Por Dante A. Saucedo y Regina López
El 29 de junio, la comunidad indígena de Santa María Ostula, en la Sierra-Costa michoacana, celebró el noveno aniversario de la fundación de Xayakalan, un pueblo de lucha. Luego de intentarlo por la vía jurídica y política, en 2009 la guardia comunal recuperó, por la vía de los hechos, mil 200 hectáreas invadidas por pequeños propietarios.
Allí, en el borde norte de la comunidad, se fundó San Diego Xayakalan, un bastión de la resistencia de Santa María Ostula. Su ubicación es estratégica: en la porción de territorio que había sido invadida se encuentran varias concesiones mineras. Por el simple hecho de vivir, las y los habitantes de Xayakalan detienen el despojo.
Además de las minas, los pequeños propietarios tenían la mirada puesta en la tierra fértil de la costa. Mario Álvarez —ex presidente municipal por el PRI— y Guadalupe Mejía —mejor conocido como el Huizapol— sembraron tamarindos y mangos en la tierra que habían usurpado. Los terrenos que hoy son milpas fueron devastados para servir de potreros para ganado.
Aunque el ambiente era de fiesta —talleres para las y los niños, baile, compartición—, la preocupación por elecciones del primero de julio era notoria. En Ostula, la tensión se hizo evidente en abril pasado. En un comunicado, la asamblea general —máximo órgano de gobierno de la comunidad— denunció la reorganización de las células de los Caballeros Templarios en la región, comandadas por Juan Hernández, presidente municipal en el periodo 2012-2015.
La comunidad señaló además al presidente municipal en funciones, José Luis Arteaga Olivares y a Cemeí Verdía Zepeda, quien durante años fue comandante de la guardia comunal de Ostula y líder del movimiento de autodefensas en la región de la Sierra-Costa. A espaldas de la asamblea, Verdía aceptó la candidatura a diputado local por el Partido Acción Nacional. En varias fotos, el ex-comandante aparecía en actos públicos con Julio Mejía, hijo del Huizapol y con el hermano de Mario Álvarez; es decir, con los caciques locales que durante años invadieron las tierras de Santa María Ostula y que aun conservan la esperanza de volver.
La presidencia municipal de Aquila, donde se encuentra la comunidad de Ostula, era el objeto de la mayor disputa: quien la ocupara tendría el control político y económico de la región. El candidato del PRD fue César Olivares Fernández —primo del presidente en funciones— y por el Partido Verde compitió Mohammed Ramírez, primo y compadre de Juan Hernández. Morena, a su vez, postuló a Ebenezer Verdía, comunero de Ostula.
A pesar de que algunos medios intentaron implicar al pueblo de Xayakalan en delitos electorales que no tuvieron lugar, la jornada del primero de julio se llevó a cabo en relativa calma en Santa María Ostula. La asamblea decidió permitir la instalación de casillas electorales e, incluso, la guardia comunal garantizó la realización de los comicios y la entrega de paquetes electorales.
El resultado, sin embargo, fue el peor escenario para la comunidad de Santa María Ostula: Mohammed Ramírez Méndez, candidato del PVEM, consiguió la presidencia municipal de Aquila. Ramírez, ingeniero, es conocido en toda la región por ser familiar de Juan Hernández y uno de los actores principales de la red de políticos vinculados al cartel de los Caballeros Templarios.
Ramírez Méndez fue precandidato por el PRI al mismo cargo en 2012, pero el Tribunal Electoral del Estado invalidó su postulación. Ocupó su candidatura Juan Hernández —su primo y compadre—, quien fue alcalde hasta 2015. Durante su mandato, los Templarios asolaron la región y asesinaron a más de treinta comuneros de Santa María Ostula. Hernández, además, abrió la puerta al despojo de recursos —madera, minerales, etc.—, que se intensificó bajo el control del cartel.
En 2015, luego de que el movimiento de autodefensas limpiara la región, Ramírez participó con Hernández una serie de reuniones con otros líderes del crimen organizado de la zona. En ellas se pactó el intento de asesinato de Cemeí Verdía, líder autodefensa en la región en aquel entonces. Aquel fue el último intento de mantener el control de la región para el crimen organizado, utilizando los puestos de gobierno.
En las elecciones de 2015, Ramírez compitió por el Partido Verde, mientras que Julio Mejía —primo de Federico González, el Lico, jefe de plaza al norte de Ostula— se postuló por el PAN. Al perder la elección, Mohammed Ramírez volvió a la comunidad de Pómaro, de donde es originario. Allí fue elegido, bajo presión del crimen organizado, comisariado de bienes comunales. Desde ese puesto concesionó proyectos mineros a caciques y a los antiguos líderes de los Caballeros Templarios.
Si bien el periodo 2012-2015 fue de relativa calma para el pueblo de Ostula, el clan de políticos, caciques y narcotráficantes que lideran Juan Hernández y Mohammed Ramírez, continuó operando al sur de de la comunidad. Las localidades de Maruata y Huahua fueron sus bastiones principales y desde allí organizaron agresiones y hostigamientos a la organización comunal de Ostula.
El triunfo de Mohammed Ramírez este 2018 significa, pues, la restauración del narcogobierno en el municipio de Aquila. Se trata de un grupo compacto y organizado, sostenido en relaciones familiares y de compadrazgo. A las viejas estructuras caciquiles, típicas del priismo mexicano, se suma el poder de fuego del crimen organizado.
Ramírez y Hernández son la punta de lanza —política y visible— de un grupo que pretende controlar de manera total la región: controlar el tráfico entre los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, fomentar la entrada de empresas mineras, hacerse cargo de la producción agraria y ganadera, recomenzar la tala de maderas codiciadas, cobrar plaza a quienes quieran.
El principal obstáculo para ese grupo es, por supuesto, la fuerza colectiva de Santa María Ostula. Por eso, las y los comuneros saben que los siguientes tres años serán difíciles, que volverán las agresiones más cruentas y directas, el miedo, las persecuciones. Pero saben, también, que podrán resistir si fortalecen su asamblea, su guardia comunal, su organización.
Luego de las divisiones generadas por la democracia partidista, el pueblo nahua de Ostula sabe que es momento de volcar toda la energía a la organización comunal. «Aquí nuestra máxima autoridad no es el presidente municipal, ni siquiera el presidente de la República. Aquí nuestra máxima autoridad es la asamblea» dijo un comunero el día siguiente de las elecciones. Frente a la restauración del narcogobierno, en Ostula es claro que fortalecer su autonomía significa defenderse, sobrevivir.
