Texto de Rafael Camacho y Romeo LopCam
No podía el gobierno federal, permitir que ningún grupo de autodefensas «irregular» se consolidara en La Mira, pueblo en donde opera la mina que mayores beneficios reporta dentro del estado de Michoacán, bajo el dominio de la empresa Arcelor Mittal Steel.
Ni podía permitir que este ingresara al puerto de Lázaro Cárdenas, verdadero hoyo negro en donde los más turbios intereses en cuanto a negocios ilegales tienen cabida, no solo porque por él entran y salen diversas drogas procesadas y sin procesar, sino también porque por sus muelles pasan cantidades importantes de mercancías que no son declaradas ante la aduana, cuya comercialización y tráfico se da, gracias al mar de corrupción en el que flota buena parte de la planta de funcionarios federales y locales que trabajan en la región.
Vale la pena recordar que no es la primera vez que se da una detención así de grande. Un episodio anterior sucedió también en La Mira, cuando uno de los líderes de las autodefensas cobijado por el gobierno federal, Estanislao Beltrán alias Papá Pitufo, al parecer le tendió una trampa a su propia gente, en el marco de un proceso de «regularización» impulsado por el comisionado Alfredo Castillo. Y otro más, tuvo lugar cuando un grupo de comuneros del poblado indígena de Aquila intentó sumarse al movimiento de autodefensas, con el objetivo de parar los atropellos a los que los sometían los dueños de la segunda mina más importante del estado, manejada por las empresas Ternium y Los Encinos.
Este 27 de junio de 2014 se repitió la historia. Decenas de autodefensas comandados por uno de los líderes más visibles del movimiento, el médico José Manuel Mireles Valverde, anunciaron su intención de limpiar el poblado de La Mira —a donde llegaron dicho día por la mañana— y avanzar hacia el malhadado puerto. Cuando llegaron a éste, ya los estaban esperando alrededor de 600 miembros del ejército, la marina y la policía federal; quienes los arrestaron y pusieron a disposición del la Procuraduría General de la República (PGR), acusándolos del delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército.
El doctor Mireles Valverde ha sido —con todo y sus claroscuros— un líder importante que se ha negado a plegarse sin más a las órdenes del gobierno federal, representado en la región por el comisionado Alfredo Castillo, quien se ha dedicado a extender certificados de buena conducta entre aquellas autodefensas que sí deciden hacerlo. Dividir y confrontar ha sido la consigna, todo con el objetivo de que el «monopolio de la violencia» siga en manos del Estado, cosa que a algunas voces —de izquierda incluso—les parece lógico y hasta deseable, pues en el otro camino no ven sino fragmentación social y paramilitarización. Sin embargo, justo eso es lo que está logrando el comisionado.
Abogado de profesión, Castillo ha permanecido desde hace algún tiempo en el círculo más cercano del presidente Enrique Peña Nieto. Fue procurador de justicia del Estado de México entre mayo de 2010 y agosto de 2012. Durante su gestión según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) los homicidios dolosos aumentaron 32%; las extorsiones, mil 225%; el robo de vehículos con violencia, 17% y el robo de vehículos sin violencia, 8%. Además de que fue durante ese tiempo cuando grupos del crimen organizado como los Zetas y La Familia Michoacana se instalaron en dicha demarcación, la cual es considerada una de las más violentas e inseguras del país. Pero esto no importa, porque combatir el crimen no es su prioridad.
La estrategia del comisionado Castillo siempre ha tenido el propósito de desarticular un movimiento que empieza a ser visto como un ejemplo en varias zonas del país que viven acechadas por la delincuencia organizada. De esta forma el gobierno ha optado por manejar la situación con los distintos grupos de autodefensas desde ángulos diversos, que le permiten tanto la cooptación, como la omisión o la persecución, según sea el caso.
Por un lado se ha avanzado en la negociación y la incorporación de ciertos grupos a las guardias rurales, hecho que en fechas recientes ha tenido gran repercusión mediática y que muestra el «avance» que ha tenido el gobierno en su estrategia de legalización e institucionalización de dichos grupos. Mientras que por otro se ha incrementado la persecución y el hostigamiento hacia aquellos que no se alinean ante dicha estrategia, o plantean en sus demandas cuestiones que van mas allá de la seguridad, cuestionando abiertamente los objetivos del gobierno federal.
La gente afín al doctor Mireles Valverde y él mismo, se encuentran dentro de estos últimos. Con una capacidad indiscutible para relatar las situaciónes por las que pasa la gente de Michoacán, mediante un lenguaje franco y sencillo, Mireles había sabido sortear hasta ahora los intentos del gobierno por silenciarlo. Habrá que ver cuál es la respuesta que ante ello toman los poblados que no están controlados por las autodefensas leales al gobierno. Por lo pronto algunas comunidades de la costa, coordinadas por Semeí Verdía, ya empezaron a realizar bloqueos carreteros.
En el cuerpo de la nota les mostramos algunas de las entrevistas que le hemos realizado, incluyendo aquella que se hizo viral en redes como Vimeo, Youtube, Facebook y Twitter; y que fue retomada por medios nacionales y agencias internacionales. Véanlas.
Con al detención del Dr. Mireles, el desprecio se siente como un escupitajo a la cara del pueblo, por parte de los que usurpan el gobierno mexicano sátrapa, es un insulto inaceptable que no debe ser tolerado.
Libertad para el Doctor José Manuel Mireles Valverde de inmediato…!!!