La Marcha por el TIPNIS: una reflexión urgente para vivir bien más allá del desarrollo

Por Paloma Torrez y Marcelo Becerra

El proceso de cambio está en marcha. La IX en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), la Constitución Política y en rechazo a la Ley 222 de Consulta Previa partió el viernes 27 de abril desde Trinidad, dos días después de lo previsto debido los bloqueos realizados por la Central Obrera Regional y la Junta Central de Vecinos, ambas organizaciones afines al gobierno de Evo Morales.

La IX Marcha en defensa del TIPNIS inició la jornada a las cuatro de la tarde del último viernes de abril, con alrededor de trescientas personas, incluidas mujeres, hombres, niños y bebés. Caminarán 500 kilómetros hasta la ciudad de La Paz para ponerle fin a la transgresión de las autonomías indígenas, promovida por Brasil, socapada y apoyada por el presidente Morales.

Puede parecer una marcha insignificante, que no representa a una población considerable; pero al principio la proporción no importa porque es un método de lucha con incorporación de constante y creciente, una protesta pacífica que no incita al odio o a la violencia, pero sí a la reflexión, a la solidaridad y al apoyo, así es como se cambia el mundo.

Con la condición de no participar de la esta marcha, el presidente Evo Morales negoció y firmó proyectos de inclusión social con algunos dirigentes de las centrales indígenas del TIPNIS, en un acto desesperado por deslegitimar la movilización indígena; sin embargo le será difícil controlar la incorporación de más pueblos indígenas y organizaciones solidarias, a la novena marcha

Sin embargo desde el inicio se incorporó a la movilización una delegación de varios representantes de los pueblos chiquitanos, guarayos y sirionós, entre otros, aunque sus dirigentes hayan pactado con el gobierno para no marchar en defensa del TIPNIS; además se espera la incorporación de 30 guaraníes de Tarija y otra cantidad similar de Santa Cruz, en los próximos días.

A tan sólo unos días de su inicio, la marcha en defensa del territorio indígena es acompañada por fuertes lluvias, las bajas temperaturas y por el surazo, hace más frío que en la altiplánica ciudad de La Paz, tal y como testimonió nuestra corresponsal de SubVersiones. La movilización indígena tiene los ánimos altos, pero precisa urgentemente de carpas grandes para albergar a los movilizados, ropa de abrigo, alimentos, utensilios de cocina y medicamentos necesarios para tratar resfríos, diarreas y dolores musculares, además de vehículos de apoyo para el traslado de niños y mujeres embarazadas o con bebés.

La primera versión de la Marcha en el año 1990, también protagonizada por los pueblos amazónicos, exigió la Asamblea Constituyente y señaló con humildad el camino al proceso de cambio político, económico, social y cultural que vive el país; movilización protagonizada por la gente sencilla, de base, por los de abajo bien a la izquierda y no por dirigentes ni caudillos ni mucho menos por los que ahora desde el Palacio de Gobierno enarbolan como suyas las victorias sociales. Apoyar a la IX marcha en defensa del TIPNIS, de alguna manera significa defender el Proceso de Cambio por el que tanto luchó el pueblo boliviano, es por eso que con mayor urgencia se debe precisar y reflexionar sobre cierta actitud presidencial y dirigencial, con el entusiasmo de quiénes creen posible construir otro mundo. Caminando preguntamos, dicen los zapatistas.

Vivir bien más allá del desarrollo

El territorio de 12,363 kilómetros cuadrados se ubica entre los andes tropicales, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, y la llanura amazónica, a 180 m, lo que promueve la existencia de una abundante diversidad de hábitat, espacio caracterizado por sus más de 858 especies endémicas de animales vertebrados, con tres importantes ecosistemas: sabanas inundables de los Llanos de Moxos, bosque amazónico sub andino y bosque amazónico pre andino; lo que la convierte en una de las reservas naturales mejor conservadas del país y uno de los pulmones más importantes del planeta.

El TIPNIS, creado como Parque Nacional el 22 de noviembre de 1965 y declarado Territorio Indígena el 24 de septiembre de 1990, tiene doble categoría de protección; se encuentra entre los departamentos de Cochabamba y Beni, forma parte del Corredor Biológico de Conservación Madidi-Amboró.

El pie de monte, por donde se pretende construir la carretera es una zona por la que transitan los pueblos amazónicos, como rutas de casería, recolección y prácticas que tienen que ver con la economía étnica. A diferencia de los occidentales no reconocen a la propiedad del territorio como individual, sino como colectiva, la “Casa Grande” es de todas y de todos; no son tradicionalmente agrícolas como sus pares andinos, sino recolectores de lo que la naturaleza les provee para vivir.

