Por Rodrigo Véliz Estrada
Centro de Medios Independientes (CMI)
Fotografía: Roderico Velez, CPR-Urbana/CMI
Crónicas del genocidio #7. Las primeras (y defectuosas) pruebas de la defensa
Si la defensa de los militares retirados tenía una genuina lucha porque la decisión del Juez Miguel Ángel Gálvez, del Tribunal B de Mayor Riesgo, fuera revocada y se les permitiera ingresar una mayor cantidad de pruebas al debate, la decisión del Tribunal que lleva el caso de acatar las órdenes de la Corte de Constitucionalidad (CC) e ingresar los peritajes y testigos tuvo que causarles, en teoría, un profundo alivio. De manera sorpresiva, no fue este el caso.
La llegada del primer perito de la defensa, Carlos Méndez Tejada, ex integrante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, causó nuevamente fuertes tensiones a lo interno de la Sala de Vistas, y dejó claro algunos aspectos que en esta redacción hemos tratado de darle continuidad y énfasis a la vista de lo tendencioso y parcial de las publicaciones de los grandes medios de comunicación al respecto (léase Prensa Libre, Canal Antigua, Canal 3, y Trecevisión). Dejó claro que la principal estrategia de la defensa es lograr la letanía del caso, como lo demostró su decisión de querer hacer esperar la exposición de su propio peritaje, y que el perito propuesto no poseía el conocimiento suficiente como para brindarle apoyo a la misma defensa que lo propuso.
Luego de una monótona mañana, a las once con treinta y cinco minutos fue llamado a presentar su peritaje Carlos Méndez Tejada, encargado de exponer sobre los cambios en la historia del poder de mando del Presidente de la República con respecto al ejército. Eso se hizo, recalcamos, siguiendo lo acordado por el Tribunal, presidido por Jazmín Barrios, de acatar la decisión de la CC sobre el amparo provisional resuelto por la Sala Cuarta de Amparos del Ramo Penal. Siendo categórico: la Presidenta del Tribunal aceptó que la defensa ingresara buena parte de las pruebas y testigos que el Juez Gálvez, a cargo del proceso intermedio donde se valida la idoneidad de las pruebas, había denegado.
Al parecer, y de manera extraña, esto no fue del gusto de la defensa, que inmediatamente pasó a presentar protestas de diferente tipo. De parte de la defensa de Rodríguez Sánchez, por parte del incandescente abogado Calderón, se recalcó, a manera gritos en contra de la Jueza, que lo que realmente procedía era suspender el juicio por cuatro días, y esperar a que Gálvez resolviera. Alegó que el Tribunal estaba actuando de manera arbitraria y prematura.
Por su parte, la defensa de Ríos Montt realizó una petición: basándose en el artículo 380 del Código Procesal Penal, pidió que se le diera lectura al peritaje completo, ya que tanto la defensa como el MP y los querellantes no podían saber de qué se trataba la investigación y, en consecuencia, no podían realizar preguntas de calidad.
Ambas partes, pese a sus diferencias, compartían una característica, esto es, que el proceso se ralentizara.
Con respecto al primer argumento, la Jueza afirmó que se había cumplido con la propuesta de la CC y que no era posible, según la ley, retrotraer a fases ya cumplidas. Y con lo presentado por el segundo abogado, declaró que se debían regir por el principio de igualdad según se había establecido en el proceso llevado por el Tribunal. Si los peritos del MP y querellantes habían leído solamente la introducción y las conclusiones, de la misma manera debía obrar la defensa. Es decir, de forma clara, el debate debía continuar y su perito debía exponer. Esta parte de la discusión terminó, como ya se hace costumbre, con una sentencia de la defensa en su deseo de impugnar la decisión presentando un nuevo amparo.
Cuando parecía que esto quedaba claro, se dio la primera protesta de parte del MP y los querelllantes en el juicio. Se argumentó que debido a que el amparo concedido a la defensa de los ex militares era provisional y no definitivo, en cualquier momento se podía informar del rechazo del amparo, esto es, de la decisión de no ingresar las pruebas, por lo que lo dicho por los peritos sería irrelevante. ¿Por qué perder entonces el tiempo?
