Logros de las justicias comunitarias y fracasos del Estado mexicano

Porque no es dinero todo, como lo consideran el ministerio o los jueces, no es dinero. Más bien, el dinero impulsa. Si usted le cobra dinero a una persona que delinque por una falta, al rato va a salir a robar más, porque sabe que tiene que pagarle a los cobradores del ministerio público o del juez y aparte tiene que sobrevivir, entonces el que delinque nunca se corrige en esos términos.

Juan Navarrete, Coordinador de la Comisión de Conciliación y Justicia de Cherán K’eri, Michoacán

No se trata de un “fenómeno” nuevo o de algo completamente descabellado como se hace ver desde la prensa internacional, particularmente la europea, lo que sucede en México es que el Estado ya no es necesario –si alguna vez lo fue- y ha sido rebasado en sus funciones. Por lo menos en lo que respecta a la dotación de seguridad y mecanismos de justicia. El periodo bélico inaugurado por el ex presidente Felipe Calderón es tan sólo un escenario que agudiza esta situación y la evidencia a la opinión pública.

Los sistemas judiciales que operan en cada entidad federativa dejan mucho que desear, no resuelven, complican, acusan a las personas afectadas por un delito, funcionan a través de la presunción de culpabilidad y no de inocencia; los sistemas encargados de procurar justicia son cada día más corruptos, inoperantes, sospechosos, son instancias en las que nadie confía, desde los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta el oficial de la policía municipal que pasa sus días leyendo el roído periódico en las olvidadas agencias de provincia. Si de algo puede quejarse un mexicano es de la injusticia que existe en este país, una injusticia que lleva siglos sin cambiar.

Tomando lo anterior como una descripción básica, pero no por ello menos certera,  de lo que en materia de justicia existe en territorio mexicano, habría que decir que la percepción de seguridad que existe en las distintas entidades es también crítica, es más, me atrevo a afirmar que si algo ocurre a nivel general en cada rincón del país es la certeza de que no es posible estar seguros en la cotidianeidad, no se conoce siquiera la sensación de tranquilidad que una vida puede tener; lo que hay en cambio es miedo, desconfianza, incertidumbre, coraje, pasividad. En grandes regiones campesinas, al norte y al sur de este gran país, las condiciones de vida son ásperas, insuficientes para llamarles vida, son siempre el lado negativo de lo que en la clase política se acostumbra: no hay escuelas y cuando hay no sirven para nada, no hay comida suficiente y de buena calidad, tal y como dice uno de los policías comunitarios organizados en la meseta p’urhépecha, “hay una clínica del IMSS pero no hay medicamentos, ¿dónde está el dinero destinado a esto?”.

¿Qué nos queda por hacer? ¿Qué les queda por hacer a toda esta gente que sobrevive día con día?

Tal vez no se pueda responder a todo de la misma manera, tal vez ni siquiera se pueda responder idealmente a estas preguntas, pero lo que sí es una realidad es que ante la falta de una respuesta honesta y responsable de las instancias del Estado mexicano, muchas comunidades en amplias regiones del país han decidido frenar esta situación y comenzar a revertirla, se han organizado para lograr una seguridad y una justicia que sea la traducción de su manera de vida, es decir, un sistema de justicia comunitario del cuál sean los principales actores, no las víctimas.

Lo que sucede en México, respecto a estos temas, tiene más matices y distintos contextos, pero por ahora me gustaría comenzar con explicar puntualmente las respuestas más acabadas que a la falta de seguridad y justica se le han dado. Dos estados son los principales escenarios hasta ahora: Guerrero y Michoacán.

