A raíz de la resistencia contra el proyecto de Agua Zarca por los habitantes de Rio Blanco, la región ha sido militarizada para imponer la construcción del proyecto hidroeléctrico. No es sorpresa, por tanto, que altos miembros de DESA posean influencia en la actuación de las fuerzas estatales de seguridad hondureñas.

El asesinato de Berta Cáceres ha desnudado una serie de intereses económicos que involucran distintos niveles de funcionarios, instituciones financieras, integrantes de gobiernos centroamericanos, europeos, estadounidenses y canadienses (por lo menos) que dejan ver la arquitectura del despojo.

El proyecto Agua Zarca, de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) es tan sólo uno más. En dichos proyectos tienen en común que son empresas que carecen de transparencia, tienen capital nacional y extranjero, y han recibido sus conseciones ilegalmente, pues los pueblos indígenas no han sido consultados, a pesar de que Honduras es firmante del Acuerdo 169 de la Orgnización Internacional del Trabajo (OIT). «Entre el 2006 y el 2007 realizaron cabildeos abiertos. Pero al participar los compañeros, de 800 sólo siete personas estaban a favor del proyecto Agua Zarca. Terminaron la votación a favor sólo los presidentes del patronato, secretario y allegados del alcalde. Los cabildos abiertos no son lo mismo que la consulta previa, libre e informada. Las comunidades han denunciado que no ha habido consulta.Si preguntamos a la comunidad de Río Blanco, lo primero que van a responderles que el río Gualcarque es sagrado y ahí están los espíritus de las niñas, abuelos, y ahí está el espíritu de Berta. Una protectora que antes denunciaba y ahora es una guardiana cuidando el rio».