Memorial de agravios de una lucha que no se detiene: el resurgimiento de Ostula. Parte 1

José Trinidad de la Cruz Crisóstomo fue torturado y asesinado el 6 de diciembre de 2011. Su historia llegó a los medios gracias a que viajaba en la caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). De otra forma, tal vez no hubiera existido, ni siquiera, una nota que refiriera lo brutal de su deceso y la importancia de su experiencia y de su lucha campesina por recuperar tierras para su comunidad. Don Trini era originario de la comunidad nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, en Michoacán; fue el 28avo líder comunal asesinado, luego de que el 29 de junio de 2009 se recuperaran tierras y se fundara Xayacalan como un nuevo centro poblacional.

Antes de Don Trini asesinaron a 27 líderes y personas cercanas; después de él a otros más, aunque ya no fueron tantos. Los líderes históricos de la región, aquellos que habían luchado por las tierras comunales y la libertad para trabajarlas, fueron asesinados selectivamente. Los herederos del reparto agrario que hiciera Lázaro Cárdenas en los años treinta y los que aún ostentaban los títulos de propiedad del siglo XIX, han sido abatidos por comandos armados, por personas que no pertenecían a la comunidad y por gente que, siendo de ahí, fortalecía la violencia. Eran los menos, afortunadamente.

Ninguna averiguación previa o denuncia como tal han dado resultados. Ninguna medida cautelar para proteger la vida de los pocos comuneros que aún sobreviven se ha aplicado. No hay responsables, mucho menos culpables. Las autoridades de todos los niveles, tanto estatales como federales, el ejército y la marina, se pasan el caso de una a otra, nadie asume la responsabilidad, nadie hace nada. El contexto en el que sucedió esta cacería furtiva ha cambiado desde entonces, la región se ha vuelto una polvorilla y varios municipios se han levantado en armas para combatir al crimen organizado. Así fue en Aquila, uno de los primeros municipios en conocer la respuesta del Estado frente a las autodefensas.

Un mínimo gesto humano y político es nombrar a cada una de las personas que han sido desaparecidas forzosamente y/o asesinadas. A continuación los nombres de quienes tuvieron el modesto sueño de ver recuperadas sus tierras y resignificado su modo de vida campesino:

Gerardo Vera Orcino y Javier Martínez fueron desaparecidos el 23 de febrero de 2010; eran activistas en defensa de las tierras comunales. Francisco de Asís Manuel fue sacado a la fuerza de su domicilio por un comando armado y no se le volvió a ver; fungía como presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Ostula. En la primera mitad de julio de 2010 fueron asesinados Diego Ramírez Domínguez, Simón Pineda Verdía, Simón Pineda (hijo), Erick Nemecio Domínguez, Quintín Reyes, Froylán Medina Álvarez y Demetrio Álvarez, todos ellos comuneros de Ostula. El comunero Horacio Martínez Ramos fue torturado y asesinado el 10 de diciembre de 2010. El 1 de enero de 2011 fue asesinado Ernesto Nicolás López y cinco días después, el 6 de enero, el comunero Pedro Nazario Domínguez; ambos abatidos con armas de grueso calibre. El 1 de febrero fue asesinado Pedro Guzmán, también con armas largas. Isidro Mora Domínguez y Feliciano Cirino Domínguez fueron asesinados el 20 de marzo de 2011 y el 8 de abril del mismo año, el menor de edad Enrique Domínguez Macías fue privado de su libertad y desaparecido. Jonathan y Fortino Verdía Gómez, jóvenes comuneros, fueron detenidos, torturados y quemados vivos. El 13 de mayo, los comuneros y profesores Francisco y Ambrosio Verdía Macías también fueron asesinados. El primer Comandante del tercer grupo de la Guardia Comunal, Nicolás de la Cruz y su hijo Rafael de la Cruz, fueron asesinados el 28 de mayo. Juan Faustino Nemesio, primer Comandante de la Guardia Comunal, fue abatido el 29 de mayo. A este listado se suman 2 comuneros de quienes no se ha podido obtener los datos. Pedro Leyva fue asesinado el 6 de octubre; tras su asesinato algunos miraron con mayor detenimiento la lucha que libraba la comunidad de Ostula. Sin embargo no fue suficiente. El siguiente en ser asesinado fue Trinidad de la Cruz, aquel 6 de diciembre de 2011. Finalmente, el martes 15 de mayo de 2012, Teódulo Santos Girón fue desaparecido y su cuerpo sin vida  encontrado al día siguiente.

