Crónicas del genocidio. Segunda parte

Por Rodrigo Véliz Estrada
Centro de Medios Independientes (CMI) Guatemala

CRÓNICAS DEL GENOCIDIO #4

Hay razonamientos que son difíciles de entender. No tanto por la coherencia en el argumento, sino por la atroz sinceridad y transparencia con la que se expresa. Estos razonamientos desnudan por completo una serie de supuestos, de sensibilidades, de estructuras de sentido, que muestran tal cual a la persona o grupo que los está expresando. Para el analista no pueden más que ser una joya, al evitar la inicial y necesaria descomposición lógica de la serie de argumentos de un discurso, para lograr adentrarse en el sentido que los guía.

El juicio que se está llevando a cabo en contra de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez ha provocado una intensa y airada reacción de parte de varios sectores y grupos. Entre los más iracundos en sus argumentos han sido los militares, especialmente los retirados, aglutinados en la Asociación de Veteranos Miliares de Guatemala (AVEMILGUA). A finales de la semana antepasada, en los primeros días del juicio, esta asociación decidió realizar una demostración pública en las afueras del Palacio de la Justicia. El interés no era solamente recolectar firmas de apoyo para presionar porque el Tribunal de Alto Riesgo, a cargo del juicio, realice un “debido proceso”. También tenía como objetivo dar a conocer su posición frente al juicio y todo lo que este supone.

AVEMILGUA, y muchos otros, militares y civiles, incluido el mismo Presidente, han dejado claro que hablar de genocidio es algo que raya en lo absurdo. Un término inconcebible para lo que en este país ocurrió. Es injusticia, es una venganza de guerrilleros, es una traición de parte de Estados Unidos, es una conspiración de parte la comunidad internacional, y es, finalmente, una manipulación más a las víctimas de las masacres.

Según su argumento, lo que hubo fue una guerra cruenta entre dos ejércitos, donde era inevitable que hubiera muertos. Y es cierto, afirman, lo aceptan, hubo excesos, murieron personas inocentes. Pero de eso a genocidio hay un abismo. Todo menos genocidio.

Uno de los voceros presentes en el kiosko instalado por los familiares de los ex militares, con suma crudeza, lo sentenció de la siguiente manera: «Aunque se hubieran muerto 10 mil o 15 mil personas [en el área ixil], eso no comprueba que haya habido genocidio».

Uno no puede más que sonreír. ¿Están hablando en serio? Es decir, lo realmente indignante no es el asesinato “excesivo” de decenas de miles de personas (y no estamos hablando de gente armada, “muerta en combate”, sino de civiles). Lo que sí lo amerita es que a esos violentos actos se le llame genocidio. Impresionante transparencia.

El repulsivo sentimiento que les provoca que se nombre a lo que hicieron con esa categoría, les hace pasar por alto eso otro que tiene, para nosotros, igual o mayor importancia. Algo que trasciende incluso el presente caso. Los militares, y cualquier persona o grupo que haga lo mismo, deben ser juzgados por asesinar a decenas de miles de personas, de manera sistemática y por décadas. El que mata a personas que están en su libre derecho de organizarse, debe ir a la cárcel. Defender la capacidad de representación y libertad política no debe estar penado ni debe resultar en la muerte. El miedo y el silencio, frenos de la libre organización, deben ser por todos los medios condenables.

Eso no se puede repetir y tiene que quedar claro. Este es un elemento de justicia indispensable para la vida en consenso. Los grupos, sectores y clases sociales de una sociedad pueden tener decenas de elementos y puntos de desacuerdo en cuanto al proyecto de país que desean. Pero ninguno de ellos debe ser lo suficientemente fuerte como para asesinar a personas. De otra manera la arbitrariedad, en defensa de cerrados y muy particulares intereses, es la que prevalece, y no el deseo de llegar a acuerdos y consensos. De verdadera democracia.