Para intentar ordenar este rompecabezas quiero referirme al caso concreto de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), experiencia de lucha y de vida que surge en la Montaña y la Costa Chica de Guerrero en 1995, hace ya 18 años. En las propias palabras de la Policía Comunitaria ellos consideran que “uno de los principales factores del surgimiento del Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria fue la ineficacia y la corrupción del sistema de seguridad publica del Estado. La gran ola de violencia que se presentaba en los caminos de la Montaña (lo que hoy es la carretera Tlapa-Marquelia) y la Costa Chica (San Luís Acatlán-Marquelia) de Guerrero en la década de los ochenta e inicio de los noventa movió a los habitantes de algunas comunidades de la región a organizarse para combatirla”.[1]

En este caso es posible hablar de todo un proyecto que trasciende la mera organización vertical que implica un cuerpo de policía, estamos frente a una apuesta de larga duración que pone en práctica no sólo mecanismos de prevención y contención sino un sistema de justicia que parte de una visión distinta de lo que implica reparar el daño y reconstruir el tejido social. No se trata de aplicar un justica regulada por el dinero o por las corruptelas a las que los mexicanos estamos acostumbrados, se trata de una justicia que nace de la visión y decisión comunitarias que toma en cuenta a las personas como sujetos y sus contextos.

La visión de justicia nacida de la CRAC-PC tiene principios definidos: “investigar antes que procesar, conciliar antes que dictar sentencia, reeducar antes que castigar, no hacer distinción de edad, sexo, color, religión y grupo social, impartir una justicia pronta y expedita”. Y se trata de una justicia aplicada por varias instancias comunales así como con la investigación hecha por consejeros que son avalados por las comunidades. Esta justicia no sólo rompe con la larga cadena de extorsiones y desagravios clásicos de los ministerios públicos, además se encuentra ubicada en otro paradigma, en otra visión del mundo.

Los años en los que la Policía Comunitaria ha transitado de una instancia en formación a lo que es hoy, una instancia completamente establecida y legitimada por muchas más comunidades de lo esperado, son también los años en los que el contexto regional y nacional se ha modificado abruptamente, es el largo periodo de total descomposición de segmentos estatales que antes parecían intocables pero también es el momento histórico en el que el crimen organizado (venga de donde venga) es una constante y muchas veces es una de las únicas opciones que tienen las personas en medio de tanta pobreza y olvido. Ahora, dentro de una guerra velada que ha dejado a más de 88,000 muertos, más de 20,000 desparecidos y una cantidad incierta de desplazados[2], la experiencia de la CRAC-PC causa resquemor en las esferas gubernamentales, despierta intentos de manipulación y de descrédito por parte del actual gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Lo que la clase política ha dado como respuesta no es más que una reacción predecible de molestia, ha sido hasta ahora una serie de declaraciones mediocres y, en los hechos, una serie de intentos por desestabilizar el proyecto comunitario a través de hostigamientos del ejército y cuerpos policiacos, así como con la intención de dividir y fracturar con enfrentamientos una unidad visible a todas luces.

Si en algo destaca el gobierno guerrerense es en la destinación excesiva de recursos económicos a las comunidades en donde la CRAC-PC tiene presencia, no para que las personas decidan en qué utilizar estos recursos sino para que se cumplan las prebendas previamente acordadas. La trampa está en aceptar estos recursos, detrás siempre estará el control y la manipulación. Algo similar ocurre en Michoacán, estado mexicano en donde además de producir migrantes para Estados Unidos, también se están construyendo alternativas a las formas de vida impuestas desde la clase política y desde el crimen organizado.

El contexto político es otro, hace dos años el escenario se modificó radicalmente y lo que se presentaba como un estado ingobernable, inseguro en todo su territorio, lleno de disputas entre los distintos cárteles del crimen organizado. Esa era la imagen que se tenía de Michoacán, o por lo menos la que el gobierno federal se encargó de construir con mucha paciencia a través de los medios de comunicación oficiales. El 15 de abril de 2011 una cabecera municipal clausuró sus entradas, y comenzó a construir otra historia; la madrugada de aquel día, la población estaba enardecida y comenzaba a organizarse en una lucha sin tregua contra las personas que habían acabado con el bosque en los últimos tres años. Sin embargo, no sólo se expulsó a los talamontes, también fueron expulsados los cuerpos policiacos y los funcionarios municipales acusados de complicidad con estos grupos de delincuentes pertenecientes al cártel conocido como la Familia Michoacana.

