Mario González García. Un estudiante como miles que rechazan la privatización de la educación en México. Un joven rebelde como muchos que sobran en una ciudad regida por la «cero tolerancia». Un anarquista odiado, como todos y todas, por los gobiernos derechistas llamados «de izquierda» del Distrito Federal. ¿Mario se promueve como líder de un movimiento? No. ¿Es el más radical de todos? Tampoco. ¿Un ser pensante? Sí, se nota. ¿Terco? Mucho. ¿Ve por el bien de los demás? Pues, sí. ¿Inspira la confianza de gente honesta? También.
En tiempos de una verdadera guerra, desatada contra el pueblo de México por sus gobernantes, no es necesario cometer un crimen para ser vigilado, gaseado, golpeado, detenido, torturado, desaparecido y a veces asesinado por la policía, el ejército o un grupo paramilitar. En particular, la represión aumenta contra el pueblo organizado, únicamente por ejercer el derecho a protestar, hablar, escribir, transitar, organizarse o rebelarse contra la tiranía.
Al organizarse en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan para resistir al porrismo y a las reformas educativas neoliberales impuestas por el rector José Narro Robles, Mario González García y un grupo de estudiantes fueron criminalizados como «vándalos» en periódicos como La Razón, Milenio y Reforma; y expulsados por un Tribunal Universitario que hace tiempo debió desaparecer. También fueron amenazados por personal de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuando protestaron su expulsión en un plantón afuera de Rectoría, justo antes de su detención. Nueve de ellos fueron detenidos el 2 de octubre de 2013. Actualmente, ocho llevan proceso bajo caución, mientras Mario González sigue en prisión con una sentencia de 5 años 1 mes y 15 días, impuesta por la magistrada de consigna Celia Marín Sasaki el 11 de julio —una «nueva» sentencia que sigue siendo un castigo ejemplar bajo el pretexto de la supuesta «peligrosidad social» del compañero–. Mucho más preocupante y peligrosa es la criminalidad policial de un gobierno que comete un secuestro de más de nueve meses, entre muchos otros delitos.
Un no-delito que nunca ocurrió
Tal vez la primera cosa que llama la atención sobre el caso de Mario González es que él ni siquiera llegó a la histórica marcha del 2 de octubre para conmemorar la matanza de estudiantes en Tlatelolco y oponerse a la represión actual en México. Junto con otros ocho activistas estudiantiles –Aztlalli Cabrera Prado, Irene Pérez Villegas, Erick Leonel Aguilar Ruiz, José Luis Ramírez Alcántara, Cristian Antonio Carmona Emmer, César Uriel Cruz Elías, Carlos Jhasi Jarquín Peña y Hugo Guillermo Mejía Ventura– Mario iba a protestar ese día, sin embargo, todos fueron detenidos en el cruce de las calles Isabel la Católica y 5 de Mayo alrededor de las 3 de la tarde, torturados y encarcelados antes de llegar a la marcha. Ante la absurda e insostenible situación de acusar a nueve jóvenes de un no-delito (protestar) que nunca ocurrió, el Ministerio Público no tardó en acusarlos, sin una pisca de evidencia, de aventar petardos y piedras del camión en el que viajaban desde Ciudad Universitaria (CU) hacia Tlatelolco. No existe una foto o un testimonio sobre tal acción o sobre los daños ocasionados por los supuestos explosivos; hasta la fecha, la única prueba con la que el Ministerio Público intenta acreditar el delito de ataques a la paz pública es el testimonio –de oídas– de dos policías, aunque un peritaje de la Procuraduría General de Justicia contradice estos testimonios.