Sarela Paz, antropóloga boliviana afirmó que, “el pueblo Chimán es uno los pueblos más cazadores, sin embargo, hacen una de las mejores agriculturas tropicales en el país, obtienen el mejor rendimiento de arroz en comparación con cualquier otro pariente indígena o con los colonizadores, porque la práctica de los chimanes no sólo es antigua sino que se basa en un profundo conocimiento de cómo se comportan los suelos y los bosques tropicales, estamos ante un conjunto de prácticas agrícolas que son muy importantes para pensar en un proceso de agricultura tropical en el país”.

La Fundación Natura Bolivia, informó que en 36 años, la zona sur del parque perdió 50 hectáreas de árboles talados por los colonizadores y empresas madereras de la parte sur del parque. En Bolivia, al igual que en Cherán y Wirikuta, en México y en el mundo, la codicia por el dinero y el desarrollo no respeta los lugares sagrados de los pueblos indígenas, las lógicas desarrollistas son incompatibles con el medio ambiente y la Pachamama. La marcha en defensa de la “Casa Grande” es un conflicto estructural y no sectorial porque va más allá de la carretera en sí, cuestiona el modelo de desarrollo que la gente sencilla y trabajadora de la ciudad y el campo quiere vivir; involucra a todas y todos.

El neoliberalismo enseñó que el desarrollo occidental no solucionará los problemas de pobreza, sino que el desequilibrio económico se incrementará a costa de la destrucción y explotación de la naturaleza. Los países desarrollados son el mejor ejemplo de destrucción medio ambiental, ¿es el camino que se quiere seguir?

La movilización del TIPNIS evidenció la intencional inconsecuencia del gobierno de Evo Morales en la búsqueda del “vivir bien” o “sumaq kamaña”, principio de la nueva constitución Política del Estado Plurinacional. El Canciller, David Choquehuanca, define que “Vivir bien es buscar la vivencia en comunidad, donde todos los integrantes se preocupan por todos. Lo más importante no es el humano, como plantea el socialismo, ni el dinero, como postula el capitalismo, sino la vida, se pretende buscar una vida más sencilla. Es el camino de la armonía con la naturaleza y la vida, con el objetivo de salvar el planeta».

Aunque las acusaciones que el gobierno realizó el año pasado contra la dirigencia indígena sobre sus posibles nexos con la embajada americana, hasta ahora no han sido aclaradas ni comprobadas de manera oficial; no son argumento suficiente para expiar de sus culpas a la administración del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), ya que el conflicto por el TIPNIS que estalló a mediados del 2011, es producto de una larga acumulación de problemas, errores, omisiones y ausencia de transparencia por parte del Estado. Tampoco significa eximir de críticas a las dirigencias indígenas.

El OAS y la carretera

El 1º de agosto de 2008, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), adjudicó la construcción de la ruta Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, llamada también Ruta F-24, a la empresa brasileña OAS, por un monto de 415,1 millones de dólares, bajo la modalidad “llave en mano”. El Brasil a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) financió el 80 % de la construcción de la carretera de 305 kilómetros de largo, los otros 20% están financiados por Bolivia.

Aunque el gobierno rescindió el contrato con OAS el 10 de abril de 2012, en un intento de frenar la IX marcha indígena, esto no significó la suspensión definitiva del proyecto carretero por medio del parque natural y territorio indígena. El presidente argumentó para tal medida el “incumplimiento de contrato” por parte de la constructora, pero extraoficialmente se afirmó que en realidad fue la misma OAS la que pidió la rescisión del contrato para luego poder firmar uno nuevo, ya que estaba vigente la Ley 180 de protección al parque natural firmado por Morales el año pasado.

El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) publicó dos documentos que prueban que desde el 2007, el presidente Evo Morales y Patricia Ballivián, entonces directora de Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hicieron caso omiso a los llamados de los pueblos indígenas, para ser informados y consultados sobre la construcción de la carretera. No se cumplió con el requisito por que el habían peleado varios años las organizaciones indígenas y que está estipulado en el convenio 169 de la OIT: el derecho a la consulta previa.

Cuatro años después, en vista de la falta de respuesta a sus exigencias, la Subcentral Tipnis se reunió con la CIDOB para convocar a la VIII Marcha Indígena, la cual después de dos meses de incierta caminata, una brutal intervención policial no aclarada hasta el momento y un recibimiento multitudinario en la ciudad de La Paz, consiguió finalmente que el presidente Morales firmara la promulgación de la Ley Corta 180 de protección al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, el 24 de octubre de 2011, la cual prohibió la construcción de la carretera declarando a este territorio como “intangible”.

