Todas y todos somos Barillas: Un nuevo momento en la lucha anti-extractiva en Guatemala

Mujeres marchan en Santa Cruz Barillas una semana después de la implementación de la ley marcial. "Nuestras luchas son pacíficas, las consultas son democráticas: Sr. Presidente no somos criminiales ni terroristas". Foto: Centro de Medios Independientes-Guatemala

El 18 de junio marcó la segunda movilización bajo la consigna “Todos y todas somos Barillas”, en el departamento de Huehuetenango, Guatemala. Cientos de comuneros, líderes indígenas, y simpatizantes de toda la región viajaron horas desde la cabecera municipal para declarar que Santa Cruz Barillas no se dejaría intimidar.

Tan sólo un mes antes, Barillas se encontraba bajo un estado de sitio. El municipio mayoritariamente Q’anjob’al, ubicado en el nor-oeste de Guatemala, ha sido un sitio de conflicto social desde 2010 cuando el gobierno ortorgó una licencia a la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la empresa espanola Hidralia Energy, para construir la represa hidroeléctrica Cambalam. El proyecto fue autorizado a pesar de que el 23 de junio de 2007 se tomó la decision en el municipio de no permitir la explotación de recursos naturales por parte de empresas extranjeras. Luego, el 1 de mayo de 2012 fue asesinado el líder comunitario Andres Francisco Miguel y dos personas más fueron heridas, en un ataque llevado a cabo por supuestos agentes de la empresa. Barillas rapidamente llegó a ser un ejemplo nacional de la nueva política de “mano dura” del gobierno actual cuando el Presidente declaró un estado de sitio en Barillas, afirmando que los comuneros habían robado armas del destacamento militar en reacción al asesinato. El estado de sitio en Barillas suspendió los derechos constitucionales entre ellos el derecho a la libre asociación. El estado emitió 29 órdenes de captura para líderes comunitarios y detuvo a 17, mandando a 12 de ellos a una cárcel de alta seguridad en la ciudad capital sin procedimiento alugno.

“Hoy se organizó una concentración de gente afectada por el estado de sitio,” dice Nelton Rivera de la organización Waqib Kej. “Primero nos juntamos en el parque central y de allí acompañamos al Comité de Víctimas de Barillas al lugar donde fue asesinado Andrés.”

El pueblo Q’anjob’al de Barillas, que padeció una gran parte de la violencia del estado durante el conflicto interno de Guatemala, está nuevamente resistiendo a la militarización. Pero hoy en día no existe una insurgencia armada como justificación para la represión, sino un movimiento masivo que esta desafiando el modelo de desarrollo siendo impuesto por el gobierno y empresas transnacionales.

En el departamento de Huehuetenango, y en el altiplano del occidente de Gauatemala en general, se ha armado una resistencia a la explotación de los recursos naturales, ejemplo de lo que está sucediendo a lo largo del país. Ante más de 400 licencias de exploración y explotación minera ortogadas en su mayoría entre 2000 y 2004, y un plan nacional de transformación energética que incluye la construcción de mas de 47 represas hidroeléctricas, los pueblos indígenas han dependido de un proceso llamado la consulta comunitaria de buena fe y su derecho a la auto-determinación para mantener el control sobre su teritorio y sus recursos naturales.

La consulta comunitaria

Santa Cruz Barillas, Junio 18 2012. Comuneros marchan al sitio del asesinato de Andrés Francisco Miguel para erigir un memorial. Foto: Waqib Kej

Respaldado por derecho internacional- el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Carta Democrática Interamericana, así como por leyes nacionales y municipales de Guatemala, las comunidades han ejercido su derecho a la consulta para declarar ante el gobierno y al sector privado que no se permitiran las represas hidroeléctricas ni los proyectos mineros en sus tierras. Llevados a cabo por comités locales organizativos y muchas veces con el espíritu celebratorio de una “fiesta cívica,” las consultas son procesos públicos en las cuales hombres, mujeres, y niños votan, con el levantamiento de la mano, sobre los proyectos propuestos en su municipio. En la mayoría de los casos, el gobierno municipal emite una acta prohibiendo dicha actividad, y la legalidad de estas actas entra en conflicto directo con las licencias autorizadas y promovidas por el Estado.

