Las siete piezas del rompecabezas Loxicha. Los Centros Federales de Readaptación Social: una nueva generación de laboratorios de exterminio

Colectivo La Voz de los Xiches, Veredas Autónomas, SubVersiones AAC y Centro de Medios Libres

“Dentro de la sociedad mercantil totalitaria en la que vivimos ahora, las cárceles están llenas de hombres y mujeres de abajo, humildes y sencillos como los campesinos, los indígenas, nuestros vecinos, jóvenes de los barrios olvidados, los precarios, los trabajadores sexuales, los trabajadores en lucha, los que protestan etc. Los verdaderos delincuentes, ellos, están libres: están en el gobierno, son los de arriba. Para ellos no hay castigos: son corruptos, criminales, asesinos, violadores y todos los actores del crimen organizado, la ley los protege”

Álvaro Sebastián Ramírez

 

Centro Federal de Readaptación Social 13, Miahuatlán, Oaxaca Fotografía: Familiares de los presos loxicha

Centro Federal de Readaptación Social 13, Miahuatlán, Oaxaca
Fotografía: Familiares de los presos loxicha

 

Los presos loxicha “fueron llevados al CEFERESO de Miahuatlán, estando en calidad de desaparecidos por más de dos semanas, y después fueron vueltos a trasladar, pero ahora hasta el penal de alta seguridad de Tabasco a más de 20 horas de sus comunidades natales.”

Los testimonios del caso de los presos políticos loxicha permiten entender cómo funciona el sistema penitenciario mexicano y la transición que dicho sistema está sufriendo, adoptando rasgos de políticas penitenciarias estadounidenses, a través de compromisos internacionales adquiridos por el gobierno mexicano, por ejemplo a través de la Iniciativa Mérida.

Penales de extrema seguridad concesionados a empresas privadas están incluidos en esta nueva política penitenciaria. “Con una población de más de 238 mil reclusos, es un importantísimo “nicho de negocios” del que puede sacar jugosas ganancias”(Reos…de la iniciativa privada, Rodrigo Veras, PROCESO 1906). En ese sentido el caso de los presos políticos loxicha no sólo es un caso ejemplar de injusticia en México, sino también un caso paradigmático del funcionamiento del sistema penitenciario mexicano y su actual transición.

El objetivo de esta tercera pieza es dar a conocer lo que son los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO) en México, preguntarnos sobre la naturaleza y las condiciones dentro de estos penales de mediana y alta seguridad y lo que implica una Asociación Pública Privada (APPs) para su diseño, construcción, financiamiento y posible administración (operación y mantenimiento).  Dado el incremento de la inversión del sector privado, nos podemos preguntar cuáles serían las consecuencias del desarrollo de un mercado en potencial sincronía con el poder de reprimir.

¿Qué es un CEFERESO?

Los Centros Federales de Readaptación Social son cárceles federales denominadas de mediana y alta seguridad para personas sentenciadas y presuntas responsables de delitos del fuero federal y del fuero común calificadas como de alta peligrosidad. Aunque periodistas y observadores señalan que los nuevos CEFERESOS denominados “de mediana seguridad” incluso son de más alta seguridad que el CEFERESO 1 de El Altiplano en Almoloya.

Se trata de unas estructuras ultra controladas con tecnología de punta, “además de los sensores y detectores, se usan inhibidores de señales que imposibilitan el funcionamiento de un teléfono celular. El gobierno federal anuncia que cada CEFERESO contara con 1.200 cámaras de vigilancia instaladas en todos los módulos de cada penal, conectados a un centro con 60 monitores; un equipo para ingreso controlado por rayos X, escáneres y detección molecular de drogas; un cableado estructurado con fibra óptica para transporte e información de voz, datos e imagen; unos lectores biométricos para el control y registro facial, de voz, huellas dactilares y tomas de ADN de los internos etc.” http://infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml/es/features/saii/features/main/2012/12/04/feature-02