Las autoridades correspondientes tienen una denuncia por cada uno de estos comuneros asesinados: maestros, líderes comunitarios, integrantes de la Guardia Comunal de Ostula; en algunos casos hay averiguaciones previas y en todos se avisó de inmediato tanto a autoridades policiacas, municipales y federales, así como a la II Zona Naval Militar ubicada a tan sólo 20 minutos de la comunidad. En ninguno de los casos se ha llegado a nada, para muestra se puede hacer referencia a las varias solicitudes –y otorgamientos– de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En repetidas ocasiones dicha instancia internacional solicitó al gobierno mexicano la implementación de medidas cautelares para los comuneros y familias que habían tenido que desplazarse de Ostula y de las comunidades aledañas para sobrevivir al conflicto; también la investigación puntual y transparente de los asesinatos y desapariciones hasta lograr resultados contundentes.

«Como que en ese entonces las extorsiones estaban de moda en el pueblo porque a varios les tocó. Al que no lo secuestraban nomás le pedían dinero y le daban  36 horas para que juntara cien mil pesos. […] Mientras las comunidades no nos organizamos seguiremos sufriendo y si nos organizamos, Ostula será el timón de muchos más, por eso es al que más le están pegando, porque es la comunidad que cuando se revela se revela. Y entonces dijeron, a Ostula hay que mantenerla aterrorizada, le matamos uno y luego otro».

Testimonio de un comunero de Ostula

La riqueza de las tierras en disputa

La región costera del municipio de Aquila, en la que se encuentran ubicadas las 29 mil hectáreas de Ostula y 22 poblados cercanos, es una zona de clima tropical que comunica las tierras más altas de la región de Tierra Caliente con el mar. Se trata de un litoral de aproximadamente 25 kilómetros con amplio potencial para la explotación minera, principalmente por sus yacimientos de hierro, plata, zinc y oro. También es una región con mucho colorido, hay plantaciones de rosa de Jamaica. Por lo anterior existen diversos intereses, todos contrarios a los que la población nahua ha considerado los adecuados para estas tierras. Sumemos a esto que ellos han soportado un alto nivel de marginación e intentos de expoliación. Entonces si no se trata de un proyecto ecoturístico, se trata de una mina o de una carretera, o peor aún, de las playas perfectas para el trasiego de droga que entra o sale del país. No obstante, una resolución presidencial del 21 de abril de 1964 avala la propiedad de las tierras en conflicto a favor de los comuneros de Ostula.

En materia de explotación minera –y siguiendo un documento elaborado por los propios asesores de la comunidad de Ostula–, las principales concesiones mineras otorgadas hasta ahora son para las empresas Ternium-Hylsa, Sicartsa y Metal Steel en lo que a hierro respecta. Sobre el resto de los minerales aún se mantiene un proceso de exploración por parte de varias empresas[1]. El asunto minero no es menor: según reporta un documento oficial, el Panorama Minero del Estado de Michoacán[2], el valor de la producción estatal para 2010 fue de casi dos mil millones de pesos ($1,864,916,228.49), cifra que va en constante aumento desde 2006 hasta la fecha. Tan importante es la minería en la región, que la explotación de hierro representa alrededor del 23% del total a nivel nacional. Para 2010 existían 798 concesiones mineras en comparación con las 423 de 2002.

En principio, para resaltar el contrasentido existente entre la recuperación de tierras para su uso comunal y los intereses económicos, hay que considerar que la explotación de la mina San Miguel de Aquila por parte de la empresa Ternium-Las Encinas S.A. es la segunda en importancia a nivel estatal, con un volumen de extracción de 1000 toneladas de hierro al día. Por lo anterior, y dado el fondo insondable de la ambición capitalista, los usufructuarios mineros plantean la posibilidad de explorar una continuación de la beta mineral, misma que se prolonga a través del territorio en disputa. De llevarse a cabo ese proyecto, la empresa consolidaría la explotación de hierro en este territorio como el más rentable de todo el continente, gracias al alto nivel de pureza en la extracción (68%). Frente a tal beneficio, no hay cabida para el desarrollo comunitario de la vida campesina, no existe la posibilidad de reconocer que esas tierras son parte de una población de origen nahua que tiene otros proyectos, no sólo agrícolas sino de conservación del medio ambiente.

