El proyecto comunitario
Con una gran influencia de la experiencia zapatista y tomando en cuenta los pequeños, aunque significativos avances en materia de autodeterminación indígena generados en México desde 1994 –la creación de la Policía Comunitaria en Guerrero es otro buen referente–, las encargaturas pertenecientes a la tenencia de Ostula estaban en plena efervescencia para finales de 2008. Años atrás habían ocurrido algunos hechos importantes en materia de reconocimiento de los usos y costumbres de los pueblos indígenas como mecanismos jurídicos y organizativos: fue en 2001 que el poder legislativo federal aprobó la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas, una ley completamente alejada de la llamada ley COCOPA (construida con la Comisión de Concordia y Pacificación y que rescataba buena parte del espíritu de los Acuerdos de San Andrés). Este duro golpe no fue bien recibido, no sólo por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sino por buena parte de los movimientos indígenas que habían apostado a que se reconociera legal y pacíficamente su derecho a la autodeterminación, respaldado además, por un acuerdo internacional ratificado por el gobierno mexicano: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En 2002 Michoacán cambió de gobernador. Lázaro Cárdenas Batel, nieto de quien impulsara el reparto agrario y creara toda una corriente de lucha social, llegaba a la gubernatura con el gran desacierto de haber rechazado la ley COCOPA en el Senado. Llegaba a la gubernatura con un margen amplio de desconfianza por parte de los movimientos indígenas del estado: los p’urhépechas, los nahuas, los mazahuas y los ñhañús. En particular un encuentro indígena celebrado en abril del 2002 en el municipio de Aquila fue el escenario de amplias discusiones sobre cuál sería el rumbo que tomarían los pueblos originarios en la lucha por el reconocimiento como sujetos de derecho[1].
Desde la traición de los legisladores en 2001 (conocida como la contrarreforma indígena), nunca hubo consenso entre las comunidades indígenas respecto a la política que se debía seguir; diversas posturas se presentaban, desde las más moderadas que acordaban incluso, el cambio de las tierras comunales por cabezas de ganado, hasta las más radicales, entre ellas las de los representantes de Ostula y comunidades cercanas como Coire y Pómaro, que tenían una visión muy amplia de lo que significa la autonomía y la autodeterminación, es decir, para estas comunidades, el ejercer los derechos como pueblos indígenas no se limitaba a la utilización de la tierra, también incluía el subsuelo y los recursos naturales que ahí se encontraban. De ahí su enfática oposición a los proyectos como los que las mineras y desarrollos turísticos ofrecían y aún hoy intentan imponer.
El trabajo político de líderes como Trinidad de la Cruz, Martín Santos y Teódulo Santos se fue construyendo en esta carrera entre el viejo cardenismo agrarista y el nuevo aliento que otorgó el zapatismo, haciéndoles ver que construir un proyecto comunal sólo es posible si se recuperan las tierras que les corresponden y se termina con el régimen de partidos políticos, típicos agentes de la corrupción y la exclusión.
En este sentido y con el fin de avanzar en el proyecto comunitario, se tomó la decisión de recuperar las tierras que seis supuestos pequeños propietarios estaban destinando a intereses alejados del bien común, vendiendo a las empresas mineras o utilizando para el trasiego de distintos tipos de drogas. El plazo se cumplió el 29 de junio de 2009, alrededor de dos mil comuneros de Ostula y las comunidades aledañas decidieron pasar a la acción recuperando poco más de mil hectáreas, las que correspondían a un paraje llamado “La Canaguancera”. Los pequeños propietarios, vinculados al cártel de Los Caballeros Templarios, estaban avecindados en el poblado de La Placita, también del municipio de Aquila.
Fue con la ayuda de la recién formada Guardia Comunal –antigua figura de protección que sobrevive en muchos de los municipios indígenas del estado– que la acción de recuperación de tierras fue posible. El proyecto de recuperación de la tradición encarnada en un grupo de comuneros que vigilara a las comunidades comenzó ese día. Fue precisamente esa guardia la que tenía por un lado, las tareas de protección de los habitantes frente a los ataques de grupos paramilitares armados por el crimen organizado y por otro, la tarea fundamental de cuidar el territorio a cada momento.
Aquel día en que se recuperaron las tierras se fundó también Xayacalan, el nuevo centro político de Ostula que serviría para mantener en ocupadas las tierras recién tomadas. Todo marchaba según los requerimientos del proyecto de reconstrucción de la vida comunal. A fin de cuentas la lucha siempre ha sido por las mismas demandas no atendidas durante siglos: tierra, trabajo, salud, educación, libertad y justicia. Nada más que eso.
