Texto: Eliana Gilet. Fotografías: Ernesto Alvarez
Este 19 de Setiembre volvieron a desplomarse las viviendas de la comunidad otomí que desde hace casi dos décadas ocupa el antiguo edificio que fue la sede de la Segunda República española en el exilio, a fines de la década de 1940.
Esta vez no fue un sismo el que derrumbó sus casas precarias, hechas con los materiales que tenían a mano y que armaron en las áreas no construidas del predio – que tiene dos entradas en la Colonia Juárez: una hacia Londres #7 y otra hacia Roma #19. Esta vez el derrumbe lo ocasionaron las patadas de los granaderos y cargadores que entraron a sacarlos por la fuerza.
La escena es idéntica: en las calles, decenas de personas cuidan los pocos muebles y pertenencias que lograron sacar de sus hogares antes de las 10 de la mañana, cuando un grupo de entre 200 y 400 granaderos (según distintos relatos) entraron al predio para desalojar a 70 familias, que mayormente viven del comercio ambulante en la zona céntrica de la Ciudad.
Cada uno de las entradas al predio tiene sus propias formas de organización pero juntas pelean para que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal les habilite una solución digna y definitiva. Desde el sismo del año pasado, el edificio tiene riesgo severo de colapso, por lo que el buena parte del grupo de la calle Roma está instalado en un campamento en la banqueta desde entonces. Hace más de un año viven en la calle, afectados por el sismo del 19S.
«Estamos resguardando el inmueble, que fue registrado ante el INVI como de alto riesgo para que siga la ruta de la expropiación por utilidad pública. Hoy denunciamos que el desalojo fue muy arbitrario, no presentaron la orden y aunque los más de 300 o 400 granaderos se retiraron, mientras tanto hubo saqueos, golpes y más de 15 heridos», explicó Diego García, uno de los representantes de la UPREZ Benito Juárez, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y que jaló la atención de un rango mayor de gente del que logra un desalojo cotidiano en la ciudad.
Los poseedores son otomíes, hablantes de la lengua, originarios de Santiago Mexquititlán, Querétaro. «En veces anteriores hemos exigimos a representantes del gobierno de la Ciudad que los predios de las comunidades indígenas tienen que tener un tratamiento especial, como lo mandata el derecho internacional», agregó García.
Sin aviso previo, como mandata la ley, igual resistieron; pero la fuerza pública golpeó, robó y desalojó con equipo y poder. Personas de la tercera edad y bebés salieron a puro macanazo del cuerpo de granaderos de la Ciudad de México, mientras que elementos de la Policía Bancaria Industrial (PBI) entraban rápido para ocupar el predio e impedir el acceso a las familias desalojadas. Los cargadores sacaban todo a la calle. Una de las mujeres desalojadas relató que los cargadores les tiraban piedras ante la mirada de los policías, que los dejaron actuar.
Filemón Sánchez, uno de los representantes del grupo de la entrada de Londres, explicó que aunque no les mostraron las órdenes, les dijeron que ésta venía a nombre de una persona que ya no vive en el lugar y que los vecinos saben que está detenido, por lo que la autoridad también debe tener registro de su situación y que por tanto, está fuera de allí.
El desalojo de la Comunidad Otomí de la Embajada de la República en la Colonia Juárez comparte con el resto de los casos de desalojo que han explotado desde el año 2016 en la Delegación Cuauhtémoc, dos ilegalidades básicas:
- Que las personas no fueron avisadas previamente de que serían expulsadas de sus casas, una mínima garantía legal. El hecho de que hubiese niños en el predio agrava las cosas, muchos niños y personas de la tercera edad.
- Que no fueron vencidos en un juicio en el que se emitiera esa orden para expulsarlos, que como en casi todos los otros casos registrados en esta página, venía a nombre de una persona que no vive en el lugar.
