La retórica presidencial frente a la crisis migratoria, en México y Honduras

Por Fabrizio Suárez

Fotografías por Fabrizio Suárez y Leonardo Aguilar

Luego de una década desde la última visita oficial de un presidente mexicano a Honduras, el pasado 2 de abril la ciudad de Comayagua recibió a Enrique Peña Nieto en medio de una fuerte militarización por parte de la recientemente creada policía militar hondureña. La visita se da en el marco de acercamientos diplomáticos que inician con la visita del mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, a su homólogo mexicano a principios de diciembre del año pasado, en la que promocionó el atractivo del país para la inversión mexicana e insistió en la importancia del comercio entre ambos países. El tema tabú, del que nadie parece querer hablar y del que, cuando se hace mención, abundan las frases grandes y retóricas, es el de la migración hondureña en tránsito por México hacia EE.UU.

Breve panorama de la migración a EE.UU.

La emigración centroamericana a Estados Unidos representa una fuerza de trabajo creciente que ha acumulado 633 mil personas, contando solamente registros oficiales. En el 2000 representaban un 4.8% del total de población hispana (1.7 millones), entre las que había 655 mil salvadoreños, 372 mil guatemaltecos y 218 mil hondureños, y para el 2009 esa cantidad había aumentado a casi 3 millones. Frente a esto EE.UU. ha dirigido, a partir de 2010, las acciones de aprehensión, detención y deportación a cuatro grupos de población de manera prioritaria: mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños; sólo en entre 2006 y 2010, casi el 90% de los migrantes irregulares, no mexicanos, retenidos en la frontera con México, fueron centroamericanos (Rodríguez Chávez, 2011).

Según la misionera scalabriniana Ligia Ruiz Gamba, del millón de hondureños que viven en el extranjero, 850,000 viven en EE.UU., y son los que más contribuyen al alto porcentaje de remesas que en 2007 alcanzó el 26.5% del PIB. Durante el segundo semestre del 2008 el 39% de los migrantes centroamericanos devueltos por autoridades mexicanas eran hondureños (Fonseca, 2012: 17).  Lo anterior se da en un contexto de violencia institucionalizada, directamente vinculada al aparato estatal, ya sea bajo la forma de negligencia o de acción represiva. Sólo entre enero de 2008 y abril de 2010, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, informó que a nivel federal se registraron 141 casos de secuestros a personas migrantes, de los cuales sólo existe un acta circunstanciada, 44 averiguaciones previas, 14 incompetencias, 36 detenidos, 33 consignaciones y 2 sentencias.

Declaraciones días antes del encuentro

A pesar del carácter crítico de estas dinámicas migratorias, días antes de la reunión en Comayagua ninguno de los mandatarios hacía una mención clara y específica sobre el tema; cuando mucho, alguno de los encargados diplomáticos lo enlistaba entre los puntos a tratar, como uno más entre comercio, cultura, turismo, educación, promoción de inversiones. Previo al encuentro la canciller hondureña Mireya Agüero señalaría que la agenda se centraría en cuatro pilares principales: «fortalecimiento del diálogo político, intereses mutuos entre los dos países, cooperación y una que abarca áreas como la inversión, comercio, turismo y cooperación educativa». Fue sólo al referirse a la reforma migratoria en EE.UU. que el presidente hondureño Juan Orlando Hernéndez, tuvo una postura aparentemente enérgica, señalándola como una «obligación moral». Sobre esta reforma es que Hernández deposita la esperanza de una solución al problema, trasladando así las responsabilidades de atender la crisis humanitaria a una clase política altamente polarizada en torno al tema, y que no ha dado ninguna señal clara de llegar a un acuerdo[1]. Por su parte, Peña Nieto no fue más allá de frases retóricas y grandilocuentes, como asegurar que se gobierno “está comprometido con el fortalecimiento de la cooperación en materia de migración, así como en la protección y respeto a los derechos humanos de los migrantes”; o recalcar el compromiso de “dar atención a todo migrante, a todas las personas, mujer, hombre, joven, niño que transita por el territorio nacional”.