Pero había algo más serio, el perito de la defensa, un abogado, sea por ignorancia o por otra razón, permaneció en el público durante 45 minutos previo a pasar a declarar, por lo que a decir del MP había contaminado las pruebas. ¿Por qué realizó este movimiento claramente ilegal el perito? Difícil saberlo, sobre todo tomando en cuentas las negativas repercusiones que esto va a tener en el contenido de su peritaje.
La Jueza aceptó las protestas, pero dejó claro que se debía seguir con el proceso y, con respecto al segundo aspecto, afirmó que el abuso había quedado registrado y podía llegar a pesar en las conclusiones y el debate en torno a ellas.
Así, luego de treinta minutos de tensa discusión legal, y de tres semanas de pruebas de parte del MP y querellantes, finalmente pasó a declarar un perito de la defensa.
Méndez Tejada versó su corto peritaje en la manera cómo había sido modificada la cadena de mando del Presidente en su relación con las fuerzas armadas a lo largo de la época republicana, desde “los conservadores y liberales” hasta 1983. Su énfasis fue puesto en afirmar que pese al golpe militar de marzo de 1983, se había dejado incólumes las facultades otorgadas al Presidente de la República según la Constitución de 1965 (prohibición en nombrar puestos, permitir ascensos, decoraciones y pensiones especiales, y movilización y desmovilización de tropa), vigente hasta el día del golpe; y la Ley Constitutiva del ejército, vigente desde 1968, en donde se separa al Presidente del Alto Mando del ejército.
Pese a sus limitaciones, la intención resulta obvia. Lo que se deseaba era explicitar las limitaciones, netamente legales, de las facultades de un Presidente entre 1965-8 y 1983. Y en ese sentido fueron dirigidas las preguntas de la defensa, que buscó resaltar la relativa autonomía que poseían, dentro de la jerarquía militar, cada uno de los estratos y además separar lo estratégico de lo táctico, la planificación de la manera como se lleva a cabo.
La defensa presentó poca rigurosidad en su litigación, cosa que fue contrastada por la arremetida que realizó el MP junto con las partes querellantes. Varios fueron los cuestionamientos, pero son básicamente tres los que más causaron revuelo en la sala, y sobre todo los que hicieron que los argumentos del perito resbalaran en su veracidad e idoneidad.
Además del aporte del abogado de CALDH, que buscó enfatizar en la jerarquía y la disciplina del ejército durante esos años, en los cuales el perito estaba aún activo, la intervención del abogado de AJR fue central en preparar el tono que tomaría el debate. El abogado Reyes, tomando en cuenta el argumento de las limitadas facultades concedidas al Presidente según el perito, preguntó si tenía éste la capacidad de decretar amnistías, como lo realizó Ríos Montt. La respuesta buscó ser evasiva: Políticamente sí, legalmente no. Por lo que el abogado fue más contundente, al preguntar por respuestas cerradas sobre acciones que realizó Ríos Montt que sobrepasaban, por mucho, las facultades descritas por el perito. ¿Podía decretar leyes? ¿Tenía facultad para nombrar jueces? ¿Y la realización de operaciones psicológicas? La respuesta fue la misma para todas las preguntas: No.
Es decir, pese a que las facultades legales eran unas, las acciones realizadas sobrepasaron por completo los límites impuestos por la misma ley que el gobierno de facto de Ríos Montt había decidido mantener y que el perito buscó en su exposición enfatizar. Es decir, lo expuesto no cumplió con el objetivo primario de ayudar a la defensa, es más, lo terminó perjudicando.
Lo mismo ocurrió, aunque de manera más dramática, con la intervención del MP, que acorraló al perito en dos ocasiones. La primera con respecto a errores en el contenido del peritaje, y la segunda al ocultar (es decir, romper el juramento hecho ante el Tribunal) o no responder por falta de conocimiento en temas básicos que suponía el peritaje.
Reproducimos textualmente la médula del primer debate:
– Ministerio Público (MP): Al leer sus conclusiones se entiende que es usted conocedor de las leyes, no sólo porque es abogado y notario sino también porque es militar […] ¿Cuál era el número de decreto de la Ley Constitutiva del ejército de Guatemala, vigente en 1982?
