#DisentirEnSilencio: violencia contra la prensa y la protesta en México

Fotografía de portada: Gustavo Ruiz Lizárraga.

El periodismo es el arte de entender la realidad.
–Juan Villoro

ARTICLE 19 (Artículo 19) es una organización que tiene cada vez más trabajo y presencia en México. Desde 2004, realiza labores minuciosas y fundamentales para la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información; por considerarlas ejes transversales para el ejercicio de la democracia. Desafortunadamente, estas tareas se hacen cada vez más necesarias y riesgosas en un México donde el derecho a la protesta y a la información va en declive, así se hizo palpable en la presentación de su informe anual, este martes 18 de marzo, en el Centro Cultural de España. –El deterioro de la libertad de expresión ha sido constante en los últimos años […] el contexto es adverso para el ejercicio de la libertad de expresión –en palabras de Darío Ramírez, director de la organización.

El informe «Disentir en silencio: violencia contra la prensa y la criminalización de la protesta, México 2013» nos pone en el panorama un país donde la violencia contra periodistas está directamente relacionada a la represión contra la población en general, especialmente hacia quienes se manifiestan.

La preocupación aumenta cuando, al revisar los datos y tendencias que nos muestran, ratificamos la gravedad del aumento de asesinatos, desapariciones y ataques hacia quienes buscan documentar e informar lo que ocurre en nuestro país, como se señaló en la presentación:

– Hay una frontera en donde el dinero sucio se vuelve aparentemente limpio […] es en esa frontera donde el periodista corre mayor riesgo […] no son los criminales consumados los que han estado amenazando, en lo fundamental, a los periodistas, y esto hay que decirlo: son los poderes aparentemente legales y los negocios aparentemente acreditados los que se sienten más amenazados por el trabajo del periodista, precisamente porque es en esa frontera donde el periodista puede denunciar que un político, que un policía, que un soldado, que un empresario, están coludidos con el crimen organizado.

No sólo se busca alertar sobre esta grave situación, también se busca exigir y hacer redes para frenar este ambiente de persecución y de silencio forzado, como es el caso de la red #RompeElMiedo que se implementó en el Distrito Federal ante la violencia policiaca. Además, se remarcó que sí existen periodistas que ejercen críticamente su profesión y que han estado haciendo aportes sobre la guerra y la corrupción en México. Aquí, hay que reconocer también la labor de individuos, medios libres, comunitarios e independientes.

A partir del primero de diciembre de 2012, fecha de inicio de gestiones del gobierno federal y capitliano, se ha incrementado la criminalización abierta a la protesta social y del derecho a disentir. Se ha ejercido una represión violenta a quien se manifiesta en contra de alguna acción o posición política de cualquiera de los niveles de gobierno.

Conjuntamente, los códigos penales se han modificado para favorecer penas ridículas y desproporcionadas contra activistas sociales o personas que no tienen ninguna culpabilidad en los delitos que se les imputan. Casos similares se presentan en diversas partes del país, sin embargo, si de incremento acelerado en las políticas represivas del gobierno se habla, la Ciudad de México resulta la más emblemática. Durante la presentación del informe, Juan Villoro comentó:

–¿Qué sucede una vez que el gobierno inicia una interlocución con quienes le reclaman mayor seguridad? Desgraciadamente ha aumentado el diálogo con el gobierno sin resultados concretos, y no sólo eso, han aumentado los hostigamientos y las víctimas dentro del periodismo. […] Parecería que el mensaje del gobierno es: ¿para qué gobernar si podemos declarar? […] Esto empieza a sonar prácticamente a una fórmula que durante 71 años perfeccionó el Partido Revolucionario Institucional que es: el cinismo.

Aunque el Estado busca mostrar un panorama en el que el crimen organizado es quien realiza acciones intimidatorias, asesinatos y desapariciones, es fundamental señalar que son las autoridades los principales responsables, muchísimas veces por estar involucrados directamente; otras, porque “la impunidad persiste en todos los casos”.

Para cerrar la presentación del informe se proyectó el cuarto corto documental de la campaña #ImpunidadMata, trabajo que aborda el caso de la periodista Lydia Cacho, realizado por Ricardo del Conde y producido por Marcela Zendejas, de Artículo 19.

Video del evento, realizado por Dos Naciones y disponible en Vimeo.

