¿Cuándo se ha visto que los senadores pidan la libertad de un preso político? Por no decir que el Dr. José Manuel Mireles Valverde, además de ser un hombre originario de una de las zonas más conflictivas en México, se encuentra recluido en un penal de máxima seguridad por haberse levantado en –junto con miles de personas– armas y haber frenado la ola destructiva del crimen organizado.
En un país como este, gobernado por un narcoestado, organizar un levantamiento armado para frenar a un cártel equivale a sublevarse contra alguna de las instituciones oficiales. El Dr. Mireles lo hizo y no lo hizo solo, habitantes de diversos municipios en varias regiones de Michoacán tomaron las armas de donde pudieron (sí, en este país las armas son tan comunes como las tortillas o los mariachis, por favor, evitemos sorprendernos y preguntar lo obvio) y le pusieron un alto a los Caballeros Templarios. Y todo hubiera seguido por un camino inédito, tal vez mejor, si el gobierno no se hubiera metido, pero se trataba de un ataque a “La Empresa”, a los amigos, a los socios y eso, como con tantas otras afrentas, no podía permitirse.
Por eso la compra de algunos líderes (Papá Pitufo, El Cinco, Simón o El Americano, Hipólito Mora son claros ejemplos de cómo se puede convencer con dinero y amenazas hasta a los que suenan más duros), la encarcelación de muchos autodefensas que ejercieron su legítimo derecho a transformar la relación de fuerzas que los mantenía oprimidos por una organización delincuencial (no hablo del gobierno sino de los Caballeros Templarios, aunque tal vez sea lo mismo), entre ellos la mal armada detención de Mireles.
Y si las autodefensas michoacanas osaron frenar a una de las organizaciones más exitosas del crimen organizado, y ésta es uña y mugre del gobierno estatal y federal, ¿por qué ahora cuatro funcionarios levantan la voz para exigir la libertad del doctor, argumentando jurídicamente la legalidad de las autodefensas, organizan foros e invitan a –en palabras de los propios convocados– “la crema y nata de los defensores de derechos humanos en México”?
Manuel Bartlett, Layda Sansores, Javier Corral, Ernesto Ruffo y Alejandro Encinas, ellos convocaron y organizaron el llamado Encuentro sobre Seguridad y Justicia. Autodefensas: del impulso a la persecución el pasado 13 de agosto teniendo como escenario un rincón del Senado de la República. No recomiendo dejarse llevar por las aparentes buenas intenciones de estos políticos de “buen corazón”, que ahora se muestran interesados por el pueblo pero que en todo su historial ni siquiera movieron un dedo para protestar en contra de medidas económicas y políticas que han llevado al país a una miseria como nunca antes. No hay razón alguna para creerles sus pobres palabras, sus sonrisas falsas, sus fotos posadas con el “pueblo” que asistió, sus apapachos a ciertos periodistas.
Daniel Giménez Cacho, Luis Hernández Navarro y Gregorio López
Entre los asistentes hubo de todo, haré una breve lista sólo para evidenciar la chabacanería con la que se trata de, supuestamente, ejercer presión para la libertad del Dr. Mireles. Estuvieron (y asistieron) Sanjuana Martínez, Alejandro Solalinde, José Reveles, Jaime Cárdenas, Salvador Molina, Julián Le barón, John Ackerman, Luis Hernández Navarro, Daniel Giménez Cacho, Javier Sicilia, Francisco Gallardo, Talía Vázquez, José Jacques y Medina y Gregorio López. De esta lista tan variopinta rescato que muchos lograron plantear puntos importantes aunque no todos conocen la situación que llevó al doctor a ser detenido y eso es ya una falla.
Vayamos con algunos de los planteamientos de los participantes. El padre Alejandro Solalinde fue uno de los primeros y centró su participación en la incapacidad de escucha que tiene, ha tenido y seguramente mantendrá el gobierno mexicano; para él se trata del gobierno del PRIATO y en este sentido nadie es escuchado bajo el régimen, ni las mujeres, ni los niños, ni los migrantes, ni los trabajadores, ni los indígenas. Ante ello, afirma que el único camino es perder el miedo y hacernos escuchar para lograr un cambio.