El CEFERESO número 13

Con el supuesto fin de desahogar el “hacinamiento carcelario” el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) de mediana seguridad número 13 de Mengolí de Morelos, Miahuatlán de Porfirio Díaz, en Oaxaca, fue construido en el año 2012. Con una inversión pública y privada de más de cuatro mil millones de pesos, tiene una capacidad máxima de alojamiento de 2 mil quinientos internos sentenciados del fuero federal. La población y la agencia municipal se inconformaron ante la construcción del penal (http://maximaseguridad.wordpress.com/los-detractores/), por las consecuencias que pudiera tener para el tejido social de la Sierra Sur de Oaxaca. Sin embargo el penal fue finalmente construido blandiendo el viejo argumento de la creación de empleos, creando 1600 empleos temporales y 800 permanentes, de personas contratadas para la operación del penal, de las cuales el 80 por ciento son oaxaqueñas. (http://infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml/es/features/saii/features/main/2012/12/04/feature-02).

El megaproyecto de penal fue construido en 22 meses sobre 187 hectáreas. Sin embargo según los testimonio de habitantes y maestros de la sección 22, estas tierras fueron compradas mediante engaños: la empresa constructora nunca reveló la verdadera intención de construir en sus tierras un penal. Si aceptaron vender las tierras fue porque dijeron que era para construir un espacio educativo y luego una escuela militar y por fin un aeropuerto. Ninguna autoridad dijo la verdad sobre la magnitud del monstruo.

El horror dentro de la cárcel: las prisiones de alta seguridad centros de exterminio social, político y de salud.

Distintas fuentes señalan el trato degradante, las torturas, las golpizas, las amenazas, incluso el caso de un asesinato dentro del CEFERESO 13. Los testimonios revelan que todos los presos trasladados han sido maltratados, golpeados en el estómago y los testículos hasta que griten las consignas que los custodios les imponen.

Antes de su traslado a Tabasco, los presos loxicha solo tenían un uniforme el cual mantuvieron por trece días. Un pequeño espacio al que llaman estancia de dos metros por metro y medio, con cuatro camas y un baño, era el espacio que ahora les tocaba habitar. Dos minutos desnudos haciendo sentadillas y custodias observando era el tiempo en el que tenían derecho a tomar un baño. La comida, se enfriaba por una hora en el comedor y después ya era pasada a la celda. El agua al principio era un vaso lleno, después solo un cuarto de vaso, después se tenía que recurrir al agua de la llave. El baño estaba sucio, por una semana no contaron con papel higiénico, los raparon, y las humillaciones eran constantes. “Este es un lugar de máxima seguridad” les decían. La luz siempre estaba encendida y  no se distinguía entre día y noche, el calor era demasiado, 13 días de tortura, sin poder ver el sol.

El 20 de junio, en Miahuatlán la directora técnica nos comentaba que estaban bien, que no nos preocupáramos que ellos iban hasta poder estudiar una carrera, que ellos tendrían todo. Nos vendía una imagen de ese lugar para que el pueblo oaxaqueño y nosotros pensáramos que todo estaba bien. Ahora que entramos, en Tabasco, los tenían en un túnel con la cabeza agachada y con las manos hacia atrás. Dicen que por seguridad, como ellos tienen mucho tiempo de no ver a mujeres quizás las pudieran ofender.”

Por la reclusión de diversos activistas sociales como Nacho del Valle, Jacobo Silva y Alberto Patishtán, se tienen testimonios de las condiciones carcelarias en otros CEFERESOS. Vigilancia directa de un custodio las 24 horas, revisiones constantes desnudando a los internos, luces que no se apagan nunca, sólo una hora de patio al día, aislamiento, incomunicación, despersonalización, malos tratos, tortura, humillación, mala alimentación, privación sensorial, privación del sueño. Son “cárceles seguras”, evitan las fugas pero crea zombis y cadáveres como producto de la rehabilitación.

Según declaraciones de Mayela Almonte Solís, subsecretaria del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, para que la prisión no sea “una carga millonaria para el erario, los internos deben producir, comercializar y hasta exportar productos, así como “bancarizar sus ingresos”(Reos… de la iniciativa privada, Rodrigo Veras, PROCESO 1906). Se forma así un nuevo negocio dentro del negocio. Seiscientos dieciocho pesos es la cantidad de dinero a la que tiene derecho cada preso por mes para gastar o guardar en una especie de banco del propio CEFERESO 13. Una forma de obtener dicha cantidad de dinero se puede vender algún mueble fabricado dentro de los talleres, o bien cuando algún familiar envía dinero a la administración del lugar que se encarga de guardarlo para después entregarlo mediante una tarjeta. Dicho dinero se puede gastar  únicamente los fines de semana cuando los presos tienen derecho a comprar unas “sabritas, una coca o un gansito”.