A continuación se reproduce el resumen ejecutivo del informe, que incluye datos duros y una nutrida muestra de sus principales líneas de investigación. De igual manera se anexan un par de casos emblemáticos que certifican lo que se ha comentado hasta ahora: existe una ofensiva en constante aumento contra la libertad de expresión y el derecho a protestar en México.

Criminalización de la protesta y violencia contra la prensa

Ciudad de México, marzo 18 de 2014.- La violencia contra la prensa no ha disminuido en los últimos años. México sigue siendo uno de los países más violentos para ejercer el periodismo y, en general, la violencia cotidiana derivada de la lucha contra el crimen organizado no sólo no se ha reducido sino que ha tomado formas más complejas. En este contexto el ejercicio pleno de la libertad de expresión se encuentra en constante disputa, haciendo casi imposible ampliar las capacidades de las personas para expresarse y tener acceso a la información.

Durante 2013 se registraron y documentaron un total de 330 agresiones de todo tipo contra periodistas, trabajadores de prensa e instalaciones de medios de comunicación en México. Éste es el año con más agresiones documentadas desde 2007. En México se agrede a un periodista cada 26.5 horas. Sorprende el número y sorprende la tendencia. Respecto a 2012, el año pasado se reportó un incremento de 59% en agresiones documentadas por ARTICLE 19. Una suma total de 123 casos más. De 100 agresiones documentadas contra trabajadores de medios en 2013, 85 se dirigen contra un reportero o periodista audiovisual; 10 contra directivos; y las otras cinco se distribuyen entre columnistas, otros empleados de medios y caricaturistas.

Las agresiones a personas representaron el 90% del total, el otro 10% fueron ataques a las instalaciones de los medios. Un dato claro y perturbador: en los casos donde se identificó al perpetrador, 6 de cada 10 periodistas fueron agredidos por parte de un funcionario público. En 2013, un total de 59 mujeres periodistas fueron agredidas a causa de su trabajo, éste es, nuevamente, el número más alto desde 2007, seguido del 2009 con 56. Por su parte, 230 hombres periodistas fueron a su vez agredidos en 2013, y como en el caso de las mujeres, es la suma más grande desde 2007, por encima de 2008 cuando se reportaron 161 casos. En 2013, de los 286 periodistas agredidos, sólo en un caso fue imposible determinar su cargo, del resto: 124 fueron reporteras o reporteros; 116 periodistas audiovisuales; 30 directivos; cuatro columnistas; cuatro empleados no editoriales del medio; tres caricaturistas; dos escritores; un documentalista; y un estudiante.

En 2013, 39 medios fueron atacados; es decir, 10% del total de agresiones documentadas. Éste es el número más alto reportado desde 2007, el siguiente más alto corresponde a 2011, con 32. La concentración geográfica es reveladora en 2013, 64% del total ocurrieron en apenas cuatro entidades: 14 ataques en Coahuila; cinco en Quintana Roo; cinco en Durango; cuatro Veracruz. De 330 agresiones totales, en 274 fue posible identificar al perpetrador del acto de violencia en contra del periodista. En 146 de ellas el perpetrador fue un funcionario público; en 49 se trató de una organización social; en 39 el crimen organizado; en 30 un particular; y en 10, un partido político. Las agresiones se concentran en manos de autoridades gubernamentales, pero los homicidios claramente ocurren a manos del crimen organizado. De los cuatro periodistas asesinados en 2013, en tres de los casos el principal perpetrador fue el crimen organizado. En el caso restante se desconoce quién fue el culpable.

De los 50 periodistas asesinados desde 2007; en 29 casos no se identificó al perpetrador, en 20 casos se trató del crimen organizado, y en un caso se trató de un funcionario público. Hay poca dispersión geográfica en el asesinato de periodistas por razones presuntamente relacionadas a su trabajo. Veracruz, Oaxaca y Chihuahua concentran el mayor número de asesinatos. Tan sólo en Veracruz se asesinaron a cuatro y cinco periodistas en 2011 y 2012 respectivamente. Desde el comienzo de la gubernatura de Javier Duarte se asesinaron en el estado a diez periodistas, lo que lleva a que Veracruz tenga niveles de violencia contra periodistas similares a los de Pakistán, un país en guerra. El año más violento en Chihuahua fue 2008 y en Oaxaca fue 2007 con tres y dos periodistas asesinados, respectivamente. En promedio menos periodistas fueron asesinados en 2013 que en el periodo 2007-2012, sin embargo la diferencia es poco significativa y se debe al cambio en Veracruz, estado que pasó de dos homicidios en promedio al año en el periodo anterior, a cero en 2013; aunque ya suma uno en lo que va de 2014.