Perito (P): ¿En 1982?
– MP: Le pregunto en base a (sic) la conclusión número 6. ¿Por qué en esta conclusión usted hace referencia a que la Ley Constitutiva del ejército de Guatemala tenía el decreto número 1762 [en realidad es el 1782], tomando en cuenta que ya ratificó su peritaje?
– P: Me disculpo, un error de taquigrafía.
(murmullos en la sala)
– MP: ¿O sea que usted no sabe manejar las leyes, señor perito?
– Defensa Ríos Montt: Objeción, la pregunta es impertinente.
– Jueza (J): Reformule abogado para darle la oportunidad de que responda, y usted alcanzar su objetivo.
– MP: Señor Perito, ¿usted fundamentó sus conclusiones con un decreto que no existe?
– P: Me disculpo porque fue un error al escribirlo.
(sendos murmullos y un minuto de pausa)
Minutos después, el MP logró orillar de nuevo al perito, que pasó a obviar con negativas aducidas a la ignorancia cada pregunta que se le formulaba. Las preguntas iban encaminadas a profundizar en las acciones y facultades reales de Ríos Montt. Preguntó el fiscal del MP quién era la máxima autoridad del gobierno desde marzo del 82 a agosto del 83, a lo que el perito respondió que era el presidente.
– «¿Pero no había una Junta de Gobierno?», continuó el MP.
– «Sí», respondió el perito luego de unos segundos.
– «Entonces», continuó el MP, «¿quién era la máxima autoridad?».
– «El Presidente de la Junta de gobierno», corrigió rápidamente.
Minutos después, el MP preguntó «¿Sabe usted quién autorizaba los planes de campaña, en 1982 y 1983?».
– «Al nivel en que yo estaba, llegaba la orden del comandante de compañía».
– «¿Usted sabe quién autorizó el plan de campaña Victoria 82?», preguntó el MP, acercándose cada vez más a su objetivo.
– «Como le repito, en ese tiempo mi Comandante de compañía era el que me daba instrucciones», contestó el perito, viendo de frente la dirección que el MP buscaba tomar.
– «¿Conocía usted el contenido del plan de campaña Victoria 82?», se acercó finalmente el MP, mientras el perito reaccionó instintivamente volteando su cada hacia la defensa.
Esta reaccionó, y planteó una objeción, dada a lugar por la Jueza.
– «¿Sabe usted quién disolvió el Congreso de la República en 1982?», continuó el MP.
– «No», respondió el perito, a secas.
– «¿Sabe usted quién creó los tribunales de Fuero Especial en 1982?».
– «No», contestó el perito, como esperando la pregunta.
– «¿Usted sabe quién aprobó el Estatuto de gobierno?», preguntó el fiscal luego de tres intentos fallidos de preguntas objetadas por la defensa, encaminadas a buscar la implicación del militar en las operaciones militares.
– «La Junta de Gobierno».
– «¿Sabe usted quién era el Presidente de la Junta de Gobierno?».
– «El señor Efraín Ríos Montt».
– «Usted manifestó que el Alto Mando estaba constituido por el Presidente de la República, el Ministro de la Defensa, y el Estado Mayor del Ejército, ¿sabe usted quiénes conformaban el Alto Mando en 1982?».
– «El Presidente de la República, el Ministro de la Defensa, y el Estado Mayor del Ejército», contestó el perito, a manera de burla.
Inmutable, el fiscal del MP continuó: «¿Sabe usted si el señor Efraín Ríos Montt ostentaba dos de los más altos cargos del Alto Mando del ejército de Guatemala en 1982?».
-«En mi unidad, yo recibía las órdenes del Comandante de compañía», dijo el fiscal, alejándose por completo de la pregunta. Y continuó: «Al nivel que yo estaba, no tenía ninguna relación con el Alto Mando».
La Jueza entonces intervino. Una cosa era su experiencia como militar, y otra muy diferente era su conocimiento técnico como perito. Debía poder contestar estas preguntas.
