Recientemente, la comunidad nahua de Amilcingo, Morelos, realizó un llamado a los medios libres, colectivos, sociedad civil y personas solidarias para que asistieran el pasado 17 de marzo a una misión de observación en defensa de la Escuela Primaria Emiliano Zapata (turno matutino)/ Vicente Guerrero (turno vespertino).
En ese acto expusieron cómo el ayuntamiento de Temoac, el gobierno del estado y la Central Campesina Cardenista (CCC), que funge como grupo de choque bajo el liderazgo de Humberto Sandoval —director de asesores del municipio de Temoac y representante de la CCC en Morelos— han intentado desalojar, para posteriormente demoler, la primaria que se encuentra en el centro de la comunidad. Aunque el pretexto son daños estructurales tras los sismos de septiembre de 2017, las y los habitantes de Amilcingo reconocen que se trata de otro ataque contra la organización, la resistencia y la autonomía de este pueblo suriano.
Antes del inicio del presente año escolar, un grupo de pobladores, pertenecientes a la CCC, comenzó a gestionar ante el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), el traslado de la escuela a un plantel distinto. Los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado, «les cayeron como anillo al dedo» para intensificar la presión sobre la primaria del centro.
El nuevo inmueble, sin embargo, está construido en el predio de Trancarrial, dentro del ejido de Amilcingo. La asamblea ejidal mantiene, actualmente, un juicio por despojo en contra del IEBEM, con el expediente 1544/2017, en uno de los tribunales federales con sede en la ciudad de Cuernavaca. El IEBEM ha argumentado que el terreno le fue donado por un comisariado ejidal anterior; no obstante, la comunidad tiene claro que en materia agraria el contrato de donación no tiene validez jurídica, menos aún si no cuenta con las firmas de todos los ejidatarios.
Además de la demanda jurídica, pobladores denuncian que el predio en el que está «la nueva escuela» es custodiado por gente de la CCC, quienes han agredido tanto verbal como físicamente a pobladores que no concuerdan con el traslado de la escuela, o que están relacionados con la demanda de Amilcingo contra el IEBEM.
La disputa por el espacio no es menor: desde hace años, el pueblo en resistencia de Amilcingo ha convertido la escuela en un espacio organizativo y de educación fuera de las aulas. En la entrada de la escuela existe un pequeño huerto colectivo, donde niñas y niños aprenden a sembrar hortalizas. Cada sábado, además, se realiza una «escuelita popular» donde se busca vincular la educación con la memoria y la organización del pueblo.
Por esto, la «escuela del centro» ha sido objeto de hostigamiento por el gobierno del estado, la alcaldesa priísta y los afiliados a la CCC, organización clientelar históricamente vinculada al PRI pero que, desde el año pasado, se ha sumado a las filas de Morena. Demoler la escuela —situada en el corazón de Amilcingo, junto a la ayudantía municipal y frente a la plaza central— significaría arrancarle a la organización autónoma un espacio de convivencia, formación y memoria, que es parte importante del patrimonio comunitario.
Es este carácter evidentemente político el que ha marcado el conflicto desde septiembre pasado. Basta apuntar que el gobierno del estado no ha sido capaz de entregar un dictamen serio que compruebe que las estructuras de la escuela están en riesgo.
Luego de la incertidumbre generada por los sismos de septiembre, la escuela fue cerrada. El 12 de septiembre de 2017, la Secretaría de Obras Públicas (SOP) de Morelos realizó la primer visita al inmueble, pero no fue sino hasta el 23 de octubre que presentaron un dictamen técnico-estructural en el que su principal argumento versa: « …dado que la estructura ya cumplió su tiempo de vida útil se recomienda no utilizar dichas aulas para la finalidad para la que fueron diseñadas y construidas». El documento está firmado por el ingeniero Víctor Manuel Escobar Lagunas, subsecretario de infraestructura de obra de la dependencia.
