Traducción de Carolina Corral
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está revisando una demanda en contra del Estado mexicano por la violencia policiaca ejercida contra las mujeres manifestantes en Atenco que puede tener implicaciones importantes contra cualquier violencia sexual que ejerzan policías en cualquier parte del país.
“La persona que yo era antes de 2006 ya no existe,” le dijo Bárbara Italia Méndez a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando le preguntaron cómo afectó su vida la tortura sexual efectuada por la policía mexicana en 2006.
Bárbara continuó describiendo los efectos negativos derivados de dicha violencia, que van desde insomnio hasta la dificultad de involucrarse en relaciones íntimas o incluso de recibir un abrazo. Bárbara insistió que a pesar de la severa represión por parte del Estado, ella nunca abandonará la lucha por la justicia para todas las mujeres que fueron sexualmente torturadas en San Salvador Atenco.
Durante la audiencia ante la CIDH el 14 de marzo de 2013, después de escuchar el testimonio de Bárbara, los funcionarios mexicanos se disculparon públicamente y dijeron que “esperaban encontrar una solución amistosa al asunto”. Han pasado siete años, y el gobierno mexicano ha ignorado en gran medida las acusaciones de las mujeres sobre la tortura sexual que sufrieron al ser arrestadas en la protesta del 3 y 4 de mayo de 2006.
El gobierno mexicano no ha perseguido ni a la policía ni a los políticos involucrados. No ha sido sino hasta que el caso ha quedado expuesto ante la mirada internacional, que el gobierno ha declarado que cuenta con los mecanismos suficientes para hacerle justicia al caso.
Resistencia popular a los proyectos gubernamentales de desarrollo
Las mujeres que testificaron ante la CIDH describieron que cuando fueron a apoyar las protestas en San Salvador Atenco, municipio del Estado de México, las arrestaron y las torturaron sexualmente. Las protestas respondían a los planes del gobierno federal de construir un aeropuerto sobre los ejidos de Atenco (forma comunal de tenencia de la tierra creada después de la Revolución Mexicana, 1910-1920). Debido a la resistencia popular de una organización local – Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT)- el gobierno mexicano eventualmente canceló el plan en 2002. El hecho de que lograran oponerse exitosamente a un proyecto de desarrollo de dicha escala impactó de manera significante en el gobierno de Vicente Fox, especialmente porque se sumaba a una serie de recientes acontecimientos: México acababa de aprobar el Plan Puebla Panamá, proyecto de desarrollo multibillonario. Este proyecto neoliberal buscaba “promover la integración y desarrollo regional” de los estados del sur de México, así como de Centro América y Colombia.
Si otros pueblos hubieran reaccionado a estos proyectos de la misma manera que el pueblo de Atenco, los planes de desarrollo de Fox se habrían arruinado. Así que la represión contra el pueblo de Atenco continuó, muchos de los manifestantes recibieron ordenes de arresto y el gobierno comenzó a monitorear las actividades del movimiento. Hasta la fecha, el gobierno insiste en construir el aeropuerto en dicha zona. Aún no queda claro si reintentará construirlo en Atenco.
En 2006, a un grupo de comerciantes se le prohibió la venta de sus flores en la plaza central de la municipalidad vecina de Texcoco, por lo que acudieron al FPDT para que defendiera su derecho a vender. El 3 de mayo de 2006, el FPDT se unió a la protesta de los floristas. Ante el arresto de algunos manifestantes, algunos activistas formaron una barricada en la carretera principal. Enrique Peña Nieto, actual presidente de México, y en aquel tiempo gobernador del Estado de México – donde se localizan Atenco y Texcoco- ordenó un operativo policiaco contra los manifestantes, aludiendo a la “necesidad de restablecer el orden”.
Esa tarde del 3 de mayo de 2006, 2,500 agentes policiacos, incluyendo la Policía Federal Preventiva, la Policía Estatal y Municipal, allanaron el pueblo de Atenco. Mientras se difundían las noticias de la represión, muchos activistas miembros de la Otra Campaña -un movimiento político surgido en 2005 impulsado por el zapatismo-, reporteros independientes y la comunidad en general acudieron a apoyar a la gente de Atenco y Texcoco. El violento operativo policiaco continuó a lo largo del siguiente día, orillando a muchos a buscar refugio en hogares particulares.
La policía allanó las casas y arrestó a más de 210 personas, incluyendo 47 mujeres. Dos jóvenes estudiantes fueron asesinados, cinco manifestantes extranjeros fueron deportados ilegalmente y al menos 26 de las mujeres detenidas fueron sexualmente torturadas.
Detenciones ilegales y tortura sexual
Testificando ante la CIDH, Bárbara Italia Méndez dijo que ella había escuchado acerca de la represión en Atenco y se desplazó al lugar con una asociación civil para documentar la muerte del estudiante Javier Cortés Santiago por parte de la policía. Al llegar, a sus colegas y a ella les fue imposible documentar el asesinato debido a la violencia emprendida por la policía, en su lugar se vieron forzadas a refugiarse en una casa particular. La policía allanó la casa y todas las personas dentro fueron detenidas y transportadas a la prisión de Santiaguito. Mientras transportaban a Bárbara en la camioneta de la policía, ella cuenta que los oficiales le bajaron los pantalones y ropa interior, alzaron su camisa y la comenzaron a torturar. Bárbara describió a la Comisión toda la tortura sexual sufrida,
“Comenzaron a decir cosas obscenas sobre mi cuerpo, sobre mi existencia como mujer, y que nada de esto habría pasado si me hubiera quedado en mi casa con mis hijos. Estaba muy asustada, porque repetían que me iban a matar. Me empezaron a meter los dedos en mi vagina y a morderme los pezones.”
Cuando llegaron a la prisión de Santiaguito, comentó Bárbara, el personal médico fue cómplice de la violencia sufrida por las mujeres. La negación del Estado mexicano de proveer a las mujeres con exámenes médicos y tratamiento médico y psicológico apropiados ha sido documentado por Amnistía Internacional en el reporte “Violencia contra las mujeres y justicia negada por el Estado Mexicano”.
La operación policiaca en Atenco se ha vuelto emblemática de la fuerza bruta con la que el Estado responde a los movimientos sociales que se oponen a proyectos neoliberales. Docenas de detenidos fueron encarcelados seis meses, mientras que a 12 de los detenidos se les sentenció por secuestro con condenas que van de los 10 a los 112 años. Después de años de intensa campaña nacional e internacional por la liberación de los prisioneros políticos, éstos fueron liberados, pero permanece la impunidad de los oficiales involucrados.
Ignacio del Valle, esposo de Trinidad Ramírez, ambos líderes entre otros más, fue sentenciado a 112 años; su hijo Cesar fue sentenciado a dos años, y su hija América estuvo en exilio cuatro años. Hablando en una protesta posterior a la celebración del Día Internacional de la Mujer, Trinidad Ramírez lanzó una pregunta al aire: “¿Qué estamos celebrando?”, y añadió, “aquí ni siquiera existen leyes que protejan a los mexicanos. Si las hubiera, el caso de Atenco no habría tenido que salir del país, pero así ha tenido que ser. Esperamos que la resolución sea justa y que se resuelva que Enrique Peña Nieto y todos los que ordenaron la represión en Atenco son culpables”.
Bárbara Italia Méndez
Fotografía: Liliana Zaragoza/Mirada Sostenida
Un completo estado de impunidad
Un grupo de personas puede interponer una petición a la Comisión Interamericana sólo si pueden demostrar que el resto de las posibilidades judiciales en su propio país están exhaustas. En los días posteriores a las violaciones y torturas en Atenco, las mujeres trataron de interponer sus quejas a la Procuraduría General de Justicia en México, pero la procuraduría no aceptó sus demandas. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (FEVIM) tampoco hizo nada, aún después de escuchar los testimonies de las mujeres. Las mujeres llevaron el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Después de realizar una investigación, la CNDH expuso que la “dignidad humana de los detenidos había sido pisoteada” y que varios de los detenidos habían sido torturados. La SCJN declaró que miles de personas sufrieron abusos y fueron privados de derechos individuales y constitucionales a la vida, seguridad personal, libertad sexual, igualdad de género, privacidad en sus casas, libertad individual, al debido proceso legal, tratamiento justo de los prisioneros y al derecho a la justicia.
Sin embargo la SCJN sólo culpó a “algunas manzanas podridas” – en lugar de reconocer la brutalidad de los cuerpos policiacos en extenso y el rol primordial que jugaron los funcionarios del gobierno de Peña Nieto y el secretario de seguridad pública Eduardo Medina Mora al dar la orden del operativo.
Varias comisiones de las Naciones Unidas, incluido el Comité para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, también revisó el caso y recomendó que el gobierno mexicano investigara las acusaciones por tortura sexual y violación, y que tomara medidas para evitar que se repitieran en el futuro. Al paso de los años, la ONU ha hecho varias recomendaciones a nivel de política pública y de carácter legislativo contra las desapariciones forzadas, tortura, tráfico de personas y otras violaciones a los derechos humanos, pero el gobierno mexicano no ha cumplido con ninguna de estas recomendaciones.
En 2011, cuando se supo que el caso de Atenco sería recibido por la Comisión Interamericana -que escucha demandas y hace recomendaciones- el gobierno mexicano revisó el tema. Comenzó una investigación sobre el comportamiento de 29 policías estatales, pero para esa fecha, muchos de los policías involucrados habían dejado de formar parte de las fuerzas policiacas. Eventualmente arrestaron a dos de tres policías estatales que manejaron los vehículos en los que la mayoría de los abusos sexuales ocurrieron. El tercer oficial murió sin ser enjuiciado. Los dos oficiales están en la cárcel pero no han recibido sentencia. Araceli Olivos, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) y representante de las demandantes expresó que estos oficiales eran tan sólo chivos expiatorios ya que habían sido 2,500 oficiales los involucrados en el operativo, además de que ningún policía federal había sido investigado, sino tan solo policías estatales, sólo para poder mostrar que se estaban encargando de resolver el asunto.
Amnistía Internacional ha hecho campaña por el caso durante años. Kathryn Striffolino, hablando en nombre de los líderes de la organización, dice que “cree que las autoridades mexicanas, locales y federales, no han tomando verdaderas medidas para resolver el caso”. Añade que “de hecho, durante los siete años que han pasado desde de que los abusos ocurrieron, y a pesar de que dichos abusos fueron corroborados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos – que ha incluido la documentación médica- ha prevalecido una impunidad casi total”.
En su testimonio frente al auditorio de la CIDH, Bárbara dijo que la parte más dolorosa de su experiencia ya no era la tortura sexual, sino la impunidad y los procesos legales que han tenido que seguir. Añadió que para los medios de comunicación, así como en las peticiones legales, “nosotras dejamos de ser Bárbara, Patricia o Norma, somos simplemente las mujeres violadas en Atenco.” Las mujeres dicen que ellas y sus familias han sido humilladas y criminalizadas constantemente por denunciar tortura sexual. De las 26 mujeres que declararon haber sufrido tortura sexual, sólo 11 continúan con el caso, debido a que el proceso exige demasiado y parece no tener fin.
La petición a la CIDH se interpuso en 2008, y el caso finalmente está siendo revisado en estos momentos. Georgina Vargas trabaja en el Centro PRODH, un centro en defensa de los derechos humanos, y ha comentado a la revista Truthout que el gobierno mexicano ha demostrado actuar con completa impunidad.
“Es muy importante terminar con la violencia contra las mujeres en México que ocurre a lo largo de cada día”, dijo Georgina. “Si la comisión Interamericana decide sobre este caso, será un gran paso para frenar la violencia contra las mujeres en México.”
Durante la audiencia, después del testimonio de bárbara y una declaración por parte de abogados en defensa de los derechos humanos de las representadas, el gobierno mexicano tuvo la oportunidad de presentar su caso. Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señaló que “el Estado mexicano quisiera expresar su profunda solidaridad con las víctimas y reconocer la violación de sus derechos humanos, así como expresar su voluntad para lograr una reparación integral”.
Representado por Limón y Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno mexicano se disculpó públicamente por primera vez por el uso excesivo de la fuerza usada en el operativo de Atenco y pidió una “solución amistosa” que incluiría compensación y tratamiento psicológico para las víctimas así como una disculpa pública de parte del gobierno por violar los derechos humanos.
La tortura sexual no tiene una solución amistosa
Después de casi siete años de impunidad y una mayor victimización y criminalización, las 11 demandantes y sus abogados declararon que naturalmente no estaban abiertos a esa “solución”. Bárbara leyó una declaración en nombre de las mujeres que dice así, “el Estado ha demostrado en estos más de seis años no sólo una incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia, sino también sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en Atenco”.
Simultáneo a la audiencia de la CIDH, el Centro PRODH sostuvo una conferencia de prensa con defensores de derechos humanos y cuatro de las mujeres demandantes que testificaron en la audiencia. Andrés Díaz, abogado de este organismo dijo que la disculpa de Limón “apenas puede considerarse como una disculpa en nombre del Estado mexicano, y que había sido mas bien un comentario a nivel personal para mostrar una imagen benevolente del Estado mexicano.”
Ante la pregunta de los periodistas acerca de lo que las mujeres esperaban obtener de la audiencia ante la CIDH , Edith Rosales, una de las peticionarias, comentó:
“Queremos que la corte escuche el caso y se de cuenta, con la evidencia de la tortura, que no es un caso aislado. El gobierno mexicano mediante sus oficiales y la Suprema Corte de Justicia maneja que no es una constante del Estado reprimir ni violar, ni los actos sexuales. Manejan que no es una constante las órdenes desde arriba. Nosotros decimos que esto es mentira. Que esto persiste.”
Peña Nieto, en los días siguientes a la represión de 2006, enfatizó para el periódico La Jornada:
“También es conocido que los manuales de los grupos radicales dicen que hay que declararse violadas, en el caso de las mujeres, y en el de los hombres haber sido objeto de abuso y maltrato.”
Cuando Peña Nieto se postuló como candidato para presidente en 2012, lo rondaba la sombra de la tortura sexual en Atenco, poniendo su candidatura en jaque. El movimiento #YoSoy132 surgió, con decenas de miles de personas protestando contra el historial de abusos a los derechos humanos por parte de Peña Nieto. A pesar de esta resistencia, la profunda corrupción política lo ayudó a ganar la elección.
Edith Rosales
Fotografía: Liliana Zaragoza/Mirada Sostenida
Violación de derechos de las mujeres: una realidad constante.
Si este caso avanza dentro del sistema de la Corte Interamericana, resta hacer la pregunta de qué impacto tendrá realmente en la sociedad mexicana. Esta no es la primera vez que las mujeres en busca de justicia en México han tenido que recurrir a cortes internacionales. En 2009, la Corte Interamericana en San José Costa Rica, lugar al que proceden los casos después de las audiencias de la CIDH, declaró al Estado mexicano culpable de no haber impedido, ni investigado los feminicidios en la capital fronteriza de Ciudad Juárez, que vive en medio de una violencia dirigida a las mujeres.
El caso fue interpuesto a favor de Claudia González, 20 años, Esmeralda Herrera, 15, y Berenice Ramos, 17, cuyos cuerpos fueron encontrados junto con otras cinco mujeres en Noviembre de 2001 en las afueras de Ciudad Juárez.
Una vez que la Corte Interamericana dictaminó que el gobierno mexicano era culpable, emitió órdenes que exigían al gobierno llevar a cabo investigaciones sobre la muerte de estas mujeres, compensar a sus familias, erigir un monumento en su honor y realizar entrenamientos sobre derechos humanos y sensibilidad de género, junto con otras recomendaciones.
El periodista Emilio Godoy se refirió a esta sentencia como “una resolución histórica ya que era la primera vez que se señalaba al Estado como responsable de asesinatos con motivos de género, llamados ‘feminicidios’ ”. El gobierno mexicano, sin embargo, incumplió la mayoría de las órdenes y meramente cumplió con el requerimiento de publicar la decisión de la corte.
Simultáneamente en 2009, la CIDH dictaminó que el ejercito mexicano era responsable por la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, un líder campesino del estado de Guerrero en 1974 durante la “guerra sucia”. En dictaminaciones previas, la Corte Interamericana determinó al ejercitó mexicano culpable de violación en 2002 a Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, dos indígenas de Guerrero. Debido a la prevalencia de casos en contra del ejército mexicano, la Corte Interamericana ha determinado que el fuero militar no puede ser aplicado en casos de violación de derechos humanos. Sin embargo, el gobierno mexicano ha hecho poco para reformar su sistema de justicia.
Ya que México es conocido por incumplir las órdenes de la Corte, el gobierno ha creado un fondo de reparación de daños para las víctimas, potencialmente encargado de repartir dinero cuando la Corte Interamericana dictamina que la gente debe ser compensada por la violación a sus derechos humanos por parte del Estado o fuerzas militares. Este fondo creado a fines de 2010 tiene un presupuesto de 30 millones de pesos, sin embargo el gobierno ha compensado a muy pocas víctimas hasta la fecha.
Si la Corte Interamericana dictaminara una vez más en contra del Estado mexicano y le ordenara tomar ciertas medidas, esto podría tener un impacto para las mujeres en situaciones similares alrededor del mundo.
“La tortura de mujeres bajo custodia, incluyendo episodios de violencia sexual, no se limita al caso de Atenco, así que si la Corte Interamericana encuentra al Estado responsable, esto sentará un precedente importante no solamente en la región de las Américas, sino para mecanismos regionales de justicia alrededor del planeta”, le comenta Kathryn Striffolin de Amnistía Internacional a Truthout.
En los meses que siguen, la Comisión Interamericana producirá un reporte oficial sobre el caso, hará recomendaciones para el gobierno mexicano y decidirá si envía el caso a la Corte Interamericana en Costa Rica.
Desde que la audiencia tuvo lugar, las mujeres peticionarias han sostenido que no aceptarán una “solución amistosa” y han reiterado que su prioridad en la búsqueda de justicia es asegurarse que esto no se repita para nadie.
Bárbara Italia Méndez escribió en la revista digital Desinformémonos, “nunca fuimos víctimas; somos sobrevivientes llenas de esperanza por cambiar el actual estado de las cosas”.
Puedes consultar la versión original en inglés en este link: http://truth-out.org/news/item/15457-under-the-international-spotlight-mexican-government-asks-for-friendly-solution-after-perpetrating-sexual-torture
Video de la audiencia de la CIDH