Eso fue lo que caracterizó el proceso político guatemalteco a partir de marzo de 1963.  Desde este golpe militar, que evitó las elecciones en donde Juan José Arévalo iba a concursar nuevamente por la presidencia, en medio de una abismal polarización producto de la intervención de 1954, lo que prevaleció fue un cierre del espacio político, del acceso al Estado. A partir de allí la capacidad de incidir en el Estado se dio solamente para unos pocos grupos. El resto quedaba relegado. Y de intentar hacer algo, serían asesinados. Acá no sólo murieron guerrilleros. Murieron comunitarios, profesionales, estudiantes, obreros, campesinos, niñez. Fueron asesinados en diferentes regiones y por variadas razones.

A mi particular modo de entender lo que debe ser una sociedad, estas acciones violentas deben ser del todo condenables. Esto es lo realmente indignante. Y por eso este juicio, y los otros que se han realizado, y los miles que quedarán impunes.

Lo que acá está en tela de juicio es la responsabilidad del ejército en el asesinato de civiles.

Eso es un primer paso, entre otros que hay que recorrer.

CRÓNICAS DEL GENOCIDIO #5

El plan original era escribir algo especial, con cierta profundidad, sobre las declaraciones que recientemente realizaron mujeres ixiles en el juicio que acusa por genocidio a Ríos Montt y Rodríguez Sánchez. Este era el objetivo hasta que presencié los relatos en la Sala de Vistas. Simplemente las palabras no me salen como quisiera, y prefiero ser sintético. Otras personas tendrán mejores capacidades para lidiar con este sentimiento.

Es ese sentimiento fuerte que sin uno darse cuenta, tras breves segundos, provoca tensiones en las facciones faciales. Una honda preocupación se apodera de uno. Son esos relatos que nos hacen perder, aunque sea por unos instantes, toda fe en la humanidad.

¿Cómo es posible llegar, de manera tan degenerada y sádica, a ese tipo de acciones? ¿Qué está en la mente de los oficiales que dieron el marco para que esos actos se cometieran? ¿Son serios los militares y gente afín que opina que los organizadores intelectuales de estos actos no deberían estar, como mínimo, en una prisión?

No me puedo permitir utilizar este espacio para reproducir los espeluznantes sucesos.

Lo único que quisiera sacar de este sentimiento (que genera tanto malestar en mi cuerpo… ¡que escucha un relato a treinta años de distancia!), es mi abrumador respeto por las mujeres ixiles que, con eso tras las espaldas, se atrevieron a dar su relato para enjuiciar a una parte de los criminales que lo permitieron. Ese alivio que ha de significar contar lo ocurrido, por leve que sea, es un elemento fundamental de la justicia. Es una reivindicación histórica en proceso de cumplirse.

Bien lo dijo una de las testigos: «Vengo aquí a declarar por la tristeza que me provocaron en ese tiempo y vengo por justicia»

En una sociedad como la guatemalteca, donde la mujer continúa ocupando escalones diferenciados en el efectivo cumplimiento de derechos fundamentales, una sociedad que arremete cotidianamente con violencia contra ellas ¡contra el 50% de la población! No se puede más que aplaudir tan valerosa acción.

¡Qué valientes las mujeres ixiles! ¡Y qué cobardes los militares!

CRÓNICAS DEL GENOCIDIO #6

La estrategia de parte de la defensa de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez comenzó finalmente a dar sus primeros resultados. Como hemos recalcado, si nos ceñimos al proceso jurídico que lleva el Tribunal A de Mayor Riesgo, parecería que la defensa de los ex-militares tiene muy pocas herramientas para una defensa competente. Esto no sólo se debe a su poca experiencia en el arte de litigar. Las pruebas que presenta el Ministerio Público (MP) y las partes querellantes apuntan a lo ocurrido desde diferentes ángulos de análisis (análisis de osamentas, testigos de masacres, planes de campaña, planes de operación, testigos internos del ejército, peritajes políticos y sociológicos, etc.), por lo que parecería probable que se logren cuadrar las acciones ocurridas desde marzo de 1982 a agosto de 1983, años en que el gobierno de facto de Ríos Montt tuvo el control del aparato estatal, con la definición de genocidio.