Los discursos del encuentro

La “Declaración de Comayagua” es donde de manera más concreta se recoge la fórmula que presentaron como respuesta de sus gobiernos a la crisis migratoria, y que muestra las acciones que se pueden esperar del acercamiento entre ambos países. El marco general de la declaración plantea varios puntos centrales, entre los que no se menciona de manera explícita el de migración; es dentro del punto 3 (atención de los intereses de México en Honduras y de Honduras en México)  que los mandatarios presentan las políticas que habrían de promoverse en torno al tema:

  1. Políticas de seguridad entendidas como combate al narcotráfico;
  2. Políticas de generación de oportunidades para mitigar la expulsión;
  3. Acciones de depuración consular.

Sobre seguridad regional

Un primer punto que los mandatarios calificaron como prioritario fue el de “seguridad regional”, frase que ambos parecieran utilizar para referirse a las políticas de “combate al narcotráfico”; como diría el propio Juan Orlando Hernández,* “80% del delito en Honduras está relacionado con droga [por lo que] se vuelve importante la relación con Colombia y México, que tienen aparatos de seguridad mucho más robustos, con tecnología más avanzada”. Si bien es cierto que tanto en México como en Centroamérica el crimen organizado y las actividades de producción, distribución y comercialización de drogas ilícitas representan la causa de la mayor parte de la violencia social, es una falacia comprobada que los golpes directos a cárteles específicos por parte de los Estados se traducen en una reducción de los niveles de violencia. Si algo ha aprendido y adoptado el negocio del narcotráfico de la lógica del capitalismo, es su capacidad de ajuste y reproducción, e igual que este, su continuidad se fundamenta en su capacidad del uso de la violencia como forma de “destrucción creativa” (Harvey, 2007); en otras palabras, la violencia es un negocio. Es justamente en este punto donde la violencia gestada en torno a los flujos de migración “irregular” surge como uno de los más claros ejemplos que dan cuenta de la falacia. Entender “seguridad” como “combate al narcotráfico” es tan ingenuo o malintencionado como pretender garantizar la seguridad de cientos de miles de migrantes, haciéndole la guerra a los carteles de la droga.

Además, la discusión sobre “seguridad regional” debe enmarcarse en los recientes procesos de securitización de las fronteras mexicanas, específicamente en términos del traslado de los mecanismos de contención de migrantes desde EE.UU. hacia México. Según cifras de la CDHDF, solo entre 2006 y 2009 el INM detuvo a cerca de 317 mil centroamericanos, y entre 2001-2009 fueron deportados desde México cerca de un millón y medio, de los cuales 623,797 fueron guatemaltecos, 450,561 hondureños y 230,349 salvadoreños. Así, la frontera sur de EE.UU. se extiende sobre México, que se configura como espacio de contención y regulación de la migración centroamericana, con lo cual se trasladan los mecanismos represivos y persecutorios fuera del territorio norteamericano [2].

Leonardo Aguilar

En el encuentro entre los presidentes de México y Honduras, la política migratoria ocupó un lugar secundario.

Sobre comercio e inversión extranjera directa

Otro tema en el que insistieron los presidentes fue el de la promoción del libre comercio y la atracción de inversión, específicamente de México hacia Honduras. Ambos temas han sido presentados como las vías más efectivas para enfrentar la diáspora hacia EE.UU. En esta línea, los mandatarios acordaron “formular un Plan de Acción dentro de los siguientes tres meses con el propósito de promover un mayor encadenamiento productivo comercial y de inversiones, en el marco del TLC entre México y Centroamérica, que redunde en la generación de empleos sustentables y de calidad, y en la consolidación de sociedades más incluyentes”. El presidente Peña Nieto** declaró que “queremos tener mayor cooperación en otros ámbitos, mediante el intercambio de experiencias exitosas e intercambio comercial”. Al respecto, si bien es cierto que la disminución de estos flujos migratorios solo se dará a partir de la mejora en las condiciones de vida y de oportunidades dentro del país, es cuestionable que el “libre comercio” y la inversión extranjera sean las vías más efectivas para alcanzarla.

