Por José Luis Santillán
El fracaso de la política anti drogas en México
El fracaso de la política anti drogas a nivel mundial fue confirmado por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia cuando expresó en su informe de febrero del 2009 que: «las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de interdicción al tráfico y a la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados. Estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de erradicación de drogas». El sentir de este fracaso es compartido por la Global Commission on Drugs, quien a través de Fernando Henrique Cardos –ex presidente de Brasil– lo expresa así: «Nos impulsa el sentido de la urgencia. Existe un reconocimiento general de que el sistema actual no está funcionando, pero también la conciencia de que el cambio es posible y necesario».
En México el fracaso fue determinante y de consecuencias lacerantes para el país, sobre todo porque el principal eje en el que se ha centrado, ha sido ejercerla como una política de guerra, la cual no ha brindado los resultados anunciados y, lejos de ello, ha destruido el tejido social de por sí complicado en un país con altos índices de pobreza, de rezago educativo y de corrupción.
Para ganar militarmente en el campo de batalla deben de considerarse cuatro ejes fundamentales: el poder de fuego, la información (inteligencia militar), la calidad de los combatientes y la conducción táctica y estratégica de los adversarios. Pese a que el ejército mexicano ha gozado de millonarios presupuestos, de fondos nacionales e internacionales, y cuenta no sólo con el poder de fuego propio, sino también con el apoyo y colaboración del más poderoso ejército del mundo, el estadounidense.
Lejos de ganar batallas en campo, durante el periodo 2007-2012 la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) incrementó su gasto exponencialmente en un 450% en el rubro de comunicación social. Es decir que, de los $111,000 pesos que gastó en 2007, llegó a $49 millones de pesos en 2011. Del total de recursos erogados por la dependencia en materia de tiempo aire en televisión, 77 % lo destinó a Grupo Televisa; es decir, la principal cadena de televisión en México recibió más recursos que los otros grupos mediáticos en televisión, radio, prensa, internet y cine juntos durante este periodo.
Marcha por las calles de los cuatro barrios. Toma de protesta del segundo Consejo Mayor en Cherán K’eri. Michoacán. 1 de Septiembre del 2015. Fotografía: José Luis Santillán
En un intento por unificar la estrategia de comunicación social, en agosto de 2010, el gobierno federal creó una vocería especial para los temas de seguridad nacional. Aunque el vocero centralizó buena parte del discurso, y organizó y homologó parte de la comunicación entre las distintas dependencias del gobierno federal, no fue posible ni hacer una estrategia consistente a lo largo del sexenio, ni coordinar de forma efectiva la comunicación de la policía federal, la Procuraduría General de la República (PGR), marina y ejército. La SEDENA operó bajo la siguiente lógica: «mayor gasto en comunicación social, mejor percepción pública». Sin embargo, esta afirmación (muy mecánica) resulta engañosa y contraria a la realidad. Mientras que en 2007 la opinión de 84% de los mexicanos era que el ejército debía continuar al frente de la estrategia, en 2012, solamente 67% lo seguía pensando .
La llamada «guerra contra el narcotráfico», durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, no comienza con el inicio de éste, ni en nuestro país ni en el mundo. Por lo que es importante recordar que el punto de partida está en 1912 con la Convención Internacional sobre el Opio de La Haya, posteriormente la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. En los albores del prohibicionismo, en sólo un año, el número de turistas estadounidenses que solicitó entrar a México aumentó de 14,130, en 1919, a 418,735, en 1920. Para 1930, México ya era el proveedor principal de marihuana y opio para el mercado estadounidense.
Entrega del bastón de mando, al nuevo Consejo Mayor. Toma de protesta del segundo Consejo Mayor en Cherán K’eri. Michoacán. 1 de Septiembre del 2015. Fotografía: José Luis Santillán
Para los años 60 llegó el boom en el consumo de marihuana en Estados Unidos. La demanda crece y con ella el negocio, la violencia, en ese contexto, en nuestro país comenzó a destacar Félix Gallardo, un ex policía que sería conocido como «El Padrino» en el mundo del narco, fundador del cártel de Sinaloa, fue escolta de la familia del gobernador sinaloense Leopoldo Sánchez Célis, quien le brindó protección política. Las tensiones relacionadas con los estupefacientes en las relaciones México-Estados Unidos adquirieron tanta fuerza a finales de la década, que en 1969, el gobierno estadounidense decidió poner en marcha la Operación Intercepción y cerró la frontera con México.
