mocipol, 2010).

En suma a ello, dentro de la región, es un secreto a voces, una sospecha constante, la estrecha relación entre los ministeriales y los grupos delincuenciales, por lo cual la impunidad es el cobijo bajo el que actúan.

Es bajo este contexto y a raíz del abuso cometido a la familia Joachinillo, que la comunidad se organiza y decide conformar lo que denominaron el Consejo Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán.

Hombres y mujeres, jóvenes y adultos de todas edades, se organizan en grupos de  vigilancia, reciben asesoría en seguridad ciudadana y prevención del delito por parte de organizaciones de la sociedad civil, y mantienen reuniones vecinales quincenales. Asimismo realizan reuniones con el Ayuntamiento municipal, para solicitar dos puntos: la salida de la cabecera municipal del agrupamiento de la policía ministerial y ampliar el número de elementos de policía municipales (La Jornada Guerrero, 2010).

Sin embargo las demandas son ignoradas y la crisis de seguridad va en aumento.

Durante la asamblea comunitaria en Huamuxtitlán
Fotografía: Karla H.Mares

La madrugada del 2 de junio del año pasado, las campanas de Huamuxtitlán volvieron a replicar en alerta de auxilio. Inmediatamente, cientos de vecinos-armados con machetes, palos y rifles- se congregaron en la plaza central donde se les informó que un adolescente, hijo de un comerciante, había sido secuestrado.

 Para sorpresa de todos, no era el único secuestrado, pues al reunirse en la plaza central se notificó que eran 17 personas secuestradas.

Manuel Vitrago Reyes, encargado de conformar el Frente Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán (FCSH) –nombre al que cambia el Consejo, después de ver que las autoridades los ignoran y que busca impulsar el proyecto que pase de la interlocución con autoridades a la prevención comunitaria, impulsando la conformación de una policía-, relata:

“Durante la ola de secuestros del sábado nos avisaron que había problemas en la comandancia de la Policía Preventiva Municipal, cuando fuimos al lugar los elementos huyeron y encontramos en el interior a una niña de diez años, tenía la boca sellada con cinta canela y además esposada, después supimos que la habían llevado de una comunidad de Cualac”.

Más tarde, “regresamos a Huamuxtitlán y escuchamos balazos que provenían de la comandancia de la Ministerial, entonces sobre la carretera vimos acercarse a varios carros, adelante venía el presidente interino tirando de balazos, era evidente que custodiaba a los ministeriales para sacarlos del lugar y por eso lo interceptamos” (Vanguardia, 2012).

El edil suplente, previamente se desempeñó como Director de Seguridad Pública Municipal de Huamuxtitlán y se sospechaba que desde su cargo protegió a las bandas de secuestradores que operan en la zona. (Proceso, 2012).

Por todas estas razones, los pobladores acusaron a los policías municipales y ministeriales de “ser cómplices” de los secuestros.

En México el 95% de los casos quedan impunes (ONU, 2012). Huamuxtitlán es el claro ejemplo de la impunidad bajo la cual vive la sociedad mexicana en una de las mayores crisis de seguridad que se agudiza con  la declaración de guerra al narcotráfico por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en 2006.

Guerrero y sus complejidades

Guerrero está conformado por 8 regiones muy distintas entre sí. Huamuxtitlán forma parte de la región montaña, así como el territorio de Policía Comunitaria perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Regionales de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), con 18 años de experiencia.

Si las condiciones de la carretera lo permiten, la distancia entre Huamuxtitlán y la Casa de Justicia más cercana de la CRAC-PC es de 5 horas en coche. Razón por la cual, el Frente Ciudadano de Huamuxtitlán junto con la CRAC deciden sólo coordinarse y conformar la Policía Ciudadana y Popular (PCP), con comunidades más cercanas como Cualac y Olinalá.

La coordinación se da en el marco de la legitimidad que el Frente Ciudadano tiene ante la comunidad de Huamuxtitlán, por ser el pueblo organizado quién la conforma; desde que surgió, han mantenido una cercanía a la CRAC, quién los ha asesorado en diversos momentos.

Es importante destacar que la PCP está conformada por vecinos de las comunidades, que cuentan con el reconocimiento de ser ciudadanos responsables y  preocupados por la seguridad e integridad de su municipio. Muchos de ellos, son hombres de edad madura que portan armas -escopetas que los campesinos suelen utilizar durante sus actividades cotidianas y no de grueso calibre- y que están dispuestos a dar su vida por por su comunidad.