-«Señor perito, ¿usted sabe si Efraín Ríos Montt ocupaba dos cargos en la Junta de gobierno, en el Alto Mando, en 1982?».
-«Yo sé que era el Presidente de la República», respondió, continuando la evasión.
Con esta última respuesta el fiscal del MP dejó clara la situación en la que había llevado al perito:
-«Tomando en consideración que el señor perito no conoce, o no domina, los temas por los que fue propuesto, no hago más preguntas, honorable Tribunal».
Y entonces un fuerte murmullo llenó la sala. Los abogados de la defensa, palma en frente, se lamentaban de lo ocurrido, mientras los ex militares de AVEMILGUA se levantaban de su asiento para discutir.
Las cosas no salieron como esperaban. La tendencia continuó, litigios defectuosos de parte de la defensa, aparejados con amenazas de amparos para frenar el proceso.
Uno puede comprender que esto sea lo que deseen.
Fotografía: Roderico Velez, CPR-Urbana/CMI
Crónicas del genocidio #8. De cómo los peritos de la defensa le dan la razón al MP (y otras pruebas de suma relevancia)
Ya atrás han quedado los días en que los testigos presenciales de las masacres presentaron sus relatos. El carácter de los testimonios imprimía cierta dinámica al juicio, por lo que resulta obvio que terminados éstos la dinámica viniera a verse modificada. El respetuoso silencio que cubría la Sala de Vistas durante los testimonios, incluso de parte de los abogados defensores, se ha fugado junto con ellos.
Lo que ha caracterizado los últimos dos días, al contrario, ha sido un intenso debate histórico y técnico, aleccionador en demasía. Esto se ha debido a la llegada de peritos expertos llamados de parte del Ministerio Público (MP) y las partes querellantes, pero sobre todo ha sido la presencia de peritos militares lo que ha ocasionado profundas polémicas que, como se presentó en la última crónica, han terminado por perjudicar a la misma defensa que los refirió en primer lugar. Comencemos por los primeros.
Tal vez el peritaje más completo y abrumador presentado hasta ahora ha sido el que expuso el director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Pericceli tiene una amplia experiencia en presentación de peritajes, que no sólo se reducen al caso guatemalteco sino que se amplían a otros casos de genocidio como el ocurrido en la guerra civil de la vieja Yugoslavia legada por Tito. Sin dejar de mencionar su formación académica y la labor de este tipo que realiza en reconocidas facultades de universidades de los Estados Unidos.
Sería engorroso detallar toda la inmensa cantidad de evidencia presentada por el perito, enfocada en encontrar patrones a partir de toda la información recabada en osamentas. Resaltaremos solamente una de las conclusiones que nos parece central para alimentar el argumento sobre la existencia de genocidio, es decir, sobre la existencia de una aniquilación planificada, en este caso, de población ixil.
Basándose en un reciente estudio, en donde se analiza un total de 25 combates armados ocurridos durante los últimos 60 años en el total de orbe, Pericceli argumenta que el patrón encontrado es que solamente dos de cada diez personas muertas en combate presentan heridas fatales (léase, heridas de arma ubicadas en el cráneo). El área ixil presenta una drámatica diferencia. En esta región, durante el tiempo en que Ríos Montt gobernó de facto el Estado de Guatemala, el patrón es de ocho de cada diez, un número completamente arriba de lo esperado en una situación de combate. Ocho de cada diez personas asesinadas recibieron un impacto de bala en el área craneal.
La conclusión que de esto se desprende resulta obvia. Más que muertes de combate, la evidencia muestra que las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales. Eso no era una guerra entre ejércitos, sino un asesinato sistemático a civiles. Esto se ve confirmado por un artículo periodístico contemporáneo a los hechos. A inicios de 1983, Allan Noir reportó en el The New Republic que un militar ubicado en el Nebaj le había dicho, con lujo de detalles y de manera abiertamente descarada, que con Ríos Montt había cambiado la manera de ejecutar. El nuevo método consistía en ejecutar a las personas seleccionadas (acusados, sin orden judicial, de ser subversivos), posicionándose a un metro de distancia y disparándole en la cara. Exactamente treinta años después de la publicación del reportaje, Pericceli confirmó lo vertido por el reportero norteamericano.
De igual importancia fueron los peritajes presentados por Marco Tulio Álvarez Bobadilla, antiguo director de los Archivos de la Paz, y por Ramón Cadena, un reconocido jurista a nivel internacional. El primero buscó enfatizar el desplazamiento de niños, proveyendo información, hasta ahora poco conocida, sobre las redes de tráfico y adopción ilegal de niños y niñas, huérfanos luego de las masacres. A decir de Álvarez, no hubo un deseo serio de resguardo a la población más vulnerable, como niños/as, mujeres y ancianos. La consigna era “proteger hasta donde fuera posible”, y esta vaguedad, en vez de una explícita autorización, era la que dio cabida a los abusos conocidos.
Por su parte, Ramón Cadena presentó una largo, sumamente informativo y, por momentos, apasionado peritaje, versado en su centro sobre el incumplimiento del ejército de Guatemala de acuerdos internacionales relacionados con derechos humanos y situación de los civiles en un contexto de guerra. El cierre que encontró la Cruz Roja internacional para entrar al país en esos años, no sólo muestra un deseo de ocultar al mundo lo que en las apartadas y aisladas regiones del área rural ocurría, sino al mismo tiempo un incumplimiento del mínimo de regularidades que se deben tomar en cuenta en un conflicto de la naturaleza que se vivía por esos años en Guatemala. Muchas fueron las muertes y vejaciones, afirmó Cadena, que se pudieron evitar en esos años de haberse dejado ingresar a la institución mencionada o cualquier otra que buscaba ser intermediario o verificar y colaborar con la vulnerable situación de los grupos inmersos en los ataques contrainsurgentes que desarrollaba la dictadura militar.
Lamentablemente, como lo resaltó bien la defensa de Rodríguez Sánchez, Ramón Cadena había dado en los últimos días, y justo al momento de llegar al Palacio de la Justicia ese día, declaraciones a los medios de prensa sobre el peritaje, deslizando también algunas valoraciones personales al respecto. Como es sabido, esto puede llegar a demeritar su peritaje, como también ocurrió un día antes con el perito propuesto por la defensa, Carlos Méndez Tejada.
La llegada de peritos militares continuó también para estos días, reproduciendo ya un patrón en relación con lo ocurrido con Méndez Tejada. Cada uno de ellos terminó, gracias a un excelente litigio del MP y los partes querellantes, confirmando las hipótesis sobre el conocimiento que tenía el Alto Mando de lo llevado a cabo por las unidades operativas en el área ixil durante las masacres.
El menos obvio tal vez fue el general retirado, Francisco Godoy. El ex militar es miembro de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), además de ser presidente del Centro para el Desarrollo de Liderazgo y presidente de la Coalición Cristiana de Guatemala, una asociación cívica que busca la difusión de los principios judeo-cristianos y neoliberales de libertad, familia, gobierno limitado y estímulo a la buena mayordomía de los recursos económicos y financieros.
Su peritaje era acerca de los métodos y estrategias de lucha de las organizaciones guerrilleras. Durante una larga exposición, el perito se refirió al surgimiento de las organizaciones guerrilleras, sus formas de organización, y la manera como se relacionaban con la población. Su peritaje, basado según mencionó solamente en fuentes bibliográficas de segunda mano, contenía, a su pesar, varios datos informativos erróneos. Además de cometer el repetido tropiezo de suponer la organización interna del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) como común al resto de organizaciones guerrilleras y de proveer datos poco precisos sobre el número de bases del EGP en el área ixil («eran varios cientos», dijo), mencionó equivocadamente a la Teología de la Revolución (su nombre verdadero y preciso es la Teología de la Liberación) y que Ricardo Ramírez (Comandante Rolando Morán) había fundado el Partido Guatemalteco del Trabajo en 1944 (en verdad fundado en 1949), en un momento en que este personaje era tan sólo un niño.
