Por los caminos del sur…

Calificado por los asistentes como un día histórico, el 31 de enero se realizó la primera asamblea comunitaria del Tribunal Popular en El Mesón, Municipio de Ayutla de los Libres. En ella se presentarían a 54 detenidos por los grupos de autodefensa que desde el 6 de enero irrumpieron en las regiones de la costa chica y centro del estado de Guerrero. Algunos apacibles, otros desconcertados; los detenidos se presentaron ante la mirada de los 69 representantes comunitarios quienes, junto al resto de los asistentes, sumaban más de mil personas en torno a la asamblea. La edad de los resguardados oscila entre los 16 y 50 años de edad, entre ellos tres menores y cuatro son mujeres. Salvo un par de personas del Distrito Federal y el Estado de México, todos son originarios del estado.

Los delitos imputados, en su gran mayoría, tienen que ver con el secuestro, extorsión o pertenencia a bandas locales del crimen organizado. Algunos fueron señalados como halcones y colaboradores del líder de la plaza de Ayutla, El Cholo, cuyo padre, madre, dos hermanos y su pareja sentimental están detenidos. Entre los presentados se encontraban: José Miguel Rebolledo, por consumo de drogas y tener cuatro plantas de mariguana en su casa; David Guerrero, de 39 años, acusado de secuestro y por descuartizar a sus víctimas. Hay quienes son señalados por asesinato, violación o robo. Destaca la detención de Rafael y Agustín Vargas Jijón, Osiel Vargas Chávez y Armando Vargas Carrillo, acusados por el secuestro del comisario Eusebio Alberto García, quien minutos antes dio testimonio de los hechos perpetrados en su contra.

Entre los asistentes se encontraban policías comunitarios y comisarios mandatados por la asamblea de sus comunidades; comisariados comunales y ejidales; delegados municipales; directores de escuelas; estudiantes de la Universidad de los Pueblos del del Sur (UNISUR); y representantes parroquiales. Así como familiares de los resguardados y las víctimas. Al final se pudo ver al senador Sofío Ramírez quien fue tratado como uno más de los asistentes.

Por los caminos del sur

A lo largo de la carretera federal 95, desde Chilpancingo y principalmente en el tramo que va de Tierra Caliente hacia Ayutla, pueden verse los retenes que militares y federales mantienen desde el día 22 de Enero, fecha en la que el operativo «Guerrero Seguro» comienza a reforzar la zona. Sin embargo, las camionetas repletas de hombres armados con rifles forman ya parte del paisaje en la costa chica desde los primeros días del año.

A bordo de una camioneta de redilas, viajamos desde Tecoanapa hasta la comunidad de El Mesón, acompañados por una decena de hombres armados y encapuchados, quienes en un principio se habían negado a llevarnos con ellos por estar ‘en servicio’. A los pocos minutos regresaron al lugar donde desayunábamos para rectificar e invitarnos a subir.

El silencio se rompió cuando vimos pasar a un convoy militar frente a nosotros, entonces uno de los hombres nos dijo: “Esos son marinos. Llegaron cuando ya estaba todo tranquilo. Antes, a diario habían muertos y nadie hacia nada, por eso nos levantamos”. Otro de ellos replicó: “nosotros andamos aquí arriesgando la vida, nomás pa’ que las familias duerman tranquilas. Sin recibir un peso a cambio”.

Previamente, un hombre mayor que viajaba a nuestro lado en una camioneta del transporte público desde la comunidad de Las Mesas -quien al parecer iba a trabajar al campo- nos contaba que hacía meses “la cosa era ya insoportable, los secuestros y asesinatos se habían vuelto parte de la vida diaria”. Decía que él no confiaba en que los militares fueran a terminar el problema, porque siempre se ponían del lado de los criminales. Y en Guerrero, desde hace mucho, saben que los militares sólo generan más violencia, pero que ahora con los policías comunitarios las cosas iban a ser diferentes, porque eran gentes que la comunidad elegía.

“La causa y el motivo son la delincuencia organizada que atraviesa a nuestro territorio comunitario. Hoy en día nace la comunitaria en nuestra región, ojalá que quede definitivamente en nuestro territorio para que saquen a toda esa chingadera que hacen aquellos señores”. Comenta Carmelo García Narciso, presentado como el Comandante Regional de la Policía Comunitaria.

Con la detención de un miembro de la banda “Los pelones”, el día 16 de Noviembre se desatan las amenazas en contra de los Policías Comunitarios, a quienes incluso ofrecen dinero para liberar al detenido. Acto seguido, es secuestrado el comandante de la comunidad de Bocachauen para realizar un intercambio. “Me llamaron la delincuencia y me anunciaron que estaban al 10 por 1: me agarras uno, te agarro 10. Ellos quisieron medir la fuerza”, explica quien al micrófono hace uso de la palabra. «Fue con la presión de la comunidad que sueltan al comandante de Bocachahuen; sin embargo, a los pocos días es secuestrado otro policía comunitario de Plan de Gatica. El único movimiento de la policía estatal fue por teléfono, por lo que se anuncia que si seguían los secuestros iba a haber limpieza total al municipio de Ayutla y parte de la costa chica.»

El día 5 de enero es levantado el comisario de Rancho Nuevo, por lo cual  se desata un operativo que moviliza a más de mil hombres de la zona, en la región de Ayutla y Tecoanapa. El movimiento civil de autodefensa es encabezado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

[quote]Esto no es llamarada de petate, los comunitarios llegamos pa’ quedarnos, pa’ protegernos. Porque sólo el pueblo es el que va a salvar al pueblo, el pueblo va a poner orden.[/quote]

Para terminar, se pide al gobierno que no se preocupe sólo por los detenidos, sino también por las víctimas, aquellos que quedaron huérfanos y las viudas.

El papel del Estado

Ante la conmoción ocasionada por la explosión en Pemex el día 1 de febrero, el Tribunal Popular fue sólo noticia de interiores en los diarios nacionales. Asimismo, el gobernador Ángel Aguirre no perdió ocasión para presentar con bombos y platillos a la ‘Comisión Para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas’, a la que fue asignado Jaime Martínez Veloz como representante del gobierno federal. Esta designación, realizada directamente por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, muestra la preocupación de Peña Nieto ante el arribo de este nuevo proceso de autodefensaque surge como respuesta al vacío que el Estado mexicano muestra ante la violencia heredada del sexenio de Felipe Calderón.

Bastante se ha mencionado sobre una propuesta del ejecutivo estatal para integrar a los policías comunitarios como auxiliares del sistema de seguridad del estado, al dotarlos de recursos y salario. Lo anterior excluye la experiencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC); la cual opera en la región de la Montaña y costa chica de Guerrero desde hace 17 años, mientras construye un proceso de aceptación entre las comunidades.

Previo a la presentación de los detenidos, Mario Campos, coordinador de la pastoral social de la diócesis de Tlapa, señala cómo el proceso de impartición de justicia comunitaria no es algo improvisado, no es llamarada de petate: “es resultado de un largo proceso, de muchos años. El pueblo tomó conciencia de que los problemas que lo aquejaban no podían prolongarse de manera indefinida. Este proceso se remonta a 1992, ’93, cuando hay asambleas comunitarias en la región de la costa-montaña. El 14 y 15 de octubre del ’95 nace la policía comunitaria”.

[quote]Hablo de esto porque éste es el antecedente. Pasaron los años y muchos hermanos nuestros de Ayutla hicieron presencia en algunas asambleas de aquella zona. Y últimamente fue la UPOEG, los que construyeron un proceso de organización con presencia en 41 municipios del estado.
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Tenemos que ser honestos, las instancias oficiales no han funcionado. El vigor, la fortaleza de la policía comunitaria y de los pueblos, no está en armas sofisticadas, no está en alto presupuesto económico. La fortaleza de los pueblos está en la organización, en su cultura de servicio. Ya vimos cómo en el sexenio anterior, a pesar de tantos muertos, de tanto recurso invertido, no se reestableció el Estado de derecho, no se reestableció el orden. Es lamentable que todavía en nuestros tiempos, el nuevo gobierno federal esté apostando a continuar esta misma estrategia, tiene que considerar nuevas alternativas; los pueblos ya están presentando la suya.[/quote]

Por su parte, Raúl Plascencia, ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no ha cesado de descalificar el proceso de autodefensa, pues señala constantemente su preocupación por que esta experiencia rebase a las instituciones y al mismo Estado. Además de descalificar al tribunal popular por considerar que está “fuera de la ley”, acusa que intentarán «hacer justicia por su propia mano».

Es necesario que alguien le explique al señor Plascencia que, desde hace mucho, en las regiones de costa chica y la Montaña de Guerrero, en la meseta p’urhépecha y en los altos de Chiapas, así como en gran parte del país, el Estado mexicano ha quedado completamente rebasado. En las regiones señaladas existen sistemas de justicia comunitarios que han logrado hacer frente a la descomposición social propiciada por el mismo Estado mexicano.

Las voces del agravio

Una vez presentados los detenidos, y ya pasado el medio día, el sol castigaba a todos aquellos que le hacían frente en la cancha de basquetbol, sede de la asamblea en la comunidad nu’saavi. Pocos fueron los comunicadores que se quedaron después de cubrir el momento estelar, con el ansia de escuchar la asamblea hasta el final.

Continuó la intervención de una mujer, quien narró la falta de atención por parte de las instituciones de justicia en el estado, lo que la hacía “poner toda la confianza en la policía comunitaria”. Después de ella fue Bruno Plácido Valerio, fundador de la CRAC y actual dirigente de la UPOEG, quien defendió el proceso de impartición de justicia por parte de las comunidades, haciendo hincapié en que “el movimiento no se encuentra fuera de la legalidad, pues lo sustenta en el artículo 39 de la constitución”.

Sin embargo, fue la intervención al micrófono de un chico de 12 años lo que haría estremecer a todos los presentes:

[quote]Yo soy un niño de 12 años que ha visto cómo torturan a la gente”. Cubierto del rostro y con voz apenas audible gracias a los altavoces, el niño nos cuenta cómo se ha escapado de la casa de su abuela para ir a Chilpancingo donde: “me sacan por la carretera, hasta una casetita. Ahí tiene a un compa amarrado de pies a cabeza. Después lo sacan y le empiezan a cortar sus dedos, luego sus manos, sus pies. Luego empezaron a quitarle la cabeza. Como le dije a uno de esos compas que no iba a estar con él, me anda buscando. Ahora soy uno de los más buscados en mi pueblo. Lo que yo no quiero es meterme en más broncas. Yo sólo he visto cómo ha matado gente. Me ha llevado a todas partes. Por aquí, por Las Mesas, hace poquito que descabezó a un compa, no sé qué le debería[/quote]

[quote]Como quien dice, me están entrenando para ser un pinche sicario[/quote]

Su abuela lo fue a entregar a los policías comunitarios para tratar de alejarlo de un camino que, en México, no todos los niños han sido tan afortunados en librar.

[quote]Apenas que me fui a Chilpancingo, vi cómo mataron gente. Asaltaron un taxi que iba lleno de pasajeros y a todos los mataron. Yo vi como los bajaron y los llevaron casi a la entrada de Chilpancingo, en una casita por el monte. Les empezaron a quitar los dedos de sus manos con un cuchillo largo. Todo lo hicieron pedazos. La cabeza se la quitaron, la echaron en una caja y la envolvieron como regalo.[/quote]

Al niño le ofrecieron que llevara la caja “para ganarse una feria”, también le ofrecieron iniciarse en la venta de droga en Chilpancingo.

Momento histórico

Una vez concluida formalmente la primera sesión del Tribunal Popular, se decidió mediante votación, hacer un receso y reanudar una segunda sesión del tribunal el próximo 22 de febrero, en la comunidad de Buenavista. En ella serán presentadas las pruebas que permitan tomar una determinación sobre los detenidos.

Desde los primeros días del levantamiento en Ayutla y Tecoanapa, miembros de la CRAC-PC se han deslindando de estar al frente del movimiento de autodefensa señalado. Desde entonces, se han hecho continuos señalamientos en contra de la UPOEG por parte de miembros de esa organización. Ante este hecho, confiamos en que sea la sabiduría de las comunidades y la madurez de los actores políticos que se han puesto al frente de estos procesos de autodefensa lo que permita superar las diferencias y superar el momento histórico que en el país ha dejado más de 120 mil muertos, más de 13 mil desaparecidos y 1.6 millones de desplazados. Es en ese contexto en el que corresponde a los comunicadores independientes seguir de cerca un proceso que, además de ser histórico, podría marcar la pauta en el incierto futuro de nuestro país.

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