La Policía Comunitaria en el umbral de nuevos retos: cuando la balanza exige una inclinación. Parte 1

…¿sigues allá? ¿todavía escuchas el silencio de la montaña detrás de las trompetas? ¿saboreas aún la neblina del atardecer? ¿sientes el aire frío en la cara que no te deja abrir los ojos, a más de cien en la redila?

C.G.

 

La antesala de la fiesta

La fiesta es lo de menos. Sí y no. En el México indígena cada día es importante, significan los pasos para la cosecha, para la pesca, para migrar, para sobrevivir; nada es azaroso en estos pueblos y la fiesta es la menor de las casualidades. La fiesta entre los indígenas es la posibilidad de resolver conflictos de forma sutil, es la confirmación de las creencias colectivas, la manera de transmitir confianzas y responsabilidades, el camino para compartir con quienes deben compartirse las alteraciones del orden, los bailes, los platos de comida que nunca terminan, las miles y miles de tortillas hechas a mano, el olor a copal que surge de los rincones de una arquitectura del misterio, las misas y las bendiciones, al fin de cuentas las fiestas en el mundo indígena son también un momento de comunión, de emparejamiento necesario para continuar la vida. En la comunidad me’phaa de Paraje Montero, es un aniversario de la Policía Comunitaria lo que desencadena la fiesta y la reunión de varios pueblos de la región de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero. Así como es posible organizarse para una festividad también se han organizado —por lo menos— desde hace 16 años para construir un sistema de impartición de justicia que propone la reeducación como eje central.

El camino para llegar a esta comunidad es accidentado, la carretera está en malas condiciones y la redila tiene que esquivar constantemente baches, deslaves, vacíos, charcos, de fondo la sierra guerrerense impone sus formas y colores, el aire frío golpea nuestras caras, despertándonos; un extraño vértigo recorre las dos horas que dura este último tramo. Al entrar en Paraje Montero todo se amontona, los cables de luz por encima de nosotros, las carpas de puestos que venden comida y ropa, la carretera se reduce a un pequeño camino por donde, apretados, comenzamos a entrar, desde las rejas de la redila a penas y es posible distinguir entre uniformes verdes y el resto de las coloridas ropas, comenzamos a bajar de la camioneta y de pronto son las miradas las que nos interpelan: bienvenidos a esta fiesta.

El proceso que ha llevado la Policía Comunitaria y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) ha ido fortaleciéndose conforme pasan los años; por lo menos desde fuera es la percepción que se tiene, basta con revisar algunos datos para darse cuenta de esta tendencia: desde 1995 hasta 2011 el Sistema de seguridad y justicia comunitaria se desarrolla en 10 municipios con un total de 65 comunidades, es decir, un aproximado de 100,000 personas[1]; el número de policías comunitarios, según un conteo reciente, asciende a 720, incluyendo comandantes primeros y segundos, además están los coordinadores regionales y el cuerpo de consejeros. Desde esta perspectiva el balance de esta experiencia comunitaria es favorable, en medio de un contexto complejo donde se entrecruzan el tráfico de drogas, las ambiciones de empresas mineras, los sueños caciquiles de algunas familias, la pobreza y la miseria, la violencia política, la militarización y las corruptelas del gobierno, la riqueza de los distintos pueblos indígenas, mantener y desarrollar un sistema de justicia que sí representa una alternativa a las formas estatales, es por lo menos, un triunfo.

Sin embargo ha costado mucho trabajo llegar al punto en que el proyecto se vuelve un referente nacional en términos de seguridad, de justicia, de autonomía; justo ahora en que el Congreso de Guerrero aprobó una Ley Indígena que —aparentemente— reconoce sus usos y costumbres, no sólo en términos culturales sino en lo que concierne a la elección de autoridades y formas de gobierno, justo ahora las discusiones al interior de la CRAC-PC dejan ver que existen diversas posiciones al respecto. El aceptar esta ley y sus implicaciones en la práctica puede significar el sometimiento a las estructuras estatales y la cooptación total, a pesar de que habría recursos económicos y tecnológicos. No reconocer esta ley implica una afrenta para el gobierno y puede desencadenar un proceso de guerra de baja intensidad que remarcaría las prácticas existentes desde hace mucho tiempo en la región, pero también sería una buena forma de posicionarse respecto a otras luchas indígenas del país y respecto al rumbo que la construcción de la autonomía seguirá en las zonas de influencia de la Comunitaria.

