La intacta economía del crimen

Por Santiago Navarro F. y Heriberto Paredes

La situación de Michoacán, entidad de México ubicada en la región centro occidental, ha sido el tema principal de los medios de comunicación nacionales y de varios internacionales, a raíz del surgimiento de alrededor de 20 mil hombres y mujeres armados, quienes se autodenominan como Consejos Ciudadanos de Autodefensa. Financiados principalmente por ganaderos y productores agrícolas locales, quienes en vez de dar una cuota a la delincuencia organizada, decidieron dar entre 50 y 80% de su producción para armar y sostener a estos consejos de autodefensa, con el objetivo de recuperar la paz y la tranquilidad que el crimen organizado les habían arrebatado desde hacía más de una década.

Durante 12 años aproximadamente, los diversos cárteles se han disputado este territorio, primero fueron Los Zetas, quienes después fueron desplazados por otro cartel conocido como La Familia Michoacana o La Empresa, del cual se desprendió finalmente, el cártel que actualmente controla esta región y buena parte del esatdo: Los Caballeros Templarios.

Las autodefensas michoacanas surgieron por la incapacidad y la falta de voluntad del gobierno mexicano para detener la ola de violencia que se ha prolongado por más de dos sexenios en este país, cobrando la vida de por lo menos 80 mil personas.

Desde el año 2006 el ex presidente Felipe Calderón, respaldado por George W. Bush, implementó una serie de estrategias enmarcadas en la denominada Iniciativa Mérida, un acuerdo de cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos, México y Centroamérica.

El objetivo de la Iniciativa Mérida era combatir el tráfico de drogas, la delincuencia transnacional organizada y el lavado de dinero. Con el apoyo de más de 1500 millones de dólares por parte de Estado Unidos, así como de armamento sofisticado y tecnología de punta, se declaró la guerra al narcotráfico, teniendo como resultado, un aumento de la delincuencia organizada y su incrustación definitiva en los tres niveles de gobierno.

Zona estratégica

Hablar de Michoacán es hablar de las atrocidades que ha sufrido este pueblo a causa del crimen organizado; desde el cobro de cuotas a los más pobres y hasta a los más grandes empresarios, desde las violaciones sexuales a niñas, hasta el asesinato de gente que no quiso sujetarse a las determinaciones de estos grupos delictivos.

Pero también hablar de Michoacán es hablar de una zona estratégica para la economía mexicana, sobre todo para empresas transnacionales que se benefician de las ventajas que ofrece este territorio, pues es unos de los estados de mayor importancia en la producción del sector agropecuario y minero, donde los cárteles son los principales puentes de comercio para mínimamente 50% de la industria extractiva en Michoacán. Los precios bajos y muchas veces las inexistentes barreras comerciales han atraído a este sector, a empresas como US Precious Metals para la explotación de oro, plata y cobre, así como a otras empresas multinacionales o a la segunda potencia económica mundial, China.

Cuando Enrique Peña Nieto viajó a China para fortalecer las relaciones comerciales, principalmente en el sector minero, las empresas mineras ya habían establecido vínculos con el cártel de los Caballeros Templarios para introducirse en este negocio.

El contexto de violencia nacional, es en sí mismo un mercado para la gran industria bélica, principalmente la estadounidense, pues en México entran de forma ilegal más de 2 mil armas por día a través de la frontera norte. También el gobierno mexicano ha comprado  en diversos momentos lotes de armamento a éste y otros países, por tanto, el flujo de armamento va desde la delincuencia organizada, los grupos de autodefensa y el propio gobierno.

«La lógica, es drogas y gente hacia el norte y lo que nos viene de regreso son armas y dinero sucio que después entra al mercado financiero mexicano y va de regreso a Estado Unidos” es lo que sostiene Jacobo Dayán, director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia.

En el año de 1990, el juez francés Jean de Maillar experto en delincuencia organizada, publicó en su libro –Un Monde sans Loi– que las actividades de las grandes mafias internacionales, generaban un equivalente a unos 800 mil millones de dólares anuales, un monto superior al Producto Interno Bruto (PIB) de España y equivalente al PIB de Canadá, es decir, un 15% de comercio mundial. Según el informe citado, casi 400 mil millones de dólares son destinados a servicios de seguridad, que van desde la compra de políticos y funcionarios, guardias y ejércitos privados que permiten la libre circulación del capital delictivo, hasta su punto final, que es su reintroducción a la economía legal.

