Mediante una llamada telefónica, ejidatarios de Tila –ejido de 5405 hectáreas, al norte de Chiapas, perteneciente al Congreso Nacional Indígena– nos comunicaron que: la madrugada del lunes 6 de febrero de 2017, pasada la medianoche, un grupo de 12 personas se presentó en la casa de Gilberto Abraham Martínez Santiago, presidente del comisariado ejidal del Ejido Tila, «para pedirle que saliera, porque había problemas en el Anexo de Cantioc, que es parte del Ejido Tila». Estas personas, simpatizantes del presidente municipal (opositor a la autonomía del Ejido Tila) estuvieron afuera del domicilio intentando hacer que Gilberto Martínez saliera; gracias a que él no cedió a la presión, el incidente no pasó a mayores. Ejidatarios acusan este hostigamiento como un intento de secuestro asegurando que es un modus operandi de ese grupo que, en otras ocasiones, ha violentado a habitantes de la zona.
En un comunicado del día 6 de febrero las autoridades ejidales informaron los antecedentes de dicho hostigamiento:
El 26 de enero de 2016 maquinaria pesada ingresó sin permiso al Anexo Cantioc –perteneciente al Ejido Tila– para iniciar un proyecto de drenaje del gobierno municipal. Con motivo de atender dicho reporte, el comisariado ejidal se dirigía a Cantioc cuando en el camino su camioneta fue interceptada por varios vehículos. Al frente manejaba el ingeniero agrónomo Carlos Domingo Sánchez Martínez, encargado de los trabajos referidos en Cantioc y operador político del Partido Verde Ecologista. Esta persona cerró el paso a la camioneta ejidal, y al percatarse que detrás se acercaban otras camionetas del Ejido, los otros vehículos se retiraron y personas que venían en la batea de la primera camioneta se bajaron y huyeron.
El comisariado informó a Sánchez Martínez que se le detendría por violar el acuerdo de la asamblea general que prohibe la entrada de proyectos gubernamentales en territorio del Ejido. Ante ello, él y sus acompañantes: Ángel López López –ex-policía municipal–, Julio Goméz Sánchez y Alejandro Gómez Sánchez, comenzaron a discutir hasta llegar a la agresión física, por lo que los cuatro fueron detenidos y trasladados a la Casa Ejidal.
Para resolver la situación se convocó a una asamblea extraordinaria que tuvo lugar el 28 de enero y en ella se demandó al ingeniero Sánchez que respetara los acuerdos del 15 de mayo y el 3 de julio de 2016 en los que se asentó en actas que no se aceptaría la entrada de proyectos del gobierno al Ejido. Esta persona aceptó lo que se le demandaba y firmó de acuerdo en el acta de asamblea, asimismo aceptó no tomar represalias contra el comisariado ejidal ya que quedó de manifiesto que es la asamblea general, máximo órgano de gobierno, quien le demandaba acatar la voluntad del pueblo. Sin más, fue liberado.
El día lunes 6 de febrero, tras el hostigamiento nocturno al presidente del comisariado, simpatizantes del presidente municipal, Edgar Leopoldo Gómez Gutiérrez –del Partido Verde–, realizaron una manifestación en la ciudad de Yajalón para «pedir justicia» y la intervención de las autoridades municipales, alegando un secuestro por parte del comisariado ejidal. Arguían que las personas del comisariado habían golpeado a los detenidos el día 26 de enero, que los agredieron psicológicamente, que iban encapuchados, que portaban armas de fuego, palos y machetes. Durante la manifestación los asistentes identificaron al profesor Pascual López Ramírez quien se encontraba con sus dos hijos en las inmediaciones; fue perseguido y estaban por lincharlo, sin embargo, la policía municipal de Yajalón intervino y se llevó detenido a Pascual López como medida para salvaguardar su integridad. El profesor estuvo retenido 12 horas tras lo cual fue puesto en libertad. Los ejidatarios con quienes hablamos, desconocen el por qué de esa agresión colectiva contra el profesor.
Lo que sí denuncian es que la razón por la que estas personas se aferran en hacer pasar el proyecto de drenaje en el anexo de Cantioc (situación que también involucra la injerencia de grupúsculos de las localidades de Misija y Unión Juárez), es que la obra de hecho está reportada como «realizada» desde el 2014 por el ex-presidente municipal Limberg Gregorio Gutiérrez –quien es acusado por los pobladores de ser parte del crimen organizado y «jefe» del actual presidente municipal– y que mediante manejos corruptos del erario se ha enriquecido ilícitamente junto con su esposa Sandra Luz Cruz Espinosa –igualmente ex-presidenta municipal de Tila y actual diputada local–. También acusan la existencia de grupos paramilitares simpatizantes de dichas autoridades municipales, (actuales y anteriores) y la disputa de 130 hectáreas pertenecientes al Ejido Tila por un proyecto de represa y otro de aeropuerto, en Río Grande.
Ante ese clima de hostilidades las comunidades del Ejido Tila explican la situación en su último comunicado y declaran que:
1) No permitirán la entrada de proyectos gubernamentales ni a personal del gobierno, y que de violar las disposiciones serán remitidos a la Casa Ejidal para su sanción.
2) Responsabilizan a los operadores políticos que se mencionan anteriormente así como al presidente municipal Edgar L. Gómez Gutiérrez, al ex-presidente Limberg Gregorio Gutiérrez Gómez y a la ex-presidenta municipal, diputada local y esposa del anterior, Sandra Luz Cruz Espinosa por la generación de conflictos para provocar un clima de violencia y la conformación de grupos paramilitares en la región con el fin de controlar el territorio y acabar con la autonomía del pueblo.
3) Que los medios oficialistas son pagados para difundir falsas versiones y así justificar la represión, dado que nunca se agredió a los detenidos el día 26 de enero.
4) Que continuarán con la construcción de su autonomía y autogobierno ejidal como se determinó en asamblea para vivir tranquilos sin el despojo y represión de que eran objeto con el malgobierno. Exigen a los tres niveles de gobierno que los dejen en paz, en la construcción de su autodeterminación como pueblo ch’ol.
Al final del comunicado se exige la liberación de los cinco policías comunitarios de San Pedro Naranjestil, Aquila, Michoacán, que hace unos días fueron «levantados» por elementos de la Marina y entregados al crimen organizado (el miércoles 8 de febrero fueron liberados); también extienden su solidaridad con el pueblo rarámuri por los recientes asesinatos de Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros de la comunidad de Coreachi en Guadalupe y Calvo, Chichuahua.
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Resulta de mayor importancia estar al pendiente de los hostigamientos a diversas comunidades y pueblos indígenas pertenecientes al CNI ahora que es pública la noticia de que iniciaron un proceso político de coordinación y articulación para conformar un Concejo Indígena de Gobierno que, a través de una vocera/candidata indígena, contienda por la presidencia de México en el 2018.