Fundadores del Concejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, llaman a consensar nuevo rumbo para el movimiento

Por José Luis Santillán

 

Los pueblos originarios del estado de Guerrero mantienen una larga lucha por sus territorios y recursos naturales, uno de los ejemplos recientes de esto es el Concejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas (CPNAB), que en 1991 fue uno de los primeros en enfrentar las políticas neoliberales y de despojo, su lucha fue contra el proyecto de la Presa Hidroeléctrica San Juan Tetelcingo (PHSJT), batalla ganada que ahora sirve de ejemplo a muchos jóvenes para continuar defendiendo sus comunidades nahuas. Dentro de las distintas geografías guerrerenses han nacido procesos de organización y lucha, en este marco nace el Concejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular que pudo articular a varias organizaciones para dar fuerza el movimiento indígena del estado.

Este 12 de octubre, a 523 años de la guerra de exterminio contra los pueblos originarios del país, fundadores del Consejo Guerrerense 500 años, citaron en la ciudad de Chilpancingo a conferencia de prensa para brindar su palabra este día, reconocido por ellos como de la dignidad y la resistencia indígena, aún y cuando en los libros de texto se le diga Día de la Raza y en los teléfonos celulares de origen español, aparezca en el calendario como Día de la Hispanidad, explicaron. Realizaron un llamamiento a los líderes, organizaciones, pueblos y migrantes en las ciudades que son indígenas y afrodescendientes, a 523 años de la invasión que truncó el desarrollo apacible de los pueblos originarios. Dicha invasión, a través de la destrucción, la rapiña y la muerte logró extraer las riquezas de sus tierras y territorios, a través del sometimiento forzoso de los pueblos, señalaron.

Acusaron que desde entonces, a través de las armas, la injusticia y la opresión, se han logrado someter a los pueblos indígenas, con saña y sangre, se han logrado destruir las rebeliones que nunca han dejado de brotar, como parte de su espíritu indomable. Reivindicaron las luchas de los yaquis en Sonora, del negro yanga en Veracruz, de los nunca conquistados yopes de Guerrero, la enorme entrega del nahua Emiliano Zapata.

Recordaron la relevancia de la Mesa 1 sobre Derechos y Cultura Indígena, firmada el 16 febrero de 1996, entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), conocidos como los acuerdos de San Andrés, o la iniciativa de Ley COCOPA, Que con traición de Fox y el Congreso de la Unión en 2001, fueron desechados por la federación y abrieron paso a una nueva ofensiva gubernamental contra los pueblos indígenas a nivel nacional.

Afirman en un documento, que no creen más en la alternancia de los partidos políticos en el poder, porque ninguno de ellos ha considerado sus demandas y hoy, más que nunca, sus tierras y territorios están amenazados por la extracción de sus riquezas naturales. Las propias cifras, aun disimuladas por el gobierno, colocan a las poblaciones indígenas como las más miserables del país, asesinatos, desapariciones y represión, son los acercamientos gubernamentales hacia ellos.

El punto central del documento es el llamado a conformar la primera Asamblea Estatal de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Guerrero los días 7 y 8 de noviembre del 2015 en esta ciudad de Chilpancingo. Así pretenden generar una agenda de lucha conjunta y un plan de acción que, como demanda más inmediata, exigirá que los recursos federales se canalicen a las marginales zonas indígenas, que aún hoy reclaman, por ejemplo, la construcción de puentes destruidos hace dos años por los huracanes Ingrid y Manuel.

Los dirigentes reunidos han transitado por las distintas vías en las que se dividió el movimiento nacional indígena de la década de los 90, ejemplos claros de esto, son los casos de Cirino Plácido Valerio, quien se ha mantenido dentro del Congreso Nacional Indígena (CNI) con una postura autonomista, acompañando los llamados zapatistas. Por otro lado, está también Marcelino Díaz de Jesús, quien ha ocupado cargos a nivel federal, incrustándose dentro de la lógica gubernamental hacia los pueblos indígenas.

