#sentenciaporgenocidio
A un año de la sentencia por genocidio imputada al general retirado Efrain Ríos Montt, diversas organizaciones de la sociedad civil emprendieron una campaña en redes sociales para que no se olvide esta victoria jurídica, que fue le arrebatada a los guatemaltecos tras la anulación de la sentencia por parte de la Corte Constitucional de aquel país. A continuación presentamos un comunicado de uno de los colectivos internacionales que luchan por que se haga justicia, así como un extracto del último documental de Pamela Yates, El Veredicto.
Por el Colectivo de Solidaridad con Guatemala en Toulouse, Francia
El 10 de mayo del 2013 fue una fecha histórica para Guatemala, por primera vez un caso tan complejo como demostrar el delito de Genocidio cometido contra el pueblo Maya Ixil entre los años de 1982 y 1983, se llevó a cabo en un tribunal nacional de Alto Riesgo y presidido por una mujer, la jueza Jazmin Barrios. Hasta entonces solo estábamos acostumbrados a que casos como éstos fueran juzgados por una Corte Penal Internacional.
La condena se centró en que durante el gobierno de facto del exdictador y general retirado Efrain Ríos Montt se cometieron crímenes de manera sistemática contra el pueblo Ixil y otros pueblos indígenas, en una política de guerra manejada por el Estado con la intensión de exterminar a los grupos indígenas a través de planes militares conocidos como Victoria 82, Firmeza 83, Firmeza 83-1 y Sofia; y se le condenó a 80 años de cárcel por crímenes contra la humanidad y genocidio.
No obstante, el 22 de mayo del 2013, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala decidió anular una parte del juicio –incluida la sentencia– y ordeno rehacer esa parte del debate. Esta decisión jurídicamente mal fundamentada, parcial e incongruente a criterio de expertos de Derecho Constitucional nacionales e internacionales, hace evidente la corrupción en el Sistema de Justicia y legitima la impunidad. Para la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), «la anulación de una parte del juicio y de la sentencia representa una flagrante violación del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las victimas».[1]
El caso se encuentra actualmente entrampado; aun no se tiene claro cómo los tribunales deben proceder y qué sigue en el proceso judicial. Asimismo, se ha observado como las altas élites de poder –como el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala–, influidas por la oligarquía guatemalteca, presionaron a la Corte de Constitucionalidad y los distintos niveles de justicia para tomar decisiones arbitrarias apoyándose en campañas mediáticas, que niegan la existencia del Genocidio.[2]
En el país 200 000 personas fueron asesinadas, el 83% eran mayas, el ejercito utilizo la violencia con la intensión y propósito de destruirlos a través de actos de crueldad indescriptibles. Este nivel de barbarie no hubiese sido posible, si no existiera un sistema complejo de desigualdades y racismo en todos los niveles sociales del país, que justificaron los hechos de deshumanización y desvalorización de la población. A criterio de la historiadora Marta Casaús, quien ofreció una plática en la Universidad de Toulouse en noviembre de 2013, «el discurso oficial y publico elaborado a favor de un grupo y en contra de “otro” con el fin de justificar una opresión, humillación, explotación o un sistema de dominación en Guatemala fue lo que permitió el genocidio en el país».
La parte acusadora. Imagen de El Veredicto de Pamela Yates
Por ello, en el primer año de que la sentencia fuera emitida, diversas organizaciones, colectivos y asociaciones de todo el mundo preocupados por la impunidad y corrupción en el país y sobre todo porque «la justicia es la vía para devolver, en parte la dignidad arrebatada a todas las victimas y porque estas no vuelvan a ser revictimizadas, haciéndolas repetir nuevamente el proceso», queremos pronunciarnos para afirmar que en Guatemala sí hubo genocidio, para denunciar a nivel nacional e internacional a estos sectores de poder liderados por la oligarquía, que alimentan la impunidad y la falta de credibilidad en la justicia y en las instituciones del Estado. Estos sectores han presionado para que la fiscal general Claudia Paz y Paz, quien aportó las pruebas para el caso contra el general Ríos Montt y protegió a las victimas y sus familiares, fuera cesada de su cargo antes de cumplir su mandato. También hicieron presión para que la juez Jasmin Barrios, quien presidió el tribunal y emitió la condena fuera suspendida de manera temporal a través de una medida injusta por el tribunal de honor del CANG.
En este acto de conmemoración, queremos decir ¡BASTA! No queremos que la corrupción, la impunidad de un Estado racista y excluyente traiga de nuevo consecuencias nefastas para la sociedad en su conjunto, abriendo nuevamente las heridas, al no encontrar Justicia como mecanismo de resarcimiento y reparación de las victimas. Podrán anular la sentencia, pero la condena no se borra de nuestras memorias. Continuaremos resistiendo y luchando con todos los argumentos, acciones y vías jurídicas nacionales e internacionales para que se haga Justicia y se reconozco que en Guatemala, sí hubo genocidio.
[2] El Informe de la Comisión de la Memoria Histórica, concluye diciendo que : «agentes del Estado de Guatemala, en el marco de las operaciones contra insurgentes realizadas en los años 1980 a 1982, ejecutaron actos de genocidio en contra del pueblo maya» (Tomo III: 418-419)