Estados Unidos envió discretos cargamentos de armas de alto calibre a Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del cartel de Guadalajara en los ochenta, estas armas pasaron a los Contras en Nicaragua, apoyados por EU en su intento de derrocar al régimen sandinista. Estados Unidos se hizo de la vista gorda ante las enormes cantidades de crack procesado en México a cambio de esta «ayuda humanitaria» ofrecida por el cártel. La debilidad de las instituciones del Estado mexicano en ese momento, como la Dirección Federal de Seguridad (DFS), también facilitó la expansión del cartel.
Ronda comunitaria. Toma de protesta del segundo Consejo Mayor en Cherán K’eri. Michoacán. 1 de Septiembre del 2015. Fotografía: José Luis Santillán
«El Cartel de Guadalajara prosperó en gran medida porque gozó de la protección de la DFS. Ésta les proporcionó escoltas a los capos [y] les aseguró salvoconductos a los camiones cargados de droga que pasaban por la frontera usando el sistema de radio de la policía mexicana para interceptar mensajes de vigilancia de la policía de Estados Unidos» aseguran Mike Wallace y Carmen Boullosa en A Narco History: How the United States and Mexico Jointly Created the Mexican Drug War.
En 1985, miembros del cartel de Guadalajara secuestraron, torturaron y asesinaron a Enrique Camarena, agente encubierto de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), mientras cumplía una misión en México. Su asesinato llevó al congreso a aprobar la Ley contra el Abuso de Drogas un año más tarde, que impone sanciones a productores de drogas o países de tránsito de drogas que no cooperan plenamente con los esfuerzos de interdicción de Estados Unidos.
Aunque Enrique Peña Nieto, ha ostentado que los índices de violencia han disminuido y que las políticas de gobierno están más enfocadas en atacar el problema no con un enfoque bélico, las cifras de los recursos federales, nos indican lo contrario. Para el presupuesto 2015 en los gastos federales se otorgaron 250,375,74 millones de pesos para seguridad nacional y seguridad pública, mientras el presupuesto federal en este mismo año para desarrollo social es de 106,165,77 millones de pesos, para la cultura tan sólo se otorgaron 21,889,79 millones de pesos, para los pueblos indígenas 12,114,61 millones de pesos, mientras que para el deporte en nuestro país tan solo se destinaron 7,010,17 millones de pesos.
La política anti drogas –no sólo la mexicana– desde hace un siglo, no ha dado resultados, las millonarias ganancias del narcotráfico sólo dejan, además de ríos de sangre, un raquítico sueldo a los productores, millonarias ganancias a los traficantes nacionales y multimillonarias ganancias a quienes trafican en Estados Unidos. La indudable pregunta que ha surgido, no solo en nuestro país, después de analizar una y otra vez los resultados, dado que, como decía Albert Einstein, «si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo», es una duda que apunta directo al corazón del problema, el cual ha planteado como problema, el de las drogas: ¿quién se beneficia económicamente del reiterado fracaso de la política anti drogas?
Del Estado fallido a la necropolítica
El centro de estudio estadounidense Fund for Peace, anualmente anuncia el índice Failed States Index (Estados fallidos) que es publicado en la revista Foreign Policy. Para llevar a cabo su determinación analiza, entre otros factores, la crisis económica aguda o grave, la criminalización y deslegitimación del Estado, el deterioro progresivo de los servicios públicos y la violación extendida de los derechos humanos, esto ha inspirado a ciertos sectores académicos para explicar las desastrosas condiciones de violencia e impunidad que existen en México.
Sin embargo, la realizad mexicana se explica de mejor forma según lo escrito por la periodista Naomi Klein, quien argumenta que: «la estrategia de la doctrina del shock, ideada por el economista Milton Friedman y puesta en práctica por sus poderosos seguidores –desde presidentes estadounidenses hasta oligarcas rusos, pasando por dictadores del Tercer Mundo, catedráticos de universidad o directores del Fondo Monetario Internacional–, consiste en ‘esperar a que se produzca una crisis de primer orden o estado de shock, y luego vender al mejor postor los pedazos de la red estatal a los agentes privados mientras los ciudadanos aún se recuperan del trauma, para rápidamente lograr que las ‘reformas’ sean permanentes».
