La mañana del sábado 16 de junio un grupo de civiles armados acompañados de policías uniformados incursionaron en el barrio Carlos Marx, ubicado al oeste de Managua, con el objetivo de desactivar algunos tranques —barricadas— que vecinos habían instalado en respuesta a la ola de represión ejercida por el gobierno y simpatizantes de Daniel Ortega ante las protestas sociales que sacuden al país desde el pasado 18 de abril.
Aproximadamente a las 6:00 AM el grupo paramilitar, acompañado de policías uniformados, ingresó por la fuerza a una casa, posteriormente encerraron en una de las habitaciones a los miembros de la familia que se encontraban presentes y, antes de retirarse, lanzaron bombas molotov hacia el interior de la vivienda que también funcionaba como negocio de venta de colchones. Las llamas se extendieron velozmente por todo el inmueble; cuatro adultos y dos menores de edad —uno de 8 meses y otra de un año y medio— perdieron la vida, una persona logró sobrevivir al saltar desde el segundo piso.
Los agresores permanecieron en las inmediaciones del inmueble. Vecinos del barrio y del benemérito cuerpo de bomberos aseguraron que cuando intentaron acercarse a apagar el fuego fueron repelidos por los policías y paramilitares, quienes les dispararon en repetidas ocasiones antes de retirarse del lugar.
#LOÚLTIMO Este es el momento en que policías y paramilitares llegan al barrio Carlos Marx. #SOSNicaragua #GritoPorNicaragua pic.twitter.com/3Y1RBeHZAV
— 100%NOTICIAS (@100noticiasni) June 16, 2018
Un informe de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), señala que de las 300 personas asesinadas desde el inicio de las protestas, el 90% murió por disparo de arma de fuego, y un 56% de las víctimas eran menores de 30 años. Además de los asesinatos la CPDH reporta 2,021 heridos,1,250 detenidos, así como otras 120 personas desaparecidas. Según informes forenses, gran cantidad de las muertes por armas de fuego de debieron a un solo impacto, es decir, disparos certeros en su mayoría dirigidos a cabeza, cuello y tórax de las víctimas.
El mayor retirado del Ejército, Roberto Samcam, ha denunciado que de entre las armas de fuego utilizadas por policías y paramilitares destaca el uso del rifle de asalto de origen ruso Dragunov —arma con un alcance de entre 800 y 1300 metros— y de su versión venezolana, el llamado Catatumbo fabricado por la empresa CAVIM, de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Tanto el Dragunov como el Catatumbo son conocidos como rifles especializados para el uso de francotiradores.
Otras armas que se han utilizado son: AK-47, AR-15, M-16, PKM, escopetas de calibre 12 y M-40. También fusiles FAL, carabinas M1 y, más recientemente, en los ataques a Jinotepe, Diriamba y Masaya, lanzacohetes RPG7 y granadas de fragmentación. “La mayoría de este armamento estaba en almacenes desde la finalización de la guerra de los ochenta, evidentemente a cargo de quienes tenían constitucionalmente el monopolio de las armas”, refirió Samcam. En el caso de la gran cantidad de escopetas calibre 12 que se ven entre las tropas paramilitares, su origen se encuentra, según Samcam, en algunas empresas de seguridad que pertenecen a individuos vinculados directamente a Ortega.
Las turbas y escuadrones de la muerte
Según fuentes consultadas que prefieren permanecer en el anonimato, los escuadrones de la muerte son integrados en su mayoría por policías vestidos de civil, excombatientes sandinistas, miembros de la Juventud Sandinista (estructura partidaria perteneciente al FSLN), delincuentes comunes y pandilleros, muchos de ellos adictos al crack. Se trata de una combinación peligrosa que agrupa en células armadas a individuos con entrenamiento militar, experiencia en combate y desarrollo en entornos sumamente violentos.
A través de redes sociales es común informarse sobre la presencia de dichos grupos en distintas zonas del país. Existen cientos de fotografías y videos, algunos subidos por ellos mismos o por simpatizantes sandinistas, que documentan en tiempo real la presencia de dichos grupos motorizados circulando por diversos barrios de Managua y de otras ciudades y poblados.
