Fotografía: Anaïs García
Entrevista con Marta Casaús Arzú
El día 4 de abril, la investigadora guatemalteca emitió uno de los 61 peritajes en el histórico juicio contra el golpista José Efraín Ríos Montt, ex-presidente de Guatemala y contra Mauricio Rodríguez Sánchez, dirigente de la inteligencia militar. Casaús argumentó la relación del racismo de Estado con el genocidio perpetrado contra las poblaciones ixiles del país. Aquí compartimos un fragmento de una larga discusión que sostuvimos con esta catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, comprometida con su contexto de origen.
Álvaro: A un mes del inicio del juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Salazar ¿en qué etapa estamos actualmente y cómo se ha desarrollado el proceso?
Marta: Para sorpresa de todo el mundo estamos en una etapa enormemente avanzada. Ya han pasado los momentos más álgidos: las declaraciones brutales de genocidio, asesinatos masivos de las víctimas, también las declaraciones de los kaibiles, de los militares implicados y arrepentidos que han tenido que declarar como testigos protegidos y de un coronel que acusa no sólo a Ríos Montt sino también a Otto Pérez Molina como directamente implicado en las masacres y genocidios del triángulo ixil.
Álvaro: ¿cómo se puede definir el genocidio y cuáles son las evidencias que presentaste para demostrarlo este juicio?
Marta: La definición de genocidio es muy vaga. La primera dificultad viene de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948) después de los juicios de Núremberg. Se plantea que genocidio es “todo aquel acto cometido en contra de un grupo nacional, étnico, racial o religioso con la intención de destruir total o parcialmente a ese grupo”. Se precisa que es “todo aquel acto con la intención de”. Se plantea que esos actos son “masacres colectivas y la intención del perpetrador es eliminar físicamente a un grupo étnico, el desplazamiento de niños y de población civil de un lado a otro”. Sin embargo, esta definición ha sido muy cuestionada por el concepto de la intencionalidad que no se puede juzgar por parte del Estado porque es un elemento subjetivo y encubierto, no puede ser probado de casi ninguna forma. Lo interesante es que Ríos Montt y la cúpula militar están siendo juzgados por el código penal guatemalteco, donde se cambia el término de “intención de” por el de “propósito”. El “propósito” es mucho más asequible, medible y menos ambiguo. También se cambia la idea de “intencionalidad del perpetrador” por el “sometimiento” que es un elemento mucho más concreto en el que podemos probar quién fue sometido a vejaciones o a torturas. Estamos más cerca para juzgar a dos personas por genocidio en Guatemala que los juicios de la Corte Internacional que están trabados. Es insólito que no se haya podido declarar como genocidio el caso de Ruanda o Bosnia por el tema de la intencionalidad.
Marisa: En un texto que escribiste recientemente dedicado a las mujeres ixiles víctimas de la violencia sexual – una política práctica del genocidio – hablabas sobre muchos de los militares que ya han muerto o se han ido del país, ¿qué significa para la sociedad guatemalteca que el general Ríos Montt esté siendo juzgado después de tantos años?
Marta: Como guatemalteca, como persona implicada en que se haga justicia y que se sepa la verdad en nuestro país, me parece muy lamentablemente que hayamos tardado 36 años en llevar a cabo este juicio porque en este tiempo los militares implicados en el genocidio se han ido muriendo, se han enfermado o se han ido del país. Otro implicado que era López Fuentes está tan enfermo que no ha podido comparecer con lo que solo quedan en esta primera etapa dos de los implicados, el general golpista Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez. Lo importante es que es un juicio emblemático y lo interesante es que por primera vez se juzga por genocidio a un ex dictador dentro de su propio país. Lo que implica es un nuevo cambio, una nueva esperanza para las personas, sobre todo, para aquellas víctimas de que se haga justicia y se cuente la verdad.
Fotografía: Anaïs García
Marisa: Este hecho que es histórico para Guatemala, ¿lo relacionarías con un contexto más amplio de América Latina en el que se está juzgando también a Videla a Bignone en Argentina?
Marta: Aquí confluyen un montón de fuerzas, de instancias e instituciones que vienen luchando de una forma muy valiente y comprometida por el derecho internacional, la justicia transnacional, el derecho interno, etc. Es importante que se haga justicia porque si realmente seguimos permitiendo la impunidad que hay en nuestros países, la prevención del genocidio será imposible, es decir, mientras los militares argentinos, chilenos, guatemaltecos, los ruandeses, etc…, sigan libres y puedan pensar que puedan cometer esas tropelías y esos vejámenes no se va a hacer justicia. Hay que dar las gracias a Garzón y a Pedraza porque empezaron a darle un impulso notable al derecho y a la justicia internacional.
Este juicio va a sentar un precedente como jurisprudencia para todo el mundo, que uno pueda juzgar directamente a los propios implicados de genocidio o crímenes de guerra contra la humanidad.
