Por Santiago Navarro F. y Renata Bessi
El mapa latinoamericano está en pleno proceso de cambio. Nuevas territorialidades se reconfiguran afectando principalmente a comunidades indígenas, alrededor 671 pueblos según las estadísticas de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que van desde el río Bravo hasta la Patagonia. Este redimensionamiento político, social y económico del territorio esta ocurriendo acompañado de un sin fin de conflictos y turbulencias sociales en todo el continente.
En el año 2000 el Consejo Nacional de Inteligencia, organismo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés), previó este escenario en un informe llamado Tendencias Globales 2015: «Los movimientos indígenas en resistencia en Latinoamérica serán uno de los principales desafíos para los gobiernos nacionales en los próximos 15 años». De la misma forma afirmaba que «los movimientos se incrementarían, facilitados por redes transnacionales de activistas de derechos indígenas, apoyados por grupos internacionales de derechos humanos y ecologistas bien financiados».
A más de una década de este informe, los movimientos indígenas en resistencia se han agudizado, como había sido previsto. Lo que no proyectó dicho documento son los factores del porque aumentarían estos movimientos.
El reordenamiento del territorio ha desdibujado las fronteras en términos económicos y políticos con proyectos continentales como el Proyecto Mesoamérica —antes llamado Plan Puebla Panamá— y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), ejecutados desde el año 2000, por mencionar algunos. Entre otros objetivos, esta la construcción de redes de transporte, telecomunicaciones, presas hidroeléctricas, parques eólicos, y energía en general, así como Parques Nacionales, Áreas Nacionales Protegidas, Patrimonio de la Humanidad, Áreas de Conservación Transfronterizas, Parques Transnacionales —también llamados Parques para la Paz—, Corredores Ecológicos o Biológicos y las redes de Áreas Protegidas.
«Cuando pensamos en IIRSA estamos hablando de líneas de comunicación, de canales de paso que van atravesar 20 mil kilómetros, que es toda la Amazonia, es una línea de penetración a territorios muy recónditos que no habían sido alcanzados, de donde se va a extraer lo que aun no había sido extraído», afirma en entrevista Ana Esther Ceceña, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, al considerar al Proyecto Mesoamérica y al IIRSA como parte de la misma estrategia de reordenamiento del territorio.
De acuerdo con la investigadora, cuando vemos el diseño de los proyectos, son estratégicos, incluso en la forma en como lo manejan los gobiernos progresistas, quienes ofrecen la IIRSA como una oportunidad para el desarrollo.
IIRSA lo que va hacer es disciplinar mas a los gobiernos locales, porque esta marcado por el mercado mundial, son 500 empresas transnacionales que producen el 50% del PIB mundial. Cuando uno ve el diseño de IIRSA y los proyectos de estas empresas, van juntos, las rutas de comunicación son para la circulación de mercancías, materias primas y energéticos.
Lo que vive América Latina es un nuevo colonialismo basado en la apertura de nuevos caminos que posibiliten el extractivismo. «El capital necesita reordenar el territorio —considerado este como una construcción histórica social— para continuar con su reproducción, tanto material como de relaciones de poder, de acumulación de capital y de ganancias. Este ordenamiento es para tener acceso a mayor escala a cierto tipo de materiales de la tierra», evalúa Ceceña.
El parque eólico propiedad de Gas Natural Fenosa, que utiliza el nombre Biìo Hioxo Energía, continúa su avance en tierras comunales, donde existen centros ceremoniales sagrados en Zaragoza Juchitán de Oaxaca. Fotografía: Santiago Navarro
Para Gustavo Esteva, fundador de la Universidad de la Tierra en Oaxaca, México, la crisis que el sistema capitalista esta viviendo, ha llevando a las empresas a utilizar procedimientos precapitalistas de despojo en la forma colonial. «Están buscando expandirse hacia territorios que habían conservado estos pueblos», sostiene en entrevista.
Esta expansión ha llevado a confrontar con los modos de vida que existen en los territorios y esto ha provocado el levantamiento de los pueblos. «Los indígenas están en el frente de batalla librando una guerra que es para todos nosotros, porque es ahí donde el sistema capitalista quiere relanzar una nueva forma de acumulación», asegura Esteva.
La respuesta de las comunidades indígenas en el continente latinoamericano se ha reconfigurado por lo menos en dos vertientes, una es por la vía institucional que ha seguido los parámetros establecidos por los acuerdos internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o las luchas locales por el reconocimientos jurídico de sus formas de vida. La otra es la de los movimientos que no quieren estar bajo la jurisdicción o administración del Estado, como lo es el movimiento zapatista, en México, quienes han construido sus propias formas de autogobierno.
Las demarcaciones cambian los mapas
En el tablero de la redefinición de la territorialidad en América Latina también están los indígenas actuando en la reconfiguración del espacio, justamente por el reconocimiento de sus territorios. Según el profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Colorado, Joe Bryan, en las últimas dos décadas los estados de la región transfirieron títulos a varias formas de la tenencia de la tierra, colectivas de comunidades indígenas y tradicionales, sumando 2 millones de Km cuadrados, un espacio equivalente al territorio de México.
«Desde hace mas de tres décadas que los movimientos indígenas están emprendiendo esfuerzos en el sentido de garantizar sus territorios, demanda inevitable frente al despojo permanente que caracteriza el colonialismo actual. Estos esfuerzos están cambiando el mapa da América Latina, por sus movilizaciones y reconocimiento de los derechos territoriales», evalúa Bryan.
«Esta transformación refuerza una serie de cambios legales hacia el reconocimiento de los derechos indígenas, no solo respondiendo a instrumentos como el convenio 169 de la OIT y la declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como también una serie de sentencias de reconocimiento al derecho colectivo», afirma el profesor.
No se puede negar la relevancia de este conjunto de hechos, pues es a partir de los movimientos indígenas que se ha reconfigurado una cartografía propia de los pueblos indígenas en resistencia. «El indígena fue convertido de una categoría de curiosidad folclórica a una de sujeto político con su propio discurso de derechos. Fue por ellos, por los movimientos que se han hecho esta cartografía, no solo para la producción de sus propios mapas, sino también para la transformación de su espacio social y político de la región», sostiene el investigador.
Agosto de 2013, indígenas del municipio Pipipan Floresta, Pernambuco Brasil. Cierre de una carretera federal, debido a la demarcación forzada de sus tierras. Fotografía: Renata Bessi
Las demarcaciones no están garantizando derechos
Pero estos cambios en el mapa y desde un punto de vista jurídico no significan necesariamente que el derecho indígena está siendo respetado. Para el profesor, la demarcación de tierras indígenas no esta garantizando la permanencia de las comunidades en sus tierras y tampoco está protegiendo estas comunidades contra la violación de sus bienes comunes por parte del extractivismo.
Este llamado giro territorial a traído mas bien cambios sobre todo en relación al manejo de recursos, en la cartografía de lo político y formación de mercados, como los de carbono. Para comprobar esto es necesario revisar el contexto político y económico del surgimiento de estas demarcaciones.
De acuerdo con el profesor, los procesos de demarcaciones surgieron en Colombia: «No comenzó como un movimiento progresista, sino como un proceso conservador iniciado por el Estado. Nació a partir de una necesidad de resolver por medio de una negociación los conflictos violentos, finalizando con su reconocimiento en la constitución colombiana de 1990».
Desde entonces los territorios indígenas fueron identificados por el Estado como un plano geopolítico de alta importancia para controlar el territorio. «La evaluación sostenía que la falta de la presencia estatal daba espacio a la guerrilla, la formación de fuerzas de autodefensas y fuerzas paramilitares. Por eso el Estado tomó la decisión de permitir la participación de una amplia gama de movimientos indígenas, inclusive de movimientos armados, en una asamblea constituyente», afirma.
«Si en Colombia impulsaron reformas en el sentido de que los derechos territoriales de los pueblos indígenas fueran reconocidos, también lograron garantizar la desmovilización de los grupos armados indígenas y aumentar la presencia del Estado en estas mismas zonas», evalúa Bryan. En contrapartida, «los títulos otorgados no frenaron el despojo de 5 millones de personas, en su mayoría indígenas, frente a la violencia de la guerrilla y los grupos paramilitares».
Regularización de las tierras, nuevos mercados
Este modelo de reforma sirvió de inspiración para Nicaragua, que también vivía un contexto de conflicto, inclusive armado, por tierras indígenas. El proceso tuvo apoyo del Banco Mundial. «El banco hizo esfuerzos para facilitar la elaboración de la ley de propiedades para comunidades indígenas. Inclusive envió una comisión de Nicaragua a Colombia para que aprendiesen como aplicar la reforma en su país. Y con respaldo del banco la ley fue aprobada en el año 2002», sostiene el profesor.
Dos años después de haber sido aprobada la ley, el Banco Mundial dio apoyo para otra reforma aplicada en Honduras, que reconocía el derecho de propiedad colectiva de las comunidades indígenas y negras. De la misma forma apoyó las reformas en Bolivia, que dio pie al reconocimiento de las tierras comunitarias de origen. Tiempo después, a finales de la década de 1990 las reformas continuaron en el resto Centroamérica.
«El banco tenía interés en regularizar los derechos de propiedad colectiva a través de su demarcación, titulación y registro, como condición básica para el funcionamiento de mercados. El reconocimiento de los derechos colectivos son condicionados a la lógica de las políticas neoliberal. Sobretodo coloca la propiedad como estructura necesaria para el mercado», explica el profesor de la Universidad de Colorado. Así, «para el mercado no importa si es propiedad individual o colectiva, como la de los indígenas. Lo importante es tener alguien con quien negociar».
Se pueden citar dos ejemplos de mercado que se están abriendo en tierras indígenas: mercados de carbono y venta de servicios de ecosistemas. El profesor cita un estudio de la Universidad de Arizona sobre mercados de carbono en la Selva Lacandona, en Chiapas, México, para ilustrar que la apertura de nuevas fronteras de mercado en estas tierras no son tan lucrativas para las comunidades como lo son para los dueños del capital. «Los mercados de carbono serian imposibles sin los territorios indígenas. Eso no significa que sean rentables para las comunidades».
Julio de 2013, parte de un proyecto de infraestructura hidráulica en Brasil, que se inicia en la ciudad de Cabrobó y cruza el río San Francisco, que afecta directamente a los pueblos indígenas truká y Pipipan. Fotografía: Renata Bessi
Extractivismo
Por lo tanto los países están reconociendo los territorios indígenas, reformando sus constituciones y hasta reconociendo, en algunos casos, el carácter plurinacional. Pero bajo un costo, según Bryan: «estos cambios vienen con el compromiso de cumplir con el objetivo de un desarrollo nacional basado en el extractivismo».
Un ejemplo es Ecuador. «El país tuvo el movimiento indígena más organizado y de mayor peso en América Latina a lo largo de la década de 1990. Cuando Rafael Correa toma posesión, en 2009, reconoció demandas históricas de los pueblos indígenas. Tituló grandes extensiones de tierra de pueblos indígenas en tierras bajas amazónicas del país». Pero luego después abrió una serie de licitaciones para extracción de minerales en la misma zona, bajo la argumentación de que los recursos del suelo aún pertenecen al Estado. «Este tipo de discurso trata al territorio de forma vertical, considerando a los indígenas como un obstáculo para el progreso nacional».
La argumentación de Correa hirió el Convenio 169 de la OIT que, entre otros puntos, sostiene que:
… esos pueblos [tienen el derecho] a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo… los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.
Bolivia muestra tendencias semejantes, a pesar de contar con el único presidente indígena de la región, Evo Morales. «Gas, minería, madera son explotados dentro de territorios titulados sin que las comunidades tengan la posibilidad de negarse. Es como una especie de moneda. Como se ofrece el título, a las comunidades no se da el derecho de decir no a la explotación», afirma Bryan.