La tortura
Se destaca la tortura a la que Mario y los demás compañeros fueron sometidos por granaderos en la vía pública y de camino al Ministerio Público durante cuatro horas, incluyendo toques eléctricos, patadas y golpizas con toletes y puños. Mario tuvo un brazo luxado y un tobillo torcido como resultado de esto y no faltaron las amenazas de muerte y amenazas a los familiares. Desde el MP 44 en Iztapalapa, los siete varones fueron enviados al Reclusorio Oriente y las dos jóvenes al penal femenil de Santa Martha Acatitla, mientras, su caso fue consignado al Juzgado 19 de delitos no graves. En el Reclusorio Oriente, los hombres fueron golpeados salvajemente por los custodios y las mujeres sometidas a tortura psicológica.
Fotografía: Carolina S.Romero
La peligrosidad social
El 6 de octubre la jueza del Juzgado 19 de delitos no graves, Marcela Ángeles Arrieta, les dictó a los nueve activistas auto de formal prisión y fijó la caución en 16 mil pesos por cado uno. El lunes 7 de octubre se pagó una póliza de fianza y en la madrugada del martes 8, todos salieron libres. Extrañamente, sin embargo, Mario salió con la cara cubierta con una camiseta beige. Ante gritos de alarma de la gente que esperaba afuera del reclusorio, fue agarrado con violencia por agentes desconocidos y regresado al penal bajo una orden de la propia jueza. Al día siguiente, quedó claro que ella había aceptado automáticamente la decisión del Ministerio Público de recluir a Mario con el argumento de que es una persona de alta «peligrosidad social», debido a que ya tenía antecedentes penales y había dado un nombre falso en la averiguación previa. Por ello, argumentó un agente del MP, él «podría sustraerse de la justicia».
Sin embargo, la abogada Lizbeth Lugo planteó en una conferencia de prensa que una persona tiene el derecho a no autoinculparse, hasta puede mentir o negar los hechos para no hacerlo. Además, el delito por el que Mario había sido juzgado es no grave y un ministerio público no puede simplemente opinar que alguien representa un peligro sin conducir estudios psicológicos que sostengan tal apreciación. De hecho, estudios subsecuentes han mostrado que Mario es una persona que exhibe estabilidad emocional, que no ha vivido una situación de violencia familiar y que nunca ha participado en delitos graves. La abogada comenta que la jueza Marcela Ángeles Arrieta no tiene ningún argumento válido para mantener a Mario en prisión porque la póliza de fianza garantiza que él no se va a «sustraer de la justicia»; insiste en que la negación de su salida bajo caución es una violación de sus derechos procesales y constitucionales.
La criminalidad del sistema de in–justicia en el Distrito Federal se hizo aún más evidente el 15 de noviembre, cuando en la segunda instancia, la presidenta de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Celia Marín Sasaki, avaló la revocación de libertad de Mario González García. Bajo el mismo argumento la misma magistrada había detenido durante más de un año a Victor Herrera Govea cuando participó en la marcha del 2 de octubre del 2010. Así que, con toda impunidad, una jueza y una magistrada siguen los dictados de un agente del Ministerio Público que opera bajo el mando del propio jefe de gobierno para autorizar un secuestro.
La resistencia
Mario González García empezó una huelga de hambre el mismo día que su libertad fue revocada. Desde el 8 de octubre hasta el 22 de noviembre, se negó a comer en un ambiente de hostigamiento extremo en el Reclusorio Oriente, donde estaba encerrado en una celda con otros 17 presos, antes de ser trasladado al hospital en Tepepan, donde se mantuvo su huelga hasta el 3 de diciembre. Como una medida de apoyo, se estableció un plantón afuera, donde se realizaron una serie eventos con lectura de poesía y música.
Las manifestaciones en apoyo a Mario que habían empezado inmediatamente después de su detención, se multiplicaron durante su huelga de hambre. Se han hecho varios videos sobre el caso y se han llevado a cabo foros, eventos culturales, marchas cortas y largas, mítines y comparsas. El hostigamiento policiaco a las constantes manifestaciones en el Distrito Federal también ha sido fuerte. Una y otra vez los granaderos han encapsulado a los manifestantes, a veces con empujones y golpes de sus escudos, para evitar que salieran de un lugar o para evitar que llegaran al zócalo o simplemente para espantar a la gente y castigar a la protesta social.