Pero el juicio no está aislado del resto de la política y las fuerzas que gravitan en las diferentes instituciones del Estado de Guatemala. Por lo que los ex-militares han pasado a buscar herramientas externas más favorables para defenderse. Aunque con fuerza reducida si se le compara con diez años atrás, en ese terreno es donde Ríos Montt y sus redes tienen más posibilidades de lograr algo a su favor.

La estrategia se hizo clara desde el primer día, cuando la defensa de Ríos Montt se presentó solamente con un abogado (pese a haber estado acompañado por varios abogados durante el último año), precisamente el que tenía una relación de parcialidad con la Presidenta del Tribunal y otro de sus integrantes. Era de esperarse que la Presidenta del Tribunal solicitara al acusado diferentes abogados, ya sea los que había llevado antes o alguno que le proveyera el Organismo Judicial, y para no frenar el caso hizo que el abogado con quien guardaba parcialidad se retirara de la sala.

Lo mismo puede decirse de los alegatos de parte de la defensa sobre la “excesiva uniformidad” de los relatos de los testigos presentados por el MP. Y de la misma manera lo que presentaron hace poco, cuando manifestaron su inconformidad porque los peritos encargados del análisis de las osamentas encontradas en el Triángulo Ixil iban a presentar pruebas de manera separada, como lo establece el Código Procesal Penal, y no en equipo. De esa manera, argumentaban, se les dificultaba realizar preguntas a los peritos, debido a su carencia de conocimiento técnico.

Francisco Palomo, uno de los abogados de Rodríguez Sánchez, fue claro en declarar el jueves: «Vamos a presentar cincuenta, mil, o dos mil amparos. Vamos a presentar todos los que sean necesarios». Y eso es lo que han estado realizando.

En cada uno de los casos mencionados, y en otros en que se han pronunciado, han presentado amparos que buscan hacer ver el caso como viciado, que no sigue el “debido proceso”. Faltaba ver si la estrategia, donde se pondrían a prueba los lazos de la defensa con magistrados afines en la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lograría tener algún efecto.

Este jueves 4 llegaron los primeros resultados. La Corte de Constitucionalidad dio a lugar el amparo provisionalmente aceptado por la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal, en donde hacía ver que la decisión de parte del Juez del Tribunal A de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, al no aceptar 20 documentos, 14 informes, 10 videos y varios peritos de la defensa, había sido arbitraria. El Tribunal debía de incluirlos. De no cumplir la orden, la CC amenazó con apercibimientos. Uno de los periódicos de mayor circulación en el país, el conservador Prensa Libre (La Hora, más tirado al centro, presentó el mismo día información con mucho menos parcialidad)i, rápidamente sacó titulares en donde alusivos, mientras en su narración presentaba el caso como un proceso viciado.

La defensa, por su lado, fue clara en sus declaraciones del mismo jueves: Lo que se busca es lograr un amparo definitivo y hacer que el juicio comience de nuevo, desde cero.

El resultado no fue tan dramático. Según el Juez del Tribunal A de Mayor Riesgo no es necesario llegar a esas instancias. Basta con redactar una resolución. Y si en caso se llegara a suspender el juicio, sería solamente por cuatro días, para luego reiniciarse en el punto de suspensión. Para el viernes por la tarde el Tribunal que lleva el caso declaró que una parte de las pruebas, las que no tenían una abundancia que podrían alargar excesivamente el proceso, habían sido aceptadas.

La declaración de la CC no podía venir en un momento más crítico en el juicio. Además del inicio de la declaración de los peritos encargados de las excavaciones y análisis de las osamentas donde enterraron precariamente los restos de la población masacrada, y del peritaje sobre la centralidad del racismo en el pensamiento dominante de la sociedad guatemalteca, a cargo de la reconocida historiadora Marta Elena Casaús Arzú, otra parte controversial y contundente de las pruebas salió a luz.

El mismo jueves comenzaron a presentar los testigos protegidos, que comparten la características de haber estado en lo interno de las instalaciones militares en el área donde ocurrieron las masacres. Unos al estar secuestrados, y otros como miembros de las fuerzas Kaibiles.