En Guatemala se han llevado a cabo alrededor de 61 consultas comunitarias desde 2005, 28 de ellas en el departamento de Huehuetenango. En 2008, Huehuetenango ocupó un liderazgo cuando empezaron a declarar regiones linguisticas enteras como Regiones Libres de Minería; entre ellos están las regiones Huista, Chuj, Akateco, Mam, y Q’anjob’al. Mientras las declaraciones tienen un caracter legal, también son herramientas políticas en las cuales pueden basar la resistencia organizada a estas amenazas teritoriales. Después de lograr la consulta comunitaria hay que defenderla y reforzarla. Son el principio, no el fin, de la lucha.

Cuando todo lo demás falla, trabajar por la autonomía

Para muchos, la inundación de licencias extractivas en Guatemala representa la amenaza sistémica más grande contra los pueblos indígenas de Guatemala desde la contrainsurgencia de la década de los 80. Ante esto, y el ojo ciego del gobierno, las comunidades se están atravesando un proceso de reflexión interna.

“Las comunidades plantean autonomía ante el Estado, están planteando otra forma de administrar el poder local,” explica Rivera. “El Estado no ha respondido a su palabra, sino a una estructura de poder colonial, sólo garantiza los intereses de empresas nacionales y multinacionales. Las comunidades estan entendiendo que si no funciona el Estado, hay que plantear otra alternativa.”

La consulta misma, mas allá de una estrategia del movimiento, es un ejercicio de esta autonomía. Es una afirmación de la auto-determinación y los derechos de los pueblos indígenas, situación que es fundamental para el movimiento por la defensa de los recursos naturales. La auto-determinación es tan importante en este proceso,  que de hecho, cuando se propuso un proyecto de ley que regularía a las consultas a nivel nacional, se opuso el Consejo de los Pueblos de Occidente. (Para leer la versión completa de la declaración del CPO sobre Barillas, haz clic aqui). Para muchos, la consulta representa una revindicación de las formas ancestrales de la toma de decisión, de la democracia participativa y de la identidad como pueblos indígenas.

Otras formas de autogestión también han emergido o han sido fortalecidas como parte de este proceso. En varias municipios se están revindicando a las autoridades comunitarias e indígenas, como las Alcaldías Indígenas o los sistemas propios de administrar la justicia. Algunas comunidades están promoviendo formas alternativas de economía, basadas en la agricultura sustentable para contrarastar el modelo extractivo del desarrollo. Se han organizado asambleas y consejos regionales, y en mayo de 2008 fue creado el Consejo de los Pueblos del Occidente (CPO); estos espacios intentan prioritizar el liderazgo local en lugar de los partidos políticos y las grandes organizaciones no gubernamentales.

Según Rivera, la defensa del teritorio dependerá mucho de la capacidad de articulación de los procesos a nivel regional e internacional, mientras se sigue defendiendo la legitimidad de las consultas comunitarias a través de las estrategias legales nacionales e internacionales.

Medios de comunicación alternativos protegiendo contra la represión

El caso de Barillas y su estado de sitio de 18 días tiene una importancia en la coyuntura de Guatemala. Con un gobierno militar que asumió el poder hace tan sólo unos meses, un presidente controversial (cuyo rango de general durante el conflicto armado lo ha implicado en acusaciones de crímenes de guerra y genocidio); para muchos Barillas fue una prueba de como la administración respondería al conflicto social en las áreas rurales. El uso de la fuerza y la militarización fue entre una señal de lo que se espera, o en el peor de los casos, solo el principio de lo que ya está.