Esos no son autoconvocados señores. SON PARAMILITARES ASESINOS y POLICIA NACIONAL soportados por Ortega-Murillo.
El escuadrón de la muerte entra a Matiguas en tempranas horas, como grandes héroes, antes de atacar esa ciudad. #RenunciaYa #SOSNicaragua pic.twitter.com/RDWicdT7UZ— Indignados Nicaragua (@IndignadosNica) July 8, 2018
Actúan de manera independiente o «por encargo» de la policía nacional o servidores públicos y desde el inicio de las protestas tienen carta abierta para actuar libremente en contra de los opositores al gobierno de Daniel Ortega. Se mueven en grupos de 10 a 15 personas a bordo de camionetas tipo pick-up conocidas como «Hilux», en patrullas de la policía nacional, camiones de pasajeros facilitados por la misma policía y motocicletas.
La capacidad de movilización de dichos grupos permite que se desplacen velozmente en caravanas de hasta medio centenar de vehículos motorizados que avanzan asegurando terreno, realizando patrullajes, posicionando francotiradores y desplegando unidades de a pie para recorrer las calles en búsqueda de casas y locales donde habitan o trabajan opositores previamente señalados. Acompañados de maquinaria pesada son encargados de retirar los tranques o barricadas e imponer un estado de sitio de facto en barrios y ciudades completas en lo que se les conoce como operaciones “de limpieza”.
Son, entre otros delitos, responsables de asesinatos, secuestros, robos a casa habitación, saqueos a locales y negocios e incendios, la mayor parte de ellos con motivos políticos pero también a modo de venganzas personales y/o meramente delincuenciales. De igual manera dichos grupos son utilizados para reprimir la protesta social en las calles, atacar manifestaciones y realizar detenciones arbitrarias.
Las listas de los CPC
Los Consejos de Poder Ciudadano (CPC) fueron creados por decreto presidencial en el año 2007 con el objetivo de ser el enlace entre la ciudadanía y las instituciones, tienen representantes casi en cada calle de todas las ciudades y en la gran mayoría de las comarcas en zonas rurales. Realizan principalmente labores de vigilancia y cooptación.
Existe una infinidad de testimonios que dan cuenta del poder de los CPC. En la mayoría de los casos, para obtener un empleo en el sector público, verse beneficiado por los programas sociales u obtener una beca es necesario contar con una carta de recomendación del CPC de la calle o barrio. Dichas cartas solo son entregadas a partidarios del régimen. Los CPC funcionan como organismos barriales de control social y vigilancia.
Los CPC tienen su origen en la época en que los sandinistas preparaban la insurrección final para derrocar al dictador Somoza; en las ciudades se organizaban por cuadra, por sector y por barrio. Su función era crear las condiciones para luchar una guerra: recoger agua, asegurar la distribución de los alimentos, definir lugares donde se atendería a los heridos, se organizaban pequeñas clínicas de primeros auxilios con la dotación correspondiente de medicamentos y materiales.
Dichas formas organizativas llevaron el nombre de Comités de Defensa Civil (CDC). Cuando las ciudades insurrectas eran liberadas, dichos comités tenían la tarea de organizar el abastecimiento y echar a andar los servicios básicos para que los barrios y ciudades funcionaran correctamente. Hoy en día es posible encontrar muchas similitudes entre el modelo de los CDC y las formas de organización que se dan en las calles, barrios y ciudades levantadas en contra del régimen orteguista.
Una vez obtenido el triunfo de la revolución, los CDC pararon a ser Comités de Defensa Sandinista (CDS). Con el recrudecimiento de la guerra contrarrevolucionaria, los CDS se convirtieron en grupos organizativos comunitarios que realizaban a cabo labores de vigilancia vinculados a la Dirección General de Seguridad del Estado operando a modo de recolectores de información sobre las actividades cotidianas de los vecinos. Más adelante, llevaron a cabo funciones paraestatales como la repartición de tarjetas de abastecimiento y entrega de cartas-avales para obtención de servicios.