Los resultados han sido hasta ahora, como resulta obvio, los más comprometedores para los militares acusados, y para muchos otros que participaron en la eliminación de civiles por esos años.

Por primera vez, salió el nombre de la Inteligencia militar, a cargo del acusado Rodríguez Sánchez, que según los testigos tenían comandos encargados de secuestrar y asesinar a personas. Varios militares retirados fueron también mencionados, entre los que más resalta el nombre del ahora Presidente de la República, Otto Pérez Molina, en ese momento bajo el seudónimo de Tito Arias.

Que su nombre haya surgido sólo puede sorprender a los más inocentes. Ya para la campaña electoral del 2011 habían circulado fragmentos del documental Cuando las montañas tiemblan, a cargo de la activista y cineasta Pamela Yates, en donde Otto Pérez Molina aparece explicando los planes de contrainsurgencia en el área ixil, y donde, con poco cuidado, menciona la manera como se capturaba y asesinaba a comunitarios, acusados de subversivos.

El Presidente rápidamente dio cortas declaraciones. Dijo que el testimonio era fabricado e inventado, que el ex kaibil estaba realizando un circo, y que no hablará más al respecto, sin antes finalizar diciendo: «No voy a negar que estuve en Nebaj, pero lo hice para rescatar a la población y para combatir a las unidades armadas de la guerrilla». El mismo argumento que dicen los acusados.

Lo realmente sorprendente es que en un país con tan poca institucionalidad como la guatemalteca, el Presidente no haya buscado intervenir en el proceso, como sí lo ha hecho en otros espacios.ii Si bien se ha pronunciado anteriormente al respecto afirmando que en esos años no hubo genocidio, su inmovilidad ha provocado que los voceros de los militares retirados, aglutinados en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), lo tachen de traidor.

Parecería que el Presidente tiene las manos atadas. Que su nombre aparezca en las declaraciones definitivamente puede llegar a tener repercusiones en su contra, en el sentido que una acusación de genocidio crearía la jurisprudencia necesaria como para juzgarlo por los mismos cargos.

Pero por otro lado es sabido que una de las condiciones que el Congreso de Estados Unidos le ha puesto a Guatemala para levantar el embargo de armas, activo desde 1977, es mejorar su calificación en el área de derechos humanos. El juicio a elementos del Alto Mando, parte de la justicia transicional, ciertamente ayuda al respecto.

Levantar el embargo se ha vuelto un imperativo para el actual gobierno. Desde el inicio de su gestión levantó una campaña para legalizar las drogas. Es conocida la inapelable negativa norteamericana al respecto y su interés en mantener una guerra abierta con los carteles del narcotráfico, con el objetivo de militarizar la región, como se ha venido dando con el Plan Mesoamérica y la guerra del Estado mexicano al narcotráfico. El ejército de Guatemala, y las redes que acompañan a Pérez Molina, buscan hacerse cuadrar en este proceso. Es una alianza estratégica para volverse, como lo hicieron durante la guerra fría a través de dictaduras, indispensables aliados del coloso del norte.

El discurso de legalización, entonces, es más bien una forma de presionar porque, ante la negativa norteamericana, se les dé el apoyo militar suficiente para lograr su cometido.

El juicio tendrá que seguir su curso. Aunque es de esperar que mientras se acerque su final las fuerzas y grupos que se ven perjudicados por él, y otros que se han pronunciado negativamente al respecto (como la añeja patronal, el CACIF), más será la presión que buscarán generar en torno al juicio.

Ante este panorama, lo que se debe buscar es que el juicio marche a un buen ritmo, sin permitir entorpecimientos ni errores producto del apuro.

 

 

Compilación Crónicas del Genocidio

El trabajo del Centro de Medios Independientes en el juicio por genocidio en contra de Efraín Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez busca ser un mínimo aporte a la lucha que han realizado por décadas las comunidades desplazadas y sobrevivientes aglutinadas en  la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR).