Crónicas del genocidio

CRÓNICAS DEL GENOCIDIO #1

Supongo que hay pocas cosas como un juicio con profundidad histórica. A diferencia de otras circunstancias, en esos momentos es posible encontrar la personificación de muchas de las fuerzas sociales que décadas atrás fueron actores centrales en un agudo momento de crisis. Seguramente los que vivieron los juicios de Nuremberg tuvieron un sentimiento similar. No hablamos más en abstracto sobre el ejército, las comunidades indígenas, las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), ni de la diplomacia de la comunidad internacional y la militancia de organizaciones de familiares de desaparecidos y de derechos humanos. En las salas del Palacio de la Justicia (a la sazón inaugurado durante la cruel presidencia de Carlos Arana Osorio, mientras un reconocido liberacionista, Miguel Ortiz Passarelli, fungía como Presidente de la Corte Suprema de Justicia) y sus afueras era posible ubicar personas que representaban a cada uno de estos actores. Allí, viéndose las caras, cruzando miradas, en plena interacción.

Un anciano ixil sentado en la silla de testigos, relatando cómo había sido masacrada su comunidad por un ejército que recibía órdenes precisas del entonces Presidente y Ministro de la Defensa, Efraín Ríos Montt, que ahora se encontraba sentado a su izquierda, a veces nervioso, a veces abstraído, y otras concentrado. Las esposas de los ex patrulleros reafirmando en voz alta cada pregunta que la defensa realizaba; las de los militares cuchicheando entre ellas, y con gestos de desaprobación ante cada respuesta del testigo; y las viudas y familiares de los masacrados silenciosas, pacientemente observando cómo se desenvolvía todo. Noticias circulando como rumores sobre las más recientes declaraciones del Presidente al respecto, y otras sobre la trágica noticia del resultado del secuestro a líderes comunitarios del Parlamento Xinca.

Todo el cuadro de un momento histórico presente en un mismo edificio. La historia viva vestida de gala.

Como repetían varios militares retirados presentes, pero con otro sentido, algo nunca antes visto en la historia. Y al menos en ese aspecto, tenían toda la razón.  Por eso lo trascendental y profundo del caso que hoy se inició en contra de Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados de genocidio.

La apertura del proceso jurídico estaba programada para las ocho horas y treinta minutos, pero habían pasado casi cuatro horas y el juicio no daba aún su primer paso. En esos momentos, un variado público, inquieto, vibraba y reaccionaba a lo que a cada momento ocurría. Tal era la dinámica que la Presidenta del Tribunal tuvo que frenar el proceso para apelar a la serenidad de los asistentes, a petición de uno de los abogados de la defensa de Rodríguez Sánchez, que estaba en ese instante siendo ridiculizado masivamente por un comentario fuera de lugar que realizó. No era para menos. El Tribunal acababa de expulsar de la sala al abogado defensor de Ríos Montt.

Como se vio a lo largo del último año de audiencias, la parte más visible de la estrategia de la defensa ha sido aplazar, mediante cualquier recurso que se tenga a la mano, el inicio irreversible del juicio en contra de los generales acusados de la planificación y autoría intelectual del asesinato de miles de campesinos ixiles. Hoy sacaron la que parece una última carta en esta línea de acción.

Al contrario de las audiencias intermedias para determinar si habían evidencias de peso para iniciar un juicio, la defensa de Ríos Montt constó de cuatro abogados. Sólo uno de ellos se encontraba en el recinto. El resto, según indicó la prensa por redes sociales, se encontraba en un restaurante cercano al Palacio. El abogado presente, en su última intervención antes de llevar a los acusados a la silla de testigos, afirmó que en juicios anteriores la Sala Primera de la Corte Penal estableció que entre él y la Jueza principal existía un «enemistad grave», así como una «amistad» con otro juez del Tribunal. Ambas acciones establecían parcialidad en el proceso, lo que hacía necesario, según declaró el abogado, frenar la marcha del caso y cambiar de Tribunal. Dos veces lo hizo, y las mismas dos el Tribunal lo declaró fuera de lugar, ya que no sólo era extemporánea la solicitud, sino que en otra audiencia un Tribunal de Alto Riesgo lo había resuelto.

La segunda vez la Jueza fue contundente: el proceso debía continuar, el abogado retirarse de la sala por su parcialidad con el Tribunal, y la defensa de Rodríguez Sánchez hacerse cargo de la defensa de Ríos Montt. La defensa profirió crudos gritos e improperios, alegando abuso de autoridad, ilegalidad y extra limitación de facultades, que culminaron en llamar el acto un absurdo y declarándose en franca rebeldía.

Para ese momento, la voz del abogado no era la única en el espacio. La Presidenta del Tribunal hacía peso con su voz para hacerse escuchar ante el abogado. Lo que le afirmaba no era una petición, era una sentencia. La defensa de uno, al menos por ese día, tenía que hacerse cargo de los dos acusados.

Y entonces, después de treinta años de ocurridas las masacres, pasadas ya las dictaduras militares donde personajes autoritarios predominaban en el medio político, luego de decenas de recursos legales inhabilitados, en medio de una crisis de autoridad del actual Estado, en un nuevo ciclo de movilizaciones a lo largo de varias regiones del país, finalmente se dio el inicio del primer juicio por genocidio llevado por la justicia interna de un país en el mundo. Ya no hay paso atrás.

Lo que siguió reflejó de igual manera lo que se ha visto hasta ahora. Abogados querellantes llevando el ritmo del proceso, que han pasado más de diez años construyendo, mientras los abogados defensores realizan preguntas con una pobre elaboración, que reciben repetidas y constantes objeciones dadas a lugar.

Hubo tiempo para dos testigos, ambos presentados por los abogados acusadores. Esto es sólo el inicio, de lo que a luces promete ser un proceso lleno de tensión y, sobre todo, no restringido a los que en esta sala se presentan. Acá hay nudos históricos, donde una plétora de sectores y clases están directa o indirectamente relacionados. Como todo nudo, es muy seguro que su desenvolvimiento plantee nuevas circunstancias y caminos.

En estas salas se están escribiendo letras profundas en las desgarradas páginas de la historia del país.

CRÓNICAS DEL GENOCIDIO #2

La importancia histórica del juicio por genocidio probó ayer su carácter. El debate en torno a la última gran crisis de la historia del país, la de fines de los setenta e inicios de los ochenta, y las responsabilidades por los caminos que ha tomado resurgió en notas de prensa y varias columnas de opinión. La abrumadora mayoría pasó a resaltar que el actual juicio no busca justicia sino una venganza  por la derrota político-militar del proyecto de nación que, aunque de manera borrosa, aglutinaban las fuerzas sociales subalternas por esos años. El énfasis en su discurso es el mismo que se enarbolaba durante las dictaduras: el enemigo interno, el centro de la agitación, eran las guerrillas. Este sesgo en el discurso justificaba el uso abusivo de las armas y de la anulación o suspensión de derechos.

No resaltan, en cambio, que la crisis que se vivía en esos años era una que llevaba décadas cocinándose y que tenía una mayor complejidad que la que le concedían. La ausencia de políticas que vinieran a resolver elementos estratégicos de la crisis, o de abrir el espacio estatal de influencia para generar un más amplio consenso, son fácilmente desplazados en su argumento. No se toma en cuenta que las guerrillas eran uno de otros muchos actores que se movilizaban, por diferentes razones y a través de diferentes medios, en contra de la dictadura militar y la crisis del llamado modelo económico mixto. Lo mismo ahora.  La complejidad de esos años se olvida y toma el ligero sendero de la revancha. Sin más.

Y los hechos de ayer sólo sirvieron de poderoso acicate. La expulsión del que en ese momento fungía como abogado de Ríos Montt fue el elemento clave del que los comentaristas se valieron para calificar el juicio (¡en su primer día!), sin realizar un análisis con al menos un dejo de profundidad, de un proceso ya viciado. Así de alarmados se encuentran.

En el inicio de la audiencia de hoy (miércoles 20 de marzo) continuaron las tensiones en torno a este tema. Dando por empezada la sesión el abogado Francisco Palomo, abogado defensor de Rodríguez Sánchez, se negó una vez más a defender a Ríos Montt. El argumento era el mismo, que el Tribunal no puede obligarlo a defender a alguien que no lo desee.

En una sospechosa rabia espontánea (se encontraba sumamente calmado al inicio del debate), dijo, tal vez sin quererlo, los elementos que eran en verdad relevantes en su actuación.

Afirmó, con la amenaza como sombra, que impugnarán el proceso debido a la actuación del Tribunal. De lograr la impugnación, se supondría, todo lo llevado a cabo hasta ese momento quedaría anulado.

El Tribunal, por su lado, insistió en garantizar una defensa para Ríos Montt, por lo que se esperaría para el siguiente día tener con un abogado proveído por el Estado. Minutos después, se presentó como defensor uno de sus antiguos abogados con papeles y archivos en mano, listo para seguir el juicio. El show había terminado.

