Por Dante A. Saucedo y Regina López
Uno
El pasado 5 de febrero, cinco elementos de la policía comunitaria de la comunidad de San Pedro Naranjestil, en el municipio de Aquila en la Costa-Sierra michoacana, fueron levantados por elementos de la Secretaría de Marina para ser entregados a una célula del crimen organizado que opera en la región. A cambio de su liberación, los líderes del grupo delictivo solicitaron la entrega de armas y la desarticulación del filtro que mantiene la policía comunitaria en la comunidad de Tizupan, también en el municipio de Aquila.
Inmediatamente, los grupos de policía comunitaria de Aquila, Coahuayana y Chinicuila se movilizaron para lograr la liberación de Abigail Farías Fernán, Crispín Francisco de Aquino, Saúl Fabián Meraz Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreón Valencia, quienes, además de ser comunitarios, fungían como policías municipales. Mientras tanto, el pueblo nahua de Santa María Ostula decidió instalar un bloqueo sobre la carretera federal 200, a la altura de la desviación que conduce a la cabecera municipal de Aquila, en un punto conocido como Triques.
El ocho de febrero, la comunidad fue informada de la liberación de los cinco policías comunitarios —junto con otros dos que, según algunas versiones, habían sido también retenidos. Ese mismo día la comunidad de Santa María Ostula anunció que la puesta en libertad de las personas mencionadas fue el resultado de «operativos conjuntos y negociaciones». Asimismo, el pueblo de Ostula denunció que las autoridades no habían detenido a ningún responsable, ni se había esclarecido el vínculo y la complicidad de la marina en los hechos.
Bajo esas condiciones, la comunidad de Ostula decidió mantener el bloqueo carretero. Aunque la principal demanda era la liberación de los comunitarios secuestrados, a su pliego petitorio se habían sumado ya las demandas permanentes de las y los habitantes de Ostula; entre otras, la desmilitarización de la Costa-Sierra, la desarticulación del crimen organizado en la región y justicia para las comuneras y comuneros asesinados y desaparecidos en los últimos años.
Dos
El pueblo organizado de Santa María Ostula tiene claro que este ataque no se trata de un «hecho aislado» y que, al contrario, se inserta en un contexto de rearticulación y contraofensiva de las células del crimen organizado de la Costa-Sierra en Michoacán, lideradas por Federico González, alias Lico, Jesús Cruz Virrueta alias Chuy Playas, Fernando Cruz Mendoza alias El Tena y José María Cruz alias El Tunco.
En 2014, el movimiento de autodefensas —cuyo núcleo en la región fue la Guardia Comunal de Santa María Ostula— logró limpiar la región y desarticular las células de Los Caballeros Templarios que operaban en los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcomán. En aquel momento, el avance comunitario logró llegar hasta Caleta de Campos, apenas unos kilómetros al norte del puerto de Lázaro Cárdenas.
En ese contexto, el entonces Comisionado para la Paz y Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, impulsó la regularización de autodefensas y policías comunitarios en todo el estado, como una estrategia de control del ejecutivo federal sobre la región. Se creó entonces la llamada Fuerza Rural —disuelta en 2016 para dar paso a las corporaciones policiacas regidas por el mando único— para incorporar a los integrantes del movimiento de autodefensas. En las regiones donde había presencia de policías comunitarias o guardias comunales, los miembros que se integraron a corporaciones de seguridad oficiales mantuvieron también sus cargos comunitarios. Este es el caso, por ejemplo, de los cinco comunitarios secuestrados el 5 de febrero.
Desde entonces, la organización de seguridad comunitaria ha logrado mantener fuera de su territorio a los grupos del crimen organizado. Sin embargo, ante la inacción y la complicidad de los tres niveles de gobierno, y de las Fuerzas Armadas, los ex-líderes Templarios y sus viejos aliados políticos —todos plenamente identificados y denunciados por las comunidades de la Costa-Sierra— han comenzado un proceso de rearticulación y contraofensiva.
Al menos desde comienzos de 2016, los grupos de seguridad comunitaria de Coahuayana, Chinicuila y Aquila —entre los que se encuentra la Guardia Comunal de Santa María Ostula— han denunciado el recrudecimiento de los hostigamientos en su contra, así como el avance territorial de los grupos del crimen organizado y de sus caciques y políticos aliados. La comunidad de Ostula señala al menos cuatro emboscadas y ataques armados contra los grupos de seguridad comunitaria; entre ellos, el secuestro y asesinato de Luis Olascón Mendoza y Juan Cruz Montejano, ambos policías comunitarios de San Pedro Naranjestil.
