Desde 2012 es evidente el aumento del descontento popular contra los proyectos mineros en Guatemala. A la par del agresivo impulso a dicha industria por parte del gobierno que encabeza el ex-militar Otto Pérez Molina (implicado en actos de genocidio cuando ordenaba la quema y saqueo de comunidades bajo el mote de «mayor Tito Arias»)[1] se suma una serie de irregularidades: el otorgamiento de licencias de exploración y explotación pese a la falta de consulta a las comunidades involucradas; la indiferencia hacia los riesgos contra la salud de lxs habitantes y del medio ambiente que, además, se omiten en los estudios de impacto ambiental; y el alarmante incremento de las agesiones y violencia por parte de las empresas contra las comunidades, todo lo anterior bajo la complicidad del estado corporativista guatemalteco.
[1] Para el 2004 la Inversión Extranjera Directa (IED) apenas rebasaba los 300 millones de dólares, mientras que al inicio de la gestión de Álvaro Colom en 2008, el mismo rubro alcanzaba 753.8 millones. Tras retomar su crecimiento –después de la recesión financiera mundial en 2009– el capital extranjero sumaba, en 2012, 1,206 millones.
El eco del rechazo se ha multiplicado desde entonces. Las poblaciones afectadas han implementado diversas estrategias –acción directa, bloqueo de caminos y movilización pacífica– para evitar la inminente destrucción de su entorno y el despojo de los bienes comunales, codiciados por el capital nacional y extranjero. Desde la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos, al inicio de la administración de Óscar Berger (ratificado en 2005) se agudizó la proliferación y el peso de las empresas extractivistas multinacionales en la economía del país centroamericano.[2]
Para evidenciar las violaciones sistemáticas por parte del Estado corporativista sobran los ejemplos. Uno de los más extremos aconteció en mayo de 2013 cuando el gobierno de Molina implementó un Estado de sitio en cuatro municipios del país tras varios enfrentamientos directos entre población y fuerzas de seguridad –privadas y públicas– en los que hubo muertos y heridos; cuando los trabajadores de las mineras agredieron a las comunidades que rechazan la imposición de la industria en distintas zonas de Guatemala.
[2] Para conocer los pormenores de los conflictos por el territorio en Guatemala se recomienda dar una zambullida en la página del Centro de Medios Independientes de Guatemala: http://cmiguate.org/
Otra de las estrategias operadas desde el aparato gubernamental consiste en la criminalización de la protesta social. La detención y posterior liberación de activistas, defensorxs y comunitarixs demuestra la complicidad y utilización del sistema judicial como un mecanismo de represión en contra de quienes defienden la vida y su territorio, así como los derechos de las futuras generaciones. Dicho mecanismo es una práctica utilizada por el gobierno actual como forma de «resolver» los conflictos a favor de las empresas, y en detrimento de movimientos sociales legítimos. Tal es el caso de la resistencia pacífica de La Puya –ubicada entre los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc– del conflicto en Santa Cruz Barillas y de movimientos como los de Mataquescuincla, San Juan Sacatepéquez, Santa María Chiquimula… y un largo etcétera en múltiples partes del país donde existen intereses mineros e hidroeléctricos.
En defensa de la vida y la naturaleza ¡La Puya sigue resistiendo!
El proyecto minero «Progreso VII Derivada» (también conocido como El Tambor) es parte de una serie de planes por explotar varias regiones en municipios que se sitúan al nororiente del departamento central de Guatemala; entre los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, cuya entrada se encuentra en un área que entre los vecinos se conoce como La Puya. Las comunidades involucradas sufrieron, como muchas otras, la imposición del proyecto –durante el cuál las empresas pretenden extraer oro y plata, dos de los metales mejor valuados en la actualidad–.
El estudio de impacto ambiental presentado al ministerio de energía y minas por parte de Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (EXMINGUA), subsidiaria en ese momento de la multinacional canadiense Radius Gold Inc., contiene grandes vacíos en aspectos básicos para la salud de la población de los municipios mencionados, como lo muestra un estudio evaluador realizado por los ingenieros norteamericanos Robert Robinson y Steve Laudeman. Según dicho documento, el EIA contiene varias omisiones de importancia, entre las que resaltan la falta de detalle sobre el uso y la descarga del agua que realizará la mina, además de que no especifica nada sobre los controles de arsénico.