Se había logrado hacer retroceder un proyecto de “desarrollo” impulsado por el partido de gobierno, además de la atención a otros 15 puntos en su pliego de demandas. Boaventura Sousa Santos señaló, en una visita a Bolivia, que: “Evo tiene que saber que si piensa que va a vencer a los indígenas, será derrotado”, porque la lógica de vencer a las y los que supuestamente son la “base” del “gobierno de los movimientos sociales e indígenas” constituye un indicio de lo que ahora sucede en el país, en relación al estado y las organizaciones de pueblos originarios.

La marcha del CONISUR

En efecto, dos meses después, varias fueron las señales que indicaron que el gobierno no había dejado de lado la intención de construir la carretera. El presidente Morales comenzó a reunirse nuevamente con la dirigencia indígena simpatizante de su partido: con el Concejo Indígena del Sur (CONISUR), organización desconocida, por los pueblos indígenas del TIPNIS.

Varias fotografías del cierre de campaña que hizo Evo Morales el 12 de octubre de 2011, rumbo a las elecciones judiciales, mostradas por los medios de comunicación evidenciaron la cercanía dirigencial de CONISUR con el partido de gobierno. Este Concejo aglutina a las comunidades que viven en el llamado “Polígono 7” del Tipnis, área de colonización campesina – cocalera, son productoras y comercializadoras de la hoja de coca.

El CONISUR, con el auspicio y apoyo moral y logístico del gobierno, inició una marcha pro-carretera el 20 de diciembre de 2011, apoyado también por las tres organizaciones campesinas que son cercanas al Movimiento al Socialismo. Aunque ésta no contó con el apoyo masivo de la población en la sede de gobierno, el vicepresidente de la república afirmó que era la marcha de los verdaderos indígenas no financiados por ONG’s, a diferencia de los indígenas que habían participado de la VIII Marcha.

El gobierno se apoyó en esta movilización para, con su mayoría congresal, dar paso a la aprobación de la Ley 222, el 10 de febrero de 2012. Con esto se anulaba la efectividad de la Ley 180, estableciendo que se realizaría una “Consulta Previa” en el mes de junio de 2012 que decidiría finalmente la realización de la carretera.

La consulta previa, tardía

Se criticó la Ley de Consulta, primero porque no es “previa”, se hizo cuando el contrato estaba firmado con OAS, y también porque políticamente deja sin efecto la Ley 180 por la cual marcharon las organizaciones indígenas el 2011.

En segunda instancia porque, por la actitud prebendal del gobierno, que llevó regalos y promesas a las comunidades del TIPNIS para que no participen en la marcha, se prevé que la Consulta será manipulada por los personeros de gobierno, los cuales por ley, están encargados de programarla y ejecutarla, para aprobar la carretera indígena.

El gobierno argumentó que la consulta aquella es la solución ideal para que las comunidades decidan sobre si quieren o no la construcción de la carretera por medio del Parque Indígena y cualquier postura contraria a la consulta y a la participación de CONISUR en la misma sería “racista”. La respuesta que han dado las organizaciones, es que, si bien no se rechaza la consulta previa como figura legal y un derecho conquistado por la lucha de los mismos indígenas, esta vez, está realizada como una artimaña para anular la ley 180 y construir la carretera que uniría a Cochabamba con Beni y por ende con Brasil.

A pesar de que, con mapa en mano, varios investigadores demostraron que la carretera por medio del TIPNIS, beneficiará como máximo a 19 de las 63 comunidades indígenas, el gobierno central sigue difundiendo la idea de que “carretera es igual a progreso y desarrollo”. El mismo presidente afirmó a la prensa, durante una visita aérea al territorio indígena que, “pocas comunidades se beneficiarán, no todas, eso dije siempre”.

Entonces, ¿por qué la insistencia en la construcción de la carretera que provocaría la destrucción e industrialización de la Amazonía?

El IIRSA, la industrialización de la Amazonía

Lo que el jefe de Estado tampoco informó con transparencia, es que el proyecto carretero que partiría en dos al territorio indígena está estrechamente ligado a la consolidación del IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), un paquete de 514 megaproyectos hidroeléctricos, carreteros, gasíferos, portuarios, con una inversión inicial estimada de 69 mil millones de dólares, financiados por el BID, la CAF, el FONPLATA, la Unión Europea, Banco Santander, y el BNDES de Brasil.