El peritaje del cual resultó el dictamen de la SOP fue previo al 19 de septiembre; sin embargo, después de ese día no se realizó ningún otro para comprobar el estado de la escuela tras el sismo de mayor magnitud; simplemente el documento entregado el 23 de octubre ratifica lo dicho a partir de la visita del 12 de septiembre, sin mayor preocupación. Asimismo el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM) –dependencia de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo Estatal de Morelos– presentó, el mismo 23 de octubre, un reporte que copia lo declarado por el dictamen de la SOP sin tomar en cuenta otro reporte que recibió por parte de arquitectos de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Padres y madres de familia lograron que el 15 de octubre se realizara una revisión detallada y un reporte de seguridad por parte del arquitecto Antonio Plá, de la UNAM, que dio cuenta del estado funcional —con necesidad de mantenimiento pero con condiciones de seguridad— de la escuela. Las recomendaciones indican:
1) Retirar estrutura E [estructura inacabada para aumentar el espacio techado en el patio que presenta deformaciones y fallas en la estructuración].
2) Retirar aplanados y azulejos sueltos.
3) En respuesta al reporte de daños emitido por el IEBEM se recomienda cerrar y confinar el volumen 3A [dos salones con pequeñas fisuras en techos y en la parte alta de los muros interiores] con elementos físicos para garantizar una absoluta seguridad de los alumnos y profesores y con el objetivo de proceder a una inspección profunda con calas [rotura hecha para reconocer el grueso de una pared y su fabricación o conducciones de agua, electricidad, etc.] de estas aulas.
Todas las recomendaciones ya se llevaron a cabo.
Después del 24 de octubre la comunidad decidió abrir las puertas de las instalaciones del centro y reanudar las clases con maestras y maestros solidarios (que hasta el día de hoy son pagados a $80 el día, por la misma comunidad). Los espacios en que se encuentran el salón de cómputo, las bodegas de materiales y las direcciones de ambos turnos se encuentran cerrados, en resguardo. Desde entonces, la comunidad ha tenido que resistir los hostigamientos, chantajes y ataques físicos de las autoridades municipales, estatales y de la CCC.
Posteriormente, en una mesa diálogo realizada a inicios del 2018 con Yanely Fontes Pérez, nueva directora del IEBEM, se acordó que dicha instancia mandara a un ingeniero para hacer otra revisión de la escuela del centro. El 5 de febrero el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM) envió al ingeniero Alejandro de la Tejera Hernández por parte del Colegio de Ingenieros de Morelos. Con más de cien padres de familia como testigos, después de dos horas de revisar toda la escuela, respondió preguntas y declaró que la escuela no presentaba daños estructurales. Hasta la fecha, el IEBEM no ha entregado ese dictamen a pesar de la reiterada exigencia de la comunidad.
Por si fuera poco, ese mismo día, el comisariado acudió con ejidatarios al predio de Trancarrial a notificar que se estaba invadiendo terreno ejidal. En ese acto, integrantes de la CCC agredieron físicamente a quienes acompañaban al comisariado. Dos mujeres mayores resultaron heridas.
Así se han sucedido otros episodios amargos que demuestran, a decir de pobladoras de Amilcingo, que las autoridades no tienen interés en el bienestar de la comunidad ni de sus niñas y niños sino que sus intereses son de grupo y por ello buscan imponer el cambio de instalaciones en una comunidad que toma sus propias decisiones por medio de una asamblea general dentro del marco de sus usos y costumbres. «Lo que se mira es el total abandono que la escuela ha tenido por parte de las autoridades educativas» comenta un padre de familia.
