Ubicado en la sierra mazateca, al norte del estado de Oaxaca, se encuentra Eloxochitlán de Flores Magón. Su gobierno, regido por el principio de usos y costumbres, se encuentra vigente en un total de 424 municipios del estado, en los cuales la elección de autoridades se realiza mediante las tradiciones locales y sin la intervención de los partidos políticos. El ayuntamiento de Eloxochitlán está constituido por el presidente municipal, un síndico y el cabildo integrado por cinco regidores.
Desde el año 2010, derivado de la intervención de los partidos políticos, un conflicto social que enfrenta dos posturas diametralmente opuestas se hizo presente en la vida cotidiana de la comunidad. Por un lado se encuentran quienes consideran que los partidos políticos se deben mantener al margen de la toma de decisiones, ya que tradicionalmente el espacio para elegir a las autoridades es la asamblea comunitaria. Por el otro lado están quienes han abierto las puertas a los partidos, dando paso a prácticas como la coacción o compra de votos, las cuales representan una violación a los usos y costumbres.
Dicho conflicto ha calado hondo en la comunidad; torturas, encarcelamientos y desplazamiento forzado son sólo algunas de las heridas que han dejado una estela de dolor entre los habitantes de Eloxochitlán, quienes desde el 2010 y hasta el día de hoy siguen luchando por obtener justicia, misma que parece, como en gran parte del territorio mexicano, estar ausente o a favor de un sólo bando.
Esta entrega es la segunda parte de un articulo que hace un recorrido cronológico por algunos de los hechos clave que han marcado el desarrollo de este conflicto.
La justicia selectiva
Como mencionamos en la primera parte de este articulo, en 2010 Manuel Zepeda Cortés fue cobijado por el partido Convergencia Ciudadana para buscar la presidencia municipal de Eloxochitlán de Flores Magón y por medio de la compra de votos y alianzas con líderes barriales, logró el triunfo con tan sólo una tercera parte de los votos de una manera muy ajena a las formas tradicionales de toma de decisiones.
El 20 de noviembre de 2010, derivado de las agresiones cometidas en contra de los integrantes de la asamblea comunitaria, Manuel Zepeda, Vidal Zepeda Cortes, Vicente Zepeda Cortes, David Tello (Esposo de Elisa Zepeda), Manuel Zepeda Lagunas y policías municipales que los acompañaban fueron plenamente reconocidos como los agresores. Estos hechos se denunciaron el 24 de noviembre de 2012 ante la Fiscalía de Investigación de Trascendencia Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado (Causa penal 32/2013)
El Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco” promovió diversos peritajes, entre ellos el manual de Investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigo y tratos crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) para evidenciar la tortura cometida en contra de los defensores comunitarios. En junio del 2013, el entonces Juez Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Juan Daniel Delgadillo Martínez comete una serie de irregularidades y reclasifica el delito de tortura por el de lesiones a pesar de tener los elementos suficientes para calificarlo.
Es importante destacar que los distintos jueces que han sido titulares del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito de Huautla de Jiménez, han actuado con parcialidad en dicho juicio, ofreciendo a los inculpados (algunos de ellos servidores públicos al momento de cometer un delito) facilidades en el proceso, mismas que son negadas a los denunciantes y a la población en general.
Durante el año 2013 —último de su mandato— y a pesar de tener un proceso abierto en su contra, Manuel Zepeda y sus grupos de choque escalaron los niveles de represión, violencia e intimidación en contra de los integrantes de la asamblea comunitaria, a tal grado de contratar sicarios de pueblos vecinos para atacar e intimidar a todo aquel que estuviera o mostrara su apoyo a la asamblea o se manifestara por la libertad de los presos políticos. Las medidas represivas iban desde el cierre de caminos a los que sólo dejaban circular a sus allegados, al condicionamiento de proyectos sociales a sus detractores, un grave deterioro de la libertad de expresión y el saqueo de los recursos naturales a través de sus empresas constructoras.
Contra toda esta larga lista de delitos cometidos por Manuel Zepeda y su grupo de incondicionales se han realizado denuncias jurídicas y quejas por las violaciones a sus derechos en diferentes instancias, sin embargo, lo que se ha recibo son irregularidades y retraso de los procesos, pérdida de expedientes, reclasificación de delitos, así como protección y resguardo a estas personas. Es decir, la justicia del Estado y organizaciones de derechos humanos claramente están del lado de quienes están reprimiendo a la comunidad de Eloxochitlán.
La ambición por el poder
En diciembre del 2013, con base en el sistema de usos y costumbres, la asamblea comunitaria se reunió para elegir al nuevo cabildo, dando fin al mandato ilegal de Manuel Zepeda. El nuevo cabildo quedó encabezado por el nuevo presidente municipal, el ciudadano Alfredo Bolaños Pacheco.