Operativo de la CRAC-PC de los pueblos fundadores. Octubre del 2014. Fotografía: José Luis Santillán
Descrito por el propio Milton Friedman, así la táctica del capitalismo contemporáneo: «Sólo una crisis –real o percibida– da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que esa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable».
Así, lo inimaginable en los 90 para México hoy es una realidad. Algunos militantes de izquierda que sobrevivieron a la Guerra Sucia, para el año 2000, con la transición de partido en la presidencia de la república, comentaron en distintos foros que gracias al sacrificio de su generación hoy se vivía una apertura democrática. Seis años después el ejército tomó el control del territorio nacional, los desaparecidos por la guerra contra el narco, eran más que los desaparecidos en Argentina durante la dictadura militar. Para este año 2015, las perspectivas no se ven diferentes, el regreso del Partido de la Revolución Institucional (PRI) al gobierno federal, ha recrudecido las políticas de represión al movimiento social.
La realidad mexicana también puede explicarse en los términos que plantea el profesor de Historia y Política e investigador en el Wits Institute for Social and Economic Research (WISER) de la Universidad Witwatersrand de Johannesburgo, Achille Mbembe, quien en su libro Necropolítica, brinda una herramienta teórica para explicar la violenta realidad que vivimos día con día en nuestro país, mostrándola en una lógica en la que desde las altas esferas del poder se decide quién vive y quién muere. Decenas de millones de mexicanos han sido convertidos en neoesclavos dispuestos a negar esa realidad denigrante y que en los hechos trabajan para sobrevivir, tal y como lo demuestra el Reporte de Investigación 120, del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo título es elocuente ante la realidad que se vive en nuestro país: Esclavitud moderna. Cae 78.71% el poder adquisitivo.
Preparativos para el XIX aniversario de la CRAC-PC de los pueblos fundadores. Noviembre del 2014. Fotografía: José Luis Sntillán
Esta sofocante realidad es dictada por esferas supranacionales para preservar the New American Century, lo expuesto por el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea estadounidense, general Ronald R. Fogleman, en su discurso del 18 de Octubre de 1996, en el cual expresa la nueva doctrina militar de post Guerra Fría, puesta en práctica después de la caída de la Unión Soviética: «Nuestra estrategia de Seguridad Nacional de acción y engrandecimiento obliga a nuestra nación a actuar en el mundo entero con el objetivo de ampliar la familia de las naciones democráticas. Esta estrategia depende de la manutención de una fuerte defensa y la garantía de que nuestras fuerzas militares estén listas para impedir, luchar y ganar guerras».
Los pueblos indígenas, quienes mejor han respondido a la violencia criminal
De este panorama tan devastador y considerando diversos movimientos sociales que se organizaron en torno a la aparición con vida de sus familiares, cuya principal demanda ha sido le exigencia de justicia, destacan el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) que inició tras el asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta y novelista Javier Sicilia, el 28 de marzo de 2011. Así como el movimiento encabezado por los padres y madres de los 43 normalistas desparecidos en la ciudad de Iguala del sureño estado de Guerrero, a manos del cartel Guerreros Unidos, el pasado 26 de septiembre de 2014, donde se demostró la complicidad de policías y autoridades municipales.
Gendarmería presencia incursión armada de grupos ligados al crimen organizado. Cabecera municipal de Chilapa Guerrero. Mayo 2015. Fotografía: José Luis Santillán
Fuera de estos movimientos que no han trascendido de las movilizaciones y exigencias de justicia al gobierno federal. Quienes mejor han respondido ante el fracaso de la política anti drogas en México y las graves consecuencias que se enfrentan actualmente, son las comunidades indígenas. De los ejemplos que analizamos a continuación, destacan algunas comunidades que no sólo lograron erradicar al crimen organizado de sus territorios. Algunas incluso, lograron restablecer formas democráticas de gobierno a través del sistema de usos y costumbres –por vías constitucionales– como es el caso de Cherán en la meseta p’urhépecha de Michoacán.
Por otro lado en la costa nahua del mismo estado, la comunidad de Santa María Ostula enfrenta una guerra abierta contra el cartel de Los Caballeros Templarios, la cual ha dejado 6 integrantes de la comunidad desaparecidos y 32 líderes comunitarios asesinados; lejos de recibir apoyo gubernamental, esta comunidad fue atacada por el ejército mexicano el pasado 19 de julio del 2015, resultando asesinado el niño Hidelberto Reyes García y detenido el primer comandante de su policía comunitaria, Cemeí Verdia.