El 6 de marzo un grupo conformado por más de 80 pobladores, padres y madres de familia, acudió al IEBEM a otra mesa de diálogo para exigir solución al conflicto y la entrega del reporte del 5 de febrero realizado por el ingeniero de la Tejera. Los pobladores fueron recibidos por Andrés Iván Díaz Hernández, director general de gobierno de la Secretaría de Gobierno de Morelos y por Ancelmo Muñoz Bizoso, contador público, como representante del IEBEM. La directora no se presentó. En dicha reunión les leyeron un reporte que no contenía la dirección de la escuela del centro y que copiaba párrafos enteros del reporte de octubre de 2017. Ante los cuestionamientos de esas irregularidades, los funcionarios ofrecieron que una comisión de 15 personas acudiera a Casa Morelos para continuar el diálogo pero la comunidad de Amilcingo insistió en permanecer en el IEBEM hasta que se les entregara el reporte auténtico. La respuesta de la dependencia fue desalojar a sus trabajadores y declarar que los pobladores habían tomado las instalaciones del instituto; esto fue desmentido en un comunicado de la asamblea general de Amilcingo.
El 8 de marzo el IEBEM emitió un comunicado de prensa en el que tilda de «grupo minoritario» a los padres y madres inconformes con la imposición del traslado de las primarias; anuncia la «recuperación» de las instalaciones del instituto que nunca se tomó; y avisa que para el 12 de marzo las instalaciones de la escuela del centro deberían estar desocupadas para realizar la demolición del edificio o de lo contrario realizarían un desalojo. Menos de una semana después, Yanely Fontes, directora del IEBEM, declara en entrevista para un medio morelense que de ninguna manera se realizaría un desalojo con la fuerza pública. Al respecto de estas declaraciones, un profesor comenta: «Es una contradicción. Como comunidad vemos que no hay seriedad ni transparencia».
Es así como la población de Amilcingo se encuentra en alerta máxima ante la incertidumbre y desconfianza frente a las instituciones educativas del estado, que un día dicen una cosa y al otro día dicen otra, pero que en sus acciones demuestran una clara ausencia de voluntad política para resolver el conflicto, respetar las decisiones de la población y los reportes técnicos confiables que se han realizado respecto al estado de la escuela primaria del centro de Amilcingo. Por tal motivo, tras seis meses de conflicto sin respuesta satisfactoria, más de 140 padres y madres de familia decidieron, recientemente, dar de baja del ciclo escolar a sus hijos para que el IEBEM no continúe la simulación de que cuenta con el apoyo de una mayoría de padres de familia de la comunidad. Ante esta decisión, nuevamente las instancias educativas han negado el derecho de los padres de realizar dicho trámite y ellos han declarado que volverán a exigir que se les atienda el primer día de regreso de las vacaciones de Semana Santa. Claro que no pretenden dejar a los niños sin escuela, al contrario, precisamente están luchando por ese derecho:
Como padres de familia de esta escuela solicitamos la baja de nuestros hijos que ya la estaremos realizando después de vacaciones desde el primer día, como primer demanda; ya después, veremos ante qué institución vamos a recurrir para que a nuestros hijos no se les niegue el derecho a la educación, porque ese derecho que es de ellos, nosotros como sus padres, vamos a defenderlo. Vamos a defender hasta con nuestra propia vida esta escuela que es parte de la historia de nuestro pueblo.
Frente a las preguntas ¿en qué afecta a la autonomía el cambio de instalaciones de la escuela? y ¿cuál es el mesaje de Amilcingo en esta lucha? un profesor responde:
La autonomía se ve afectada en cuanto la toma de decisiones sobre la escuela la quieren hacer dos o tres personas con sus intereses, que ya están muy señalados, obedecer al gobierno; y acá es obedecer a la asamblea, que la decisión sea de los padres de familia, que los niños tengan voz y voto también en las decisiones de la escuela.
El mensaje es que Amilcingo es une ejemplo de una comunidad pequeña en el estado de Morelos que decimos al pueblo de México y a todas las comunidades del país que se organicen, que la dignidad se defiende, como dicen los compañeros, no permitir que nos pisoteen, debemos organizarnos. Es muy bonito vivir en comunidad pero los partidos hacen que nos dividamos, que entre nosotros nos confrontemos, entonces la palabra clave es organización.