Hoy en día son los integrantes de los CPC quienes dan cuenta de qué ciudadanos participan en las manifestaciones o tranques (barricadas), quienes cargan morteros, llevan comida o agua, o simplemente quiénes simpatizan con el movimiento opositor al orteguismo. Dicha información es sistematizada en listas con nombres y direcciones que son entregadas a policías y paramilitares o hechas públicas en redes sociales, de igual manera en algunos barrios o colonias marcan las puertas o paredes de las casas de opositores para cuando los escuadrones de la muerte ingresen a los barrios sepan directamente a donde dirigirse.
Pobladores del Barrio Oronte Centeno, #Tipitapa. Identifican a su CPC del barrio reunida con camioneta Hilux entregando una hoja, la cual identifican q tiene el listado d las personas que han participado en marchas y los jóvenes que están en los tranques. #SOSNicaragua #Nicaragua pic.twitter.com/an15brLZXr
— Nicaragüenses en todo el mundo (@nicasyelmundo) July 6, 2018
“El Chipote”
En la mayoría de los casos, las víctimas de secuestro o de detenciones arbitrarias son trasladadas a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, complejo carcelario mejor conocido como “El Chipote” que desde la época de Anastacio Somoza García hasta el día de hoy ha sido usado para detener y torturar a opositores al régimen.
Inaugurado en 1931 por el entonces presidente José María Moncada, el palacio presidencial de “La Loma” sufrió graves daños por el sismo que sacudió Nicaragua en abril del mismo año. Tres años después, Anastacio Somoza García construyo ahí la residencia del jefe director de la Guardia Nacional conocida como “La curva”. Anastacio Somoza Debayle, hijo de Somoza García, ocuparía el cargo de Director de la Guardia Nacional en 1947.
Fueron los sótanos de dicho recinto los que años después servirían como centro de detención y tortura en contra de los detenidos por la fracasada “rebelión del ‘54”, una operación de emboscada que pretendía acabar con la vida de Somoza García en la Carretera Panamericana. Dicha operación fue descubierta, algunos de los detenidos fueron fusilados y los demás trasladados a las celdas subterráneas de “La Loma”.
El complejo adquirió bastante notoriedad en los años previos al triunfo de la revolución sandinista, ya que ahí eran traslados los detenidos vinculados al FSLN y encerrados en pequeñas celdas donde eran torturados física y sicológicamente. Daniel Ortega Saavedra figura entre la larga lista de detenidos y torturados en dichas instalaciones.
Una vez obtenido el triunfo de la revolución, “La Loma” cambiaría de nombre a “El Chipote” pero sus funciones siguieron siendo las mismas: los detenidos vinculados al régimen de Somoza eran trasladados a las celdas subterráneas bajo las mismas condiciones inhumanas que los propios sandinistas experimentaron años antes.
Actualmente, el complejo carcelario lleva el nombre de Dirección de Auxilio Judicial y es ahí donde son trasladados la mayoría de los detenidos y secuestrados por policías y paramilitares obedientes al régimen de Ortega, es ahí mismo donde desde el pasado 19 de abril decenas de madres de los detenidos durante los primeros días de las protestas instalaron un plantón exigiendo la liberación de sus hijos e hijas.
Es difícil contabilizar la cantidad de detenidos que han pasado por “El Chipote” en los meses recientes ya que no existen datos oficiales que puedan corroborarse pero son muchas las denuncias de quienes han sido liberados sobre los malos tratos, abusos y torturas que sufren al interior de dichas instalaciones, en su mayoría cuartos de 3 por 3 metros con literas de concreto y un hoyo en el piso para que los detenidos realicen sus necesidades fisiológicas.
Infografía publicada por el Diario Nicaragüense La Prensa
Leyes a modo
El pasado 16 de julio el congreso de Nicaragua aprobó la Ley de Unidad de Análisis Financiero (UAF), y la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Ambas leyes preocupan a analistas por su ambigüedad y son vistas como leyes hechas “a medida” para dotar al gobierno de Daniel Ortega de un marco legal que permita continuar con su escalada represiva.