Policías Comunitarias ≠ Autodefensas

En los últimos meses –a partir de enero de 2013-  los principales noticieros se han encargado de mal informar acerca del surgimiento, pareciera espontáneo, de grupos de autodefensa en distintas regiones del país: “al menos treinta y seis grupos de autodefensa ciudadana han surgido en ocho estados: veinte en Guerrero, cuatro en Michoacán, tres en Morelos, dos en Oaxaca, dos en Veracruz, dos en Chihuahua, dos en el Estado de México y uno en Jalisco” (Rea, 2013).

La preocupación es que se ha metido en el mismo saco a todos los procesos de lucha y de organización por la seguridad, como una forma de deslegitimar a las policías comunitarias, quienes en muchos casos tienen años de existir.

Es de vital importancia tener claridad que no todo grupo civil armado es una autodefensa, cuando éste se relaciona con el concepto utilizado en Colombia y que pone en evidencia el riesgo que muchos señalan, de que el Estado pierda el uso exclusivo de la fuerza. Como tampoco todo grupo civil armado puede ser denominado policía comunitaria, legitimizada por el poder del pueblo y definida bajo asambleas comunitarias.

En palabras de William Ospina[i]: “El verdadero nombre de la paz es la dignidad de los ciudadanos, la confianza entre los ciudadanos, el afecto entre los ciudadanos. Y donde hay tanta desigualdad, y tanta discriminación, y tanto desprecio por el pueblo, no puede haber paz.  Allí donde no hay empleo difícilmente puede haber paz. Allí donde no hay educación verdadera, respetuosa y generosa, qué difícil que haya paz. Allí donde la salud es un negocio, ¿cómo puede haber paz? Donde se talan sin conciencia los bosques, no puede haber paz, porque los árboles, que todo lo dan y casi nada piden, que nos dan el agua y el aire, son los seres más pacíficos que existen.”

Notas 

  1. Desde la Mirada Ciudadana. Informe del Monitor Civil de las Policías y as Fuerzas de Seguridad Pública de la Montaña de Guerrero (Mocipol). Publicado en: http://www.tlachinollan.org/Descargas/Desde_la_mirada_ciudadana_Informe_mocipol.pdf
  2. Ferrer, Sergio. Cabildo de Huamuxtitlán indagará intento de secuestro de dos choferes. Jornada Guerrero. Publicado en: http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/10/01/index.php?section=regiones&article=007n1reg
  3. Se enfrentan pueblo de Huamuxtitlán con Zetas; rescatan a 17 plagiados. Vanguardia del 6 de junio de 2012. Publicado en: http://www.vanguardia.com.mx/seenfrentanpueblodehuamuxtitlanconzetas;rescatana17plagiados-1303945.html
  4. Rea, Daniela. El pueblo en rebeldía. Gatopardo en abril 2013. Publicado en: http://www.gatopardo.com/ReportajesGP.php?R=189
  5. Flores Contreras, Ezequiel. Impunidad desata ira de pueblo: apedrean a policías, queman cuarteles y someten a alcalde. Proceso en 3 de junio de 2012. Publicado en: http://www.proceso.com.mx/?p=309651
  6. Matías, Pedro. Impunidad en México alcanza 95%, alerta oficina de la ONU. Proceso 20 de enero 2012. Publicado en: http://www.proceso.com.mx/?p=295536

[i] William Ospina (1954) es poeta y ensayista, ampliamente reconocido como uno de los mejores escritos colombianos contemporáneos. Su texto “Segunda Oración por la Paz” fue pronunciado como uno de los momentos culminantes de las movilizaciones masivas de millones de colombianos que se realizaron el 9 de abril de 2013, marcando 65 años desde el asesinato del dirigente popular y jurista Jorge Eliécer Gaitán (1898-1948). El asesinato de Gaitán provocó la mayor rebelión popular que ha habido en la historia colombiana- el llamado “Bogotazo”- y marcó el inicio de la violencia política que sigue caracterizando al país.

El texto de Ospina hace un eco deliberado de la primer “Oración por la Paz”, leída por Gaitán al concluir una de las mayores movilizaciones por la paz en Colombia, que se realizó el 7 de febrero de 1948. Muchos coinciden que la contundencia de Gaitán ese dia le acabó costando la vida, al denunciar la complicidad directa entre el entonces Presidente y los grupos paramilitares que habian cometido cientos de asesinatos impunes de militantes gaitanistas, inaugurando la tradición de ese tipo de violencia que sigue permeando la patria colombiana, con armamentos y financiamiento gringo dentro del marco del Plan Colombia. Este es el mismo modelo desde luego que hoy ha sido “exportado” a México, con consecuencias equivalentes.

Por Karla H. Mares

 

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