El pueblo debe estar alerta y vigilante. No debe dejarse provocar, ni debe dejarse masacrar,
pero también debe defender sus conquistas. Debe defender el derecho a construir
con su esfuerzo una vida digna y mejor. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos,
pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen, ni con la fuerza.
La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Salvador Allende Gossens, Radio Magallanes.
Fragmentos de su último mensaje a la nación, transmitido el 11 de septiembre de 1973
mientras se realizaba la acción militar del golpe de estado que puso en el poder
al comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet.
El régimen instaurado en Chile entre 1973 y 1990 no solo vulneró los derechos de quienes vivieron directamente los diecisiete años de dictadura militar, las generaciones de niños y jóvenes de hoy siguen luchando por cambiar los paradigmas económicos, sociales, culturales, civiles y políticos derivados. La lucha estudiantil se visibilizó en 2011 gracias a las marchas multitudinarias realizadas a partir del 12 de mayo de ese año. Las demandas (aún vigentes y articuladas en una propuesta de reforma educacional) giran en torno a tres derechos puntuales que les arrebató el régimen militar: educación pública, gratuita y de calidad.
¿Por qué el regulador del sistema educativo chileno sigue siendo el libre mercado? ¿Cómo es posible que el experimento del neoliberalismo y del libre mercado no haya encontrado freno sino continuidad después de cuatro gobiernos de la concertación? Las instituciones educativas tienen —aunque no legalmente— claros fines de lucro y el presidente Sebastian Piñera concibe, según sus propias palabras, a la educación como un «bien de consumo». Son temas que despiertan la indignación chilena e internacional. Tal vez por eso, durante este año de movilización, las manifestaciones trascendieron la formalidad política y la representación sectorial (además de estudiantes universitarios, se unieron niños, adolescentes, ancianos, colectivos, artistas, familias y trabajadores). La sociedad chilena se apropió de las demandas del movimiento y, además, reparó en la complejidad del problema. El movimiento estudiantil ha evidenciado más realidades que forman parte de la herencia pinochetista: otros bienes públicos privatizados, el aparato represivo de las Fuerzas Especiales de Carabineros, las restricciones a la libertad de manifestación, los castigos y criminalización a luchadores sociales, la permanencia de políticos del régimen militar en cargos de poder, la poca representatividad de las instituciones, la exclusión social.
Fotografías: Sari Dennise