A finales de febrero, la Secretaría de Gobernación dio a conocer la cifra oficial de desaparecidos en México: 26 mil 121 personas que, según el vocero Eduardo Sánchez, incluyó el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012. La estadística, dijo, proviene de los datos aportados por las procuradurías estatales.
Sin embargo, ni el vocero, ni el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, responden a los cuestionamientos de las familias agraviadas durante la administración calderonista, menos aún a los reclamos sociales de organizaciones sociales e instancias internacionales. La pregunta central es: ¿por qué razón el gobierno proporciona información tardía y a cuentagotas?
La renuencia del gobierno peñanietista para encarar este problema y los criterios del conteo contrastan con el descontento de amplios sectores de la sociedad que, organizados, se vuelcan hacia las calles en busca de respuestas claras sobre el paradero de su gente y exigen justicia para los responsables. Mientras se esgrima de manera falaz que la violencia tiende a bajar, poco se podrá avanzar.
Para Francisco Romero López, asesor del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), es obvia la incapacidad del gobierno para resolver el problema, no sólo por la escasez de recursos destinados a la búsqueda de desaparecidos, sino sobre todo por su falta de disposición para dar una salida estructural a la situación.
E insiste: «la injerencia de esta problemática abarca a los partidos políticos y a los representantes de gobierno, pues las desapariciones cuestionan de facto la viabilidad del Estado.» Cuenta que un grupo del MPJD dio la bienvenida a un funcionario de la administración de Peña Nieto que se ve que es honesto, consciente del dolor de la gente y con muestras de estar dispuesto a atender los reclamos. Una señora lo increpó: «Tengo siete años buscando a mi hija de seis años. Dígame qué va a hacer usted que no hayan hecho los otros».
El pasado 9 de enero el MPJD recibió la promulgación de la Ley General de Víctimas en un acto protocolario. Integrantes del movimiento le dieron el beneficio de la duda a la nueva administración, en el entendido de que se le otorgarán los instrumentos necesarios a la nueva norma, aun cuando muchas de las familias agraviadas no están de acuerdo con esta visión oficialista.
Les duele que los feminicidios hayan aumentado en el Estado de México durante 2010, justo cuando Peña Nieto era el gobernador de esa entidad. El 8 de marzo de ese año, el sitio web de la Agencia Subversiones destacó que en promedio fueron asesinadas 6.4 mujeres al día.
«Imposible pensar en la transformación de un monumento como la Estela de Luz en un memorial cuando ni siquiera se tiene la lista de los desaparecidos; cuando el gobierno no reconoce su responsabilidad en este asunto», dice Romero López.
Insiste en que las autoridades de todos los niveles deben de asumir los errores y comprometerse a terminar con las desapariciones forzadas y abrirse al diálogo con las organizaciones sociales y con la población. Eso ayudará a combatir uno de los principales fantasmas nacionales, que dejan hondas y perennes cicatrices.
(Fragmento del reportajede Heriberto Paredes publicado en Variopinto Núm.11)