Fue este hecho de hartazgo el que desencadenó una pronta unidad entre los habitantes de Cherán y lo que permitió que en pocos meses se pudiera hablar del rescate de las formas tradicionales de organización social y política. Haberle cerrado las puertas a los delincuentes y los representantes del Estado fue, tal vez, la mejor decisión que se pudo tomar en aquellos días; poco a poco comenzaron a resurgir las asambleas en cada barrio, las discusiones en las calles y en boca de todas las personas, se rescató la figura de la Ronda Comunitaria para protección de la población y para resguardo de lo poco que quedaba aún del bosque. Mientras que en Cherán la política regresó a ser un asunto del orden público y en el cuál se participaba realmente, en el resto de Michoacán las cosas empeoraban, cada vez había más comunidades afectadas por las disputas de territorios controlados, la militarización de las ciudades y carreteras era ya una situación insoportable y el entonces gobernador, Leonel Godoy, no atinaba sino a seguir las recetas del gobierno federal.

En voz de los propios habitantes de Cherán se especifica que “ahora como una de las estrategias que han funcionado para recomponer las relaciones sociales dentro de la comunidad, se ha conformado la  Ronda Comunitaria, misma que se deslinda de la palabra “policías”, pues ella trae consigo una carga simbólica que se ha deslegitimado y que es signo de corrupción, por el otro lado nuestros mecanismos de autodefensa se apegan más a nuestras formas de vivir”, señaló el Consejo Mayor de Cherán en un evento realizado recientemente en la Universidad de Guadalajara.[3] A diferencia de lo que el secretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reyna asegura, la recuperación de esta figura de origen indígena, ha sido más efectiva que todos los operativos encabezados por la policía federal y el ejército.

Cherán es hoy, a dos años de su levantamiento y de la recuperación de usos y costumbres para su organización social y política, un pueblo seguro, lugar donde la gente camina a cualquier hora y lo hace con confianza, sus calles y bosques están ahora protegidos por la Ronda Comunitaria y por la reconstrucción del tejido social que antes se había visto fracturado por el despojo y por la corrupción de las autoridades de todos los partidos políticos. Ahora hay niños jugando en las calles, hay festivales de cultura y de gastronomía, hay fiestas en los barrios, hay muchas iniciativas de desarrollo económico y se cuenta con una radio propia, Radio Fogata; actualmente es posible contar con la palabra de quienes componen la Ronda Comunitaria y se puede confiar en ellos. Pese a las constantes agresiones que el propio gobierno estatal ha lanzado en contra de Cherán, el camino de la autonomía ya se ha cimentado profundamente y hoy es una realidad palpable, algo que es fácil de constatar y que resulta un proceso en construcción constante. Por su parte, la experiencia de autodefensa que se ha vivido en esta comunidad ha inspirado a otras comunidades de la región, sobre todo en lo que se conoce como la Meseta P’urhépecha y en algunas otras zonas de Michoacán y de otros estados del país.

Hay por lo menos cuatro cuerpos de leyes que legalizan y legitiman la existencia de rondas o policías comunitarias en el país y que desmienten a los funcionarios de gobierno que aseguran la ilegalidad de estos “grupos de autodefensa que buscan desestabilizar al país”, tal y como los ha llamado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong: los artículos 2 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos.[4] Resultan ridículos los intentos que tienen los distintos niveles de gobierno para criminalizar a las comunidades que se han organizado para resolver las tareas de seguridad y justicia que el Estado ya no puede –ni pretende- otorgar como parte de nuestros derechos constitucionales.