Mientras, en el estado de Guerrero, en la costa montaña se ha desarrollado un sistema de seguridad y justicia desde hace ya 20 años, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), lamentablemente se vio infiltrada por agentes gubernamentales que la fragmentaron, sin embargo, continua siendo no sólo un referente, sino una alternativa eficiente en las comunidades y territorios donde mantienen los principios que la fundaron.
Ejercito y gendarmería presencian incursión armada de grupos ligados al crimen organizado. Cabecera municipal de Chilapa Guerrero. Mayo 2015. Fotografía: José Luis Santillán
En los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) de Chiapas, existe un sistema normativo propio que funciona desde hace por lo menos 14 años y que ejerce entre otras funciones la de seguridad y justicia, para decenas de miles de indígenas choles, zoques, mames, tseltales, tzotziles y tojolabales, en medio de un clima violento enmarcado en la política contrainsurgente implementada desde 1994 por el gobierno federal.
Veamos una breve síntesis de estas experiencias, que representan distintas formas en las que se han resuelto temas de seguridad y justicia. Es ya reconocido que los pueblos indígenas han mantenido guardias tradicionales como la de la Tribu Yaqui o la de los Seris en Sonora, los topiles en Oaxaca. Sin embargo en las experiencias que les presentamos a continuación, el tema de las drogas y de los grupos criminales se ha enfrentado de forma paralela al Estado mexicano, con éxito y una base común: la organización comunitaria del territorio. Plasmando en los hechos una política alternativa que da grandes resultados con pocos recursos económicos, lamentablemente el Estado mexicano, no sólo no está buscando aprender de estas experiencias, sino que en muchos de los casos, los ha dejado solos y en otros se muestra hostil ante los señalamientos de corrupción y complicidad de autoridades, locales, estatales y federales que algunas de estas comunidades han denunciado enérgicamente.
Seguridad y justicia comunitaria. Guerrero y Michoacan
Mientras la política antidrogas del país, ha desembolsado cantidades multimillonarias para atacar frontalmente el problema, como lo demuestran los datos que afirman que, de enero de 2007 a diciembre de 2012, el gobierno federal habría destinado 320 mil 30 millones de pesos a la preservación de la seguridad nacional, de acuerdo a cuatro estudios elaborados por el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados.
Asamblea regional de los pueblos fundadores de la CRAC-PC, comunidad del Carmen, San Luis Acatlán Guerrero. Noviembre del 2014. Fotografía: José Luis Santillán
Enfrentar a los cárteles mexicanos en el terreno económico pareciera una desventaja que demuestran los datos que indican que por lo menos entre 2007 y 2012 los cárteles de Sinaloa, los Zetas, del Golfo, Juárez, Tijuana, La Familia Michoacana y los Beltrán Leyva, habrían lavado más de 3 billones 42 mil millones de pesos, según estimaciones del Departamento de Estado de EU, en el International Narcotics Control Strategy Report.
De acuerdo a la fundación InSightCrime, en México, el kilo de heroína vale alrededor de 35,000 dólares, pero cuando ingresa a EU su valor sube a 71,000 dólares. Al menudeo, el valor llega a los 131,000 dólares en las grandes ciudades estadounidenses. El valor añadido por kilo, al cruzar la frontera, es de aproximadamente 26,000 dólares.
Muy al sur, en el estado mexicano que produce el 70% de la goma de opio a nivel nacional, los campesinos guerrerenses tan sólo ganan 30 mil pesos por producirla. El estado de Guerreo es uno de los más pobres del país, los índices de desarrollo humano son paupérrimos y 50 años de políticas agrarias que han desmantelado el campo mexicano, son el caldo de cultivo perfecto para esta situación.
Justo en este contexto es que desde 1995 floreció el proyecto de seguridad y justicia comunitarias de la Costa Chica y Montaña de Guerreo, conocido inicialmente como policía comunitaria. Ante la inseguridad que existía en la zona, el 15 de Octubre de 1995 en la comunidad de Santa Cruz el Rincón, municipio de Malinaltepec, fue constituido este proyecto por decenas de autoridades locales y regionales. A decir de los pueblos que la fundaron: «El Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia que se viene construyendo por los pueblos me´pháá y na´savi desde 1995 parte del ejercicio de nuestros derechos a la autonomía y libre determinación como pueblos originarios. La restitución del derecho colectivo empieza por el fortalecimiento de nuestra democracia comunitaria».