En respuesta a la represión y en apoyo a Mario, especialmente durante su huelga de hambre, también se han realizado pronunciamientos de solidaridad y actos de protesta en el Estado Español, Italia, Francia, Grecia, Estados Unidos, Chile y Argentina, entre otros lugares.
El proceso
Las decisiones iniciales del agente del Ministerio Público, la jueza y la magistrada establecieron el patrón de todo el proceso en este caso de justicia denegada. En la segunda audiencia realizada ante la jueza Marcela Ángeles Arrieta el 26 de noviembre, los policías que acusan a Mario no se presentaron, a pesar de haber sido notificados. Aunque los abogados de la defensa presentaron argumentos para seguir con la audiencia, el ministerio público y la jueza se negaron a hacerlo y por lo contrario, dieron un trato humillante a Mario, quien fue trasladado al juzgado desde el hospital del penal de Tepepan, vestido solo en su bata del hospital. Había bajado de peso 15 kilos y sufrido daños al hígado y los riñones por no haber comido; por eso sufrió desmayos mientras esperó durante 4 horas para escuchar las acusaciones de los testigos que nunca llegaron.
A pesar de una recomendación de la Primera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) de permitir a Mario seguir su proceso en libertad, el 10 de enero el joven fue sentenciado a 5 años 9 meses por el delito de ataques a la paz pública y daño a objetos o personas, por lo que no alcanza fianza. Dicha sentencia fue confirmada el 20 de marzo por la magistrada Celia Marín Sasaki de la Quinta Sala Penal, acción que fue rechazada por numerosos grupos de derechos humanos que citaron las violaciones a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros ordenamientos internacionales.
Después de haber sido injustamente encarcelado durante nueve meses, Mario González García debería haber sido liberado de prisión el 11 de julio de 2014. Un amparo directo concedido por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito el 23 de junio, declaró su sentencia de 5 años 9 meses «insubsistente» (sin efecto) y ordenó a la presidenta de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) reponer el procedimiento y dictar una nueva sentencia. Pero como era de esperar, la respuesta de la presidenta Celia Marín Sasaki fue una burla. Quitarle 7 meses y 15 días de su sentencia cuando él nunca debería haber pisado la cárcel solo destaca que su encierro es un castigo ejemplar.
El 11 de julio, el Colectivo de Abogados Zapatistas (CAZ) informó:
La magistrada de consigna del Tribunal Superior de Justicia del D.F. Celia Marín Sasaki, integrante de la Quinta Sala Penal (misma que sentenció a Víctor Herrera Govea por el 2 de octubre de 2009) una vez más dejó ver que sigue al pie de la letra las órdenes del gobierno represor liderado por Miguel Ángel Mancera y el día de hoy 11 de Julio dictó una nueva sentencia de 5 años 1 mes 15 días al compañero Mario González García… No es de extrañarse que la sala haya dictado una sentencia supuestamente distinta pero que a la vez siguiera respondiendo a los intereses del gobierno de Distrito Federal volviendo a condenar a nuestro compañero de manera injusta. Con esta resolución se confirma que en este país se criminaliza a quien se organiza para construir un mundo con paz dignidad y justicia.
No nos conformaremos con dicha resolución por lo que en breve presentaremos un Amparo Directo del cual volverá a conocer un Tribunal Colegiado de Circuito, señalando una vez más la serie de violaciones procesales, y a sus derechos humanos de que ha sido objeto Mario González. No descansaremos hasta arrancar la libertad de nuestro compañero de manos de los gobiernos represores.
El GDF y los medios
Desde el 15 de enero de 2003, cuando Andrés Manuel López Obrador y su súper-policía Marcelo Ebrard llevaron a Rudolph Giuliani al Distrito Federal para imponer su política de «cero tolerancia», la utilización de los medios ha sido esencial en implementar la limpieza étnica y social de la ciudad para el beneficio de la burguesía nacional e internacional. Entre los grupos que no caben en las calles de su ciudad neoliberal son indígenas, comerciantes ambulantes, trabajadoras sexuales, juventud rebelde, graffiteros y anarquistas, cuyos contingentes en las marchas del 2 de octubre y otras fechas claves, han sido objetivos de represión durante varios años.