Santa Cruz Barillas Junio 18, 2012. Una de las pancartas dice:"Que todos se levanten, que nadie se quede atrás de los demás. Hermanos barillenses, unidos alcanzaremos la paz y el desarrollo real de nuestro pueblo". Foto: Centro de Medios Independientes-Guatemala

Dado los vínculos que tiene el Presidente Otto Perez Molina con la campaña contrainsurgente de los 80, muchos han comparado los eventos en Barillas con la represión del pasado. El conflicto interno de Guatemala que duró 36 años tuvo como saldo la matanza de mas de 200,000 ciudadanos y la desaparición forzada de mas de 40,000. El aislamiento de los áreas rurales respect de los centros urbanos permitió que sucediera una violencia extrema en el campo sin que se percibiera.

Pero nuevas herramientas y una nueva dinamica ha cambiado el campo de acción, de tal forma que el caso de Barillas hace presencia en el cambio de contexto en el que la Guerra Fría se ha convertido en una Guerra contra las Drogas, en la cual los miembros de movimientos sociales suelen ser criminalizados o acusados de narcos. Esto hace que la organización social en áreas con narcotráfico sea aún más difícil. Así como antes los agentes de cambio eran pintados de comunistas, hoy en día el gobierno de Guatemala ha pintado a los lideres comunitarios en Barillas como miembros de grupos terroristas o narcotraficantes. Sin embargo, esta criminalizacion para justificar la militarizacion es rechazada por una nueva generación de activistas de los medios de comunicación utilizando  blogs, radio por internet y una campaña informativa llamada “Todos y Todas Somos Barillas” para denunciar lo que sucedía en las comunidades de Huehuetenango. Afirma Rivera:

 “Los medios alternativos jugaron un papel muy importante en el caso de Santa Cruz Barillas. Es que el gobierno habia montado una campaña mediática masiva relacionado al crimen organizado y el narcotráfico. Fueron los medios alternativos los que lograron penetrar a las redes sociales y difundir una informacion que era diferente a lo que se publicaba en los medios masivos. Lograron establecer dos versiones de lo que sucedió, la versión oficial del Estado y la alternativa que viene directamente de la gente. No todos los medios, pero algunos ya empezaron a publicar la información y a cuestionar el estado de sitio por la presión desde internet. El gobierno tuvo que justificar el porque no habían suspendido el estado de sitio pero sus argumentos no tenían ningún fundamento. Entonces vimos que las comunidades y los medios alternativos lograron forzar al gobierno a quitar el estado de sitio tan sólo unos días después de su renovación.”

“Hablando de que los militares de este gobierno tienen vínculos con la represión del pasado, los medios masivos tambien,” explica Filiberto Celada del Centro de Medios Independientes Guatemala:

 “Ellos son los mismos que no publicaron nada sobre las masacres. Hay cosas que, para los medios, simplemente no están pasando, no existen. En ese sentido, la prensa alternativa esta rompiendo el cerco de los medios y esta mandando la información al extranjero. La mejor parte de la campaña “Todos y Todas Somos Barillas” fue el nivel de coordinación entre varios grupos pequeños.”

En 18 días el estado de sitio fue suspendido en gran parte por la presión nacional e internacional. El movimiento en Barillas y a nivel nacional se mantiene como movimiento pacífico y democrático. Los desafíos que enfrenta hoy dia con una nueva administración y la militarización de la región se enfrentarán con estrategias coordinadas de información, organización autónoma, y la articulación regional entre pueblos.

Versión original en inglés
Versión en español originalmente publicada en: Centro de Medios Independientes

El presidente Otto Pérez Molina le habla a la tropa en Santa Cruz Barillas durante la ley marcial. Foto: Simone Dalmasso, Archivo Plaza Publica.

Por Beth Geglia


Agencia Autónoma de Comunicación (AAC)

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  1. Guatemala: Marcha por el Agua llega a su fin | SubVersiones

    […] Entre los presos políticos de Guatemala, se encuentran los 7 presos, Arturo Pablo Juan, Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro, Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar Pedro, Hermitaño López y Mynor López de los municipios de Barrillas y Santa Eulalia en el norte de Huehuetenango, recluidos en prisión preventiva y acusados por crímenes prefabricados. La causa real de su detención, es que han participado junto con su pueblo en la defensa del territorio y el agua contra la hidroeléctrica de capital transnacional Santa Cruz de Barrillas. […]

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