Sobre el intercambio comercial habría que destacar, en primer lugar, que la generación de riqueza asociada a este será efectiva como medida de generación de oportunidades, solo en tanto se vea acompañada de mecanismos de distribución que en la región centroamericana han brillado por su ausencia desde la debacle del Estado de Bienestar que por cierto, en Honduras nunca terminó de consolidarse (Barahona 2005). Luego de casi una década del CAFTA y 2 años de TLC entre CA-México, Honduras mantiene uno de los índices de desigualdad más altos del continente, el primer lugar en nivel de pobreza de la región (64.5 % de pobreza en 2012 y 42.6 % de pobreza extrema en 2013), y el más alto flujo de expulsión de población de Centroamérica hacia EE.UU., ofreciendo uno de los mejores ejemplos de que el libre comercio no es garantía de mejores condiciones de vida. En segundo lugar, ha quedado claro, sobre todo con el CAFTA, que los TLCs son mecanismos que no se reducen al libre comercio, sino que abren la puerta a un conjunto de modificaciones legales y constitucionales que afectan aspectos que van desde la soberanía territorial, hasta los derechos laborales, lo cual en situaciones de clara asimetría, como es el caso de México y Honduras, más que libre comercio implican nuevas formas de dependencia y sujeción.

En relación con la IED a Honduras, esta se concentraría en los sectores de turismo, agroindustria y maquila. Como señaló el propio presidente hondureño, el sector de agroindustria representa cerca del 40% del PIB, y la intención del gobierno es de “duplicar las exportaciones (…) y llevar esa cifra de siete mil millones de dólares a catorce mil millones [lo cual] tiene un vínculo directo con la capacidad de nuestro país para incrementar las ventajas que presentan los TLC que hemos suscrito con nuestro hermano país, México”. Agregó que en una perspectiva de 20 años plazo la región mesoamericana será “muy importante para el comercio mundial”, y Honduras buscará, en este contexto, ser parte de una respuesta al “tránsito de mercaderías de un océano a otro que no pueda resolver el Canal de Panamá, y que quizás llegue a 8% del comercio mundial”.

Lo primero que habría que señalar sobre esta fórmula es que, en términos generales, reproduce el esquema de dependencia externa que ha caracterizado a Honduras en los últimos años, y según el cual el grueso del PIB (el más bajo de CA después de Nicaragua) está anclado a flujos de capital externos y cuyo encadenamiento productivo con la economía nacional es volátil y frágil; esto significa el fortalecimiento de un modelo altamente dependiente de la economía internacional, fluctuante y sin perspectivas de poder consolidar patrones de autoabasto y seguridad alimenticia, ni políticas de empleo que permitan brindar a la población mecanismos de contención en situaciones de crisis. En segundo lugar, mirados por sector, el incremento de inversión en los rubros mencionados por Peña y Hernández, no garantizan consecuencias positivas en términos de disminuir los factores de expulsión de población, al contrario, amenazan con agravarlos.

