Respuesta internacional frente a la masacre de Totonicapán

Por Jerónimo Díaz y Marina Yoc,
Noviembre de 2012, Tolosa, Francia

Un grupo de estudiantes latinoamericanos organiza un debate público en torno a una “masacre” acontecida el 4 de octubre en el departamento de Totonicapán, al oeste de Guatemala. Incrédulos, muchos franceses y latinos asisten al evento para conocer los hechos y disfrutar de un concierto de Son Jarocho y una roda de capoeira. La gravedad del asunto deja un amargo sabor a impunidad e incomprensión ¿Cómo puede ser que los militares sigan ejerciendo el poder y atropellando los derechos del pueblo guatemalteco en pleno siglo 21? ¿Qué podemos hacer desde Europa para evitar que se sigan reproduciendo estos atropellos?

Hay que esperar hasta el siguiente fin de semana, el del 17 de noviembre, para que se aclaren las preguntas gracias a la proyección de un par de documentales sobre la situación guatemalteca. Es el esperado festival de documentales políticos LatinoDocs. Con “Granito de arena“, el último documental de Pamela Yates —quien lanzara a la fama a Rigoberta Menchú a través de “Cuando las montañas tiemblan”— el público tolosano se estremece. Se aprietan las gargantas, se nubla la vista y se ahoga el llanto de quienes descubren la historia de horror de los años ochenta en Guatemala. Se ciernen las mandíbulas al comprender que la dictadura militar sigue ejerciendo el poder y que difícilmente se logrará la anhelada justicia en un clima de impunidad, en un país gobernado por el partido del ex-presidente Ríos Montt a cargo de la contra-insurrección vuelta genocidio. Con “De las derivas del arte a las derivas del petroleo” el realizador Gregory Lassalle —del colectivo Guatemala— pone al descubierto a la petrolera francesa Perenco: mientras financia una exposición sobre el antiguo mundo Maya en un prestigioso museo de París, la empresa destruye el medio ambiente de los Mayas… ¡ vivos !  El debate que anima el propio realizador pone en tela de juicio a la transnacional, quien goza de la seguridad militar que los propios Guatemaltecos no tienen, y que por el contrario padecen.

Los 48 cantones, las causas de las protestas y el proceso judicial

Totonicapán es un departamento situado en la región su-occidental de Guatemala, a una distancia de 203 kilómetros de la ciudad capital. Tiene un nivel de pobreza es del 69.92% con un porcentaje de pobreza extrema del 21.24%, según el Censo X de población y V de habitación 1994. Es también uno de los departamentos más organizados y uno de los más reprimidos en la historia del país. Los altos niveles de participación están basados en valores y procedimientos tradicionales. De este modo, las comunidades han mantenido por más de 200 años una organización de 48 cantones dirigida por alcaldías indígenas, que a diferencia de otras experiencias en la región no son asistentes del Alcalde Municipal, sino son Autoridades Locales reconocidas a través del consenso comunal. Los “48” están organizados en cinco juntas directivas que resguardan los recursos naturales de la zona, la seguridad y las decisiones comunitarias. Uno de los mayores levantamientos del pueblo Kiche, fue protagonizado en 1820 con Atanasio Tzul como primer representante de los 48 cantones, imponiendo un gobierno propio que duró 20 días antes de ser brutalmente reprimido.

El 04 de octubre del 2012, al menos tres mil personas manifestaron pacíficamente sobre la carretera Interamericana a 170 km de la ciudad. Sus demandas eran contra el aumento de precios en la energía eléctrica y la nueva reforma educativa que pretende prolongar los años de preparación para profesores y que hará, según los inconformes, que un gran número de estudiantes de bajos recursos no pueda continuar sus estudios. La respuesta del Estado guatemalteco fue la represión armada, disparando indiscriminadamente a niños, mujeres y hombres con un saldo de 8 muertos y 35 heridos. Se trata de la primera masacre perpetrada por el ejército después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996.

Pese que al gobierno negó los hechos, argumentando versiones confusas en las que inicialmente se acuso a miembros de una policía privada o que fueron disparos al aire, un equipo del Ministerio Público dirigido por la abogada Claudia Paz estableció por el contrario que se trato de un acto premeditado, toda vez que las personas asesinadas presentaban perforaciones de bala con galil, en partes vitales del cuerpo (torax, espalda, estomago) utilizadas por el ejercito. Asimismo, los testimonios contradijeron la posición oficial que después de las primeras investigaciones se retracto aduciendo un “rompimiento de la cadena de mando” por parte del coronel Juan Chiroy y 9 soldados que se encuentran procesados bajo el delito de ejecución extrajudicial.

Los líderes de los 48 cantones se presentan actualmente como querellante adhesivos[1] en contra del Estado para demandar una investigación exhaustiva de los hechos y para establecer la responsabilidad de altos mandos del ejercito. Asimismo, manifiestan su descontento porque nuevamente se aprese a los mandos más bajos —en su mayoría indígenas pobres—, sin por ello dejar de reconocer su responsabilidad en los hechos. El Ministerio Publico también se encuentra identificando y persiguiendo legalmente a los campesinos indígenas que participaron en la manifestación bajo el señalamiento penal de “figuras delictivas de atentado y daño agravado”, por las heridas causadas a miembros del ejercito y por el incendio de un vehículo militar. Sin embargo, las declaraciones de la fiscalía a cargo del caso afirman que no se puede imputar a los sospechosos de delito de manifestación ilícita toda vez que se estableció que los manifestantes no portaban armas y que las lesiones ocasionadas a miembros del ejercito y policía antimotines fueron leves, bastante comunes en procesos de disolución de manifestaciones. Ante los hechos, la presión internacional y sectores sociales nacionales exigen al gobierno del ex-general Otto Perez Molina no utilizar las fuerzas armadas en acciones de seguridad civil. Se exige también la desmilitarización de las regiones indígenas, mismas que sufrieron una guerra de 36 años y principales agravadas del genocidio.


[1] Persona o asociación agraviada por el hecho delictivo que interviene en el proceso como parte acusadora, provocando la persecución penal o adhiriéndose a la ya iniciada por el Ministerio Público.

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