Acto de justicia por el asesinato del maestro Galeano. Caracol de la realidad. Agosto del 2014. Fotografía: José Luis Santillán
Para 1998, se concretó el proyecto con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), órgano instituido por comisarios constitucionales de la región. Este paso consolidó y enmarcó a la policía comunitaria como un sistema que no sólo realiza detenciones, sino que también hace juicios y determina sanciones a los detenidos. Un sistema muy avanzado que determinó que no es el castigo la solución a las problemáticas de inseguridad, por lo que se abocaron a crear un programa de reeducación, en el cual, los detenidos, a través del trabajo comunitario, la reflexión y los consejos de los mayores, puedan interiorizar los valores de la comunidad y respetarlos, entendiéndose no como sujetos aislados de ésta, si no como parte de ella, por lo que sus acciones no van en detrimento sólo de individualidades, si no que atentan contra todo un pueblo, contra una región que enaltece el derecho colectivo.
A partir de 2013, la CRAC-PC enfrenta un duro proceso interno, que ha deslegitimado sus principios y valores. Sin embargo es una experiencia digna de analizar y en decenas de comunidades que la fundaron aún continua siendo una experiencia viva y en constante retroalimentación. A diferencia de las estrategias multimillonarias del Estado mexicano, la CRC-PC hasta antes de 2013, enfocó sus esfuerzos con un presupuesto mínimo, que con dificultad alcanzaba para mantener con gasolina a unas cuantas camionetas; la base fundamental del proyecto, se funda en el sistema de cargos, que es gratuito y apuesta más por la organización comunitaria del territorio que por las armas y los sueldos.
Los resultados, a decir públicamente de la propia CRAC-PC en 2010, fue el abatimiento de la delincuencia en un 80% en el territorio donde operaba. Lamentablemente, los constantes desarmes, encarcelamientos y amenazas del gobierno estatal y federal, nunca permitieron ninguna retroalimentación de esta experiencia. Por el contrario, las políticas gubernamentales han propiciado el desgaste organizativo de las comunidades, caldo de cultivo proclive a la infiltración de agentes gubernamentales, mismos que desestabilizaron el proyecto. Esta situación es denunciada en sus propias palabras de la siguiente forma: «Los pueblos fundadores valoramos que desde 2010 la Coordinadora comenzó a distorsionar los valores y principios del Sistema Comunitario. El 23 de febrero de 2013 el grupo que se montó en la CRAC, enfermo del poder, impuso a Eliseo Villar Castillo como coordinador en una asamblea donde se impidió el debate, la rendición de cuentas y la participación de los pueblos».
Apatzingán al inicio de la ocupación militar. Mayo de 2013. Fotografía: Heriberto Paredes
Pese esta lamentable situación, decenas de comunidades y pueblos del estado de Guerrero y del país, han retomado la experiencia y experimentan esta alternativa, dado que la seguridad del Estado mexicano no brinda resultados palpables. Sólo por mencionar algunas, están las de Olinala, Tixtla, Cualac, Marquelia, las Ventas, Cochoapa, Temalacatzingo, Apaxtla, Ayutla, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Cacahuatepec, Tecoanapa, San Marcos, Florencio Villarreal, Copala, entre otras. Aún con errores, en proceso de conformación y en la mayoría de los casos perfectibles, estas experiencias, no deberían de pasar desapercibidas para el gobierno mexicano, que lejos de seguir atacándolas, podrían significarle una alternativa para asumir sus errores y retomar los aciertos que se han manifestado con resultados palpables en estas comunidades, en su mayoría indígenas.
Hacia finales de la década de los 90, Michoacán vio florecer a la industria de la metanfetamina, de la mano del cártel del Milenio o de los hermanos Valencia, que en asociación con el de los hermanos Amezcua, originarios del vecino estado de Colima, buscaron diversificar sus actividades para superar las limitaciones propias del cultivo y trasiego de la marihuana y amapola, principales productos que hasta ese momento extraía el narcotráfico de la región. Asimismo, los Valencia se asociaron con capos colombianos como Fabio Ochoa, del cártel de Medellín, para introducir cocaína al país a través del puerto de Lázaro Cárdenas, por el cual también ingresaban la efedrina necesaria para sintetizar el llamado cristal.
