El día 6 de octubre, alumnos, profesores y padres de familia de la Universidad Intercultural Latinoamericana Caribeña de Ciencias y Artes (UILCCA), provenientes del estado de Guerrero, se manifestaron a las afueras de la Secretaria de Educación Pública, en la plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de la Ciudad de México.
Acompañados por padres y madres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y por organizaciones sociales adheridas a la Asamblea Nacional Popular, más de 50 jóvenes provenientes de todas la regiones del estado de Guerrero se mantuvieron alrededor de cinco horas en exigencia del cumplimiento de un acuerdo signado el 2 de julio de 2014, en donde el ex secretario de Educación, Emilio Chuayffet, reconoce siete de las carreras impartidas por dicha universidad, así como la asignación de presupuesto para el ciclo escolar 2015-2016.
Fotografía: José Aureliano Buendía.
La institución, surgida en el 2012 en la comunidad de Atliaca, municipio de Tixtla de Guerrero, se ha mantenido con el trabajo voluntario de profesores en terrenos donados por ejidatarios de la comunidad, sin contar hasta el momento con un presupuesto asignado por la Secretaria de Educación Pública (SEP), pese a lo cual, ésta casa de estudios se mantiene abierta a todo aquel estudiante que cuente con un certificado de nivel medio superior, pues desde su fundación, la UILCCA opera con pase automático y cero pagos, rompiendo con el modelo de educación superior hegemónico en nuestro país.
La lucha de los 207 estudiantes con los que cuenta la universidad no ha cesado a lo largo de casi tres años, a lo largo de todo este tiempo han realizado seis huelgas de hambre en exigencia del reconocimiento a este proyecto educativo, surgido desde las comunidades indígenas y campesinas.
Fotografía: José Aureliano Buendía.
Austreberto Basilio Goytia, rector fundador de la universidad, señala que fue luego de una consulta realizada en 127 comunidades colindantes de los estados de Guerrero, Puebla, Morelos y Estado de México, que los mismos padres de familia proponían el surgimiento de otro tipo de centro de formación profesional, ante lo cual, la UILCCA cuenta con 22 planes y programas de estudio para responder a dichas necesidades.
En reiteradas ocasiones, autoridades de todos los niveles se han comprometido a apoyar el proyecto de la UILCCA, sin embargo, a la fecha, estudiantes y profesores siguen esperando dicho apoyo. Apenas el 17 de diciembre, el gobernador interino del estado de Guerrero, Rogelio Ortega, acudió a las instalaciones de la universidad para comprometerse a entregarles el financiamiento para el año 2015 y ante el incumplimiento de dicho acuerdo, firmado ante el juez primero de distrito en Chilpancingo, la comunidad universitaria y el pueblo de Atliaca han tenido que trasladarse a la Ciudad de México en busca de una solución a sus demandas.
Entre las voces surgidas de los jóvenes universitarios y sus familias, se elevó el reclamo por la libertad de los policías comunitarios presos desde hace dos años en el estado de Guerrero. Es paradigmático que justo el día en que se realizaba la protesta en la Ciudad de México, en el estado de Guerrero se cumplían dos años del encarcelamiento de Samuel Ramírez, un joven na’savi de la comunidad de Zitlaltepec, en la región de la Montaña, quien fue nombrado por su comunidad para ser policía comunitario y fue preso en el año 2013.
A sus veinte años, Samuel se mantiene acusado por portación de arma de fuego, sin derecho a fianza, pese a que el arma con la fue detenido era una vieja carabina 30-30 que le fue asignada por la institución de justicia a la cual pertenece. En el caso de Samuel, como en el de los otros 9 comunitarios detenidos, la ausencia de los acusadores en los careos no hace más que retrasar un proceso plagado de irregularidades y que ha servido para perpetuar la injusticia en el estado de Guerrero.
Fotografía: José Aureliano Buendía.