Gregorio Jiménez: otro atentado contra la libertad de expresión

La mañana del 11 de febrero, periodistas y defensores de derechos humanos se reunieron en la representación del gobierno de Veracruz en el D.F. para exigir la libertad del reportero Gregorio Jiménez, quien fuera secuestrado el pasado 5 de febrero por un comando armado en Coatzacoalcos.

Durante el evento, los periodistas exigieron a Javier Duarte, gobernador de Veracruz, y a Enrique Peña Nieto, presidente de la República, un alto al ataque contra periodistas y la investigación inmediata en los casos de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, la indignación no fue suficiente, y esa misma tarde en conferencia de prensa, el “gobierno” del estado dio a conocer que el cuerpo del periodista había sido encontrado en una fosa.

Estos acontecimientos aumentan la exigencia de justica y protección para periodistas; principalmente después de las declaraciones del procurador de justicia de la entidad, Felipe Amadeo Flores, quien descartó la posibilidad de que la labor periodística de Gregorio pudiera ser el móvil del asesinato. De esta manera, no sólo se ejerció una justificación y un desconocimiento del problema de violencia contra periodistas en Veracruz; sino que se omitió de facto la posibilidad de abrir una línea de investigación y el acceso a la justicia.

Gregorio Jiménez, mejor conocido como “Goyo”, se dedicaba a cubrir temas de seguridad para periódicos como Notisur, Liberal del Sur y La Red. Durante sus últimas actividades, Goyo realizó investigaciones sobre secuestros en la zona de Villa Allende, al sur de Veracruz, e hizo pública la retención de migrantes centroamericanos en bares de la región. Su secuestro y asesinato coloca la libertad y el derecho a la información dentro de un fuego cruzado, es decir, en un contexto donde los intereses de la clase política y del crimen organizado hacen adverso el cumplimiento de los derechos humanos y la protección a periodistas.

Las condiciones de inseguridad para el periodismo en México han sido documentadas por organizaciones como Artículo 19, quienes han registrado que del 2000 a la fecha, 75 periodistas han fallecido en México por ejercer su profesión; 15 de ellos en Veracruz. Con el asesinato de Goyo suman un total de 10 periodistas acaecidos sólo durante la administración de Javier Duarte.

Este panorama resulta más complejo en una perspectiva internacional. De acuerdo con información de la organización Committee to Protect Journalists, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo al tener un registro de 12 periodistas desaparecidos; cifra superior a la de países en guerra como Afganistán o Irak.

Las protesas por el asesinato de Gregorio Martínez continuaron a las afueras de la representación del gobierno de Veracruz en la Ciudad de México. Fotografía: Amaranta Marentes Orozco.

Las protestas continuaron a las afueras de la representación del gobierno de Veracruz en la Ciudad de México. Fotografía: Amaranta Marentes Orozco

Ante este panorama resulta necesario entender que el asesinato de un periodista no sólo afecta a las personas vinculadas con esta profesión; también resulta en un atentado contra: la libertad. Este ataque a uno de los derechos humanos que son fundamento y precepto de una sociedad democrática, no sólo pone en evidencia las deficiencias de la estructura gubernamental en México; también expresa las debilidades del tejido social y la puesta en riesgo de la justicia ante la imposibilidad de los ciudadanos de ejercer su derecho a la información y a la libertad de expresión.

Fotografía: Amaranta Marentes Orozco

Los solidarios siguieron llegando hasta la media noche.  Fotografía: Amaranta Marentes Orozco

Nora Hinojo en Twitter: @MorasFurthur