Un poco de tiempo después, interrumpiendo nuevamente el interrogatorio a testigos, la defensa notificó que había en el público cuatro nuevos peritos que debían ser juramentados por el Tribunal. Ya que en la previa fase de presentación de pruebas la defensa no logró que ninguna de las ofrecidas fuera aceptada, contando solamente con un poco más de dos decenas de testigos (poco, comparado con los más de 150 presentados por el Ministerio Público y las partes querellantes), la defensa emitió un amparo en la Sala Cuarta de Apelaciones. El fin es intentar nuevamente ingresar pruebas al debate, aunque se notificó que si la Sala resuelve sin lugar el amparo, no se tomarán en cuenta.

El contenido de los peritajes, que se serán llevados a cabo en sus tres cuartas partes por militares, resulta de mucho interés, ya que nos presenta de alguna manera los puntos en donde la defensa buscará tumbar el argumento del MP-ACJ-CALDH5 Resaltamos dos.

El primero será llevado a cabo por el entonces temido militar, ahora retirado, José Luis Quilo Ayuso. El peritaje buscará explicar el lenguaje técnico contenido en los documentos desclasificados del gobierno, que sirven de prueba para acusar a Ríos Montt y Rodríguez Sánchez. Haciendo énfasis, según se dijo, en conceptos clave y en la manera como deben ser entendidas las cadenas de mando. Parecería que esto llevaría a liberar presión a Rodríguez Sánchez, antiguo director de la central de Inteligencia (G-2), cuyas líneas de mando no tienen una vinculación vertical con la línea de base que ejecutó finalmente las masacres.

Otro de los peritajes, encargado al oficial del ejército Benjamín Godoy, buscará precisar el entendimiento del trabajo de base de las dos organizaciones guerrilleras que tenían trabajo en el área Ixil, el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA). Por lo que se dijo, se buscará entender la manera como las guerrillas tenían trabajo organizativo, no armado, con la población civil. Esto servirá, como resulta claro, para justificar el asesinato a población que a los ojos de la defensa sería solamente formalmente civil, ya que mantenía vínculos orgánicos con las guerrillas. Para probar esto, como también resulta claro, se tendría que tener a testigos que afirmaran que formaron parte de esas células de base, o listas que comprometan a la población asesinada. Veremos a inicios de abril, según indicó la Presidenta del Tribunal, si la defensa logra presentar pruebas contundentes, siempre y cuando, como se mencionó, su amparo sea aceptado.

Mientras esta estrategia toma forma, por ahora la defensa tiene que soportar a las decenas de testigos que relatan, con el corazón en la mano, la manera como sus familiares y vecinos fueron crudamente asesinados por los soldados guatemaltecos en los años más descabellados de las dictaduras militares.

CRÓNICAS DEL GENOCIDIO #3

– ¿Cómo sabe usted que hubo guerra?
– Porque la vivimos.
– ¿Pero fue o no fue guerra? ¿Contra quiénes hacían la guerra los soldados?
– Contra nosotros.
– No, los soldados peleaban contra otro grupo armado, no sólo por pelear, ¿Contra quiénes fue la guerra?
– Fue contra nosotros, contra la población.
– ¿Pero quién hizo la guerra?
– La hicieron los ejércitos, la hizo Ríos Montt. La hizo contra nosotros, no otro grupo, nosotros, la gente.

Terminada esta última frase, Rodríguez Sánchez, visiblemente molesto, se quitó los audífonos y los tiró contra la mesa. El mismo camino tomaron sus lentes. Algunos miembros del público, familiares o simpatizantes del militar retirado, apresuradamente se le acercaron para calmarlo y recordarle que lo mejor era no mostrar frustración y enojo.

La escena, en la que la defensa de Rodríguez Sánchez buscaba entorpecer el relato de una testigo, describe de alguna manera el peso en la balanza que ha tomado el debate oral en los últimos días. La presente fase consta de la presentación de relatos de parte de testigos, propuestos por el Ministerio Público (MP) y las partes querellantes, que vivieron las masacres ocurridas hace treinta años. Y en ella se ha visto el escaso margen de maniobra con la que ha contado la defensa para frenar o entorpecer los relatos que van presentando las víctimas.

Por el lado del MP y las partes querellantes, la estrategia ha sido la enfocar sus preguntas en los puntos de soporte de pruebas que consideran esenciales para armar un argumento jurídico que dé peso a una futura sentencia. El énfasis, entonces, ha sido centrar los relatos en la descripción de las masacres en sí, en la destrucción parcial o total de los cultivos de maíz y en el robo de los animales propiedad de las familias que realizó el ejército, en la muerte de niños, ancianos y mujeres, en el desplazamiento forzoso a que se vieron sometidos, en la persecución y bombardeos mientras se encontraban refugiados “en la montaña”, en la manera como esta situación de precariedad extrema obligó a muchos a regresar a las comunidades e ingresar a las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), y cómo dentro de éstas eran obligados a controlar férreamente a su misma población, en muchos casos abusando de esta autoridad para hacerse de tierras y polarizar esos pequeños núcleos poblacionales.