La rentabilidad de estas tierras no se traduce en beneficios para la población; además de la contaminación y los daños irreversibles al medio ambiente, en términos económicos los beneficios son mínimos: tan sólo se pagaría a los comuneros el 1%  de las ganancias obtenidas por la mina. Hasta este momento, lo irrisorio de este “beneficio” no es exclusivo de Michoacán, la misma situación puede encontrarse en Guerrero, Colima, Puebla, Chiapas y otras regiones del país.

Además del proyecto minero también existe un proyecto carretero que contempla distintas vinculaciones con otros desarrollos empresariales. Se trata de la construcción de la carretera Lázaro Cárdenas-Manzanillo, una construcción de gran envergadura que contempla ser el eje a partir de cual se desarrolle un corredor que comunique otras regiones del país con entradas y salidas marítimas hacia Asia. A través de este corredor se pretende trasladar mercancías, recursos naturales minerales extraídos, destinar tierras a la especulación inmobiliaria para fines de urbanización y turísticos. Nos parece necesario –aunque sea obvio– señalar que este corredor no contempla la conservación de los territorios comunales; por el contrario, de llevarse a cabo, pasará por encima de las tierras que los pobladores de Ostula recuperaron en 2009.

A lo largo del país hay ejemplos de cómo estos ejes carreteros llevan consigo destrucción en lugar de beneficios; siempre van acompañados del cambio irreversible del paisaje y de la oposición de las comunidades afectadas. Al respecto podemos referir los casos de los corredores transversales del Altiplano y Acapulco-Veracruz; los libramientos Naucalpan-Toluca, Toluca-Ixtapan de la Sal y Toluca-Cuernavaca, correspondientes al Circuito Exterior Mexiquense; de igual modo sucede con el proyecto Arco Sur para la zona rural del Distrito Federal y el corredor longitudinal peninsular de Yucatán, de gran impacto, además, para Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

La construcción de la carretera, de grandes desarrollos habitacionales y turísticos, y la ampliación de las extracciones mineras dejarían una devastación medio ambiental de carácter irreversible y terminarían con especies animales como el venado cola blanca, el puma, el tecuán, el oso hormiguero y el guajolote silvestre, así como con una gran cantidad de reptiles, entre ellos la iguana verde, la negra y con una amplia variedad de tortugas marinas que utilizan las playas para desovar.

El narco y los funcionarios públicos

Como si lo anterior fuera poco, existen otros intereses además de los que defienden el desarrollo capitalista en su expresión neoliberal. En la región, particularmente en el territorio correspondiente a Ostula, la presencia del crimen organizado es una constante y genera un clima de violencia y desolación que ha sido solapado abiertamente por autoridades estatales y federales.

No es fácil reconstruir la historia que habla de la presencia de distintos cárteles desde mediados de los años noventa. Se trata de un enredo de conflictos y personajes que aparecen aliados a un grupo inicial y posteriormente al contrario; sujetos que se entremezclan entre los cargos públicos que ocuparon y las tareas que desarrollaron para los grupos del narcotráfico. Desde los primeros años de la década de los noventa y hasta el cambio de siglo, lo que ocurría ahí era la utilización de ranchos privados para que avionetas Cessna aterrizaran y cargaran o descargaran mercancía proveniente de, o con rumbo a Colombia. También se usaban las playas para operaciones similares con lanchas rápidas. Empero, el primer cártel del que hemos encontrado una memoria precisa –por la violencia con la que operó– es el Cártel de los Valencia. Con origen en el municipio cercano de Tepalcatepec, este grupo comenzó su trabajo a principios de 2002, aliándose con gente del chino Zhenli Ye Gon y del Cártel de Sinaloa; de esta forma entraron en conflicto con el Cártel del Golfo (incluyendo a su brazo armado, Los Zetas) y con La Empresa.

A finales de 2006, la alianza entre La Empresa y el Cártel del Golfo se fractura, además de que el cártel michoacano se reinventa como La Familia Michoacana. Es en este proceso en el que un amplio sector de los integrantes del Cártel de los Valencia es absorbido por esa nueva gran agrupación criminal. Las operaciones de trasiego de marihuana, cocaína y metanfetaminas, así como de otras drogas sintéticas, se mantienen; se suman los entrenamientos de grupos paramilitares que integrantes de La Familia llevan a cabo en diversos ranchos, como La Tupitina. Probablemente sea a mediados de 2009 que la división del poderoso cártel michoacano tiene lugar y surge una versión aún más cruenta: Los Caballeros Templarios.