Fotografía: Familiares de los presos loxicha

Fotografía: Familiares de los presos loxicha

 

“Hasta que el penal no se llene no podrán saber de ellos”

Los CEFERESOS por su característica de alta seguridad y su distribución nacional bloquean la defensa de los presos, el debido proceso y aíslan a los presos de sus familiares. Basta recordar los casos de los detenidos arbitrariamente en Oaxaca en 2006 y trasladados al CEFERESO de Nayarit, el caso del chiapaneco Alberto Patishtán trasladado a Sinaloa y los presos loxicha trasladados primero a Miahuatlán y luego a Tabasco.

Por supuestas razones de seguridad los trasladados hacia Miahuatlán han quedado incomunicados y centenares de familias preocupadas. Cabe destacar que durante la primera brigada de acompañamiento, las autoridades avisaron a la hija de Álvaro Sebastián Ramírez que “hasta que el penal no se llene no podrán saber de ellos”. Durante el mes de junio los familiares han estado desesperados al no saber de la situación de su familiar.

Los reos son trasladados de todas partes del país, así que los familiares tienen que asumir el costo del viaje, están sometidos a una gran cantidad de requisitos irracionales ya que tienen que ser familiares directos y poseer 3 cartas de referencia personal (nombre, domicilio, teléfono, ocupación, tiempo de conocerlo con la agravante de que las cartas no deben ser de familiares). Las condiciones llegan a ser de tal grado que no se puede ingresar al Centro Federal con ropa de color beige, negra, azul, con zapatos con agujetas, de plataforma, media plataforma, de punta, botas, botines, tenis o cualquier tipo de calzado con tacón, ropa interior de color beige con varillas, dobles prendas intimas, botones forrados, ropa de doble vista, blusas con hombreras, mallas, short, short faldas, faldas cortas o sin ropa interior. Las visitas de los familiares se pueden hacer solamente por videoconferencias.

Algo de historia

Tras la independencia de México por medio siglo el sistema judicial y el sistema penitenciario fueron una continuidad de los heredados del régimen colonial. Es hasta la Reforma en los años 50s del siglo XIX, con la nueva constitución que se funda un nuevo sistema judicial y penitenciario. Tras ello los presos considerados peligrosos eran recluidos en la cárcel de San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz. En 1905 se funda la Colonia Penal Federal de las Islas Marías y a partir de entonces ahí son recluidos los presos federales considerados “Incorregibles, de difícil trato y manejo”, entre los que regularmente se encontraban los presos políticos.

El sistema judicial mexicano en el siglo XX distingue los delitos del fuero federal y del fuero común. Los del fuero común están tipificados en las leyes estatales y son de jurisdicción estatal, y los del fuero federal en las leyes nacionales y son de jurisdicción federal. De tal forma, los presos se clasifican como presos del fuero común y presos del fuero federal.

A partir de 1971 cambió el estatuto de la Colonia Penal Federal Islas Marías, donde hasta ese momento se recluía a los presos del fuero federal calificados como de alta peligrosidad. Con la nueva Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, las Islas Marías pasan a recibir sólo presos sentenciados con un bajo perfil de capacidad criminal y peligrosidad.

Los 20 años siguientes los presos del fuero federal, incluidos los etiquetados como de alta peligrosidad, purgarán sus penas en los penales estatales. Con la emergencia de la industria del narcotráfico y corrupción gubernamental aliada de la misma muchos penales estatales empiezan a ser gobernados por grupos delincuenciales aliados con directores de dichos penales y la complicidad de diversas autoridades. Ese es el pretexto para fundar los Centros Federales de Readaptación Social. En el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) se planeó la fundación de un sistema de penales federales para presos considerados de alta peligrosidad que serían recluidos bajo un régimen de alta seguridad.