Fotografía: Gustavo Ruiz

Fotografía: Gustavo Ruiz

El nivel de violencia en contra de trabajadores de prensa, medios de comunicación y periodistas aumentó sustancialmente en 2013 comparado al número promedio de sujetos agredidos entre 2007 y 2012. En el Distrito Federal se concentraron el mayor número de casos de agresión, en promedio 25 agresiones al año entre 2007-2012 y 47 en 2013. Entre 2007 y 2013 se cometieron 726 agresiones a periodistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación. De éstas, el 26% se cometieron en 2013, el año más violento en cuanto a agresiones a trabajadores de medios en este periodo, con 192. El segundo año con el mayor número de agresiones, 110 en total, fue 2009. Particularmente llamativo lo sucedido en octubre de 2013, las agresiones a periodistas durante las movilizaciones masivas en la capital contribuyeron a que tan sólo en ese mes se agredieran a 64 periodistas.

Desde 2007 a 2013 un total de 213 periodistas han sido amenazados por cuestiones relacionadas con su trabajo. Tan sólo en 2013 se amenazaron a 49 de ellos, lo que hace al 2013 el segundo año más violento en cuanto a amenazas, detrás de 2009, que sólo cuantificó una amenaza más. En 2013 las amenazas se concentraron en Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz. Las amenazas, al igual que las agresiones, también crecieron en números y dispersión territorial. En 2007 el promedio de casos documentados de periodistas amenazados por estado era de uno, con excepciones claras como Tamaulipas con cinco casos registrados.

En 2013 el promedio fue de dos y destaca la situación de Tlaxcala con ocho casos, Veracruz (nueve), Oaxaca y Guerrero (seis cada uno). Detrás del incremento se encuentran las movilizaciones sociales masivas en la capital entre agosto y octubre de 2013. Veracruz es el segundo estado con más casos documentados, cuatro menos que el D.F. en 2013. Estados cuyo patrón de violencia fue inverso al nacional incluyen: Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas. Cada vez son más los periodistas agredidos y en más estados de la República Mexicana. Sólo tres estados registraron cero periodistas agredidos, estos son Tabasco, Hidalgo y Nayarit; en el resto del país por lo menos una persona fue agredida por su labor periodística. Para dimensionar el suceso anterior, ARTICLE 19 documentó que en 2007 no se conocían casos de agresión en más del 50% (17 en total) de los estados de la República. El D.F. acumula el mayor número de agresiones en el periodo, posiblemente relacionado con la concentración de los poderes de la unión y movilizaciones masivas en la capital. Le siguen Chihuahua y Veracruz.

El promedio nacional de agresiones a periodistas aumentó casi cuatro puntos en 2013 comparado al promedio entre 2007 y 2012. Entre los estados donde disminuyó este tipo de violencia están Chihuahua, Guanajuato y Oaxaca. En el resto de los estados, las agresiones a periodistas aumentaron. Los brincos más llamativos incluyen Distrito Federal, Chiapas y Tlaxcala. En 2013 se documentó la detención arbitraria de nueve y once periodistas por parte de autoridades en el Distrito Federal y en Veracruz —los dos estados que concentran el mayor número de detenciones registradas por ARTICLE 19— respectivamente, por cuestiones relacionadas a su trabajo. Únicamente doce estados de la República no han registrado ningún caso de detención arbitraria de periodistas desde 2007. Sobresale como grave la situación a la que están sujetos los periodistas en Coahuila, el Distrito Federal y Veracruz.