En relación al turismo, se ha mostrado (Cañada, 2011) que el modelo promovido en la región es altamente excluyente del emprendimiento local y de capital mediano y pequeño, además de que desplaza actividades productivas tradicionales que permitían la reproducción de numerosos conjuntos de población (pesca artesanal, cultivo de granos básicos, turismo nacional), lo cual evidentemente se traduce en desplazamiento de población. Con respecto a la inversión en la agroindustria hay que destacar que Honduras ha priorizado, desde la colonia, las actividades de monocultivo, modelo que, sobre todo después de la contrareforma agraria que inicia con la Ley de Modernización Agrícola de 1992, se ha encargado de devastar la agricultura de productos tradicionales y de cultura campesina como el maíz, el frijol o el arroz, pero además ha significado una aguda concentración de tierra en manos de terratenientes, lo que a su vez a implicado el desplazamiento de población a las ciudades (proletarización en condición de paro) y, sobre todo, a EE.UU., así como una creciente militarización del campo asociada a patrones de violencia como los que se viven en el valle del Aguán. Por último, la maquila ha mostrado ser una inversión altamente volátil, y ya desde hace varios años ha empezado a irse del territorio hondureño atraída por las mejores condiciones que ofrecen países como China y Nicaragua.

Sobre depuración consular y la “protección de los DD.HH.”

La última acción concreta señalada por los presidentes fue la de crear “mecanismos de colaboración para que (…) haya la atención consular y se presten los servicios que el Gobierno ofrece a todo aquel ciudadano que transita por nuestro país”; en esta línea, señaló Peña Nieto, se establecerán en México “cuatro servicios consulares específicamente para hondureños, que se localizarán en Saltillo, Tenosique, Hermosillo, y Acayucan”. Por su parte, Juan Orlando señaló que “Para enfrentar el problema de la emigración ilegal necesitamos revisar y profundizar los acuerdos a los que hemos llegado con México en aras de garantizar ese trato humanitario y asegurar ese respeto a los derechos de nuestros compatriotas”, y que se concretó “la apertura que hemos pretendido de cuatro consulados en México porque queremos dar una atención de primera a nuestros héroes migrantes”.

Este es quizás uno de los elementos del discurso de los mandatarios que mayor cinismo y retórica encubre. En cualquier estado liberal moderno la depuración consular, y el trabajo que efectúan estas instancias, es parte de la política diplomática e internacional regular. Es decir, si se encuentran irregularidades o casos específicos de negligencia, corrupción o malversación, la depuración debe darse de oficio, y esto no constituye una medida extraordinaria para atender una situación de emergencia como la que se vive en la ruta migratoria. Por otra parte, abrir nuevos consulados no implica una medida efectiva en tanto el estado hondureño no garantice que su funcionamiento será distinto, pues ya se han conocido los casos de negligencia, abuso, maltrato y corrupción, incluido el cobro de dinero a los migrantes por la realización de trámites de oficio. Por último, estas acciones deben enmarcarse en el contexto más amplio de la política de defensa de DD.HH. del estado hondureño, recientemente criticada por el nombramiento, fuera de debido proceso y con claros signos de arbitrariedad, de Roberto Herrera Cáceres como procurador nacional de DD.HH., quien además de no contar con un currículo versado en el tema, ha destacado como defensor de empresas mineras y miembro de la Unión Democrática, grupo afín al golpe de estado de 2009.

Fabrizio Suárez

Familiares de migrantes hondureños asesinados y desparecidos, buscan atención y justicia.

El cónsul y las madres

Todo lo anterior toma una síntesis mórbida en uno de los quizás más desapercibidos sucesos de ese día en Comayagua. Desde horas de la mañana, un grupo de mujeres hondureñas se encontraba reunido frente a la Caxa Real de Comayagua, donde en la tarde habrían de reunirse los presidentes para discutir y firmar la declaración. Se trataba de madres y hermanas de ocho de los migrantes hondureños asesinados de manera brutal en Cadereyta, México, en el año 2012. Dicho evento, a diferencia de masacres como la de San Fernando o las que continuamente se dan en la ruta de “La Bestia”, pasó casi desapercibido de los medios y organizaciones de defensa de DD.HH. de los migrantes, al igual que ese día casi nadie notó a las madres. Acompañadas por integrantes del Comité de Familiares Desaparecidos de El Progreso (COFAMIPRO), organización que desde hace más de 10 años organiza las Caravanas de búsqueda de migrantes desaparecidos por Centroamérica y México, las mujeres esperaban poder dirigirse al presidente mexicano, para entregarle un pliego petitorio en el que destacaba las solicitudes de:

  1. Crear un cuerpo especializado de búsqueda de migrantes desaparecidos en México;
  2. Crear instancias de apoyo a familiares de migrantes desaparecidos en México;
  3. Realizar acciones dirigidas a la plena garantía de los DD.HH. de los miles de migrantes que transitan por México en su camino hacia EE.UU.;
  4. Inmediata repatriación de los restos de los hondureños asesinados en Cadereyta en 2012.