En 1991 empezó a funcionar el primer Centro Federal de Readaptación Social, CEFERESO, en Almoloya de Juárez en el Estado de México. Aunque al principio se planteó como un penal para presos sentenciados del fuero federal y del fuero común, rápidamente al año siguiente empezó a recibir a reclusos bajo proceso. En el sexenio de Calderón (2006-2012) se planeó la fundación de 14 nuevos CEFERESOS, que incluía la construcción de 8 de ellos por la iniciativa privada y 6 más con fondos del gobierno federal, con una capacidad total instalada para al menos 20 mil presos, 5 mil de ellos mujeres.

El 24 de marzo de 2013 Manuel Mondragón y Kalb, comisionado nacional de seguridad anunció la construcción de otras diez prisiones de máxima seguridad con inversión de la iniciativa privada, con lo que el sistema penitenciario federal tendrá una capacidad de recluir hasta a 75 mil presos. En la misma entrevista Mondragón y Kalb señala que ya operan 13 CEFERESOS, 12 para hombres y uno para mujeres, otros seis están en construcción, lo que totalizaría 19 CEFERESOS, más los otros 10 que planean construir en este sexenio totalizarían 29 CEFERESOS. De esos 18 en total serían construidos y concesionados sus servicios a la iniciativa privada (http://www.jornada.unam.mx/2013/03/25/politica/005n1pol).

Aunque muchos de estos 14 han sido denominados de “mediana seguridad”, incluso cuentan con mayores niveles de seguridad que el CEFERESO 1 de Almoloya, siguiendo al modelo de cárcel de máxima seguridad estadounidense. El personal de estos nuevos CEFERESOS que constituyen de hecho un nuevo sistema penitenciario federal, está siendo capacitado por personal estadounidense con fondos de la Iniciativa Mérida, primero en territorio estadounidense y luego en territorio mexicano.

 

Reclusorio Preventivo Varonil Norte, México DF Fotografía: Heriberto Paredes Coronel

Reclusorio Preventivo Varonil Norte, México DF
Fotografía: Heriberto Paredes Coronel

Impunidad y estadísticas carcelarias en México

El relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns señaló este 2013 que sólo entre 1 y 2 por ciento de los delitos, terminan en condenas (http://ferriz.com.mx/pais/relator-de-naciones-unidas-urge-a-combatir-la-impunidad-en-mexico/). Ello contrasta al notar que la mitad de la población penitenciaria federal está internada bajo proceso, sin sentencia. Mucha gente así compurga pena de cárcel sin jamás haber sido declarada culpable y sentenciada por un juez, muchas veces liberados con el clásico “usted disculpe” que en México las autoridades penitenciarias dicen a los presos injustamente al liberarlos.

Según el cuaderno de Estadísticas del Sistema Penitenciario Nacional de enero de 2013, (http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/365162//archivo), en México hay un total de 242,754 presos, de ellos 193,194 son del fuero común y 49,560 del fuero federal. De los presos del fuero federal 24,891 están presos bajo proceso y 24,669 están ya sentenciados. En los CEFERESOS hasta este enero había 24,854 internos, sin darse estadísticas de cuántos son sentenciados y cuantos están bajo proceso, aunque en los CEFERESOS no sólo hay presos del fuero federal, sino también del fuero común. Con la inauguración de los 14 nuevos CEFERESOS rápidamente crecerá la población presa en penales federales.

Injusticia, corrupción y ganancias: un nuevo sistema penitenciario federal con cárceles de máxima seguridad a la usanza estadounidense.

“Empresarios como Carlos Slim, Olegario Vázquez Raña y las familias Hank y Quintana ya construyen prisiones gracias a que en el sexenio pasado Genáro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, les abrió la puerta a ese esquema copiado de Estados Unidos. Pero voces disidentes alertan: “privatizar el sistema penitenciario es darle paso al crimen organizado para que lo controle, ahora sí formalmente.”(Reos… de la iniciativa privada, Rodrigo Veras, PROCESO 1906).

Hay una política de engrosamiento de la población carcelaria en México, que no necesariamente significa más justicia, sino que por el contrario, ante los altos índices de corrupción significa más injusticia. Entre 1994 y 2012 la población carcelaria en México se triplicó, pasando de 86,000 a 231,510 presos (http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9104160). Ello, junto al esquema de privatización de los CEFERESOS implica que algunas empresas obtendrán grandes ganancias tanto de la nueva política de engrosamiento de la población carcelaria como de la privatización de la construcción y mantenimiento de las nuevas cárceles de alta seguridad.