Durante los primeros meses de gestión del nuevo cabildo, la comunidad reconstruyó poco a poco el tejido social y siguió luchando por la liberación de Pedro Peralta que seguía preso en el penal de Cuicatlán. También fortalecieron los trabajos comunitarios conocidos como faenas, que en el pasado se habían visto afectadas por los grupos de choque a cargo de Manuel Zepeda. El expresidente municipal presionaba en todo momento al nuevo cabildo para que las obras públicas fueran concesionadas a sus empresas constructoras bajo amenaza de tomar el Palacio Municipal. En septiembre de 2014, con el propósito de obligar al cabildo a que les comprara material que extraía ilegalmente y a la vista de todos del rio Petlapa, Zepeda y su grupo de choque detuvieron la obra de pavimentación en el barrio de Peña Colorada
En ese mismo año, la Auditoria Superior del Estado de Oaxaca notificó la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2013 al expresidente municipal, porque según los datos del organismo no pudo comprobar más de 20 millones de pesos.
Cuatro días antes de que se cumpliera el plazo para las aclaraciones sobre el dinero faltante, Manuel Zepeda y su grupo de choque, encabezado por sus hijos Manuel Zepeda Lagunas y Elisa Zepeda Lagunas, armados con piedras, armas de fuego, palos y machetes tomaron con lujo de violencia el palacio municipal de Eloxochitlan de Flores Magón. Obligaron al presidente municipal, Alfredo Bolaños a firmar una supuesta licencia, robaron sellos, papelería y dinero perteneciente al cabildo. Estos hechos están asentados en la averiguación previa AP/722/HJ/2014 realizada en la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, sin que a la fecha exista alguna respuesta.
Acta de la Auditoria
Debido a estos hechos el cabildo se dividió. El síndico municipal Manuel Hernández y el suplente del presidente, Efraín Hernández, que siempre habían simpatizado con Zepeda, usurparon el puesto del presidente municipal.
A pesar de que durante los primeros días de diciembre de 2014 el entonces presidente municipal electo Alfredo Bolaños tuvo diversas reuniones con autoridades estatales, como el Procurador de Justicia del Estado y el comisionado de la Policia Estatal, para solicitar el resguardo del palacio municipal y de los habitantes del municipio, la respuesta de las autoridades nunca llegó, lo que dejó a los habitantes de Eloxochitlan en manos del grupo armado encabezado por el expresidente municipal y sus hijos, quienes días antes habían tomado el palacio municipal y se encontraban armados en la entrada del mismo.
Un barril de pólvora
El día 13 de diciembre de 2014 el alcalde constitucional Eugenio Romero convocó a una asamblea con el fin de elegir a quienes lo sucederían en el cargo. Los periodos suelen durar un año y son electos por medio de una asamblea que se encargan de resolver asuntos agrarios. Esta fue convocada para el 14 de diciembre bajo el tradicional método de perifoneo que se hace a través de bocinas instaladas en el centro de la comunidad, así como en los distintos barrios.
Ante esto, el grupo de choque que mantenía tomado el palacio municipal también convocó a una asamblea para la elección del alcalde. Gente armada a bordo de patrullas municipales amenazaba a los pobladores, especialmente a los miembros de la asamblea, para que no asistieran a la convocada por el alcalde Eugenio Romero.
La asamblea del alcalde fue convocada en el centro de la población, lugar donde tradicionalmente se llevan a cabo. El 14 de diciembre, al momento de ocupar la explanada, los más de mil ciudadanos que elgirían al nuevo alcalde municipal fueron atacados con cohetones, botellas de vidrio, piedras y armas de fuego por parte del grupo de choque encabezado por Manuel Zepeda, que mantenía tomado el palacio municipal, logrando en un primer momento la dispersión de la multitud, quienes después de algunos instantes se reorganizaron y lograron defenderse.
Siete integrantes de la asamblea comunitaria resultaron heridos de bala, el resto logró detener a Manuel Zepeda Lagunas, en posesión de un arma de fuego, quien fue entregado con vida a policías estatales del municipio de Huautla de Jimenez; horas más tarde murió en condiciones inciertas. En el momento en que lo entregan con vida fueron detenidos en el mismo municipio las primeras siete personas, seis de ellas autoridades municipales que llevaban al detenido y una más que acompañaba a uno de los heridos. Los detenidos fueron trasladados inmediatamente al penal de Ixcotel sin que fueran notificados de las causas de su arresto.
Después de los incidentes, cientos de policías federales, estatales y ministeriales ingresan a la comunidad donde montaron un campamento, establecieron un estado de sitio de facto por varias semanas iniciando la persecución en contra de los integrantes de la asamblea comunitaria.