En la costa nahua de Michoacán se encuentra la comunidad de Santa María Ostula, la cual tiene una larga historia de lucha y resistencia que data prácticamente desde su fundación, en el año de 1531, como consecuencia de las migraciones de la población indígena que se suscitaron luego de la llegada de los españoles a la región.
En 1786 las comunidades indígenas de Coire, Maquilí, Ostula y Pómaro recibieron la autorización para formar milicias de arqueros para salvaguardar la costa del ataque de piratas. Esto ayudó a incrementar el grado de autonomía que tenían las comunidades con respecto a sus asuntos cívicos y religiosos (aunque tenían, no obstante, que seguir pagando tributos al régimen colonial español). En 1778 el párroco de Ixtlahuacán se refirió a cómo el hecho de que los indígenas estuvieran armados con arcos y flechas era una fuente de preocupación constante para los párrocos locales.
En 2009, los indígenas organizados recuperaron alrededor de 1,200 hectáreas de tierra —fundando el pueblo de Xayakalan— que les habían sido paulatinamente arrebatadas por «pequeños propietarios» provenientes del estado de Colima y zonas aledañas, mismos que a la larga demostrarían estar aliados con el cártel de Los Caballeros Templarios.
Protestas de la sociedad de Apatzingán, Michoacán. Agosto 2014. Fotografía: Heriberto Paredes
Entre 2011 y 2014, el cartel de los Caballeros Templarios asesinó a 32 comuneros de esta localidad y desapareció a 6 más. Aunque desde 2013 ya existían como autodefensas, es en 2014, cuando el ahora recluido comandante Cemeí Verdía, reorganizó a la policía comunitaria del municipio de Aquila.
Pese a enfrentar a uno de los cárteles más sanguinarios –como lo es el de Los Caballeros Templarios– y las incursiones del ejército, la comunidad nahua de Santa María Ostula se mantiene organizada a través de su asamblea comunal, mantiene su policía comunitaria y trabaja cotidianamente para restablecer el tejido social destruido por la violencia criminal que les ha azotado. La clave de no haber sido exterminados y esclavizados por la delincuencia organizada radica en la cohesión comunal y la toma de decisiones comunitaria, como de por sí es en los pueblos originarios.
Trascender al Estado
También en el convulsionado estado de Michoacán, donde reviste de vital importancia el puerto de Lázaro Cárdenas, único puerto multimodal en América Latina capaz de albergar buques de novena generación en el océano Pacifico, conexión directa a China, Japón, Tailandia y Corea del Sur –donde están las grandes fabricas de automóviles y a donde van a parar grandes cantidades de hierro y otros minerales extraídos en nuestro país. De hecho Los Caballeros Templarios comercializaban «legalmente» hierro a China. Este puerto es también el paso que conecta, prácticamente en línea recta, con Cali en Colombia.
Es en este contexto donde se encuentra el revitalizante ejemplo de una comunidad indígena de la meseta p’urhépecha, con aproximadamente 25 mil habitantes, Cherán K’eri; ellos no sólo combatieron al crimen organizado que había ya devastado 20 mil hectáreas de su bosque, sino que en la búsqueda de paz y de acabar con el problema de raíz, logró por vías constitucionales, abolir el sistema de partidos políticos y recuperar la elección de sus autoridades a través de usos y costumbres.
Comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán. Julio de 2015. Fotografía: Heriberto Paredes
La organicidad del municipio cambió completamente, no tienen un único presidente municipal, sino que es a través de un consejo integrado por 12 personas –denominados K’eris–, que son representados sus intereses. La nueva estructura de gobierno cuenta con 8 consejos operativos, es decir, que el gobierno es integrado por una colectividad comunitaria, situación que ha sido difícil de comprender para las autoridades estatales y federales; han sufrido el rechazo y la incomprensión de las autoridades, al presentarse 12 representantes del municipio, cuando los otros 112 municipios del estado, presentan tan sólo un presidente municipal.
El 1 de septiembre tomó protesta el Segundo Concejo Mayor en Cherán K’eri, la nueva organización social inicia en las fogatas, que es la conjunción de varias calles y cuadras, posteriormente se va a los barrios, que son 4 y finalmente a la gran asamblea general. Así fueron electos los nuevos K’eris, para este periodo 2015–2018. La ronda comunitaria, es resultado de la seguridad consolidada por el movimiento iniciado en abril del 2011, donde los comuneros y principalmente las comuneras, enfrentaron a la delincuencia organizada. Sin embargo no es suficiente para garantizar por completo la paz y el desarrollo armónico de la comunidad, a escasos kilómetros, en el municipio de Paracho, se encuentra uno de los bastiones de Los Caballeros Templarios, al cual se ligaba a su último presidente municipal elegido por el sistema de partidos políticos, Roberto Chapina Bautista, «el Negro», quien actualmente ocupa el cargo de director de información y difusión del estado de Michoacán.