La recuperación de tierras por parte de los comuneros de Ostula coincide en tiempos con la formación de este último grupo criminal; por ello, no es casualidad que los pequeños propietarios que se jactan de ser los dueños de las casi 1000 hectáreas en disputa, sean también integrantes del mentado cártel templario. Tanta saña contra el proyecto comunal y tanta ambición por esas tierras obedece pues a grandes razones: una vez controlado ese territorio, el dominio de toda la región está asegurado; por un lado el negocio del tráfico de drogas se mantiene y por el otro, las ganancias de los proyectos desarrollistas aseguran una fuente de ingresos vasta, prolongada y “limpia”. Así, cártel y gobierno pueden engrosar sus cuentas bancarias a bajo costo.

El Partido de la Revolución Institucional (PRI) ha sido uno de los principales impulsores en la utilización de las redes del narcotráfico para conseguir votos y puestos de gobierno o administrativos. Recientemente, a decir de varios comuneros refugiados en otros estados del país con quienes se ha podido entablar una larga charla, en las pasadas elecciones estatales (13 de noviembre de 2011), el PRI pudo ganar todas las presidencias municipales y las diputaciones, así como la gobernatura, gracias a las presiones ejercidas por comandos armados sobre la población de Tierra Caliente para que votara por este partido. Otro mecanismo relatado es la creación de asociaciones civiles que promueven el voto direccionado, dichas asociaciones o comités habrían sido parte de la estructura de Los Caballeros Templarios para conseguir el triunfo priísta. Al parecer no hubo fallo en el cálculo, pese a que en Michoacán había una tradición perredista (del Partido de la Revolución Democrática, PRD), los resultados electorales mostraron una amplia victoria del PRI.

Recientemente un nuevo negocio ha tenido éxito y amplias ganancias: la tala desmedida de maderas preciosas, particularmente la de madera de granadillo también conocida como sangualica, especie protegida y que por su calidad y color es altamente cotizada. Por informaciones que proporcionaran pobladores de la comunidad, existe la sospecha de que quien da facilidades para abrir brechas, a través de las cuales se trasladan estas maderas, es el actual presidente municipal, Juan Hernández Ramírez (PRI). Aún no se tienen datos precisos pero lo que nos refieren los comuneros entrevistados es que la venta de esta madera va dirigida a empresarios chinos, un negocio en el cual también están coludidos Los Caballeros Templarios como brazo de protección.

Son éstas las razones por las que la violencia ha sido tan aguda contra las personas que impulsaron el proyecto de recuperación de tierras al presentar sus antiguos títulos de propiedad; también contra familiares de éstos o simpatizantes del proyecto. Luego de la sistemática eliminación de los líderes naturales e históricos de las comunidades nahuas, luego de que cientos de familias tuvieran que huir para salvar la vida, en la actualidad, tanto la comunidad de Ostula como los poblados aledaños y el nuevo centro formado, Xayacalan, se encuentran sumidos en la desolación y el terror.

Dos nombres hay que tener presentes en este entramado de partidos políticos, proyectos capitalistas, funcionarios y cárteles: el primero, Mario Álvarez, alias “el Metro”, varias veces funcionario público, como candidato a presidente municipal de Aquila o como delegado de asuntos agropecuarios; es un cacique local que ha permitido la estructuración y reestructuración de las redes de narcotráfico. Varios pobladores lo acusan de ser responsable de algunos de los asesinatos políticos que ha padecido la comunidad de Ostula y la de Xayacalan. Sería algo así como un mando regional que permite operaciones de trasiego y se encarga de vigilar que nada se interponga en el camino del negocio.

El segundo nombre es Federico González, alias “Lico”, encargado en Aquila de que las distintas operaciones de los templarios se desarrollen sin contratiempos. Ha sido denunciado –al igual que Mario Álvarez– por parte de los comuneros de Ostula y de más poblaciones del municipio. El propio Consejo Ciudadano de Autodefensa local ha señalado con precisión a estos personajes como dos de los responsables más visibles de la violencia y el despojo que se viven en Aquila.

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Continuará…

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Referencias