Hasta este punto se han expuesto dos experiencias claras y sustentadas en un proyecto político de largo alcance, mucho se puede hablar respecto de cada una, sin embargo en lo que ahora concentraré mi atención es en dar cuenta de otras experiencias que se han llamado de autodefensa, de seguridad comunitaria o de policía comunitaria y que se han multiplicado en estos últimos meses, sobre todo en estados del centro y sur del país pero también en algunos puntos del norte. Existen muchas variantes al respecto, muchas posibilidades y resulta importante tratar de poner los elementos necesarios sobre la mesa de discusión, al contrario de lo que han hecho algunos medios de comunicación, como el periódico Reporte Índigo, o como lo ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos al emitir declaraciones confusas sobre este tema.

En diciembre pasado surge la Policía Ciudadana y Popular en el municipio de Olinalá, Guerrero, argumentaron que su existencia se debe al alto índice de complicidad existente entre los cuerpos policiacos estatales y los distintos grupos del crimen organizado. Este ejemplo de autodefensas armadas se multiplica en los meses siguientes hacia las zonas de Huamuxtitlán y Cualac, al igual que en el municipio de Ayutla de los Libres y se desencadena una efervescencia por lo evidente: se demuestra en la práctica que la delincuencia organizada en México no es invencible, y que son los pueblos organizados los que logran poner control y orden, acabar con la situación de inseguridad y además impartir justicia con base en sus usos y costumbres.

Más allá de las diferencias existentes entre las organizaciones que impulsan procesos de seguridad comunitaria, las comunidades y pueblos en estas zonas de Guerrero han decidido mantener las acciones de autodefensa armada, han comenzado a desarticular las redes de venta de droga, las redes de sicarios y lograron comenzar con la implementación de mecanismos de justicia más apegados a la realidad comunitaria. Según el periódico local El Sur en su nota del 17 de enero de este año, a diez días del inicio de acciones de autodefensa se lograron eliminar al cien por ciento los delitos en los municipios de Ayutla y Tecoanapa. Los testimonios de los pobladores respecto a esta situación son determinantes, por ejemplo, uno de los delincuentes detenidos por la Policía Comunitaria de Ayutla y presentado en el Tribunal Popular que se llevó a cabo el 31 de enero, es un niño de 12 años que declaró lo siguiente:

“Yo soy un niño de 12 años que ha visto cómo torturan a la gente. Me sacan por la carretera, hasta una casetita. Ahí tiene a un compa amarrado de pies a cabeza. Después lo sacan y le empiezan a cortar sus dedos, luego sus manos, sus pies. Luego empezaron a quitarle la cabeza. Como le dije a uno de esos compas que no iba a estar con él, me anda buscando. Ahora soy uno de los más buscados en mi pueblo. Lo que yo no quiero es meterme en más broncas. Yo sólo he visto cómo ha matado gente. Me ha llevado a todas partes. Por aquí, por Las Mesas, hace poquito que descabezó a un compa, no sé qué le debería. Como quien dice, me están entrenando para ser un pinche sicario”.

Son estas y otras historias similares las que se han ido revelando conforme la tarea de los policías comunitarios se profundiza y se amplía en su radio de acción. En distintos puntos del país están ocurriendo procesos similares a los que se viven en Guerrero y Michoacán, procesos que desnudan al Estado mexicano y muestran abiertamente la condición fallida en la que está ahora, pese al reacomodo de la clase política y el resurgimiento de los aires imperiales que el PRI pretende implantar. El gobierno mexicano está rebasado en muchos estados: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Morelos, Chihuahua, Jalisco y Estado de México son los puntos en donde se desarrollan ahora mismo procesos de seguridad comunitaria. En distintos niveles, de maneras precarias muchas veces, incluso no vinculados a un proyecto político sino con la humana urgencia de protegerse de la inseguridad y velar por los suyos, es así como las personas deciden reemplazar al Estado y verifican que son capaces de resolver las problemáticas por sí mismas. Hay tanta humillación y desprecio por parte de los funcionarios de gobierno hacia las formas que moldean la seguridad comunitaria que lo único que se obtiene es descrédito, se minimizan los esfuerzos populares y se persiguen a quienes dan rostro y voz a estas policías o rondas comunitarias,  como si se tratase de delincuentes.