Este tipo de economía, considerada por varios analistas como Producto Criminal Bruto mundial (PCB), que después es blanqueado en la economía legal, parece ser un modelo que se viene aplicando en México, al parecer desde hace más de 12 años. En este sentido, los acontecimientos que se están viviendo en Michoacán, son sólo un pequeño reflejo de lo que sucede en más del el 80% del país, donde por lo menos se mueven ocho cárteles: los Zetas, el cártel de Sinaloa, el de los Beltrán Leyva, el de los Arellano Félix, el cártel del Golfo, el de Juárez, los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana, además de algunos nuevos grupos que buscan posicionarse, como el cartel Jalisco Nueva Generación. Cárteles que no sólo trafican con drogas y armas, sino con trata de personas, tráfico de indocumentados, desechos tóxicos, control de petróleo y gas, tecnología de punta, productos que no pagan aranceles, automóviles, entre otros más.

Militares en Tierra Caliente

El pueblo mexicano desconoce los detalles de la lógica de esta economía, pues lo único que se puede pensar en los contextos más violentos que vive este país, es en el miedo a perder la vida, lo que lleva a la gente a intentar detener a los cárteles y buscar la paz y la tranquilidad de sus pueblos. Hasta el momento las autodefensas de Michoacán han avanzado recuperando varios municipios (la cifra se amplía constantemente) y han dado una lección al gobierno mexicano, ya que sin tanto armamento sofisticado y sin un acuerdo de cooperación internacional, han podido limpiar una buen parte de este territorio. Lo anterior no descarta que toda la población se encuentre a la espera de que el gobierno estatal y/o federal actuén para detener a los líderes del cartel de Los Caballeros Templarios, quienes han sido señalados e identificados por los propios ciudadanos; no obstante, los militares y policías no han actuado en consecuencia.

“He afirmado que esta estrategia del gobierno de meter policías a la ciudad es una farsa,  aquí es un lugar sin ley, aquí mandan los Templarios. Ayer me paré frente a un comandante de policía y le dije, ese señor es el que cobra 18 millones de los limoneros,  me dijo que no podía hacer nada” afirmó Gregorio López, sacerdote de la Arquidiócesis de Apatzingán, quien  también emplazó al gobierno para que en tres días «limpiara la ciudad de las lacras», porque de lo contrario él mismo armaría aunque sea con palos a su pueblo.

Lo que finalmente sucedió es que el gobierno federal mandó 11 mil elementos entre militares y policía federal para desarmar a las autodefensas y lograr el control de los municipios de Tierra Caliente (alrededor de 27 aunque esta cifra varia día con día), y el padre Goyo, como es conocido popularmente, anunció la creación del Consejo Ciudadano Responsable de Impulsar un Sano Tejido del Orden Social (CCRISTOS) organismo encabezado por él para vigilar a las autoridades federales y verificar la no violación de los derechos humanos. Las cosas se enrarecen cada vez más.

Esta economía del narco también está caracterizada por la integración de personas con cargos públicos que operan a favor del cártel. No siempre se trata de figuras directamente relacionadas a la estructura política en sus diversos niveles, pero siempre existen personas que establecen vínculos entre cárteles y el gobierno. Sería propicio presentar algunos ejemplos de esto para darle nombre y cargo a quienes han realizado alguna tarea u operación benéfica para esta narcoeconomía.

Por ejemplo, los municipios constituyen un nivel primario en la cadena de contacto entre varias esferas del negocio, ya que se trata de la primera instancia importante a través de la cual se administra el cobro de cuotas en toda una región con varias comunidades de menor tamaño. Es así mismo el nivel en el que se distribuyen recursos para que operadores del cártel realicen sus tareas. Si los integrantes del crimen organizado, que al mismo tiempo son parte de este nivel municipal, cumplen sus tareas, el negocio se engrasa en sus bases y permite una producción exitosa para mayores ganancias. Apatzingán es un buen ejemplo de ello.

Narcofuncionarios en Apatzingán

Apatzingán, una de las principales ciudades michoacanas, es también cabecera municipal de una circunscripción ubicada a las puertas de la región de Tierra Caliente. Es en esta ciudad en donde se han concentrado, por lo menos desde hace una década, buena parte de estos narcofuncionarios y el éxito financiero de los Templarios en buena medida se debe a sus operaciones.