La muerte como respuesta del Estado y del crimen organizado
Para el Estado mexicano (sea el gobierno estatal o federal en turno) el proyecto de la comunidad de Santa María Ostula significa un asunto de seguridad nacional. No porque los comuneros se hayan convertido en un grupo violento que amenaza al resto del país, no. Se ha vuelto un tema de máxima atención porque la recuperación de tierras, los esfuerzos por correr del lugar a los partidos políticos y la necesidad comunitaria de recuperar los usos y costumbres nahuas para regirse, son considerados como un estorbo, un obstáculo para el desarrollo nacional y el plan neoliberal concomitante, que contempla la continuación del enriquecimiento obsceno por parte de las élites políticas y empresariales (en contubernio con criminales llanos y/o de cuello blanco) mientras que el grueso de la población se adapta a vivir con lo mínimo posible.
La respuesta ha sido muy dura. Se ha permitido la creación de varios grupos paramilitares a los cuales se les atribuyen los asesinatos de comuneros, así como la desaparición de más personas; estos grupos han incursionado de manera ilegal en las diversas encargaturas y en la propia tenencia de Ostula. A esto hay que sumar las incursiones policiacas y militares que aún se mantienen.
El gobierno federal aparentemente ha ordenado a la Marina, llevar a cabo censos de la población que aún permanece en la zona de conflicto, así como de sus propiedades y herramientas de trabajo. De igual forma, a través de la X Zona Naval Militar (Lázaro Cárdenas), se han creado tres cuarteles en la costa nahua: en Maruata, la Placita y la Tupitina, lugar en donde se ubican los ranchos de trasiego de droga y entrenamiento de los grupos paramilitares.
No se puede dejar de mencionar que también se ha usado la estrategia divisionista para frenar los intentos de organización que las y los comuneros han sostenido pese a la dura represión y eliminación física de los líderes históricos. Y es precisamente en este punto en el que el crimen organizado entra a escena, sea con la autoría material de los asesinatos o bien con ofrecimientos a los pobladores para que engrosen sus filas tal y como lo hacen los partidos políticos.
La respuesta del narcogobierno ha sido la eliminación de los líderes que impulsaron el proyecto de recuperación de tierras, la eliminación de quienes conformaron la Guardia Comunal y la represión sistemática de los familiares y pobladores que muestren su simpatía hacia la lucha contra los partidos políticos y por la recuperación de los usos y costumbres para la organización social comunitaria. Los distintos niveles de gobierno dejan de hacer su trabajo y así liberan un margen de acción para los grupos paramilitares operados por el cártel de los Caballeros Templarios. Si hay algo que posibilita el ambiente de violencia e impunidad, es la facilidad y la indiferencia con la que las autoridades correspondientes dan carpetazo a las denuncias y averiguaciones previas. La omisión es la principal clave de la colusión de los gobiernos local, estatal y federal con las empresas mineras y constructoras así como con el crimen organizado.
Mil veces venceremos
Este trabajo se publica en el contexto del resurgimiento de la lucha de las y los comuneros de Ostula. Una lucha que va más allá de las tierras, que trata ahora de buscar una justicia más integral y más profunda. Una lucha para no olvidar a las personas difamadas y asesinadas, una lucha por construir una memoria certera y precisa, distinta a la que la muerte provocada quiere imponer.
Es deseable que los esfuerzos de reorganización bajo el más estricto cuidado logren un buen resultado y para próximos momentos nos enteremos que las familias y comuneros desplazados regresaron a su comunidad.
El contexto regional nunca había sido tan favorable, por lo menos así lo consideran los comuneros exiliados; sobre todo cuando se ve el avance de las autodefensas por todos los municipios que componen Tierra Caliente. Es la primera vez que los Caballeros Templarios se enfrentan a una ofensiva de este tamaño, compuesta por la organización popular y por cientos de productores cansados de las extorsiones y las violaciones a las mujeres.
Hasta estos momentos, los distintos Consejos Ciudadanos de Autodefensa con presencia en Coalcomán, Tepalcatepec, La Huacana, La Ruana, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Tancítaro, Cohuayana, Aguililla, Los Reyes, Peribán, brevemente en Aquila, y los diversos municipios que se van sumando cada semana, son las fuerzas que permiten pensar un contexto más favorable para el regreso de las familias desplazadas y la recuperación del proyecto social de la comunidad de Santa María Ostula, que implica ejercer la autodeterminación y la construcción de nuevos centros de población, como lo fue en su origen San Diego Xayacalan.
La situación no es fácil, pero los comuneros que buscan reactivar el proyecto social y político en Santa María Ostula esperan que este contexto regional les permita un margen de respiro y el respeto a sus derechos, no sólo vitales sino políticos. Es decir, el cálculo es que no se desate una nueva cacería selectiva y que en todo caso, la situación sea permisiva para un diálogo político con reconocimiento de la comunidad de Ostula como sujeto capaz de llevar a cabo su propio proceso, los acuerdos internacionales lo avalan e incluso la legislación mexicana marca como posible un camino de autonomía frente a la estructura partidista tradicional.