Fotografía: Carolina S.Romero
Una década después, otro súper-policía –Miguel Mancera– rige la ciudad con la ayuda de su secretario Héctor Serrano, cuyo papel ha sido clave en sucesos desde el desalojo de los maestros del zócalo hasta la criminalización de los anarquistas. Desde las protestas contra la inauguración de Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre de 2012, cuando el compañero Kuy Kendall fue alcanzado con un proyectil supuestamente no letal, resultando en su muerte y la subsecuente desaparición de Teodulfo Torres «El Tío», cientos de personas han sido detenidas y procesadas en el DF simplemente por ejercer su derecho a protestar.
Una de las estrategias de Serrano ha sido sembrar mentiras en los medios masivos comerciales para criminalizar la protesta y justificar la represión. En un artículo titulado «Informe: Anarquistas atacarían civiles», publicado el 15 de enero de 2014 en El Universal, Carlos Loret de Mola repite la mentira difundida por Serrano:
Que los anarquistas están evaluando empezar a atacar objetivos humanos, es decir, que ejercer violencia contra civiles podría convertirse en el nuevo modus operandi de estos radicales, y que eso ubicaría a la Ciudad de México como un lugar donde se cometen actos terroristas. El informe especifica que hasta ahora los grupos anarquistas no han atacado a ciudadanos sin cargo oficial, es decir, han centrado su violencia contra inmuebles (tiendas, bancos, hoteles, sedes de partidos, oficinas públicas), policías y funcionarios que llegan para contenerlos o negociar… El informe confidencial del más alto nivel en el gobierno del DF también señala que uno de los principales líderes de los anarquistas es Jorge Mario González García, 23 años de edad, detenido el año pasado durante los desmanes en la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre. Registra que su fuerza dentro del colectivo es tal que se han registrado marchas para exigir su liberación.
En fechas más recientes, un informe difundido por Serrano y ampliamente reproducido en los medios comerciales describe como «violenta» la protesta no-violenta contra Miguel Ángel Mancera en el informe anual de la CDHDF el 12 de junio pasado y siembra el rumor que la chica que subió al escenario a increpar a Mancera era Nuria Roxana Ramírez Lozano, la pareja de Mario González. Dado que la policía del Distrito Federal ha vigilado las protestas en apoyo a Mario desde el principio, Serrano y Mancera han de saber perfectamente bien que la chica que subió al escenario no era Nuria. Es simplemente una maniobra para intentar intimidarla y restarle apoyo a Mario. Lo más preocupante es que Serrano afirma que ya hay averiguaciones previas ante la PGJDF contra las personas que realizaron la manifestación. Esto es una amenaza directa contra ellas y en particular Nuria, quien sigue trabajando para lograr la libertad de Mario González.
En un comunicado, dice Nuria Ramírez:
Es aberrante que Héctor Serrano insista en el discurso de que quienes participamos en manifestaciones somos delincuentes y que abiertamente exprese que hay un seguimiento, una vigilancia, lo cual me hace temer por mi seguridad…Por todo lo anterior hago responsables directos a Miguel Ángel Mancera Espinosa y Héctor Serrano Cortés de toda agresión y/o cualquier acto de fuerza pretendidamente legal que sufra mi persona. Exijo que se detenga esta campaña de descalificación y violencia disfrazada de legalidad contra mi compañero Mario González, torturado y apresado arbitrariamente desde el 2 de octubre pasado, y contra mí.
En este contexto de criminalización, la lucha sigue por la libertad de Mario, los demás presos políticos, y la absolución de las y los compañeros bajo proceso.
Fotografía: Carolina S.Romero