Fotografías de Regina López
El pasado 11 de febrero la Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui (MCO) presentó su informe a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), principal instancia jurídica en México. El nombre del informe despeja cualquier duda respecto a los resultados de esta investigación: «Una sentencia fallida. El incumplimiento del gobierno mexicano de la resolución emitida por la SCJN en el marco de la consulta a la Tribu Yaqui». Pero para asegurarse que las personas indicadas tuvieran conocimientos de las graves faltas cometidas por el gobierno de Sonora y el federal respecto al ejercicio del derecho a la consulta libre, informada y de buena fe –en este caso para abordar la construcción del Acueducto Independencia– se llevó a cabo un acto público y el vocero de la Tribu, Tomás Rojo, entregó los ejemplares correspondientes a los ministros encargados.
A continuación algunos de los datos básicos que ayudarán a comprender la conclusión expresada por Tomás Rojo respecto a los esfuerzos jurídicos y en el terreno de la difusión y la movilización social que ha tenido la Tribu: «Nosotros sólo queremos que se respete la decisión de nuestro pueblo».
Fotografía: Regina López
En primer lugar es preciso recordar que en 2010 el gobierno de Sonora, encabezado por el panista Guillermo Padrés Elías, impulsa la licitación y construcción del Acueducto Independencia, obra que tiene como objetivo central redirigir el agua del río Yaqui hacia Hermosillo, capital del estado. Con esta acción se beneficiarían empresas como Nestlé, Heineken y Coca-Cola, así como varios desarrollos inmoviliarios de lujo, no así la población de esta ciudad y mucho menos los habitantes del territorio yaqui, quienes desde el gobierno de Lázaro Cárdenas fueron asignados –mediante un decreto presidencial– como los administradores de este recurso fundamental para el desarrollo humano.
El proyecto fue sometido a una Manifestación de Impacto Ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y en 2011 fue aprobado. Tal y como lo señala el informe de la MCO, estos hechos sucedieron sin previa consulta a la Tribu, por lo que, de inicio, se cometió una violación a la legislación nacional e internacional.
Fotografía: Regina López
Desde entonces la Tribu Yaqui ha desplegado diversos recursos y ha librado varias batallas para defender no sólo su derecho a la consulta bajo los criterios legales establecidos sino, además, el derecho a la vida y su negativa a la construcción de una obra que significaría la destrucción de su territorio y la entrega del agua a empresas que no buscan el bien de la población sino su enriquecimiento. En este sentido, la Tribu interpuso un amparo, el cual se resolvió a favor y la Primera Sala de la SCJN confirmó la sentencia (63/2012) consistente en invalidar la Autorización de Impacto Ambiental (AIA) y en la obligación de operar debidamente –tal y como lo marcan los estándares internacionales y la legislación nacional correspondiente– la consulta a la Tribu Yaqui. Luego de esto la SEMARNAT podrá obtener una resolución adecuada.
Fotografía: Regina López
Como era de esperarse, el gobierno de Sonora no sólo ha incumplido la sentencia sino que continua con la obra y con la extracción de agua, poniendo en riesgo la supervivencia del ecosistema y de la población ubicadas en el territorio yaqui. Además, por si el incumplimiento de una sentencia fuera poco, Guillermo Padrés ha criminalizado la lucha de la Tribu, se ha negado a dialogar al respecto y por el momento ha detenido a varios yaquis, entre los cuales están Mario Luna y Fernando Jiménez, el primero vocero y el segundo miembro de la guardia tradicional.
El informe presentado por la MCO es fundamental para comprender –y evidenciar públicamente– el proceso de consulta al que pueblos indígenas tienen derecho y las diversas violaciones cometidas por el gobierno local y el federal. El documento documenta y demuestra que la consulta previa, informada, libre y de buena fe no se ha llevado a cabo de ninguna manera, además subraya que existe una amplia violación a los derechos humanos de la Tribu Yaqui, mismas que se motivan a través de campañas de criminalización y de discriminación étnica.
Finalmente, el informe concluye con 4 recomendaciones al gobierno mexicano:
1. Garantizar la consulta libre respetando la autonomía de la Tribu, dejando en libertad a Mario Luna y Fernando Jiménez y poniendo fin a la criminalización contra los yaquis.
2. Garantizar una consulta de buena fe suspendiendo la operación del Acueducto Independencia que ocasiona un daño irreparable a la Tribu limitando un diálogo sincero entre las partes.
3. Garantizar una consulta informada, entregando los puntos faltantes solicitados por la Tribu Yaqui como el peritaje antropológico.
4. Garantizar el derecho al consentimiento, respetando la decisión de la Tribu frente a la operación del Acueducto, la cual debe tener carácter vinculante para el Ejecutivo federal.
Fotografía: Regina López
Las fotografías que acompañan esta publicación fueron parte de un registro específico realizado en el marco de la MCO y muestran aspectos del río Yaqui y de su paulatina afectación por las obras del Acueducto Independencia.
Para descargar el informe completo de la MCO haz clik aquí.