Hace tan sólo unas semanas realicé una serie de entrevistas a los integrantes de una naciente ronda comunitaria, originarios de una comunidad llamada Turicuaro, ubicada a poca distancia de Cherán y con prácticamente mayoría indígena, quienes hablaban conmigo comentaron molestos que “el poder económico viene, establece proyectos, destruye comunidades, se roba los recursos naturales y en lugar de consultarnos nos quiere poner a trabajar como empleados de mantenimiento. Nosotros no vamos a permitir que eso suceda, nos vamos a defender del crimen organizado o del gobierno, vamos defender nuestras tierras y nuestros bosques, y no nos vamos a detener, si nos matan una legión completa se levantará para continuar con nuestra tarea. Ha llegado el momento”.

Y las comunidades continúan organizándose como grupos o cuerpos de autodefensa armada. Recientemente, el pasado 10 de marzo, cuatro comunidades de la Meseta P’urhépecha se levantaron en armas. No se trata de un proceso de desestabilización como se afirma desde las propias esferas gubernamentales, estamos frente y dentro de un proceso de reconstitución de las fuerzas políticas y las formas de militancia social que responden al contexto en el cuál vivimos todos los días. Poco antes de esta entrevista en Turícuaro, asistimos a la celebración del Fuego Nuevo en Michoacán, es decir a la ceremonia que inaugura un nuevo ciclo de siembra y vida según la tradición y costumbre p’urhépechas; antes de encender el fuego, los encargados de la ceremonia lanzaron un mensaje a todas las comunidades de esta nación indígena: “El momento ha llegado hermanos y hermanas, es hora de encender el fuego nuevo y de que el día llegue, es el momento de salir de la noche en la que hemos vivido hasta ahora. El momento de tomar las riendas de nuestra vida como pueblos ha llegado, serán las rondas comunitarias las que nos abran el paso y las que permitan que siga encendida la llama de este fuego nuevo. No nos rendiremos, venceremos.”

Lo mismo sucede en Guerrero, los pueblos m’ephaa y nu’saavi, los pueblos amuzgos y afro descendientes al igual que los mestizos siguen avanzando en el camino de la autonomía, es en este sentido fundamental la existencia de las policías comunitarias, son ellas quienes reconstruyen desde ahora el tejido social y permiten una reconciliación, de otra forma, en medio de una guerra, sería imposible pensar en la organización social comunitaria, sin frenar la delincuencia y sin seguridad y justicia no se puede pensar en llevar una vida un poco mejor. Y de esta misma manera en muchas otras zonas del país, el surgimiento de un entramado de experiencias de seguridad comunitaria, es la prueba irrefutable de que otro camino es posible, es la muestra de que las propuestas políticas del zapatismo que permearon los estratos sociales más bajos han tenido frutos, han construido caminos distintos, reales.

Algunas conclusiones

Se trata del breve esbozo de un proceso que se desarrolla en México, pero a través del cual es posible delinear algunas conclusiones básicas que, por supuesto, no pretenden ser definitivas.

En primer lugar quiero apuntar que es evidente el surgimiento de formas de organización comunitaria que tiene que ver con el resguardo y la protección de los recursos naturales desde otro paradigma de justicia, estamos frente a intentos –unos más acabados que otros- de recuperar el control del territorio en medio de un contexto hostil en el cuál el crimen organizado y el Estado se disputan las ganancias de un gran negocio como lo es el narcotráfico.