El actual director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) sede local, Juan Polvos Mancilla, ha sido señalado en distintas ocasiones, por periodistas y por otros políticos de ser parte de los Caballeros Templarios, lo que hasta ahora se ha podido comprobar son las benéficas relaciones que tiene en la municipalidad y que ha destinado alrededor de 100 mil pesos, en diversas ocasiones, para la compra de terrenos que son utilizados para tareas del cártel. Ese dinero proviene del erario público por supuesto. Anteriormente, Polvos Mancilla estuvo vinculado a la campaña de otro oscuro personaje: Saúl Solís Solís, alías el Lince, quien fue candidato a diputado federal por parte del Partido Verde Ecologista de México, aunque también es responsable de varios actos delictivos ya que también es integrante de los Caballeros Templarios. Se le atribuyen ataques a instalaciones de la Policía Federal en diversos municipios como Uruapan y Apatzingán y la consolidación de varios laboratorios clandestinos. Solís Solís fue detenido en septiembre de 2011 y declarado como lugarteniente de la organización delincuencial.

Juan Polvos Mancilla trabajaba con él no sólo en la campaña para la diputación federal sino para asegurar terrenos y operaciones de toda una red de negocios en la ciudad de Apatzingán. En lugar de que los funcionarios de seguridad pública locales investigaran a gente como Polvos Mancilla, el presidente municipal de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza del Partido de la Revolución Institucional, le concedió un puesto con aparente lejanía: la dirección del CONALEP, a través de la cual continúa sus labores pese a las acusaciones de las que ha sido objeto públicamente. Este personaje se encontraba muy atento a las palabras que el padre Goyo dio en la plaza central de Apatzingán el pasado sábado 18 de enero, también se encontraba muy atento a la prensa que cubría este evento y sobre todo atento a que su gente de confianza estuviera lista para operar como sicarios o halcones en caso de ser necesario.

La policía federal y el ejército estaban patrullando las calles pero no hacían mucho realmente, sólo pasear de un lado a otro.

Un dato importante es que el director de Seguridad Pública de Apatzingán, Jaime Pérez Anguiar, huyó el pasado lunes 20 de enero de manera muy discreta y silenciosa. Su papel en el conflicto es importante ya que era él quien debió investigar a los narco funcionarios y las operaciones ilícitas registradas en la ciudad como asesinatos o levantones. También era el responsable de procurar justicia en los casos de desvío de fondos y de vínculos de funcionarios con el crimen organizado. Huir es una actitud muy común entre la gente culpable.

Otra de las facetas de la estructura económica, para finalizar nuestro ejemplo, son sin duda las redes de comercios, locales y negocios que se usan para informar de las actividades de la población, para recolectar las cuotas establecidas por el cártel y para controlar que todo marche bien según los planes de los templarios; es en esta estructura en donde se vinculan también sicarios o halcones y a partir de la cual se informan para cumplir sus órdenes.

Las redes que más han causado polémica entre la población de Apatzingán se caracterizan por varios negocios y establecimientos ubicados en esa ciudad, tal y como se muestra en una lista que la cuenta de Twitter @ValorMichoacan dio a conocer el pasado 21 de enero. Según esta información, en la estructura empresarial criminal se encuentran establecimientos de abarrotes y autoservicios, gasolineras, antros, bares y algunas escuelas, constructoras, ferreterías, disqueras y promotoras musicales, restaurantes, refaccionarias de automóviles, asociaciones civiles, radiodifusoras y algunos medios de comunicación locales, entre otros.  Queda claro que es necesaria una investigación a detalle para determinar el deslinde de responsabilidades y los mecanismos de sometimiento que el crimen organizado suele utilizar para poner a mucha gente a trabajar para su beneficio.

La situación actual en Tierra Caliente está por definirse, sobre todo en lo respectivo a la inminente toma de Apatzingán por las autodefensas y la destrucción de estas redes operativas y estructuras empresariales, donde narco políticos deberán huir o enfrentar una forma de justicia popular de nuevo tipo, tal y como el resto de los integrantes de los Caballeros Templarios. En lo económico hay que resaltar que poco se ha hecho en este sentido y que a pesar de las mediáticas detenciones que en ocasiones hacen las autoridades federales o estatales, son precisamente las estructuras empresariales y financieras las que permanecen intactas y ocultas en buena parte del territorio nacional e internacional.

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Referencias:

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• Agencia Autónoma de Comunicación SubVersiones. «Autodefensa ciudadana en Michoacán, primera parte: un movimiento rápido y simultáneo contra el crimen organizado». SubVersiones (junio, 2013).
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• Ernesto Martínez Elorriaga. «Autodefensas avanzan a Uruapan; siguen opositores incendiando vehículos». La Jornada (12 de enero, 2014).
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