Lo más importante fue cuando el MP, al final de una presentación de peritaje que se prolongó por más de tres horas, resaltó que el perito había mencionado al inicio de su presentación que el ejército no adoctrinaba a las tropas para asesinar civiles. Sin embargo, en el anexo del Plan de Operaciones Sofía se encuentra un documento en donde se resalta que los soldados usualmente no deseaban participar en los operativos en las comunidades y la represión a mujeres y niños, «a menos que estén extremadamente bien adoctrinados en la necesidad de estas operaciones», según reza el documento.
La única explicación que Godoy pudo dar, luego de un largo rodeo cortado de tajo por la Jueza, era que ese adoctrinamiento extremo era, de alguna manera, para proteger a la población.
El que tal vez fue, como Méndez Tejada, mejor acorralado por el impecable litigio del fiscal del MP fue el ex general José Luis Quilo Ayuso. Sobre este importante personaje vale la pena mencionar algunos de sus antecedentes.
Recibió durante los sesenta y setenta formación militar en escuelas militares de Estados Unidos y Argentina, además de recibir formación técnica y de adoctrinamiento en la infame Escuela de las Américas, en 1967 y luego en 1968. Durante los años que nos atañen, los de la dictadura de Ríos Montt, Quilo Ayuso fungió como Oficial de Operaciones Sicológicas en el Estado Mayor General del Ejército, y para julio de 1983 fue asignado como Comandante del Segundo Batallón de la Zona Miltar 20 de Quiché. Podríamos decir, basándonos solamente en estos datos, que fue una pieza clave en la guerra que desataba Ríos Montt en ese momento.
Quilo Ayuso es un militar perteneciente a la Promoción 69. Posteriormente fue integrante del grupo denominado Los operadores, conjuntamente con Pérez Molina, que se formaron como el grupo operativo de trasiego de armas y drogas a cargo de la red militar conocida como La Cofradía, cuyo principal líder es el oscuro militar Ortega Menaldo. A fines de los ochenta se tiene noticia, según un reportaje de Frank Smyth basado en documentos desclasificados de la CIA y en información dada por la DAE, que esta red comenzó a tomar autonomía y se constituyó en opuestos a las redes de Ortega Menaldo. A Quilo Ayuso se le señala, al mismo tiempo, de ser uno de los responsables del secuestro de la monja ursulina estadounidense Diana Ortiz, en 1991.
Hasta hace algunos meses, Quilo Ayuso era Secretario General del partido Frente de Convergencia Nacional (FNC), fundado en 2008 conjuntamente con el ex candidato presidencial para las elecciones presidenciales del presente año por el partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO), Eduardo Suger Cofiño, rector de la Universidad Galileo.
El objetivo de su peritaje era precisar en conceptos técnico-militares. Pero antes de comenzar el interrogatorio de parte del MP y las partes querellantes, el abogado de la Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR) hizo preguntas sobre la idoneidad del perito, resaltando una de vital importancia. En una entrevista a medios de prensa, realizado días atrás, Quilo Ayuso afirmó que «estamos en un juicio en desventaja, ya que el Tribunal no es competente» (cursiva nuestra). La declaración, como se resaltó para el caso de Ramón Cadena, puede llegar a pesar en el contenido y validez de su peritaje, por asumirse parcial en el proceso jurídico que se lleva.
Aún si esto no se llega a concretar, lo importante de la intervención de Quilo Ayuso fueron sus respuestas a las preguntas del fiscal del Ministerio Público. Especialmente al momento en que el fiscal hizo que el perito leyera un telegrama, ubicado en el anexo del Plan de Operaciones Sofía, en donde un agente de campo, operativo, enviaba información a los directivos de instituciones, entre las que se mencionaba la G-2, cuyo director era en ese momento el acusado Rodríguez Sánchez.
(Ministerio Público, MP): En su calidad de experto militar, ¿usted podría indicar si con base en esta información, el G-2 tuvo conocimiento de la Operación Sofía?
(Perito, José Luis Quilo Ayuso, JLQA): Bueno, yo en lo personal dudo la autenticidad de la Operación Sofía, y le voy a decir por qué. En el Plan Victoria 82…
(Jueza, J): Permítame, señor perito. No es opinión personal, conteste la pregunta directa. Pregunta directa y respuesta directa.
