Por Camilo Pérez Bustillo
La sentencia emitida este viernes 10 de mayo por la jueza Jazmín Barrios quien preside el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo de la Corte Suprema de Justicia contra el presidente Efrain Rios Montt por genocidio y crimenes de lesa humanidad, superando presiones y amenazas personales e institucionales que incluyeron el intento de revertir el juicio y anularlo por parte de sus propias colegas entre la judicatura y del poder ejecutivo, constituye un hito histórico en América Latina y a escala mundial. El siguiente paso en Guatemala debería ser juzgar al Presidente actual, el ex general Otto Pérez Molina, por su participación directa en los hechos que fundamentaron la sentencia contra Rios Montt.
El resultado, todavia vulnerable, refleja el trabajo incansable de miles de víctimas, sobrevivientes y familiares del genocidio indígena y terror de estado en Guatemala que no han cesado su clamor por la justicia dentro y fuera del país desde los peores momentos de su guerra civil en los años ’80, que produjo más de 200,000 muertos y desaparecidos entre 1962 y 1996. En este caso tomó la palabra el pueblo Ixil dentro del marco de un caso entendido como emblemático de un patrón recurrente de exterminio racial, étnico, y político generalizado en todo el país.
El caso marca la primer sentencia de su tipo contra un jefe de Estado latinoamericano, rebasando las impuestas contra Fujimori en el Perú en 2009 y contra los jefes de las juntas militares- Videla, et. al- en Argentina en 1985, que despúes fueron desechadas durante el periódo de Menem y gradualmente se han ido reimponiendo de nuevo en los últimos años, pues habia elementos contundentes para enjuciarlos y condenarlos por genocidio, pero no se logró llegar tan lejos por factores circunstanciales políticos y jurídicos. Parece también ser la primer sentencia de su tipo en el mundo impuesta contra un jefe o ex jefe de Estado por los tribunales nacionales del país escenario de sus crímenes, a diferencia de otros casos como los presentados dentro del marco de tribunales internacionales ad hoc (ex Yugoslavia, Ruanda, Camboya, Sierra Leona y Liberia, etc.) o de la Corte Penal Internacional (casos como los de Sudán, Libia, etc.).
La contundencia y precisión de la sentencia y sus términos- que la transformará en un referente y precedente mundial para casos semejantes en toda nuestra región y en todo el mundo- nos subraya también el tamaño del vacío en otros escenarios afines como los de México y Colombia, donde sigue reinando la impunidad y la mentira como programa de gobierno. Como señaló una colega en su seguimiento del caso en Facebook, «cuándo veremos a Felipe Calderón-» o a Alvaro Uribe de Colombia o a Ernesto Zedillo (ante pendientes que lesionan nuestra dignidad como las Masacres de Acteal, Aguas Blancas, El Charco, El Bosque…) juzgados y condenados bajo los mismos términos que lo fue Ríos Montt?
Fue especialmente marcada la afinidad entre todo lo relatado y comprobado en el juicio guatemalteco sobre el genocidio realizado contra el pueblo Ixil y lo que muchos hemos escuchado de primera mano al acercarnos al caso de la Masacre de Acteal y a las voces y los corazones de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal y su coro testimonial. Si nos inspira y motiva lo logrado con este juicio en Guatemala, no podemos descansar hasta lograr un resultado semejante dentro del contexto mexicano, con el caso de Acteal como punto de partida y un botón de muestra ineludible. También habia ecos de San Fernando, afines a los de Acteal, en lo subrayado hoy en la sentencia guatemalteca en cuanto a los procesos de desplazamiento (y migración) forzada y las fosas comunes como indicadores del terror estatal. Por eso nos convoca también la Masacre de San Fernando en este contexto, que como el de Acteal ha sido presentado dentro del marco del proceso mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), como posible caso de genocidio migrante, un nuevo tipo de genocidio característico de los procesos de globalización capitalista liberal y su transformación de las y los migrantes en factores mercantilizados estructuralmente esenciales pero coyunturalmente desechables.
Nuestras hermanas y hermanos guatemaltecos- víctimas notorias de la politica de terror estatal mexicana contra las y los migrantes en tránsito que nos interpela cotidianamente a todas y todos- no sólo han hecho un aporte incalculable a la lucha en defensa de los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición en su país, sino a estas causas en toda Nuestra América, y en todos los rincones del mundo dónde anidan y se movilizan clamores ante sufrimientos equivalentes. Ahora nos corresponde a nosotros y nosotras insistir en que nuestros pueblos y sus poderes judiciales cumplan con el lema y el mandato expresado hoy por la juez Claudia Paz ante los vítores del público que colmaba la sala al leerse la sentencia:
«Agradecemos los aplausos, pero nosotros simplemente hemos cumplido con nuestro deber»
Ahora nosotros y nosotras tenemos la palabra.