El martes 24 de abril, el magistrado Aldo Saúl Muñoz López emitió un auto donde suspende «de momento» una ejecución de sentencia, destinada a restituir 129 hectáreas a la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, en el estado de Jalisco. Se trata de la tercera sentencia de una serie de más de 45 procesos, a través de los que la comunidad indígena reclama 10 mil hectáreas de su territorio, invadidas desde hace décadas por pequeños propietarios.
En un documento firmado en Tepic, Nayarit, el 23 de abril de 2018, el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del distrito 56 justificó la suspensión por la «inestabilidad en la armonía social que se ha presentado en la región de La Yesca, municipio de Huajimic». El auto menciona que el cinco y 12 de abril «hubo oposición violenta de habitantes de esa localidad», que impidieron la ejecución de la sentencia.
A pesar del lenguaje eufemístico del magistrado, la situación es clara: los pequeños propietarios de la región y sus guardias blancas han saboteado sistemáticamente la ejecución de las sentencias, impidiendo así el derecho del pueblo wixárika a ocupar libremente su territorio ancestral. El 12 de abril pasado, en efecto, la situación alcanzó niveles de violencia inéditos, cuando los pequeños propietarios atacaron el coche de Carlos González García y Christian Chávez González —abogado y topógrafo de la comunidad, respectivamente— amenazándolos de muerte y reteniéndolos durante más de dos horas.
Fotografía por Dante A. Saucedo
A pesar de las denuncias del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno, y de las notas periodísticas que dieron cuenta del evento, el magistrado reconoce la absoluta inoperancia de todos los niveles de gobierno. En el auto, Muñoz López refiere que diversas instancias oficiales le han negado el apoyo para que «se lleven a cabo pacíficamente dichas ejecuciones». Entre las instituciones que, según el magistrado mismo, se han mantenido omisas, se encuentran «oficinas centrales en la ciudad de México», la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas e, incluso, la comandancia de la 13va Zona Militar en el estado de Nayarit.
Ante el silencio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos —un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura y de la Federación Internacional de Derechos Humanos— emitió un llamado urgente para garantizar la integridad del abogado y el topógrafo que acompañan a la comunidad.
Cabe destacar que las agresiones a la comunidad se dan en un contexto de agudización de la violencia hacia el pueblo wixárika en el estado de Jalisco. Apenas cuatro días antes de que se emitiera el auto, Catarino Aguilar Márquez y Noé Aguilar Rojas, comuneros de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, fueron levantados en el municipio de Temastián. Luego de su liberación, la comunidad responsabilizó al gobierno municipal y a los pequeños propietarios que ocupan ilegalmente su territorio.
La decisión del Tribunal Agrario, al contrario de proteger, vulnera una vez más a la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán. Frente al derecho histórico del pueblo wixárika, el fallo del magistrado parece una derrota de la autoridad frente a las violentas presiones de los ganaderos armados.
El derecho del pueblo wixárika sobre su territorio es —legal y legítimamente— anterior a cualquier intento de despojo. Por ello, aunque, la decisión del magistrado signifique un retroceso en su lucha por la restitución jurídica de tierras, la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán continuará su búsqueda para mantener íntegro su territorio y, con él, su autonomía y su vida.