(JLQA): No sé.
(Defensa de Rodríguez Sánchez, D): Perdone señora Presidenta, le está preguntando en base a su opinión y no al peritaje, entonces la respuesta va a ir en su opinión.
(J): Hágale la pregunta directa.
(MP): Señor perito, en la calidad de experto militar, porque por eso es que está acá, ¿podría indicarle al Tribunal si la G-2, con base a esta información que usted leyó, tuvo o tenía conocimiento de las operaciones militares que se desarrollaban en las áreas de operaciones?
(D): Objeción. La pregunta es impertinente, en ningún momento se propuso ese Plan en el peritaje del perito experto.
(J): No, está contestando en base al documento que se le puso a la vista, con base en el artículo 380 del Código Procesal Penal, que el Tribunal autorizó. Conteste.
(JLQA): No creo que haya tenido conocimiento, porque esta es una cuestión del área de operaciones.
(MP): ¿Cómo explica usted esto, si acá dice que va con copia al G-2?
(JLQA): Sí, pero mire, acá dice también… por eso le digo, habría que ver la autenticidad del plan. Aquí dice que va para el S-3. Es cuestión de operaciones. A veces… ¿dónde dice copia a G-2 y G-4? Ah, sí, aquí. Porque son… pero esto es para conocimiento.
(MP): Gracias, señor perito. No tengo más preguntas.
La respuesta de Quilo Ayuso es vital, un perito militar experto, activo durante los años que se investiga, afirmó que la G-2 recibía información directa del campo de operaciones. Esto es, la G-2 conocía con exactitud lo que ocurría durante las masacres. Rodríguez Sánchez, entonces, tenía conocimiento de lo ocurrido. Si lo que ocurrió, calificado tentativamente de genocidio, fue planificado por ellos, como lo resalta el Plan de Campaña Victoria 82, y recibía información periódica de los resultados de éste, como lo muestra el telegrama leído por Quilo Ayuso, es fácil concluir que Rodríguez Sánchez es culpable de genocidio.
Ni una sola palabra de esto fue mencionado por Prensa Libre en su reportaje. Es obvia su posición, entonces. Y no sólo esto, es claro su tergiversado mensaje a la población lectora de este medio.
Los grandes medios de información como Prensa Libre están mintiendo, no así Quilo Ayuso, que no pudo ser más sincero.
Fotografía: Roderico Velez, CPR-Urbana/CMI
Crónicas del genocidio #9. La recta final del juicio. El último peritaje del MP-AJR-CALDH
Han sido varios las personas asistentes al juicio por genocidio que salen de alguna manera decepcionadas de la Sala de Vistas. Uno imaginaría que un juicio de esta profundidad, en un país históricamente tan conflictivo como Guatemala, sería una oportunidad de oro para debatir con claridad y certeza sobre aspectos fundamentales de nuestra constitución histórica como sociedad. Uno de esos momentos, presentados con una mezcla de azar y otro tanto de planificación, que permitirían mirar hacia el fondo de problemas que en ningún otro espacio se debaten. Sobre todo cuando este debate implicaría a fuerzas contrarias u opuestas.
La realidad, muy a pesar de los entusiasmados visitantes, es muy diferente a como la siempre alterable imaginación se las presenta.
Y no es que a lo largo de estas semanas de caso haya quedado ausente la tensión y las pasiones. Éstas han sido, en determinados momentos, elementos dinamizadores del proceso. Pero un debate pulido y un litigio capaz, de parte de las dos partes, sí ha quedado fuera de la realidad. El MP y las partes querellantes lograron poner en jaque en varias ocasiones a los peritos de la defensa, volviéndolos en el mismo litigio en testigos. Pero el arte del litigio es una característica que la defensa, simplemente, carece por completo. Su rudeza, show mediático, y, al menos en el caso del abogado Danilo Rodríguez, poca habilidad intelectual, decepcionan al público exigente.