El reconocimiento no es suficiente
Los criterios por los cuales son definidas las demarcaciones de tierras también son un foco de críticas. «La lógica de este esquema es que con sus mapas y títulos, los indígenas puedan crear y fortalecer instituciones para administrar sus tierras. Pero como hacerlo dentro de un contexto dominado por un Estado que responde a los intereses del capital?», cuestiona el profesor. La propiedad o el territorio demarcado acaba funcionando como una camisa de fuerza que impone obstáculos en las relaciones sociales por medio de las cuales se puede vivir en una comunidad. Impone un asilamiento, impide una convivencia cotidiana entre diferentes etnias. «Es por la interacción que se construye el territorio, no por el asilamiento. No se pude perder la tendencia colonial de esta lógica», afirma.
Otro punto de reclamo en relación a la regularización de los territorios indígenas dice respeto al hecho de que el Estado es el árbitro de los derechos indígenas y, por lo tanto, las cuestiones indígenas están sometidas y deben ser adecuadas a los estándares jurídicos para ser reconocidos. «Los mapas hechos para los indígenas son convencionales, con el fin de cercar un territorio bajo la concepción del Estado, y no bajo la cosmovisión indígena. En lugar de revolucionar la geografía, solamente se reforma, reduciendo los reclamos de autonomía al derecho de ser propietario».
«La cuestión es que, en lugar de institucionalizar al indígena, falta pensar en como crear espacios propicios a una cultura colectiva justa y digna, es el motivo de hablar de una geopolítica indígena cuya cartografía se debe realizar», sostiene el investigador.
Otras vías
En el territorio de los pueblos indígenas se esta librando el destino del sistema capitalista y es en estos mismo pueblos donde puede construirse otra forma de vida diferente a la capitalista, como lo esta haciendo el movimiento indígena del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), asegura Gustavo Esteva:
Lo que mas hemos aprendido de las comunidades zapatistas es que la resistencia no es simplemente aguantar, ni solo resistir a la construcción de una presa, una mina… la resistencia sólo va ser exitosa si al mismo tiempo construimos otra posibilidad de vida. Tenemos que dar visibilidad a esas experiencias exitosas que representan la alternativa, porque muchísima gente esta lista para actuar.
Otro ejemplo de los pueblos que no se quieren alienar, son los pueblos indígenas de Bolivia quienes consideran agotado el recurso al reconocimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígenas constitucionalizados.
En junio del 2014 el colectivo Comuna al Pueblo Boliviano presento una autopropuesta para formar autogobiernos inspirada por la experiencia zapatista, que entre otros puntos plantean desconocer el sistema electoral institucional, la anulación de los mandatos de gobiernos, nacionales, departamentales, municipales; porque no pueden convivir en los mismos territorios «juntas de buen gobierno» y las formas heredadas institucionalizadas de los «malos gobiernos», el acceso libre a lo común. En consecuencia, de acuerdo con la propuesta, quedan anuladas todas las concesiones territoriales y geológicas, hidrocarburíferas y mineras.
Otra forma mas de gobernar los territorio por los indígenas, muy particular en América Latina, son los usos y costumbres de los pueblos en el estado de Oaxaca, México. De los 570 municipios existentes, 418 se rigen según sus usos y costumbres. Solamente 152 se rigen a través del sistema convencional de partidos políticos. O sea, estas comunidades siguen practicando formas propias de gobierno que han sido construidos a través de los siglos y rigiéndose por sus sistemas normativos conocidos como «usos y costumbres», reconocido oficialmente en 1995 por el Congreso del Estado de Oaxaca.
«México posee un contexto histórico muy diferente de los otros países de la América Latina. Mas que nada por la Revolución Mexicana. Mientras que en el resto de los países de Latinoamérica están titulando territorios o propiedades colectivas, en México están buscando otras maneras de garantizar los usos y costumbres de las comunidades indígenas», afirma el profesor de la Universidad de Colorado.
En agosto de 2013, los guardianes de la Junta de Buen Gobierno de la ciudad de Chiapas La Realidad, que formaron parte de la primera generación de la Escuelita convocada por las mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).Fotografía: Santiago Navarro