El daño a las comunidades sería enorme, pues justo en esa región inicia el llamado Corredor Seco del país, un área cada vez más amplia en donde la capa fértil de la tierra está sumamente deteriorada y las lluvias y el agua, en general, son escasas. Al agua que obtendrá la mina al cavar su propio pozo se le suma la que utiliza un parque acuático local, cuyo dueño es el alcalde de San José del Golfo. Por estas razones la población teme que el suministro del agua sea tan escaso que no puedan satisfacer las demandas mínimas para la subsistencia en la zona. En Progreso VII Derivada se plantea la explotación por dos vías, una con túneles y otra a cielo abierto. Por condiciones naturales, la tierra del área donde se pretende dinamitar para la extracción cuenta entre ocho y once veces más del arsénico normal para la salud humana. Con las explotaciones, esa tierra con exceso de arsénico será dispersada al aire y llegará a las plantaciones sembradas para la manutención de las familias, vulnerando la salud de los habitantes.
Mientras se persigue y criminaliza la protesta social, el Estado guatemalteco omite el ejercicio de la acción penal contra quienes reiterademente violentan el campamento pacífico. El último intento de desalojo fue perpetrado impunemente. El viernes 23 de mayo de 2014, desde las 5:30 am comenzó el arribo de las Fuerzas Especiales Policiacas y agentes de la PNC en aproximadamente 50 patrullas que resguardaban el avance de maquinaria que pretendía desalojar el campamento pacífico de La Puya. Las órdenes fueron claras: abrir el paso para que la maquinaria de la minera ingresara: no importaba el costo humano. Mientras se escuchaban gritos de ¡No a la minería, sí a la vida! y ¡La policía al servicio de la empresa! comenzaron las detonaciones de un número indiscriminado de gases lacrimógenos —testigos hablan de por lo menos mil bombas utilizadas— que provocaron decenas de intoxicadxs y heridxs; la mayoría de lxs comunitarixs tuvieron que desplegarse por los cerros para evitar sufrir lesiones mayores. Cuatro mujeres y tres hombres lesionados de gravedad fueron trasladados al hospital San Juan de Dios, mientras casi un centenar de heridxs más tuvieron que ser atendidos en San José del Golfo.
Tras el brutal intento de desalojo –para el cual las autoridades no contaban con ningún aval jurídico–, permanecen hasta hoy decenas de antimotines en el lugar para «resguardar» a los mineros de la gente. Durante los días siguientes comenzó el ingreso de retroexcavadoras y camiones de volteo que algunos temen multipliquen su tránsito en el transcurso de los días. La maquinaria que está ingresando a La Puya es propiedad de Grupo Canella; uno de sus principales accionistas es Luis Canella Neutze, fundador –en 1990– del Banco Continental que en 2001 se fusionó con el Banco Granai and Townson, lo que conformaría el Grupo G&T Continental S.A.
Las acciones de solidaridad no se hicieron esperar. El mismo 23 de mayo, cerca de 300 personas protestaron frente al ministerio de gobernación; el 26 del mismo mes el casco urbano de San José del Golfo comenzó a organizar brigadas para informar a la gente de los efectos negativos de la minería; a principios de junio una protesta frente a gobernación se dirigió en caravana de solidaridad hacia el campamento de La Puya donde realizaron actividades culturales en el campamento que poco a poco ha sido repoblado valientemente por lxs comunitarixs de más aldeas en la región.
Por simple que parezca la demanda, la exigencia de la toma de La Puya esconde una profunda potencialidad, ya que supone abrir al Estado desde abajo al exigir mecanismos eficientes para hacer valer su peso. Una demanda de esta naturaleza pone en suma tensión el pacto político establecido con la Constitución de 1985, donde se pactó una forma bastante restrictiva de representatividad para las amplias mayorías populares, urbanas y rurales por igual. De abrirse esa posibilidad, luchas que se llevan en otras regiones buscarían presionar por profundizar esa fisura. Y con eso, el panorama y los problemas que se presentarían serían otros.
Consulta materiales adicionales en la página de la Carvana Climática; sonidos, imágenes e informes acerca de conflictos y resistencias en la región Latinoamericana: http://caravanaclimatica.org/