El mayor número de periodistas que tuvieron que dejar todo —su casa, trabajo, familia y más— por miedo a perder su vida dadas las amenazas, agresiones y actos de intimidación a que habían sido sujetos anteriormente, fue de cuatro en Veracruz en 2013. De nuevo los estados del norte de la república son en donde más se presentan este tipo de agresiones a periodistas, destacan el caso de Chihuahua, Sonora y Tamaulipas. Éstas son las condiciones en las que los periodistas trabajan en México. La afectación social es doble: por un lado la violencia poco a poco ha logrado silenciar redacciones de periódicos, portales de internet e intimidar periodistas. Reconocemos a todos los valientes que a pesar de ello continúan. Por el otro, la sociedad se queda poco a poco sin la posibilidad de acceder a información de su entorno. Esto hace que los avances institucionales desde el Estado no sean efectivos, como se advierte en este reporte y, como resultado, que nuestra democracia sea disfuncional.

Algunos casos de periodistas amenazados o asesinados en 2013
Carmen Olsen: Amenazas, golpes y autocensura

El viernes 4 de enero de 2013 a las 18:00 horas, en Playas de Rosarito, Baja California, un grupo de policías privó de su libertad y agredió física y psicológicamente a la periodista Carmen Olsen durante cuatro horas. Esos mismos policías la denunciaron: dicen que Carmen los amenazó y provocó la fuga de cinco detenidos.

El hostigamiento hacia ella comenzó al cuestionar la gestión de Francisco Castro Trenti cuando estaba al frente de la policía municipal de Playas de Rosarito. Actualmente, Trenti es subprocurador de derechos humanos en Baja California, cargo al que llegó en diciembre de 2013.

Tras emprender una denuncia en contra de sus agresores, que no prosperó, Carmen fue golpeada una segunda vez; también se efectuó una campaña de desprestigio y difamación en su contra, a través de redes sociales y panfletos repartidos en la calle por personas vinculadas al PRI.

En 2013, 24 periodistas fueron detenidos ilegalmente por la policía mientras se disponían a realizar una cobertura periodística, tal y como ocurrió con Carmen Olsen. Para ARTICLE 19, las agresiones contra esta periodista son una violación directa a la libertad de expresión. También han sido violados sus derechos a la integridad y libertad personales, esto ante la falta de una respuesta eficiente por parte del Estado mexicano.

Particularmente resulta grave que Carmen haya pasado de víctima a indiciada.  Una de las dos denuncias penales en su contra está relacionada con su detención del 4 de enero. La denuncia responde a una versión totalmente tergiversada e inconsistente de la realidad.

Jaime González: La muerte de un periodista

En 2012 Jaime González Domínguez fundó un portal de noticias en la ciudad de Ojinaga, Chihuahua. La ciudad estaba controlada por el Cartel de Juárez. Jaime no respondió a sus exigencias.

El 3 de marzo de 2013 lo mataron. En un pueblo tan pequeño como Ojinaga, con apenas 26 mil habitantes, todos lo conocían. Su sitio, Ojinaga Noticias, se nutría de información de agencias nacionales e internacionales, pero también de notas políticas y policíacas generadas a nivel local y regional.

Durante el tiempo que duró en servicio el portal, Jaime recibió varias amenazas. En estos mensajes, enviados a través de redes sociales, le pedían que publicara “toda” la información policiaca que ocurría en esa localidad.  Sabedor de que se trataba de información que lo ponía en riesgo, Jaime decidió no publicar nada referente a estos hechos. «Lo asesinaron porque no quiso publicar información relacionada con el narcotráfico» sostiene un amigo del periodista. Le dispararon desde una camioneta mientras estaba con una amiga en un puesto de mariscos.

Según la Fiscalía General de Chihuahua, Jaime recibió 18 disparos de una bala conocida como “matapolicías”: un calibre 5.77 x 38 capaz de atravesar el blindaje de los chalecos que utilizan los policías en el norte de México. Quince balas le dieron en el cuerpo y tres más la cabeza. Carlos González, el portavoz de la Fiscalía, reconoció que no lograron encontrar el móvil del asesinato.

El homicidio dejó claro que hay que tener miedo, porque nadie sabe qué pudo haber hecho Jaime para merecer 18 disparos. La muerte de Jaime González es el primer asesinato de un periodista durante la administración de Enrique Peña Nieto.  El asesinato no sólo cimbró el ánimo de amigos, conocidos y colaboradores de Jaime, quienes lo veían como un periodista honesto y trabajador. También dejó al descubierto la ineficacia del sistema de justicia en México, que una vez más se mostró incapaz de resolver los crímenes cometidos contra quienes tienen la misión de informar a la sociedad.

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