Álvaro: ¿cómo se explica que esto ocurra justo en el momento en el que un ex-implicado de esta dictadura que es Otto Pérez Molina haya llegado al poder como presidente de Guatemala?
Marta: Yo creo que Guatemala viene siendo presionada por la justicia internacional para que se haga justicia en este caso. Los juicios de España fueron notables. El hecho de que se lleve a cabo por un presidente que – por lo que dicen algunos testigos – ha estado implicado en el genocidio llama la atención. No está siendo juzgado porque no se metió su juicio en estos momentos, puede estar implicado pero no juzgado. Por otro lado, es el ministerio el que por primera vez toma la decisión de escuchar a las partes querellantes, tanto a CALDH como a los abogados de las víctimas y abrir el juicio. Sin la fiscal Claudia Paz y su grupo de mujeres esto hubiera sido imposible. Pero ¿por qué lo permite Otto Pérez Molina? Es una incógnita. Podemos pensar que es porque es la mejor opción para dar legitimidad a la justicia y cerrar un caso excesivamente doloroso como es el de esta vergüenza internacional. “¡Qué mejor que cerrarlo con generales que ya tienen más de 80 años!” Aunque se les sentencie por genocidio o crímenes de guerra ya no van a ir a la cárcel y aunque les caigan 3 mil años no van a tener tiempo para cumplirla. Es una manera de hacer justicia y de cerrar una etapa de la guerra absolutamente necesaria para entrar en otra etapa de construcción de un Estado de derecho y una democracia más legitima.
Marisa: ¿Qué esperas que pase mañana?
Marta: Tengo una sensación entre culpa y dolor de pensar que podría haber sido mi hija o podría haber sido yo. Yo espero que se haga justicia. Lo que hemos ganado ya es más que importante, es decir: a esas mujeres que han callado durante 36 años, que han vivido con ese dolor, con esa tortura permanente de no poder decir su verdad, de no poder entender por qué fueron sometidas a esas vejaciones y esas violaciones sistemáticas, se les ha escuchado. Por primera vez en un juicio se han sentado, han visto al responsable directo de los genocidios, al responsable de los planes del ejército y le han podido contar lo que pasó. Ellas son absolutamente conscientes de que eso las ha liberado, las ha desahogado, las ha hecho sentirse otra vez dueñas de su vida. Cuando una les pregunta qué piensan que va a pasar dicen “para nosotras ya pasó, nosotras ya contamos nuestra verdad, esperamos que se haga justicia pero solo el hecho de haber sentado en el banquillo a estas personas, a nosotras nos da la impresión de haber empezado otra etapa de nuestra vida”. A mí me parece de una enorme generosidad, para mí no es suficiente. Para mí es necesario juzgar a estas personas no por crímenes de guerra, ni limpieza étnica, ni crímenes aislados, eso sería una vergüenza, sino que hay que juzgarlas por lo que fue: un genocidio de carácter internacional solo comparable con el holocausto y el genocidio de Ruanda, por las características.
En ese sentido, la condena por genocidio tiene tres elementos fundamentales:
- ayudar a sanar a las víctimas y que ellas sientan quiénes tuvieron la culpa, que fue un atropello, que alguien les haga justicia, las escuche y les pida perdón y si se puede les dé un resarcimiento moral y material por lo que han sufrido.
- Sería un castigo público y una nueva legitimación del sistema judicial y del Ministerio público que permitiría a muchas personas confiar en la justicia y empezar a creer que en Guatemala se está haciendo justicia porque se ha juzgado un hecho de esta naturaleza y, a su vez haría posible que los ciudadanos tengan confianza en las instituciones. Esto ha sido un trabajo de jueces, juezas, fiscales, para dar credibilidad al sistema de justicia
- Sería un precedente internacional de consideraciones casi imposibles de pensar. Yo creo que Guatemala podría dar un ejemplo al mundo de la necesidad de hacer justicia y de restañar las heridas que la guerra dejó y permitir que las victimas sanen sus mentes y sus corazones y de esa manera fortalezcamos un estado de derecho.
Fotografía: Anaïs García
Me pongo a pensar lo injusta y arbitraria que es la vida porque una de esas niñas violadas y torturadas en presencia de sus familiares podría haber sido yo o mis hijas y no fue así, porque la vida me deparó nacer en el otro lado de Guatemala, en la Guatemala urbana, del bienestar y de la riqueza, en la Guatemala mestiza ladinao de aquella que se considera ”blanca” y que sigue ignorando el sufrimiento de los otros. Si hubiera nacido del otro lado, en la Guatemala profunda, rural e indígena, probablemente estaría sentada allí, junto a esas bellas mujeres, con sus huipiles rojos, con sus caras ajadas por el sufrimiento y el recuerdo del dolor, esperando pacientemente una sentencia que le asegure que, ellas no tuvieron la culpa de nada