Parte importante de este nuevo llamado que hacen los fundadores del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia, deriva justamente de la opinión compartida de estos dirigentes, que a pesar de la diversidad –incluso antagónica en cuanto a las posturas políticas– reconocen que los pueblos indios continúan sumergidos en la marginación, expresándolo de la siguiente forma:

«Nuestros caminos cortados por las lluvias, abandonadas las brechas y terracerías, puentes destruidos o jamás construidos: hospitales sin médicos y enfermeras, ni medicinas, clínicas y hospitales que no se han construido o los han abandonado, convirtiéndolos en verdaderos elefantes blancos; un campo rural indígena abandonado a su suerte, con paliativos como PROCAMPO y el Programa de Fertilizantes que no resuelven nada, que solo son utilizados con fines electoreros; escuelas sin maestros y maestros sin escuela; un campo indígena abandonado por sus manos trabajadoras que se alquilan como jornaleros agrícolas en el norte del país o cruzan la frontera hacia los Estados Unidos de Norteamérica como ilegales para aliviar su hambre y la de sus familias; estudiantes sin escuelas y sin becas, ni apoyos para que sigan adelante con sus estudios, entre otros tantos males que aquejan a nuestros pueblos, nos han llevado a la reflexión».

La convocatoria a las organizaciones, pueblos indígenas y afromexicanos para iniciar un nuevo proceso de reflexión y organización, no es menor. Quizás no será tan nutrido como esperan los convocantes, sin embargo, el componente de llegar a este punto, después de haber explorado diversas vías del movimiento indígena en el estado y el muro contra el que todas estas se han estampado. Tal vez para concretar un movimiento honesto habría que dejar los intereses personales y políticos de las dirigencias a un lado, para volver a encauzar las justas demandas de los pueblos originarios, hacia un rumbo de vertientes dignificantes.

Para entender este contexto, recordemos, por ejemplo, que previo a la conformación del movimiento indígena nacional 500 años de resistencia, se realizaron diversos foros internacionales sobre los derechos de los pueblos indios, el primero en Matías Romero, Oaxaca y el segundo en Xochimilco, Ciudad de México. Al segundo foro asistieron 313 delegados del país, donde ya 96 de ellos eran avalados por sus comunidades y organizaciones, con capacidad de voz y voto, 89 fueron delegados fraternos y 130 observadores. Los temas a tratar aquel 9, 10 y 11 de marzo de 1990 fueron: los pueblos indios y la defensa de su territorio, legislación nacional y derechos indios, autodeterminación y organización de los pueblos indios, situación y derechos de la mujer indígena y campesina, finalmente, educación y cultura de los pueblos indios. Este foro fue iniciativa del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), que para 1992 organizó la campaña 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular.

Como podemos apreciar, son temas y problemáticas que no han variado prácticamente nada en los actuales foros de corte institucional, que hoy día se convocan. Esto debido a diversos factores, en principio porque son necesidades no satisfechas y en segundo término por que la política gubernamental hacia los pueblos indígenas mantiene una lentitud desesperante. Por otro lado, el movimiento indígena del CNI y el EZLN han logrado concretar la autodeterminación de sus tierras y territorios, legalmente, como el caso de Cherán, o bajo un contexto de contrainsurgencia como es el caso de los Caracoles zapatistas, una aspiración formulada en una de las mesas de discusión en 1990 en el preámbulo de lo que después sería el Consejo Mexicano 500 años de Resistencia Indígena Negra y Popular.

Es indispensable, entonces, puntualizar que los procesos organizativos de los pueblos indígenas caminan a su propio ritmo. Por un lado el gobierno mexicano se ha encargado de un proceso de simulación de una parte del movimiento indígena. Recordemos, por ejemplo, que en 1973 se creó el Movimiento Nacional Indígena (MNI), con participación mayoritaria de profesores bilingües, a quienes el estado endosó la representación de sus pueblos y comunidades sin tenerla, a cambio de que legitimaran sus políticas indigenistas.

Dos años después, en 1975, el estado impulso el Concejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) integrado por los concejos supremos que se crearon de manera corporativa por todo el país. En la década siguiente una parte del CNPI se integró a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), que durante años se logró consolidar como un movimiento legítimo, pero que finalmente culminó dividido. En 1977 se creó la Asociación Nacional de Profesionistas Indígenas Bilingües A.C. (ANPIBAC) con el apoyo del gobierno que los necesitaba para promover la aculturación de los pueblos indígenas para que de esa manera se integraran a la «cultura nacional».

Así, el reto que pretenden enfrentar los convocantes a la primera Asamblea Estatal de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Guerrero, se visualiza con enorme dificultad. No sólo por la configuración de la necropolítica del Estado mexicano, afin a los proyectos económicos multinacionales extractivistas que se han impuesto en los territorios indígenas, sino a las propias dinámicas en que las políticas gubernamentales han inmerso a algunos de los convocantes, donde a pesar de ello, la necia visión autonomista, hoy por hoy, muestra avances, siempre menospreciados.