Los relatos han sido en su mayoría claros en resaltar estos aspectos, y ante esta relativa contundencia la defensa no ha tenido ninguna respuesta clara. Algo que puede parecer sumamente extraño, sobre todo si tomamos en cuenta el número de ceros que figura en los cheques, en el pago de servicios, a los abogados defensores. Hasta el momento, en esta fase al menos, estas abultadas cifras no han rendido fruto alguno.

Muchas veces los abogados defensores simplemente no logran encontrar inconsistencias en el relato de los testigos, por lo que han buscado confundirlos con preguntas trilladas como ¿de qué color eran las botas de los soldados? ¿cuáles eran los colores exactos de los uniformes del ejército? Preguntas que generalmente son seguidas por objeciones de parte del MP, o de respuestas bastante claras de parte de los testigos. Y esto ha sido en el mejor de los casos. Han habido otros en donde simplemente parecería que no tienen idea de qué preguntar. Un ejemplo corto visto el miércoles pasado bastará.

– (Abogado defensor) ¿Cuál es su nombre?
– (MP) Objeción su señoría, el testigo lo refirió al inicio.
– (Presidenta del Tribunal) A lugar la objeción. Siguiente pregunta.
– (Abogado defensor) ¿En qué año nació?
– (MP) Objeción su señoría, el testigo ya lo refirió en un principio.
– (Presidenta del Tribunal) A lugar la objeción. Siguiente pregunta.
– (Abogado defensor) No más preguntas.

Así de pobre.

Además de apostar por sus testigos y por los nuevos peritos presentados (pendientes aún de confirmación), parecería que su estrategia se centrará en frenar el proceso desde afuera del Tribunal, a través de otras instancias. Es un secreto a voces que este tipo de abogados no cobra sus servicios necesariamente por su capacidad de litigar. Su capacidad reside más en tener especiales e importantes contactos con altos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC), vitales al momento que se presentan amparos por supuestas irregularidades en el proceso que se está llevando. Ese es un terreno más cómodo para ellos, el terreno de los favores, de la corrupción, del entorpecer, procastinar o anular los procesos jurídicos.

Ya hemos referido en la primera crónica la manera como la defensa de Ríos Montt presentó una táctica en la hicieron que uno de sus abogados fuera expulsado por parte de la Presidenta del Tribunal, y cómo fueron explícitos en decir que impugnarían la medida para dejar sin efecto lo que allí siguiera. El jueves 21 ocurrió un hecho similar. Uno de los abogados de Rodríguez Sánchez, el histriónico y volátil Calderón, basándose en el artículo 205 del Código Penal, cuestionó la idoneidad de los testigos, ya que a su juicio todos habían sido “indoctrinados” para relatar los hechos de una manera que, a juicio del abogado, es demasiado uniforme. El alegato encontró otra objeción y la Presidenta del Tribunal lo declaró a lugar, no sin antes escuchar una nueva abusiva y grave réplica de parte del abogado que afirmó que se basarán en esto para impugnar una vez más el proceso.

El panorama parece indicar que los acusados se encuentran dentro de una camisa de fuerzas, una en donde el horizonte parece un tanto oscuro. Por eso las demostraciones de fuerza que están intentando realizar desde afuera. Eso fue la llegada de los ex patrulleros el día del inicio del juicio, eso fue la protesta afuera del Palacio de la Justicia dos días después de parte de simpatizantes ixiles del Partido Patriota, que de paso profirieron insultos a los “guerrilleros” comunitarios que se acercaban al recinto, y más que todo eso será la gran convocatoria que están lanzando los veteranos militares para el lunes, en donde esperan presionar desde afuera, “desde las seis y media de la mañana hasta las seis de la tarde”, y protestar contra la supuesta venganza que se está realizando contra ellos.

A exactos treinta años del golpe militar que lo llevó al poder, ahora Ríos Montt se encuentra en una posición un tanto diametralmente opuesta, en la silla de los acusados, presenciando cómo día a día se acerca la llegada de la sentencia final.

Ningún cohetillo se escuchará conmemorando este infame aniversario. Por ahora no tienen qué celebrar.

Por Rodrigo Véliz Estrada
Centro de Medios Independientes (CMI) Guatemala

 

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