Durante las primeras horas del primer día de la fiesta (lo acostumbrado es que estas celebraciones duren, por lo menos, dos días), hay un acto de apertura, algunas palabras de los responsables del evento y se presentan las cuatro mesas que darán un sustento reflexivo a este encuentro: Defensa del territorio, Radios comunitarias, las mujeres y sus luchas y Modelos alternativos de educación. Todo parece indicar que el proyecto está creciendo y ramificándose hacia otros aspectos, desde fuera se percibe salud y ánimo, pero recién se tiene esa impresión se avisa que no hay condiciones para celebrar la reunión prevista del Congreso Nacional Indígena, la organización indígena más radical en México y que conjunta distintas luchas a lo largo del territorio nacional… algo sucede y tal vez esté relacionado con la sorpresiva e incómoda presencia del Secretario de Seguridad Pública de Guerrero, seguramente ni siquiera sabía dónde estaba, pero estaba, tal y como se acostumbraba en las prácticas clásicas del priísmo: ir a todos los rincones para “integrar” al proyecto nacional.

Pese a esto las mesas se llevan a cabo y concentran  aun número similar de personas, entre académicos, estudiantes, militantes de diversas organizaciones, periodistas nacionales y extranjeros, simpatizantes y elementos de la Comunitaria se lleva a acabo la primera jornada festiva. Se anuncia intempestivamente que se harán recesos para la comida y se dan las indicaciones para ubicar la cocina colectiva y el comedor de madera. Mientras las reces se cocinan, las mesas de trabajo desprenden exposiciones y posicionamientos, reflexiones y cuestionamientos.

La tierra y sus historias

Don Héctor, comisario de la CRAC-PC de la comunidad de Plan de Ayala, habla como si nos estuviera hablando hace varias décadas, de mirada tranquila y buen humor, sus ojos recaen sobre los nuestros y nos dice claramente que el problema siempre han sido las tierras. Las ganas de poseerlas y el despojo que permanece intacto, y en medio los campesinos que trabajan honestamente resultan siempre los culpables…

Vamos a suponer, ustedes son de aquí y tienen todo esto bien, viene el otro bando y se sienta aquí a molestar y quitar todo lo que tienes, y te demando porque tu te viniste a poner aquí, tu mismo me demandas porque quieres que yo me quite de aquí. El problema así está, el señor éste no debe nada, a él le afectaron la tierra, a mi me afectaron mi tierra, a él también; entonces a él le meten la orden de aprensión, ¿para qué? Para que se vaya de ahí y te deje libre. Los invasores ponen denuncia y te ponen intento de homicidio, robos, bueno cosas de esas, entonces ellos sacan la orden de aprensión y se los llevan, el señor no tiene delito, los del delito son los que están acusando para quedarse solos y que no haya nadie. Ese es el problema y el gobierno…

Si la ley dice y tu agarras eso que está ahí, porque eso tiene dueño, hubo un tiempo y un sufrimiento para que eso lo pusieran ahí, no tiene derecho (la autoridad) de quitar eso. No es así. Me dice una licenciada, si tu robas o matas y vienes primero, a ti se te va a atender, y ya luego investigan y si te sueltan te piden disculpas…¿y la burla? Ahí está el problema del gobierno, no son autoridad.

Más adelante, al hablar de los problemas de ocupación de tierras por parte de personas ajenas a la comunidad, señala que: Desde el ’88 nosotros peleamos esas tierras y ahorita vamos cumpliendo 23 años de esa lucha, y la Reforma Agraria nos entrega un documento donde nos está entregando 310 hectáreas, pero de esas 200 las tienen algunos ejidatarios de ahí, se las dejamos voluntariamente, de buena gente, por no pelear… No hay que agarrar tierras nomás así, porque las tierras están ocupadas, están entregadas por la Reforma Agraria y nos las quieren quitar. En todo esto el gobierno es el culpable.