Durante los siguientes meses 35 órdenes de aprehensión fueron libradas en contra de integrantes de la asamblea comunitaria, acusados de homicidio calificado y tentativa de homicidio en contra de Manuel Zepeda Lagunas y Elisa Zepeda Lagunas respectivamente. Ante la persecución, familias completas son forzadas a desplazarse de su comunidad, pero eso no impide que la persecución continúe en otros estados de la República. El cerco que tienden las autoridades en contra de los integrantes de la asamblea va desde el acoso a sus simpatizantes dentro de la comunidad, amenazas a sus familias, órdenes de aprehensión y una campaña mediática de desprestigio a nivel nacional donde se victimiza a los agresores, específicamente a la familia Zepeda y particularmente a Elisa.
http://https://www.youtube.com/watch?v=tROjGNVU2To
La cacería
El 8 de abril de 2015 es detenido Raul Betanzos en Teotitlán de Flores Magón y trasladado al penal de Ixcotel. El 30 de abril es detenido en la Ciudad de México Miguel Ángel Peralta Betanzos por policías ministeriales de Oaxaca, quienes sin mostrar orden de aprehensión lo trasladan en un vehículo particular al penal de Tlaxiaco, donde es presentado más de 20 horas después de su detención, tiempo durante el cual permaneció incomunicado. El 29 de julio de 2015 fue detenido Eleuterio Pineda Betanzos quien fue trasladado al penal de Etla. El 7 de septiembre del mismo año Ismael Reyes Rosete fue detenido en San Jeronimo Tecoatl y trasladado al penal de Cuicatlán. El 22 de septiembre Brígida Bautista Guerrero fue detenida en Eloxochitlán y trasladada al penal de Tanivet. Eraclio Guzman fue detenido en Eloxochitlan en febrero de 2016 y trasladado al penal de Cuicatlán; Isaias Gallardo fue detenido en Tehuacán, Puebla el 27 febrero de 2018 y trasladado al penal de Ixcotel. Todas estas detenciones están relacionadas con la causa penal 02/2015 por homicidio calificado y tentativa de homicidio
Durante el periodo en que se llevan a cabo todas estas detenciones, Elisa Zepeda y el grupo de choque que la respalda mantienen la toma del palacio municipal. Convocaron a nuevas elecciones y nombraron a la propia Elisa presidenta municipal a través de un proceso electoral amañado y alejado de las formas tradicionales de elección de autoridades que históricamente se había llevado a cabo en la comunidad.
El ¿debido? proceso
Los procesos penales en contra de los integrantes de la asamblea comunitaria se siguen en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito de Huautla de Jiménez, donde es evidente una clara consigna política a la hora de la impartición de justicia ya que en ningún momento se ha respetado el «debido proceso». El desahogo de pruebas ha sido retrasado de manera constante, las audiencias se establecen cada dos o tres meses entre sí y nada asegura que se lleven a acabo, ya sea porque el Ministerio Público no llega, aunque sea su obligación, o porque los testigos de cargo no se presentan a comparecer, a pesar de estar debidamente notificados.
Los apercibimientos nunca se hacen efectivos, pero lo que sí hace todo el personal del juzgado, desde el secretario de acuerdos hasta el actuario, es negar información sobre los pocos avances que existen en el caso, así como el acceso a los expedientes cuando así se les solicita. No se han respetado los términos procesales establecidos en los artículos 129, 130, 210 del Código de Procedimentos Penales del Estado de Oaxaca para acordar las promociones y solicitudes legalmente planteadas, las cuales bajo ningún pretexto se pueden aplazar, demorar u omitir.
Lo anterior, toda vez que este juzgado se ha tardado entre dos y tres meses para acordar las solicitudes planteadas, tanto por los procesados, como por los distintos defensores que intervienen en la causa penal, dejando de lado que en materia penal, al estar una persona privada de su libertad se debe garantizar la pronta y adecuada administración e impartición de la justicia. Sumando que, en el caso de las denuncias presentadas por integrantes de la Asamblea Comunitaria, quienes fueron heridos de bala el 14 de diciembre por las personas que tenían tomado el palacio municipal, no hay ningún avance en las investigaciones y mucho menos alguna órden de aprehensión, a pesar de que ese mismo 14 de diciembre, fueron realizadas las detenciones
Se hace evidente que el juez que conoce del proceso es un “Juez de Consigna”, porque al no existir pruebas suficientes en contra de los detenidos y perseguidos (más que el dicho aislado y genérico de una persona agraviada), insiste en mantenerlos en prisión, a pesar de que otros jueces de amparo ya han señalado que las pruebas que existen en el expediente no son suficientes para acreditar la probable responsabilidad de los detenidos, motivo por el cual, a la fecha, han sido liberadas siete de las personas que en su momento fueron privadas de su libertad.
A tres años de haber iniciado el proceso, éste se encuentra en la última etapa. Los cinco presos que se encuentran en Ixcotel esperan a que se presenten a interrogatorio dos de los testigos de cargo. La defensa de Miguel Peralta, quien se encuentra en Cuicatlán, solicitó desde diciembre de 2017 el cierre de instrucción para proceder a la sentencia. Sin embargo, a pesar de haber transcurrido ya cinco meses, el juzgado nuevamente ha hecho caso omiso a la promoción para agotar dicha etapa procesal, violentando en todo momento las garantías de una adecuada defensa y especialmente el acceso a la justicia pronta y expedita.