El ex ministro, Raúl Prada, afirmó en varias ocasiones que el proyecto de integración sudamericana también está fuertemente ligado a la política dominante de Estados Unidos y a la política imperialista y expansionista de la potencia emergente del Brasil; la carretera que cruza el TIPNIS forma parte de los corredores transoceánicos y por lo tanto también del IIRSA, de ahí, que el importante crédito de brasilero no sólo financia gran parte del costo de construcción para beneficio propio, sino que impone la participación de la constructora OAS que con su trabajo en 15 países, en más de 30 años, contribuyó a la expansión del Brasil.

Este proyecto de integración, similar al ALCA (Área de Libre Comercio) y al Tratado de Libre Comercio, promueve el desarrollo de las grandes corporaciones extractivas, mineras, metalúrgicas, petroleras, agroindustriales, farmacéuticas, de ingeniería genética, empresas constructoras y forestales, dejando las migajas suficientes a las subcontratistas locales como para mantener el apoyo político de los gobiernos latinoamericanos.

Uno de los aspectos más destructivos de este proyecto, es que la construcción de represas, la expansión de las industrias extractivas y la integración caminera, además de significar un etnocidio para los pueblos amazónicos, también implicará la industrialización y destrucción de la Amazonía, el pulmón ecológico más grande de la tierra.

La ejecución del eje de integración cruza estratégicamente por los territorios de mayor concentración de recursos naturales: agua, minería, bosques, hidrocarburos y biodiversidad; para facilitar su exploración, explotación y exportación.

La situación del movimiento popular e indígena

En términos políticos, el movimiento indígena de tierras bajas se halla en uno de los momentos más importantes en todos estos años. Luego de las marchas de los 90 y su participación fundamental en las movilizaciones que reclamaron la realización de una Asamblea Constituyente para debatir la posibilidad de un Estado Plurinacional, que los incluya. Se trata de la lucha por la defensa de la reivindicación histórica más importante de los pueblos originarios del Abya Ayala: el respeto a la autonomía territorial originaria.

Las movilizaciones realizadas en defensa del TIPNIS, abrieron la posibilidad de discutir la ampliación de la democratización de las instancias de decisión de las organizaciones indígenas. Sin embargo, hay dos elementos que pueden señalarse como crítica, autocrítica, para no caer en una idealización de las mismas organizaciones sociales:

1.La movilización del 2011 se concretó porque la base indígena se movilizó para defender su territorio y por una lucha interna para sobrepasar a las dirigencias indígenas, las cuales muchas veces no lograron expresar todo el sentir de sus bases.

2. Cierta parte de la dirigencia indígena, buscó alianzas con sectores cívicos y de las gobernaciones que con anterioridad habían sido violentas opositoras al gobierno del Movimiento Al Socialismo. Una vieja élite racista que simpatizó y formó parte del tradicional sistema de partidos, ahora disfraza su odio a los indígenas con una careta ecologista, para buscar palestras e intereses políticos particulares.

La decisión de la dirigente indígena Justa Cabrera, de ingresar en el equipo administrativo del derechista, acosador sexual y alcalde cruceño Percy Fernández, evidencian las contradicciones, los límites y la pugna desatada en torno a las formas de asumir proyectos políticos en la estructura de la organización indígena. Es por eso que este es un momento importante.

Bolivia vive un nuevo momento de lucha, quizá no multitudinario como el 2003, pero sí absolutamente necesario, por tratarse de reposicionarse políticamente, desde una perspectiva crítica a la forma en que el gobierno ha venido llevando sus políticas desarrollistas y por buscar una forma de pensar más allá del “desarrollo”, paradigma occidental de la modernidad capitalista.

Porque, paradójicamente, este imaginario y estos proyectos que alimentan y favorecen un sistema de desigualdades sociales, de expoliación de los recursos naturales y de amenaza de extinción de los entramados comunitarios e indígenas, como sucede ya en Brasil, es asumido por los gobiernos “progresistas” de Latinoamérica.

Las y los ex izquierdistas, ex militantes de los derechos humanos, ex periodistas alternativos han sido absorbidos, obnubilados por los privilegios, los roles, la ideología que ahora ocupan; por eso proponen y defienden estos proyectos, piensan y aplican estrategias de división, anulación y debilitamiento de las resistencias que la sociedad protagoniza.