Pareciera que las cosas no cambian en nada, la vieja estrategia que ha usado el Estado mexicano para dividir comunidades y generar conflictos ha sido la de repartir “legalmente” tierras (mientras esta política aún existía) para luego dárselas a otros demandantes, de esta forma dos grupos se encuentran —sin proponérselo— peleando por una extensión territorial. A mayor o menor escala, estas prácticas gubernamentales, lejos de sólo erosionar el tejido social también han ocasionado el despertar de la conciencia de pueblos enteros, en las profundidades de la selva Lacandona a mitad principios de los años 70 un enorme reparto agrario generó conflictos pero sobre todo desencadenó la organización comunitaria que hizo posible al EZLN y que se ha mantenido hasta ahora en un proceso de  silencioso fortalecimiento.

En el caso de Guerrero estas luchas por la tierra se han visto traducidas en violencia cotidiana, amenazas y asesinatos, despojo de tierras a comunidades completas y lo que resulta absurdo, la ausencia fáctica de los poderes gubernamentales destinados a la resolución de conflictos. La respuesta comunitaria es una manera distinta de resolución de problemas y la construcción de una alternativa real que provea seguridad y un sistema normativo de justicia real. En este sentido la CRAC-PC nace de una dinámica de toma de decisiones en las asambleas locales y regionales, refresca los usos y costumbres para cambiar la idea del castigo o venganza por la de reeducación a partir de trabajos periódicos y el resarcimiento de los daños. Se trata de un camino complejo y sin duda, lleno de complicaciones, pero es parte natural de la forma de vivir de los pueblos indígenas y mestizos que lo sostienen.

Las luchas por la tierra, además de ocuparse de este mañoso despojo en donde los culpables son los legítimos dueños de la tierra, tienen que defender el territorio de la voraz presencia de empresas mineras que, lejos de actuar clandestinamente, están apoyadas por la institucionalidad. Sólo por mencionar un par de ejemplos, el proyecto Corazón de Tinieblas, de la empresa Hochschild (Inglaterra) y Zalamera (empresa mexicana con capital inglés) está interesado en una superficie de 6 mil hectáreas aproximadamente, es decir 14 vetas ubicadas en los municipios de Tlacoapa, Malinaltepec, Zapotitlán Tablas y San Luis Acatlán y ubica la boca de la mina en el cerro de Caxiatepec. El segundo proyecto La Diana/Mina San Javier pertenece a la canadiense CamSim, se interesa en una superficie de más de 15 mil hectáreas ubicadas en los núcleos agrarios de Malinaltepec, Iliatenco y Paraje Montero, la boca de la mina se anuncia lista para operar y se ubica en la comunidad de Xochiatenco. Existen muchas más concesiones que han sido aprobadas por el gobierno estatal y federal, no se trata tampoco de un fenómeno aislado: el 26% del territorio nacional se ha otorgado ya a la minería.[2]

Los diversos proyectos mineros que se proyectan en la región tienen como común denominador a la minería a cielo abierto, y a pesar de ya existir en Guerrero decenas de concesiones que se han echado a andar, de haber constatado los efectos negativos que este tipo de minería produce, el intento de empresas de capital extranjero y del gobierno estatal por establecer aún más, continúa. Entre las consecuencias dañinas e irreversibles que son resultado de esta actividad depredadora se deben mencionar la destrucción de la flora y fauna del terreno explotado, la contaminación de ríos y manantiales debido a la utilización de materiales altamente tóxicos (cianuro y arsénico en cantidades desmedidas), la creación de focos de contagio en donde corre riesgo la vida de miles de personas, la destrucción de cerros y montañas que representan, además de una riqueza natural, el centro cultural para muchos pueblos que habitan la región y, por si no fuera poco, el desgarramiento del tejido social que se ve dividido por conflictos creados para despojar de las tierras a las comunidades.[3]

La minería a cielo abierto consiste en la limpieza del terreno (afectación de flora y fauna), la utilización de dinamita para “aflojar el terreno” y la remoción de la roca con maquinaria pesada; en segundo lugar, se pasa la roca por un primer molino para ser triturada y luego a otro molino en donde queda hecha polvo, se transporta la materia para ser depositada en tanques gigantes y se convierte esto en una sustancia espesa a partir de la mezcla del polvo de roca con cianuro y arsénico; en un tercer momento esta sustancia se riega en grandes extensiones de tierra con agua que contiene altas dosis de los químicos mencionados (varios kilos diarios). El cianuro comienza a atraer las partículas de metal (fundamentalmente oro, aunque otros metales comercializables también se desprenden) como si fuera un imán; el agua y las rocas que quedan separadas se depositan contaminados en otras extensiones de tierra que quedan infértiles por muchos años; el agua de la lluvia lleva esta roca convertida en polvo a otras zonas ocasionando inutilidad.

Entre otras consecuencias de este proceso minero está la disminución de los depósitos de agua ya que la mina requiere aproximadamente en dos horas lo que una familia campesina utiliza en 20 años, algo así como 250 000 litros de agua cada hora en contraste con los 60 litros de agua que se usan familiarmente al día; no hacen falta muchas pistas para suponer que el aire también transporta partículas de cianuro y que esto ocasiona envenenamiento humano a cientos de kilómetros a la redonda (la fauna ha sido ya devastada para este momento). En términos culturales, se calcula que un 42% de las zona arqueológicas y/o ceremoniales de todo Guerrero está ya en territorio minero y que la presencia de empresas que ejercen esta actividad ha generado conflictos entre diversas comunidades y enfrentamientos directos con los propios concesionarios, aumentando de esta forma los índices de violencia del estado; precisamente este punto es una de las primeras consecuencias que puede constatarse y ahora representa una posibilidad en tanto que las regiones bajo jurisdicción de la Comunitaria mantengan su oposición la existencia de concesiones mineras en su territorio.

El problema de la minería a cielo abierto se debe a la búsqueda del control ilegítimo de los recursos naturales y quién intenta continuar con este fenómeno ecocida y etnicida es sin lugar a dudas, la figura empresarial extranjera en complicidad con las autoridades estatales y federales. Guerrero, entre otras riquezas, concentra una de las reservas más prometedoras de oro del país, algo así como 15 millones de onzas de oro, el equivalente a 4, 500 toneladas aproximadamente. Empresas como Golcorp, Minaurum Gold, Newstrike Capital, Teck Cominco, Aurea Mining y Nystar (de capitales ingleses y canadienses) ya se encuentran en la zona conocida como Cinturón de Oro (franja de 111 km entre los municipios de Arcelia y Eduardo Neri en el centro del estado). ¿Quién ha permitido el establecimiento de estas empresas, la explotación minera a cielo abierto y la extracción del oro para luego ser enviado fuera del país? Hasta donde es sabido, es el gobierno federal quién resulta responsable y el estatal como brazo operativo que permite la consolidación de semejante agravio.

La presencia de varios proyectos mineros es determinante para el futuro de la organización indígena y el fortalecimiento de la autonomía a partir de experiencias de larga duración como la Comunitaria: la oposición a estos proyectos es sin duda un punto de choque respecto a la relación con el Estado.[4] En este aniversario se reafirmó la oposición definitiva a la instalación de más concesiones mineras en la región, se ratificó el compromiso de la CRAC-PC a la reconstrucción del tejido social comunitario, desgarrado durante décadas de violencia sistemática. Se ha querido divulgar la idea –siempre en detrimento de las comunidades indígenas y mestizas- de que son los propios habitantes quienes están de acuerdo con esta actividad no sustentable, sin embargo, y para contrarrestar esta versión, la Comunitaria ha impulsado una serie de discusiones a nivel comunitario, municipal y regional que se basa en 4 ejes fundamentales: información sobre las empresas que habían obtenido la concesión; el tipo de metales y explotación se pretende realizar; los efectos sociales, ambientales y de salud que la extracción minera traería como consecuencia; y cuáles habían sido las modificaciones al marco jurídico para otorgar las concesiones sin la autorización de las comunidades.

El contexto representa un reto para los pueblos me’phaa, na savi y nahua en tanto que se desgarraría la cohesión identitaria indígena que se ha logrado mantener, peor también a los pueblos mestizos que, a través de la vida campesina y los usos y costumbres comunitarios, han emprendido la construcción de un modelo de desarrollo que engrandezca a los pueblos y con el que se obtenga una mejor calidad de vida. En este sentido, la lucha no es sólo enfrentamiento, también está en juego la construcción de una forma de vida que fortalezca la organización social, la autodeterminación, que cree más comunidades participativas que defiendan los saberes locales y que cuiden los recursos naturales y el desarrollo de proyectos productivos sustentables. Actualmente este camino de lucha se posiciona en estas vertientes, la defensa de lo que se ha logrado y la realidad de formas de vida más justas y libres que opten por la cooperación.

Los viejos conflictos agrarios de despojo de tierras, aquellos que parecen historias del antiguo régimen, emanadas tal vez de la mente de algún infértil dinosaurio,  ahora se ven completados con la interminable ambición de empresas extranjeras y de la pobre —aunque no menos nefasta— estructura gubernamental que todavía se arrastra en el país.

Cuando la semilla crece y se expande

El padre Antonio, párroco na savi de Buenavista, con su calmada voz afirma que:

la fe es un aspecto de vida fundamental en los pueblos, la fe es un hecho histórico y aunque nosotros fuimos formados en el Evangelio, en la Biblia, nosotros somos de acá, es nuestra cultura, es nuestra fe, lo mismo que la gente lleva a la fe, lo mismo nosotros compartimos esa fe y vamos encauzando su fe ellos, no una fe mágica sino una fe real en las comunidades. Se han hecho aquí varias experiencias integrados al pueblo, se organizan proyectos productivos, se organizan cajas de ahorro,  uno de nuestros compañeros, el párroco Mario es cofundador de la Policía Comunitaria y la conciencia nació allí; los primeros catequistas, los primeros cantores y ahora se ha extendido este proyecto. Hay otros aspectos que trabajamos en las comunidades, como el rescate a la cultura y a los valores culturales, la vestimenta propia de las comunidades, la lengua, una cosa importante  es que la gente tiene la fe muy fuerte en sus convicciones y hay un hecho en los pueblos que es la fiesta. La fiesta es un espacio donde el pueblo se divierte pero donde el pueblo se renueva y a los sacerdotes nos toca coordinar y encabezar las fiestas, y siempre le pedimos al pueblo que le dé sentido, que esa alegría que experimentan en las fiestas se convierta en un compromiso que siga transformando sus comunidades.

En los albores del siglo XXI la Comunitaria se fortalece y comienza a desarrollar otros ámbitos que refuerzan la idea de reconstrucción del tejido social. Surgen las primeras discusiones acerca de una educación que aporte elementos de cambio para prevenir delincuencia y violencia en la región, las mujeres, pese a todo el peso del machismo, comienzan a figurar como sujetos sociales que plantean un reposicionamiento de su papel en el ámbito comunitario, familiar y profesional, la construcción de proyectos de comunicación plantea tareas no sólo de difusión sino de construcción de la información en otros términos que no sean las tradicionales formas de invisibilización de la vida cotidiana. El punto de quiebre que significa la existencia de un sistema de seguridad comunitaria que se construye diariamente significa además la posibilidad de imaginar otro mundo, algo que parte del aprendizaje del pasado y de la previsión del futuro.

Precisamente son estas últimas vertientes las que constituirán los ejes de discusión en esta fiesta de aniversario. Mientras los elementos de la Comunitaria caminan desperdigados entre la cancha de basquetbol y el auditorio, se instalan mesas de discusión y trabajo que durarán los dos días de celebración; curioso —y afortunado— resulta ver que el ochenta por ciento de los asistentes a las mesas son habitantes de la región o de otras regiones del estado, otros son también indígenas aunque de otros pueblos, de otros estados. Las mesas, llenas de barullo y de manos morenas pidiendo la palabra no paran hasta que los resolutivos se dan a conocer antes de que el festejo termine.