El día del lunes 15 fue el mejor ejemplo del pobre desempeño de la defensa. En una sala llena de activistas, diplomáticos y jefes de misiones internacionales, presentes ante la cercanía de la sentencia, fue esta vez el turno del último perito del MP. El peritaje lo realizó un militar peruano, en retiro desde 1993, año en que se hizo pública la existencia de grupos de ejecución extrajudicial dentro del ejército peruano, causantes de masacres ideadas por las reprobables figuras de Fujimori y Montecinos, que junto con las realizadas por Sendero Luminoso provocaron un hondo daño a la sociedad peruana.
Desde entonces, este personaje, que nos recuerda a los guatemaltecos que sí pueden existir militares democráticos, aunque acá suene a oximoron, ha participado en varios juicios como perito. En el caso guatemalteco su labor fue la de un análisis técnico sobre las cadenas de mando en el ejército guatemalteco.
Su trabajo fue ejemplar, construido a base de una variada bibliografía y un análisis y estudio minucioso del archivo de pruebas del MP. Sus conclusiones ayudaron a enfatizar y complementar el resto de la evidencia presentado hasta ahora. El Alto Mando tenía control de todo el aparato militar, y ejercía una supremacía institucional sobre el resto de instancias, entre las que figuraba el ejército. Sabiendo, como quedó demostrado por el perito de la defensa, Quilo Ayuso, que había una cadena de mando con información fluida en ambas direcciones de la jerarquía militar, la condena es por los efectos reales que la planificación permitió. El Alto Mando no buscó en ningún momento, pese a la llegada de informes diarios y quincenales, frenar las arbitrariedades y excesos que perpetuaban las unidades operativas.
Una orden pudo haber detenido semejantes hechos. Y no se dio. Esa es su responsabilidad.
Otro elemento a destacar es su análisis sobre lo vago de algunas de las indicaciones de los planes de campaña y de operación, como la definición de enemigo interno, o el cuidar de la población civil “hasta donde sea posible”, lo que dio un margen amplio de acción para que se cometieran los asesinatos masivos. Sobre el problema del cuidado de la población civil, el militar retirado enfatizó que esto ponía un orden prioritario de la misión por sobre el resguardo de civiles. En el momento en que existiera una contradicción entre la misión y los civiles, el militar a cargo debía escoger la primera por sobre la segunda.
Uno esperaría que por ser un campo que los militares guatemaltecos dominan, el litigio de la defensa mostraría su mejor cara. Pero nada de eso ocurrió. Durante la presentación del perito los abogados de la defensa veían su celular, a veces tomaban notas, eran sorprendidos con la mirada perdida en un punto fijo, en fin, se mostraban ajenos al debate. El litigio quedó, incluso, a cargo de un técnico, que cometió error tras error al momento de plantear sus preguntas al perito. La Jueza tuvo que frenarlo en varias ocasiones para instruirlo en la formalidad que debe llevar el litigio, incluso llegó a sugerir a la defensa la posibilidad de que uno de los abogados ayudara al técnico. Ni cinco minutos para reorganizarse, dados por la Jueza en vista de la pobre situación de la defensa, ayudaron, y el aporreado litigio continuó.
En verdad, la estrategia del técnico tampoco era la más clara. Preguntó al perito sobre la formalidad de los planes, sobre sus objetivos, misión, facultades, y cómo éstas chocaban con lo que él afirmaba. El perito, con toda calma, aclaró esos aspectos formales y los pasó a contrastar con lo que realmente había ocurrido, que era lo realmente importante, y no al revés. Hasta allí quedó el esfuerzo de la defensa.
El juicio está en este momento en su última etapa. Tan sólo faltan ocho testigos de la defensa para que el Tribunal pueda dictar una sentencia. Parecería que, llegado este punto, la defensa no tiene ya ni una esperanza puesta en el proceso. Anteriormente al menos un cuarto de la sala estaba llena de familiares y personajes que apoyaban a los militares. No hay ya rastro de ellos.
Como se ha venido argumentando, este juicio no se termina con la sentencia del Tribunal, sino que se prolongará a otras instancias como las salas de apelaciones, la Corte de Constitucionalidad, y otras, donde tienen más posibilidades de frenar o repetir el caso, como ha sido hasta ahora su objetivo.