Ocho de estos nuevos CEFERESOS están siendo construidos por la iniciativa privada, siguiendo al modelo carcelario estadounidense de inversión privada. Los servicios de alimentación, lavandería y mantenimiento de esos CEFERESOS serán confeccionados por 20 años, para que las empresas constructoras puedan recuperar los costos de construcciones

 En los Estados Unidos donde la iniciativa privada ha construido y mantenido los servicios de cárceles se han conocido espantosos casos donde los jueces se coluden con las empresas, para elevar el número de personas procesadas y encarceladas. En México, donde la corrupción campea, ¿que impedirá un proceso de corrupción semejante? En 2002 el relator especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Dato Param Cumaraswamy, declaraba que la corrupción entre los jueces alcanzaba porcentajes de entre el 50 y 70% (http://www.jornada.unam.mx/2002/04/09/007n1pol.php?origen=index.html).

Las empresas que han construido estos nuevos CEFERESOS son:

CEFERESO No. 11 Hermosillo, Sonora,ICA, 4 200 millones de pesos, CEFERESO No. 12 Ocampo, Guanajuato, ICA, 3,750 millones de pesos, CEFERESO No. 13  Miahuatlán, Oaxaca, GIA, 5 mil millones de pesos, CEFERESO No. 14 Gómez Palacio, Durango, Prodemex, 4 200 millones de pesos, CEFERESO No. 15 Ramos Arispe, Coahuila, Tradeco, 4 mil millones de pesos, CEFERESO No. 16 Cuatlán del Río, Morelos, Homex, CEFERESO No. 17 Villa de Comaltitlán, Chiapas, Homex con Arendal-Umex-Antares, 2 500 millones de pesos, CEFERESO No. 18 Apatzingán, Michoacán, Prodemex, Complejo Penitenciario Federal Islas Marías, Nayarit No. 1, Homex, Complejo Penitenciario Federal Noroeste Tepic, Nayarit No. 2, ICA y Complejo Penitenciario Federal Papantla, Veracruz No. 3, Tradeco.

Al menos ICA ha sido beneficiaria históricamente de los contratos del gobierno mexicano.

En 2012 el primero de ocho CEFERESOS de máxima seguridad con financiamiento, construcción y administración privada fue inaugurado en Hermosillo, Sonora, por Felipe Calderón, Genaro García Luna de la SSP, y el embajador estadounidense Earl Anthony Wayne –– tres actores claves en la transformación de México en una nación carcelaria al estilo estadounidense. El auge sin precedentes en la construcción de prisiones en México rivaliza con la explosión que ocurrió en Estados Unidos desde 1972, cuando la población se disparó desde 250,000 (más o menos lo que existe en México actualmente) hasta llegar a 2.4 millones de personas en 2010. México ahora encarcela a 209 personas por cada 100,000, una figura que va a dispararse con el auge actual de construcción.

En México el auge no sólo incluye los 8 CEFERESOS con tecnología de punta, sino  la conversión de seis penales previamente estatales en CEFERESOS federales que ahora serán de alta o máxima seguridad; la expansión de un complejo penitenciario en Tepic, Nayarit, la construcción de otro enorme complejo en Papantla, Veracruz con seis prisiones, y la asombrosa expansión de la colonia penal en Las Islas Marías, donde la población se disparó desde 915 presos en 2006 hasta 11,000 repartidos en 8 nuevas prisiones al fin del sexenio. Falta terminar e inaugurar 5 de los CEFERESOS bajo construcción, y el nuevo jefe de la Secretaría de Seguridad Pública Manuel Mondragón y Kalb ha anunciado la construcción de 10 más.

El nuevo sistema penitenciario en México tiene seis niveles de seguridad: 1.Mínima, 2.Mínima restrictiva, 3.Mediana, 4.Alta, 5.Máxima y 6.Súper Máxima. Las prisiones de súper máxima seguridad, ya construidas pero todavía no autorizadas por el Senado en la iniciativa de Ley Federal del Sistema Penitenciario todavía se catalogan como penales de máxima seguridad. Éstos se encuentran en Papantla, Tepic, Islas Marías y Perote, Veracruz.