Demasiadas lecciones se pueden aprender de esta experiencia, que ahora se gobierna de forma colectiva; sólo de esta manera logró trascender las políticas del Estado mexicano que a la vez se subscriben a las estadounidenses, particularmente en su agenda prohibicionista anti drogas. Una vez rebasado el lastre de la clase política del país, los indígenas p’urhépechas avanzan a pasos agigantados en la consolidación de su democracia directa y participativa, dentro de un entorno de paz y armonía.
Aún existe la posibilidad de un cambio, si aprendemos a distinguir
Las comunidades indígenas zapatistas en el estado de Chiapas, enfrentan una cruel criminalidad –necropolítica– en un contexto de contrainsurgencia, implementado desde 1994 y que no ha cesado. Muestra de ello es el asesinato del maestro zapatista, José Luis Solís López, «Galeano», el 2 de mayo del 2014, y la reciente denuncia de que 2 de los asesinos, fueron puestos en libertad por el juez Víctor Manuel Zepeda López, del ramo penal de Comitán de Domínguez, Chiapas, el día 12 de agosto de este 2015. La denuncia se extiende más allá y afirman los zapatistas, que de hecho, nunca estuvieron en prisión.
Ante el complicado y violento panorama que rodea a los MAREZ, las decenas de miles de indígenas bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), han logrado mantener una forma de gobierno propia que les ha permitido resolver, no sólo la seguridad y la justicia, sino que los avances en salud, comunicación y educación son impresionantes, considerando que en territorio zapatista, se decidió no aceptar ningún dinero del gobierno municipal, estatal o federal.
Subcomandante Insurgente Moisés, habla sobre el asesinato del maestro Galeano. Caracol de La Realidad. Agosto del 2014. Fotografía: José Luis Santillán
El tema de las drogas fue erradicado totalmente luego de una prohibición total, dado que esto podría ser un pretexto más para una incursión militar. Sin embargo, el proceso de erradicación del consumo de bebidas alcohólicas demuestra, que no sólo existen las decisiones de la comandancia general, sino, sobre todo, que los procesos organizativos sociales dentro de las comunidades zapatistas han ejercido un veto total a las problemáticas que azotan a las comunidades indígenas pobres en el resto del país, como el alcoholismo.
La extraordinaria organización de las Juntas de Buen Gobierno (JBG) zapatistas y la organicidad comunitaria en sus territorios, han impresionado a decenas de académicos e intelectuales nacionales e internacionales. Se muestran ante el mundo como el mayor ejemplo posible de que es completamente viable que las sociedades puedan abandonar la forma Estado, cuyos intereses finales recaen en preservar the New American Century. Las autoridades mexicanas están muy lejos de voltear a mirar la experiencia zapatista, a la cual, se ha optado por aplicarle, también, una censura mediática, de tal suerte que mientras miles de organizaciones internacionales les brindan el mayor reconocimiento, el Estado mexicano hace como si no existieran.
Los argumentos que menoscaban estas experiencias, por tratarse regularmente de zonas no urbanas, comienzan a desmoronarse. Al oriente de la Ciudad de México, en la sobre poblada delegación de Iztapalapa, desde hace un año comienza a gestarse un proceso de reflexión en torno a cómo poder organizarse en las diferentes comunidades urbanas de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente (OPFVII), para consolidar procesos de justicia restaurativa en los territorios que controlan. La OPFVII ha ejercido en sus predios funciones de vigilancia desde hace por lo menos 25 años.
Integrantes de la CRAC-PC, de la policía comunitaria de Ostula, entre otras comunidades indígenas, han realizado conferencias para compartir sus experiencias con los responsables de seguridad de estos barrios organizados en el Distrito Federal. A diferencia de las políticas gubernamentales, para la gestación de este proyecto de justicia urbano se han valorado todas estas experiencias comunitarias, para que, a partir de ellas, generar un sistema propio que pueda ser útil y eficaz en una urbe, que se pensaba hasta hace unos años lejana de la problemática nacional de la narcoviolencia.