Estas formas van desde proyectos con amplia base social y con un proyecto político de largo aliento, hasta formas incipientes de autodefensa armada que aún no construyen un discurso claro sino que se mantienen en la lógica de defensa. Estas experiencias tan variadas, en sujetos y contextos, se desarrollan en zonas de amplia presencia indígena, pero también se han dado en zonas habitadas por pueblos mestizos que recuperan el sentir comunitario más que el étnico. Es esta característica la que posiblemente descontrole mucho a los gobiernos locales y al federal, parten de la premisa que ubica a los indígenas como los “revoltosos”, mientras que al ver a poblaciones mestizas, no sabe cómo responder. “Ya no son sólo los indios los que se alzan en armas, ahora también los mestizos jodidos”.

En segundo lugar hay que dejar muy claro que, de igual forma que se dan procesos de seguridad comunitaria, también se presentan casos en los que grupos de caciques arman sus propios grupos de autodefensa para impedir que la alta concentración de tierras y sus excesivos lujos se pierdan o se vean afectados por alguna organización indígena o campesina. Partiendo de este punto, hay que señalar que en muchas ocasiones son estas autodefensas las que atacan comunidades con alta politización o bien se convierten en grupos de paramilitares que en ocasiones ya cuentan con entrenamiento del ejército. Es en Chiapas donde se han visto muchos casos de este tipo, sobre todo desde el surgimiento público del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); se han visto masacres como la de Acteal o enfrentamientos con grupos paramilitares que están a cargo de los propios funcionarios, sin importar el partido político que gobierne la entidad.

No se debe perder de vista lo anterior y englobar en un mismo saco de Policías Comunitarios a todo grupo que se levante en armas y diga que busca la seguridad de su gente, hay que ser más cuidadosos en la investigación y desenredar este tipo de lugares comunes actuales. No todo grupo de encapuchados resulta una policía comunitaria legítima y con base social que la resguarde, en una preocupante cantidad de ocasiones se trata de defensas de caciques o de paramilitares; de igual forma es pertinente no criminalizar de inmediato, considero que siempre es mejor analizar los procesos con mayor detenimiento.

Finalmente, tan sólo me resta precisar que es un contexto nuevo el que se está construyendo, debido a que las militancias políticas en las zonas rurales están atravesando por el resurgimiento de las rondas o policías comunitarias y éstas realizan mucho más que sólo labores preventivas y de protección. Es posible que frente a la interminable disputa entre cárteles y grupos del crimen organizado y la ineficacia e inutilidad de la estrategia estatal las experiencias de seguridad comunitaria se multipliquen hasta cubrir prácticamente todo el territorio nacional. En tal caso es el Estado y los distintos niveles de gobierno quienes se verán rebasados y denunciados por la omisión de sus obligaciones y responsabilidades, mientras que el crimen organizado se enfrentará a un contexto sumamente complejo en donde verán mermada su operatividad y las ganancias que hasta ahora lo mantienen.

Es tan sólo el comienzo de lo que puede significar una vuelta en el rumbo del país y que significaría una alternativa, tanto a la lucha armada de los grupos político-militares así como a la vía electoral que ahora se muestra cancelada. Significaría la consolidación de un proceso de cambio profundo que plantearía nuevos horizontes de análisis de la realidad y que dejaría abiertas las puertas a una transformación seria y constante del tejido social existente hasta nuestros días. Tal vez signifique que las personas recuperemos las riendas de este país y comencemos a tomar las decisiones con base a otra ética y otra lógica fundamentada en el bien común o comunitario para dejar atrás, como un pasado doloroso, las corruptelas y los robos de la clase política actual.

Por Heriberto Paredes Coronel

Conferencia presentada en el simposio «Activism in Latin America» que tuvo lugar del 1 al 3 de abril en la ciudad de Oklahoma, hospiciado por el College of International Studies of The University of Oklahoma.


[2] Estas cifras fueron dadas justo en el cambio de administración por parte de altos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR); argumentan que son las cifras reales pero que no pueden admitirlas en público.

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