En EU entre 80,000 y 100,000 personas, incluyendo miles de jóvenes de 14 o 15 años de edad, se mantienen en el aislamiento prolongado, el cual ha sido denunciado como una forma de tortura por grupos de derechos humanos y expertos destacados como Juan Méndez, relator especial de la ONU. Los efectos incluyen trastornos y enfermedades físicas, psicológicas y mentales; aproximadamente la mitad de todos los suicidios en las prisiones ocurren en estas prisiones, que también se llaman ‘unidades de control’ o unidades de vivienda especial’ entre otros eufemismos.

En la ceremonia de inauguración del CEFERESO en Hermosillo, Felipe Calderón agradeció a Earl Anthony Wayne su apoyo a través de la Iniciativa Mérida en la capacitación y certificación de los custodios que operan dichos centros de reclusión. Tal capacitación ocurre en la Academia Nacional de Administración Penitenciaria (ANAP), inaugurada en 2008 con la presencia de militares mexicanos,  asesores del Departamento de Estado de Estados Unidos y autoridades penitenciarias de la prisión ADMAX de súper máxima seguridad ubicada en Florence, Colorado. Sería impensable que la capacitación no incluya instrucción en la odiosa práctica de la “extracción de celda” tan temida en las prisiones de Estados Unidos, que se suele utilizar para castigar una infracción tan terrible como quejarse de una cucaracha en la sopa; en este proceso un equipo de guardias entra en una celda, ataca al preso con armas paralizantes o gases lacrimógenos, lo golpea y patea y lo deja atado como un bulto en el pasillo para servir como escarmiento a los demás presos. Gracias Earl Anthony Wayne.

A las grandes empresas carcelarias les conviene tener las prisiones llenas lo que es un fuerte incentivo para encarcelar a más personas, prologando las penas y construir más prisiones. “A las empresas les paga el Estado, y sus ganancias dependen de gastar lo menos posible en los prisioneros y las prisiones. Es difícil imaginar una desconexión más grande entre un bien público y las ganancias privadas: el interés de las prisiones privadas no reside en el obvio bien social de tener el menor número posible de internos, sino en el mayor número posible, hospedados al menor costo posible” (http://redaccion.nexos.com.mx/?p=3910).

En EU el pretexto principal para el auge en la construcción de prisiones ha sido el alivio del hacinamiento, pero este grave problema se podría aliviar de otras maneras como la despenalización de los delitos. De hecho, la explosión se debe principalmente a las detenciones y penas asociadas con la llamada guerra contra la droga, a leyes que imponen duras sentencias, y al multimillonario negocio de la construcción de prisiones y de las industrias carcelarias.

Si no hay oposición masiva y organizada a estos penales de máxima seguridad y su esquema de privatización, su expansión llegará a niveles inimaginables (http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173725189001).

Fotografía: Heriberto Paredes Coronel

Fotografía: Heriberto Paredes Coronel

 

Sobre la serie “Las siete piezas del rompecabezas loxicha”

La historia de los presos loxicha se encuentra en un mar de dudas y caos controlado por las mismas instancias de gobierno y de los medios de comunicación masiva. Los medios del poder siguen llenando de obscuridad lo que entendemos como un acto ilegal e insoportable, la prisión política en este país se esconde debajo de un discurso de miedo y de falsas hipótesis que arrastran a seres humanos con nombre, rostro, dignidad e historia.

Con esta convergencia de medios buscamos desanudar y desenmarañar una parte de esta historia de lucha y represión e iluminar la vida y el recorrido de resistencia de nuestras compañeras presas políticas. Nuestro territorio político y ético parte del consenso y de nuestra adherencia a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Luchar con un preso político es luchar por la libertad, libertad de todas y todos los que queremos un mundo donde quepan muchos mundos.

Buscamos amplificar la voz del preso político Álvaro Sebastián Ramírez y de sus familiares adherentes a la Sexta, buscamos resaltar la historia y la lucha de los siete presos políticos loxicha, buscamos articular con otros familiares de presos políticos para crear canales autónomos de diálogo rebelde.

 

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