Como era de esperarse, no pudieron dirigirse al presidente Mexicano, quien en su meteórica aparición en el parque de Comayagua, resguardado por tres anillos de seguridad de la policía militar hondureña y del servicio secreto mexicano, fue casi un fantasma para las mujeres. Como señaló Marcia Martínez, subcoordinadora de COFAMIPRO, “fue más el despliegue y la propaganda que hicieron sobre la llegada del presidente mexicano, que el tiempo que éste estuvo en el país (…) fue algo tan rápido, que yo creo que fue más lo que se esperó, que lo que estuvo el señor aquí, porque si fueron diez minutos frente a la gente fue mucho, y lo que vimos fue que el pueblo lo tenían allá como apartado, como para que no se les acercara, y yo creo que ellos deben de ser muy accesibles al pueblo porque recordemos que el pueblo los puso allí”. El alcalde de Comayagua Carlos Miranda, al ser consultado sobre el tema reconoció que como municipio no ha realizado solicitudes específicas al presidente mexicano “Y claro, es un tema de interés nacional, ya que son tantos los compatriotas que toman la decisión, o la aventura mejor dicho, de atravesar el territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos, pero no es un tema que nosotros conocemos, ni vamos a discutirlo” señaló. Con quien sí pudieron hablar, y a quien interpelaron respetuosa pero enérgicamente, fue al cónsul Mexicano en Honduras, Antonio Martínez, quien les aseguró que el trámite para la repatriación “No debe tardar. Te hablo de la siguiente semana”. Desde hace ya 2 años estas mujeres esperan los cuerpos desmembrados de sus hijos, pero la falta de una firma ha detenido el proceso.

Referencias

  • Barahona, Marvin. Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica. Tegucigalpa: Guaymuras, 2005.
  • Cañada, Ernest. «Turismo en Centroamérica, nuevo escenario de conflicto social.» albasud. 2011. http://www.albasud.org/publ/docs/32.low.pdf (último acceso: 7 de setiembre de 2011)002E
  • CDHDF. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano frente a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares. México, D.F.: Comisión de DD.HH. del Distrito Federal, 2011.
  • Fonseca, Manuel Antonio Flores. «Migración internacional reciente de Honduras.» Revista Población y Desarrollo: Argonautas y Caminantes 8 (2012): 9-22.
  • Rodríguez Chávez, Ernesto et. al. Migración centroamericana de tránsito irregular por México. Estimaciones y características generales. Apuntes sobre migración, México, D.F.: Instituto Nacional de Migración, Centro de Estudios Migratorios, julio 2011.

[1] Habría que tomar en cuenta también, en este contexto, las tensiones diplomáticas que han emergido recientemente entre Honduras y EE.UU.; al respecto ver http://bit.ly/1jAZke1

[2] La disminución de las acciones en EE.UU. es clara: entre 2005-2010 las aprehensiones de indocumentados bajó de 1.3 millones de personas, a cerca de 600 mil; ver http://www.dhs.gov/

* Las declaraciones del Presidente de Honduras Juan Orlando Hernández se pueden consultar en: http://bit.ly/1niD0qm y http://bit.ly/1lYmFJX

** Para las declaraciones del Presidente de México, Enrique Peña Nieto consúltese por favor: http://bit.ly/Re4Iul y http://bit.ly/1lYmFJX