Además de las agresiones del crimen organizado, el pueblo de Santa María Ostula ha sido víctima de la violencia y la omisión de las Fuerzas Armadas del Estado mexicano. En junio de 2015, balas del ejército asesinaron a Hidelberto Reyes García, de apenas 12 años, en la comunidad de Ixtapilla. Y en la memoria de la comunidad aún resuena el asesinato de Don Trino, perpetrado por un grupo criminal ante la inacción cómplice de elementos de la marina, situados a unos cientos de metros del lugar.
Cabe señalar que desde hace aproximadamente un año, todas las agresiones han sido en la zona sur del municipio de Aquila, alrededor del filtro comunitario de Tizupan que, hasta hoy, marca el límite del territorio controlado por la seguridad comunitaria. La agresión del 5 de febrero pasado se muestra, así, como el más reciente de una serie de ataques que buscan replegar a las policías comunitarias y guardias comunales hacia el norte.
La intención de los líderes del crimen organizado es clara: retornar a los territorios que la resistencia organizada de Santa María Ostula ha logrado recuperar y defender. Los ex-líderes de los Caballeros Templarios, junto con Juan Hernández, ex presidente municipal de Aquila, pretenden volver a controlar el despojo y la explotación de los bienes comunales de la región. Para el pueblo nahua de Santa María Ostula, sin embargo, la tierra es mucho más que un depósito de minerales o recursos forestales. La comunidad sabe que su territorio es la fuente y el espacio donde se despliega la vida colectiva, y es eso lo que todas y todos se organizan para defender.
Tres
En el bloqueo que se mantenía sobre la carretera federal 200 se ponen práctica los saberes que el pueblo de Ostula ha acumulado en décadas de lucha y resistencia. Con sorprendente rapidez se levantan enramadas —techos de palma real que protegen del intenso sol de la costa— y se tejen hamacas para hacer más llevaderas las largas horas de guardia.
En los puntos donde se detiene el tránsito de la doscientos, comuneros se comunican por radio para organizar el paso y la intermitencia de los cortes. Ningún vehículo es detenido por más de media hora; sólo se impide completamente el paso a los camiones que transportan la mercancía de la minera Ternium —símbolo del despojo capitalista en la región— y a los que se dirigen al puerto de Lázaro Cárdenas.
Mientras, la vida y los trabajos cotidianos continúan en las encargaturas que conforman el territorio de Ostula. Cada una de ellas —nos explica un comunero— se divide en tres partes: dos se trasladan al bloqueo, mientras la tercera realiza las faenas necesarias para el trabajo de la tierra. «Nosotros vemos que así podemos durar años […] manteniendo nuestra lucha, nuestro movimiento». A pesar del cansancio físico que implica sostener el bloqueo, la comunidad se mantiene firme, sabiendo que es apenas un momento de la larga lucha en defensa de su tierra y de su vida.
Aunque las demandas de Ostula implican la desarticulación del crimen organizado en la región, la visión de un pueblo organizado es radicalmente distinta a la de las fuerzas del Estado: la comunidad sabe que la detención de los malandros no es un simple asunto de «seguridad pública». Al mantener y defender el sistema de seguridad comunitario, las y los habitantes de Ostula defienden la forma de vida comunal que el crimen organizado, el modelo económico extractivista y el Estado mexicano, han intentado destituir. En una sola frase, un comunero lo resume: «nosotros no queremos desaparecer, queremos seguir existiendo comunidad».
A casi dos semanas de la liberación de los cinco policías comunitarios secuestrados, ninguno de los tres niveles de gobierno se ha movilizado para detener a los líderes del crimen organizado. El bloqueo de la carretera 200 se ha levantado, pero Ostula se mantiene en alerta permanente, y en el filtro comunitario de Xayacalan se ha instalado una guardia de al menos 300 personas. Desde allí se brinda apoyo logístico y moral a las guardias comunitarias que han avanzado hacia el sur para hacer el trabajo de seguridad que el Estado mexicano continúa sin realizar.
La comunidad de Ostula sabe que la contraofensiva del crimen organizado implica el retorno del despojo y el desprecio que significan los proyectos extractivistas impulsados por los caciques y políticos de la región. “Las cosas van avanzando. Lento, no como esperamos, pero avanzan”, nos dice un comunero. La lucha es larga, pero el apego a su territorio y el recuerdo de las luchas que le han permitido mantener sus formas de vida colectiva, le brinda al pueblo nahua de Ostula la fuerza necesaria para continuar su resistencia.