La Ley de Unidad de Análisis Financiero, en palabras de el ex diputado José Pallais, directivo del Frente Amplio por la Democracia, “pretende crear un sistema de espionaje financiero. Dotar al Estado de la capacidad de conocer, dar seguimiento y enterarse de todas las transacciones que se celebren en Nicaragua, tanto las de capital y financieras, como cualquier tipo de contratación”.
Por su parte la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en su artículo 394 define como terrorista a: “Quien cause la muerte o lesiones corporales graves a personas que no participan directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado o destruya o dañe bienes públicos o privados, cuando el propósito de dichos actos, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, será sancionado con pena de quince a veinte años de prisión”.
En medio del contexto de violencia y represión desatada por el gobierno y sus afines desde el pasado 18 de abril la aprobación de ambas leyes en teoría son necesarias para cumplir compromisos internacionales contraídos por el Estado de Nicaragua, pero parecen ir dirigidas a quienes participan de las protestas en contra el gobierno y a quienes se solidarizan económicamente con ellos.
Un claro ejemplo de esto es la reciente acusación contra Cristian Fajardo y María Peralta, originarios de Masaya e integrantes de la Resistencia Cívica de Masaya, organización que el pasado 19 de junio exigió públicamente en una conferencia de prensa, la renuncia de Daniel Ortega y Rosario Murillo y la conformación de una junta de Salvación Nacional responsable de la organización de comicios anticipados en un periodo no mayor a 180 días posteriores a la renuncia del presidente y su esposa.
Otra de las propuestas de la Resistencia Cívica de Masaya era que paralelamente a la conformación de la Junta de Salvación Nacional, en esa ciudad se integraría una junta de gobierno local para solventar las necesidades de la población. “Ya no tenemos policías que nos protejan, ya no nos representa un alcalde que pueda resolver las necesidades de la ciudad, así que el pueblo respalda nuestra propuesta, debemos ser autónomos”, declaró Fajardo.
Cristian y María fueron detenidos el pasado 22 de julio en el puesto migratorio de Peñas Blancas, frontera con Costa Rica, mientras intentaban abandonar el país debido a las constates amenazas que recibían por partes de policías y paramilitares, cabe recordar que el pasado 20 de junio, un día después de la conferencia de prensa, policías y paramilitares armados ingresaron a Masaya e incendiaron un hotel propiedad de Cristian.
Tras la detención el Ministerio Público le imputa a la pareja ser los presuntos coautores de los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, crimen organizado y entorpecimiento de servicios públicos en contra del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. Un ejemplo del uso político y represivo de las nuevas leyes.
Un modelo fracasado
Los grupos paramilitares, la red de espionaje de los CPC, las torturas y violaciones a los derechos humanos, la creación de un marco legal que permite el espionaje financiero y la aplicación de penas de cárcel asociadas a una ley ambigua como es la ley antiterrorista, son piezas del engranaje represivo de un gobierno que tanto nacional como internacionalmente ha perdido toda capacidad de dialogo y ha decidido sostenerse a base de fuego y sangre.
La tesis sobre la injerencia extranjera que ha manejado el aún presidente Ortega en las recientes entrevistas otorgadas a medios internacionales como Fox News o TeleSur demuestra un total desconocimiento sobre la realidad del país que gobierna o un delirio que le impide pensar con claridad sobre las causas y factores que han llevado a cientos de miles personas a manifestarse en las calles pidiendo su renuncia.
El gobierno de Nicaragua ha desatado una andanada mediática que por medio de la mentira y descarada falsificación de hechos y datos pretende, burdamente, lavarse las manos y engañar a los nostálgicos de un modelo de izquierda que, desde hace muchos años, ha demostrado ser la continuación de una política social y económica excluyente, que mas que reducir las brechas sociales, han creado una nueva elite de millonarios «de izquierda» que comparten las mismas prácticas de la derecha.
La saña con la que el régimen de Ortega y Murillo ha respondido a la frescura y diversidad representada en las protestas callejeras, sumada al apoyo incondicional que aún siguen recibiendo de algunos países amigos y uno que otro analista trasnochado, han puesto en evidencia a nivel internacional la verdadera cara de un gobierno y un modelo que desde hace ya algún tiempo empiezan a oler a muerto.