A continuación el periodista José Reveles aseguró que el gobierno sólo trabaja “en modificar la percepción que se tiene de él y de los problemas, no actúa de fondo”, también invitó a que la ciudadanía investigue más y descifre las versiones oficiales para acabar con el engaño.
El académico Jaime Cárdenas trató de hacer una síntesis jurídica e histórica de los argumentos que justifican la existencia de las autodefensas y concluyó que si el Estado no asegura el pleno ejercicio de los derechos democráticos, la sociedad tiene la legitimidad para organizarse y revertir el no acceso al trabajo, a la educación, a la salud y a la alimentación. Por su parte, el doctor en derecho y defensor del Dr. Mireles, Salvador Molina, expuso algunas de las más claras irregularidades en el montaje de la detención, los absurdos que aparecen en el expediente y sobre todo la ilegalidad del caso.
Julián Le Barón. Fotografía: Heriberto Paredes
Julián Le Barón, activista social luego del asesinato de familiares y amistades, contó las razones que lo llevaron a recorrer el país para exigir justicia y denunciar la podredumbre existente en los diferentes niveles de gobiernos. Sus palabras fueron sencillas y muy sentidas por los asistentes, puso el dedo en la llaga cuando expuso un principio político aportado por el zapatismo y su ejemplo, dijo que “todos los funcionarios fueron contratados por el pueblo, todos los mandatarios fueron contratados para obedecer al pueblo”. En este momento, los aplausos no se hicieron esperar y Le Barón concluyó al mencionar uno de los artículos más valiosos de la Constitución, el artículo 39 que afirma lo siguiente: “La soberanía nacional reside originalmente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para el beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de modificar la forma de su gobierno”. Para el activista de Chihuahua todo estaba claro, si los políticos no hacen su trabajo o se alían con el crimen organizado, el pueblo puede y debe autodefenserse.
Ya en este tono, las caras de los senadores era de franca incomodidad. John Ackerman, analista político señaló el mito de la existencia de la democracia, aseguró que las instituciones no funcionan y que no tiene caso pensar en alguno de los partidos porque son exactamente lo mismo. Luis Hernández Navarro, periodista, por su lado, habló de los diferentes Michoacán existentes: el de los migrantes, el de los prósperos empresarios limoneros o aguacateros y el de los de abajo que padecen día con día la existencia del crimen organizado en contubernio con el gobierno. Daniel Giménez Cacho, luego de leer un comunicado de la organización El Grito más Fuerte soltó una pregunta esencial: ¿Será acaso el autogobierno el camino de la paz?
Finalmente, me gustaría resaltar la sentencia que Javier Sicilia lanzó en su intervención: “Nosotros fuimos el último movimiento pacífico existente en México”. Con esta afirmación dejo la reseña de este foro tan extraño. O tal vez será que para lograr algo de credibilidad, lo senadores permitieron que cada uno de los asistentes pusiera en cuestión no sólo la labor de la clase política, sino de todos los funcionarios y partidos políticos: una vieja treta política que disfraza de apertura a la disidencia, lo que en realidad son otras intenciones. Con caras sin expresión, quienes convocaron a este foro tuvieron que oír cómo la gente aplaudía a quienes criticaban lo criticable y señalaban la cantidad de mierda que se mantiene en el Estado mexicano.
Al final, la prisión del Dr. Mireles ha sido, casi desde un principio, utilizada por distintas personas, sea para aumentar capital político o bien para limpiar imágenes denostadas, pero no hay una clara ruta para su liberación. Queda la duda, la desconfianza, las suspicacias, ¿qué hacen estos políticos exigiendo la libertad de un alzado y legitimando el derecho del pueblo a derrocarles? ¿Qué hacen estos patos tirándole a las escopetas?