La apuesta es no construir un espacio de mera “oposición”, como pretende la gente reciclada de las viejas oligarquías y derechas que apuestan por espacios electorales futuros, sino espacios y redes de construcción que nos permita entrelazar y retomar los métodos organizativos que aprendimos en desde la Guerra por el Agua hace diez años y retomar el desafío que plantean ahora los pueblos originarios, con todas sus contradicciones.

Es por eso, que tampoco se puede aceptar los proyectos de algunas dirigencias indígenas cercanas a las elites que hace dos años quemaron las sedes de las organizaciones indígenas y golpearon a varios compañeros por su color de piel y su militancia política.

Recomposición de un proyecto conservador

Es evidente que hay una fuerte recomposición de un proyecto conservador impulsado por el Movimiento Al Socialismo, expresado no sólo en el ingreso de gente de los grupos armados de extrema derecha como la Unión Juvenil Cruceñista a instancias gubernamentales.

También en las decisiones económicas y políticas asumidas por la Cumbre de Movimientos Sociales que organizó el MAS desde fines del 2011 hasta principios del 2012, donde participaron las tres organizaciones campesinas más importantes del país: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), y la Confederación Nacional de Mujeres Indígena Originario Campesinas Bartolina Sisa (CNMIOCBS) y otros sectores simpatizantes; pero también participaron los poderosos sectores agroindustriales, agrupados en la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO), hasta hace poco opositores a Evo Morales.

Esta cumbre definió, entre otras cosas, la suspensión por cinco años de la Función Económica Social (FES), organización mediante la cual era posible fiscalizar el uso de tierras de los grandes propietarios, y en el caso de que lo ameritase revertir las mismas si no cumplían la función social.

El tema hidrocarburífero y la importante presencia de REPSOL en el país, el “gasolinazo” de fines del 2010, los proyectos de hidroeléctricas en la Amazonía, la agresión a los territorios indígenas, las acciones tomadas contra movilizaciones de diversa índole protagonizadas por trabajadores, campesinos e indígenas, empuja a retomar la discusión sobre las potencias sociales generadas en todo este tiempo, las limitantes históricas de las mismas, y el debate sobre ese fetiche del “desarrollo”, en una década de rebelión y movilización, como desafíos para las fuerzas sociales que apuestan por los procesos de emancipación.

La democracia en las calles y el apoyo solidario

Muchos creen que votar por un presidente o preguntar tardíamente si se quiere o no una carretera es democracia y que gracias a esos mecanismos y a esas personas se vive mejor que en los tiempos de dictadura militar, de violencia estatal o que en la época neoliberal.

Ningún gobierno, sea de derecha o de izquierda solucionó ni solucionará los problemas sociales de la gente sencilla, no puede, sólo los reproduce. El Estado es enfermizo, el Sup Marcos dice que, provoca cierto síndrome digestivo con los gobiernos que lo gestionan: o los digiere o los caga. El MAS es una muestra de esto, disculpen el ejemplo, por mal oliente.

El año 2003, el pueblo boliviano cansado de tanta muerte y sufrimiento hizo democracia en las calles exigió un cambio político, económico, social, cultural y cambió a tres presidentes en menos de dos años, convocó a la consolidación de la Asamblea Constituyente, inició un juicio de responsabilidades contra el ex presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, exigió la nacionalización de los hidrocarburos y dos años después eligió a Juan Evo Morales Ayma, como presidente de Bolivia. La población humilde y trabajadora, en su conjunto es la que transformó la historia de este país, no sus presidentes ni sus caudillos.

Finalmente, es importante recordar que las grandes insurrecciones del siglo XXI, en Bolivia se iniciaron con acciones no violentas y en las calles. La Guerra del Agua en Cochabamba el año 2000 frenó la privatización del agua y expulsó a la Bechtel que inició un juicio por daños y perjuicios al país, por 25 millones de dólares, lo que esperaba ganar en 40 años de concesión.

No hubiera tenido el mismo éxito de no ser por el apoyo local de las y los vecinos que prepararon ollas comunes para dar de comer a los guerreros del agua, la solidaridad nacional con el bloqueo de caminos y el importante apoyo internacional, que envió cartas al Banco Mundial, a la prensa, a Becthel, a sus socios, organizó acciones de repudio ante la propia sede del Banco Mundial. El apoyo solidario activo de más de 300 organizaciones en 42 países rechazó esta demanda. Esta solidaridad logró que la demanda no progrese y la empresa termine vendiendo sus acciones a un precio simbólico de 30 centavos de dólar.

El apoyo solidario es el arma secreta de las luchas qu eno optan por la violencia, de ahí la importancia del apoyo y solidaridad global con la IX Marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure.