Los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2014, en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), se llevó a cabo la Audiencia sobre desinformación, censura y violencia contra comunicadores. Como parte de nuestra cobertura de este importante proceso iniciado desde 2011, quisimos acercarnos a algunas de las organizaciones que presentaron sus casos en aras de juzgar al Estado mexicano.
Para Tania Arroyo, integrante de la asamblea de posgrado del movimiento #YoSoy132 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), éste es el momento culminante de un proceso que inició con la imposición de Enrique Peña Nieto. «Cuando nosotras nos incorporamos al TPP, todavía estaba vigente y pujante el #132. Se nos invitó a presentar un caso porque en la asamblea de posgrado había mucha gente que trabajaba en la mesa de democratización de los medios». En vez de presentar un caso sobre criminalización del movimiento, como se les había propuesto, los estudiantes decidieron enfocarse en la demanda por la democratización de los medios, aunque advirtieron que «quizás para la fecha de presentación de la Audiencia el #132 ya no existiría. Conscientes de eso, tanto el TPP como el #132, decidimos seguir trabajando. Es importante decir esto para que quede claro que no estamos enarbolando al #132 sino sus demandas» —sentenció Arroyo. Mireille Campos, integrante del movimiento juvenil, agregó que el TPP ha sido un incentivo para documentar la «imposición mediática» del presidente de la república.
En 2013, los poderes públicos fueron los principales agresores contra periodistas. Fuente: Artículo 19
La Audiencia temática sobre desinformación, censura y violencia contra comunicadores, contó con numerosos casos de agresiones a periodistas. Desde su segundo boletín de prensa, el TPP documentaba 66 asesinatos de periodistas entre 2000 y 2010; 12 casos de desapariciones y todo tipo de intimidaciones. En tiempos recientes, la organización Artículo 19, que también participa en el TPP, publicó un informe alarmante en el cual se muestra que ésta tendencia a acallar a los comunicadores se ha agudizado.
Hace unos días, la oficina en México del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la UNESCO publicaron una carta en la que expresan «su más profunda preocupación por las recientes agresiones contra periodistas ocurridas en México». En ella detallan las intimidaciones e incluso los asesinatos perpetrados en estos últimos meses en Veracruz y el Estado de México.
Desde el punto de vista de Daniela Pastrana, directora ejecutiva de la red Periodistas de a Pie, estos hechos lamentables nos sólo afectan a los comunicadores sino a la sociedad en su conjunto. Los casos que esta red presentó ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, son los de Regina Martínez y Gregorio Jiménez, ambos «periodistas intachables» asesinados en Veracruz.
Por su parte, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), que agrupa a más de 4 mil radios en todo el planeta y a 34 radios en México, defendió entre otros casos el de Héctor Camero, director de la Radio Tierra y Libertad, quien fue sentenciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a dos años de cárcel aunque gracias a una defensa oportuna y determinada, se logró evitar que Héctor fuera otro preso injustamente. La coordinadora del departamento jurídico de AMARC México, Gisela Martínez, nos explicó la diferencia entre el TPP y la justicia oficialista en México: «para los tribunales oficiales Héctor es un delincuente, para nosotros es un comunicador que está haciendo ejercicio de sus derechos humanos básicos».
Estos son sólo algunos botones de muestra de la violencia que ejerce el Estado en contra de las y los comunicadores en este país.
La audiencia
Presidió la audiencia la periodista italiana Marina Forti. Los otros miembros del jurado fueron: Aram Aharonian periodista de origen uruguayo; Virgilio Caballero, antropólogo y periodista mexicano, que fungió como jurado nacional; Ángel Luis Lara, guionista y activista español, profesor en la Universidad de Nueva York; y Gustave Massiah, activista, economista y urbanista francés miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial.
Cada caso fue presentado en un espacio aproximado de 30 minutos, y los jurados hicieron preguntas y comentarios después de cada eje. Cada ponente expuso 1) los hechos de las violaciones a los derechos, 2) el contexto en que tales hechos sucedieron, 3) los derechos específicos que fueron violados dentro del marco del derecho internacional, de qué manera sucedió y cuáles han sido las consecuencias, 4) el señalamiento de los responsables o la acusación formal. Todo lo dicho se sustentó con pruebas que incluían, desde documentos emitidos por instancias oficiales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta videos, fotografías y documentación periodística de los hechos.
Algunos de los casos que resaltaron fueron:
El caso de la criminalización mediática contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Se presentó una detallada narración que abarcó desde el 2001, cuando el entonces presidente Vicente Fox intentó expropiar las tierras de las y los campesinos de San Salvador Atenco para la construcción de un aeropuerto –megaproyecto que acaba de ser reactivado en tierras cercanas– hasta la fuerte represión policial que sufrieron en 2006. La acusación se hizo contra el Estado mexicano, el gobierno del presidente Vicente Fox y del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, Televisa, TV Azteca, la Organización Editorial Mexicana (que agrupa diversos periódicos de circulación nacional) y Grupo Milenio por bloquear el derecho a la información y a la libertad de expresión (de la población en general y de la población de Atenco respectivamente); por mentir abiertamente; tergiversar y ocultar información; por no otorgar derecho de réplica; generar campañas de linchamiento contra el FPDT; finalmente por orquestar una estrategia de legitimación de la represión que implicó violaciones severas a los derechos humanos.
Trinidad Ramírez del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, expuso el caso de Atenco. Foto: Heriberto Paredes.
El caso de la campaña de difamación y criminalización mediática contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para facilitar y legitminar la extinción ilegal de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Se declaró que a través de los medios se buscó generar en la opinión pública la imagen de un sindicato corrupto e ineficiente para legitimar el acto inconstitucional de disolución de la empresa mediante un decreto presidencial y un asalto policial y militar a todas las instalaciones. Se argumentó que la razón para tales abusos fue la oposición del SME a la privatización de la energía eléctrica. El sindicato tenía lista una gran red de fibra óptica para ofrecer a bajo costo, misma que tras la liquidación de la empresa pasó a manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ésta la vendió a empresas transnacionales.
Se relató cómo los medios informativos se valieron de un discurso de odio y acusaron a los trabajadores de «flojos y violentos» y de gozar de «privilegios» refiriéndose a sus derechos laborales; se acusa la intromisión del gobierno y empresas en el proceso electoral interno del SME para dividir a los trabajadores y buscar el triunfo de un candidato ligado al Partido Acción Nacional (PAN). También se denunció el secuestro y trabajo forzado de electricistas por parte de la policía federal (posterior a la disolución de LyFC) para trabajar en la Red Eléctrica Nacional; el encarcelamiento injusto de 11 trabajadores por imputación de delitos falsos; la violación al derecho de réplica que el SME buscó ejercer, y la deslegitimación, minimización, criminalización y/o censura de las voces que se oponían a la extinción de LyFC, entre ellas el SME, intelectuales, artistas, organizaciones sociales, de defensa de derechos humanos, estudiantiles, sindicales, etc.
El SME responsabilizó a una serie de empresas mediáticas entre las que destacan Televisa, TvAzteca, Milenio TV, Cadena Tres, Proyecto 40, Organización Editorial Mexicana, Grupo Radio Centro, Grupo Radio Fórmula, ABC Radio, así como a una lista de funcionarios públicos (comenzando con el ex-presidente Felipe Calderón) y una serie de reporteros de diferentes medios que sostuvieron discursos de odio hacia los trabajadores del SME. Múltiples portadas de periódicos respaldan lo dicho por el sindicato, así como unos videos del gobierno federal que muestran una clara manipulación de la información.
Radha, colaborador de la Secretaría del Exterior del SME, contesta preguntas de los dictaminadores. Foto: Heriberto Paredes
El caso de violaciones al derecho a la privacidad y la libertad de expresión en Internet presentada por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) en la que se relataron los hechos alrededor de la gestión y aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones. Se mostraron pruebas de la inconformidad social, de las manifestaciones y los intentos, no exitosos, por evitar que se aprobaran diversos puntos de la ley que violan los derechos humanos. Se acusa que dicha reforma permite a la «autoridad» desplegar vigilancia masiva sobre la población, obligando a los proveedores a proporcionar la geolocalización de equipos móviles en tiempo real a petición de las autoridades de seguridad, procuración y administración de justicia sin que medie una orden judicial; así como a retener los datos de los usuarios hasta por dos años. Se expresó además que México está en negociaciones para adherirse al Convenio de Budapest (que permite compartir el acceso a datos transfonterizos).
Las acusaciones puntuales se hacen al titular del poder ejecutivo federal por haber enviado una iniciativa de ley que violentaba los derechos humanos; a las cámaras legislativas del Congreso de la Unión, por permitir y dejar sin modificación dichas violaciones así como por evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera sobre la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas; al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por decidir que lo dispuesto en la llamada ley Telecom no era de su competencia, cuando sí lo es y debió haber presentado una Acción de Inconstitucionalidad en defensa de la privacidad y datos personales; a la Comisión Nacional de Derecho Humanos por no pronunciarse al respecto de las graves violaciones a los derechos humanos aprobados en la ley como son: la libertad de expresión, el acceso a la información, el derecho a la información, el libre acceso a internet y el derecho a la privacidad.
Por su parte, el comité editorial de Radio Zapote –una de las radios libres de larga trayectoria en el Distrito Federal– envió una ponencia, leída por una de sus integrantes, en la que expusieron sus consideraciones sobre la visión y trabajo de los medios libres en México. Describieron el enfoque de interlocución con los pueblos y las reivindicaciones que hacen sobre las formas de estos medios para aportar en la búsqueda de justicia y la construcción de alternativas de organización y comunicación.
Exposición del caso sobre Medios y ataque a los trabajadores por Germán del SME. Fotografía: Heriberto Paredes
El dictamen
El dictamen final de la audiencia presentó un diagnóstico en el que describe el poder en el ámbito mediático a nivel internacional y nacional; la relación de complicidad entre poder político y poder mediático al servicio del poder económico. Presenta el planteamiento de cómo la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) basado en prácticas de despojo, intensa concentración de riqueza y pérdida de la soberanía, encuentra en el campo meidático y de la comunicación uno de sus enclaves fundamentales cuando la actividad mediática se convierte en un flujo constante de legitimación del modelo económico imperante y de estigmatización de todo sujeto o proyecto que esgrime una práctica y una racionalidad que difiere del discurso dominante. Un discurso, que lejos de dar cuenta de la realidad del país, aparece sujeto a una estrategia de producción de hiperrealidad, es decir, la generación mediática de una realidad inexistente o de una falsedad que pasa por auténtica.
El Tribunal Permanente de los Pueblos condenó al Estado mexicano, al presidente Enrique Peña Nieto, a la Procuraduría General de la República, al Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral), a las cámaras legislativas del Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Secretaría de Gobernación, a los gobiernos locales como el de Veracruz y del D.F., al monopolio mediático de Televisa y TV Azteca, a la Organización Editorial Mexicana, al Grupo Milenio y a los sicarios periodísticos por la larga serie de violaciones a los derechos de que se les acusaron.
Posteriormente enlistaron una serie de recomendaciones a organismos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a los Relatores Especiales de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinion y Expresión y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional para que atiendan los informes de la sociedad civil mexicana; visiten México e inspeccionen, condenen y se pronuncien contra las violaciones descritas, así también para que demanden al Estado el cumplimiento y garantía de los derechos y la procuración de justicia.
Los trabajos duraron dos días completos, además de la lectura del dictamen final el tercer día. Foto: Heriberto Paredes.
Recomendaron a la República de los Estados Unidos Mexicanos que detenga la permisión y complicidad en todos los ámbitos del Estado de la violación de los derechos mencionados; la implementación de marcos legislativos que salvaguarden y cumplan las disposiciones necesarias para lograr prevenir, perseguir y sancionar todos y cada uno de los delitos y violaciones a los derechos descritos contra la sociedad y los comunicadores; poner en marcha un marco legislativo para terminar con los monopolios mediáticos y promover la democratización de la comunicación mediática como servicio público que debe ser; derogar toda práctica y marco jurídico y legislativo que atente contra la libertad de expresión, el acceso y el derecho a la información, el libre acceso a internet y el derecho a la privacidad; que establezca y garantice la neutralidad de la red, protegiendo la participación y la conexión de carácter universal, libre y de calidad, sin discriminación, interferencia o limitación alguna.
Finalmente recomendaron a la sociedad civil mexicana no ceder en sus empeños de lucha por una democratización de la comunicación y la esfera mediática ya que, debido a la situación en la que se encuentra el país, los únicos espacios realmente democráticos y de restitución del valor de servicio público a la comunicación en México, son aquellos construidos y defendidos por la sociedad civil en su esfuerzo comunitario por recomponer el tejido social. También consideraron imprescindible que se fortalezcan las organizaciones y redes sociales existentes en el ámbito de la comunicación y la cooperación entre los diferentes sujetos que conforman el sector de la comunicación comunitaria y la generación de alianzas con cualquier actor que exprese su compromiso con la democratización de la comunicación en el país.