Luego de que los indígenas fueran expulsados y los uniformados ocuparan el predio, el oficial Ruiz de la PBI dijo que la orden de desalojo fue emitida por el «Juzgado 39 de lo penal», en un fallo a favor de «Videlmar Iván Pérez» según un documento que leyó de su teléfono celular. Es extraño que una causa de desalojo esté en un juzgado penal y no civil, pero eso fue lo que leyó el agente, sin posibilidad de chequear esa orden que aquí se cita.
Entre 12 y 15 elementos custodian el predio y al menos dos de ellos tienen armas de asalto para vigilar un montón de escombros en que quedaron convertidas las casas, montañas desordenadas de tabiques y láminas destruidos.
«Entraron por los dos lados, el lugar estaba rodeado, nadie presento una orden de desalojo. Los de Roma ni estaban en el predio desde el sismo, los sacaron con el pretexto del alto riesgo desde el año pasado. Pero los muchachos que trajeron (200 cargadores) no tiene madre, destruyeron todo con pico y mazo, tiraron todas nuestras casitas y las dejaron como basura» explicó uno de los vecinos desalojados.
Antes de demoler todas las viviendas las personas lograron sacar algunas de sus cosas, lo más valioso y lo más importante. Son muchas cosas y el tiempo era poco, menor fue la paciencia de los granaderos que vigilan las entradas al lugar, haciendo sentir ajeno lo que hace un instante era su hogar.
«Todos somos trabajadores, el lugar tenía más de 30 años abandonado, yo tengo 12 años viviendo aquí. Le pusimos luz, ahí están los medidores. Soy artesano y no gano mucho, pero toda la familia salimos a trabajar y hoy ni eso pudimos hacer».
El principal reclamo durante la tarde que siguió tras el desalojo del miércoles 19 de Setiembre de 2018, fue que se retiraran los elementos de policía del predio para iniciar un diálogo con las autoridades.
En la entrada de Londres, Ruiz de la PBI, el que leyó el documento más arriba y otro oficial de nombre E. Moreno R. sólo se miran y sueltan apenas que están «haciendo su trabajo». Un tercer policía sale de entre las ruinas que rodean esta escena, con una metralleta y toma posición en el acceso de la calle Londres.
Hay decenas de mujeres de todas las edades, niños, jóvenes. Gente que está enojada por el atropello. Las calles quedaron cerraron con algunos muebles y se levanta una voz que exige que se les devuelva el predio.
Hay representantes de la Comisión de Derechos Humanos del DF que fueron alertados y tomaron contacto y registro de la situación desde el mediodía, aunque no han emitido ninguna acción pública al respecto.
Mientras tanto, en la entrada de la calle Roma, llega Evangelina Hernández Duarte, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) encabezando una comitiva de delegados del gobierno de la Ciudad de México, sobre todo del área de Concertación Política y Atención Ciudadana que suelen mediar con la gente cuando decide cortar las calles para que se atienda su problemática.
Los vecinos piden una mesa de diálogo, que para instalarse, se debe retirar a los uniformados de la PBI que custodian el predio.
Por parte de los ejecutores del desalojo, arribó un abogado de la firma Ulises Molina y Abogados, en representación de una inmobiliaria de la que no se tiene mayores datos, que proporcionó el documento de ejecución del desalojo. Los delegados del gobierno organizaron la mesa tripartita que llevan tres reuniones realizadas (el miércoles 19 a la noche, el viernes 21 y el jueves 27 de Setiembre) sin que se haya avanzado en una propuesta definitiva para el lugar o la gente.
Las familias desalojadas se han mantenido en plantón afuera del predio desde entonces. Los vecinos organizados reclaman que el INVI facilite su reubicación en otro predio o bien, que se llegue al acuerdo de expropiación con quienes dicen ser dueños del lugar y las familias de la comunidad Otomí puedan comprar en cuotas para reconstruir y mantenerse viviendo en el corazón de la Ciudad.