Tal vez sea la educación el reto más complejo que tiene la CRAC-PC en términos de propuesta para la reconstrucción del tejido social, no sólo porque existen ya prácticas que pretenden reeducar a quienes cometen algún delito o agravio[5], sino porque la construcción de un proyecto educativo implica el compromiso y seguimiento de muchas personas a lo largo de mucho tiempo. En el primer caso es preciso recuperar las ideas que sustentan el sistema de justicia y traducirlas, o mejor dicho, reconvertirlas a saberes que sean reflexionados y aprehendidos; sobre la necesidad de sostener un proceso político-pedagógico aún quedan muchas cosas por hacerse, vínculos que construir, experiencias que compartir y conocer, pero sobre todo, falta una propuesta educativa legitimada por la reflexión de los pueblos y comunidades que serán parte de este andamiaje. Todo está aún por hacerse, por imaginarse.

Sin embargo, lo que sí está claro es el desapego de las instituciones gubernamentales en este aspecto, y cuando digo desapego es porque la actitud que presentan diversas instancias estatales es la simple imposición de planes y proyectos, de libros de texto y de maestros, de aparentes beneficios tecnológicos en lugares que demandan ser escuchados, ser tomados en cuenta como sujetos pensantes y no como objetos que constituyen “el problema indígena”. El Estado mexicano acostumbra —por lo menos de esta forma— desapegarse de la gente, le hace favores y no le respeta sus derechos, dice escuchar y en la práctica se manifiesta de maneras contrarias a lo acordado. Esto está claro en las regiones de influencia de la Comunitaria y eso es ya un primer paso dado.

Don Ignacio, coordinador de la mesa sobre modelos alternativos de educación apunta, recuperando los saberes locales, que:

la vida como seres humanos la atraviesan tres principios: el principio de libertad, el de reciprocidad y el acuerdo. Pues queremos trabajar así, en base a estos principios. Creemos que no estamos maleados, que estamos puestos por los pueblos y nosotros estamos dispuestos a dar la vida por mejorar, —no de palabra sino de manera real— para que esto aterrice en los pueblos, ver por los niños, ver por los jóvenes y ver por los ancianos también. Creo yo que estaremos trabajando para el futuro. Si no partimos de la educación estaremos fritos; no hemos puesto atención a las comunidades, porque las comunidades están abiertas a todo tipo de comentario, únicamente es cuestión de precisar las cosas y… caminemos con algo en la mano, algo bien estructurado. Se habla de salud, de autonomía alimentaria, de derechos humanos, un sin fin de temáticas, como si quisieran resolver las cosas por donde no es. No hay gente formada, no la hay y mientras no la haya no vamos a llegar lejos. Las comunidades tienen mucho potencial pero no lo vemos aquí porque la mayoría está formado con el modelo educativo oficial, miedosos, les da pena hablar su lengua, sus usos y costumbres, les da pena hablar de su región, de su mismo pueblo, para eso los forman, para que sean así, miedosos, temerosos, muy cuadrados en su mentalidad. De la escuela familiar, formal y social formemos un solo proyecto donde lo comunitario prevalezca, es el punto toral, es la médula de este proyecto, esa visión comunitaria tiene que salir de ahí, de las comunidades, y se tiene que fortalecer con opiniones de los pueblos porque de otra manera no tendría sentido.

La educación, tal y como se concibe en el mundo indígena, resulta la base fundamental para reconstruir —en muchos casos construir por primera vez— las posibilidades de cambio; para los pueblos indígenas educación, sin embargo, no es igual a escuelas, bibliotecas, programas educativos, exámenes o profesores que descubran el hilo negro del conocimiento. Entre los pueblos indios, la educación significa el diálogo constante al interior de las comunidades y desde ahí hacia el exterior, significa el reconocimiento de los conocimientos que existen y que se han convertido en tradición, significa el reconocimiento de la existencia de otros conocimientos que existen fuera de los contextos comunitarios y de la necesidad de aprehenderlos, la educación significa diálogo y construcción. Antecedentes y esfuerzos por trabajar en este sentido ya existen en las regiones de la Comunitaria, lo que significaría un aprendizaje aún mayor y un potencial muy valioso.

[…] No una modernidad capitalista, no, yo veo que en ese sentido la educación va a retomar algunas cosas, al grado tal que, hay algunos investigadores, algunos filósofos, algunos compañeros maestros jubilados que están dispuesto para colaborar en el proyecto y, en base a eso, creemos que vamos a trabajar; hay mucho potencial en las comunidades, eso no lo podemos dudar siquiera. Haremos el esfuerzo. […] Por ejemplo, se queja el Consejo Pedagógico Regional de la Montaña: la guerra que estamos librando es con los maestros, no con las comunidades, con ellos se está librando esta guerra porque desgraciadamente allí no es otra cosa que el modelo educativo oficial el que ha aterrizado y los ha formado para eso, hay unos que dicen rompamos reglas y nosotros les decimos no, mejor trabajemos, démosle seguimiento. El modelo que pensamos que sí va a operar, es cuestión de platicar con los consejeros y los coordinadores regionales, es el que va en una sola línea, no se puede romper reglas de pronto sin trabajar. No sabemos el estado psicológico de los pueblos, si están hartos ya, tiene coraje, pero ese coraje no es odio, es energía que quieren liberar. Pensamos que los pueblos van a responder porque hay mucho de qué hablar y qué hacer.

No hace falta profundizar demasiado sobre las condiciones de la educación pública en los distintos niveles, desde el comunitario (si por casualidad hay alguna muestra) hasta el nacional; la educación pública tiene demasiadas grietas, tiene demasiadas enfermedades y ahora no es posible pensar en que una reforma que venga la cúpula de la institucionalidad sea la respuesta. Pero sí es posible pensar en la construcción de alternativas surgidas con el paradigma del diálogo y de la cooperación, precisamente este reto es el que enfrentan, desde hace ya un buen tiempo, los pueblos de la Montaña y de la Costa Chica que se han organizado bajo el contexto de la CRAC-PC.

El día avanza, el calor se recrudece y al fondo del espectro sonoro se alcanza a escuchar un altavoz, mucho alboroto, parece que el desfile va a comenzar; guardamos las cámaras y las grabadoras, quien nos ha prestado su voz para abrir este espacio se adelanta apresurado y nos invita a “no retrasarnos para desfilar”, porque es este el momento en que los caminos se llenan de uniformes verdes y tonos amarillos, las familias se asoman desde las puertas de las humildes casas o de plano se vuelven multitudes. Sin embargo, mientras guardamos las cosas una idea congela cualquier duda posible, Don Ignacio sentencia y afirma, entre las hojas de su cuadernos que amenazan con caer, que el tiempo de estos pueblos indígenas no se detendrá, que es momento de construir algo para que la relación con el exterior cambie, para que quien venga también venga a aprender y no sólo a enseñar. Las comunidades tienen mucho que decir, sólo hay que escucharlas. Apretamos el paso para no faltar al desfile y no perdernos el resto de la fiesta…


[1] Datos recopilados de la página de la CRAC-PC: http://www.policiacomunitaria.org/  Es posible que no sea la información más actualizada, recientemente se han unido más comunidades, sin embargo da cuenta de manera global del crecimiento y alcance del proyecto.

[2] Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Costa Chica-Montaña de Guerrero/Comisión de Salud, El respeto a nuestra tierra es justicia ¡No a las mineras!, CRAC/INAH/UAEM, México, 2011.

[3] Los datos referentes a este tipo de minería y las consecuencias de la misma provienen del trabajo antes mencionado, sin embargo recomendamos revisar una mayor cantidad de investigaciones al respecto. Por nuestra parte recomendamos remitirse a la trilogía escrita sobre Wirikuta que comienza en: http://www.agenciasubversiones.org/?p=1832

[4] El 26 de febrero de 2011 se llevó a acabo una Asamblea de Autoridades Agrarias convocada por la CRAC-PC, ahí 21 Comisariados y 34 Comisarios Municipales dieron a conocer el acuerdo unánime de rechazar el establecimiento la minería en su territorio.

[5] Para ejemplificar esta reeducación y esta nueva perspectiva de la aplicación de justicia basta ver el caso reciente referido en: http://www.jornada.unam.mx/2011/11/06/edito y en el Comunicado Urgente del 26 de octubre de 2011, documento emitido por la propia CRAC-PC (http://www.policiacomunitaria.org/) Como este caso hay muchos, así que por motivos de espacio tan sólo lo mencionamos como un elemento a reflexionar en la coyuntura del nacimiento de una idea educativa alternativa a la educación oficial.

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