Actualmente el gobierno de Río de Janeiro ha montado 38 Unidades de Policía Pacificadora (UPP) con efectivos que rebasan los nueve mil policías, extendidos sobre un terreno total de casi un millón de metros cuadrados (a un costo de casi 2 billones de reales). La instalación de dichas unidades comenzó el 20 de noviembre de 2008 en la favela de Santa Marta, barrio de Botafogo, al sur de la ciudad. La idea de las UPPs es una réplica de lo ocurrido durante la década de los noventas en la ciudad colombiana de Medellín (y en Brasil, pese a las evidencias sobre violaciones a los derechos de lxs habitantes donde son impuestas, proyectos semejantes a los de Río son implementados en los estados de Bahía, Salvador, Paraná, Curitiba, Maranhão y Río Grande del Sur) condimentada con la influencia de la estrategia norteamericana de contrainsurgencia –aplicada en Afganistán e Irak como principio de gobierno– lo que se traduce en ocupaciones policiacas que militarizan las comunidades.
El proyecto impulsado por el gobernador –que dimitió tras las manifestaciones de junio de 2013– Sergio Cabral, fue defendido como una medida necesaria para garantizar la seguridad durante los mega eventos del espectáculo futbolero en 2014 y las maniobras financieras-olímpicas del próximo año. No obstante el verdadero plan detrás de su implementación es resolver los conflictos de violencia que «incomodan» la valorización inmobiliaria de los barrios de clase media-alta de la zona sur e incentivar nuevos y lucrativos proyectos de construcción en la región.
Las UPPs están presentes en 40 favelas de las casi mil que existen en Río de Janeiro, sin embargo ellas cubren en su totalidad aquellas comunidades enclavadas en la exclusiva zona sur y casi todas las localizaciones dentro de las zonas olímpicas descritas en el dossier de la candidatura de Río 2016 (mientras la Baixada Fluminese la cual posee el mayor índice de homicidios en el estado permanece ignorada) donde «los beneficios de la pacificación se observan en el turismo y la llegada de inversiones» como declaró en algún momento José Beltrame, responsable de la seguridad de la ciudad carioca, infame autor también de aquella frase «tiro en Copacabana es una cosa… tiro en la periferia es otra» con la cual resume el profundo desdén hacia la población históricamente marginada.
Y en los hechos el actuar de la policía no demoró ni un año para reafirmarlo.
«Los primeros casos de violaciones graves de derechos humanos fueron registrados a finales de 2009. En ese año aconteció la primer victima fatal en el cerro de Cantagalo: una ejecución sumaria por la policía pacificadora. Desde entonces ese número solo ha crecido y fue público, con repercusión nacional e internacional, con el caso de la desaparición de Amarildo en 2013» apuntalan integrantes de la Red de Comunidades Contra la Violencia, durante una protesta en abril de 2015, donde cientos de personas exigen justicia por el asesinato de Eduardo de Jesus Ferreira, niño de 10 años ejecutado por la UPP del Complejo de Alemão, al norte de Río. «Antes de eso acontecieron muchos casos pero no se hablaba de ello porque las personas tenían mucho miedo pues una ocupación policial permanente en las favelas crea un terror que impide que se organicen para hacer denuncias sobre las violaciones cometidas». En paralelo un batallón de policías cerca los manifestantes para restringir su movilidad, maniobra que calienta los ánimos entre lxs asistentes, acostumbradxs a defenderse del brutal actuar de la policía militar.
En la práctica, el teatro de la lucha contra el tráfico permanece sólo como un fondo ilusorio para justificar la intransigente permanencia de las UPPs. En realidad las milicias, una evolución más poderosa de los «grupos de exterminio» de los años setentas, son quienes controlan las favelas mediante la extorsión, tortura, asesinato y por supuesto, también el tráfico de armas y drogas. Aunado a ello, las milicias (integradas por ex policías y agentes en activo, incluso del ejército) han diversificado sus negocios y controlan desde hace tiempo el transporte, suministro de combustibles y servicios como la telefonía y televisión por cable.
Las revueltas contra las UPPs ya acontecieron desde 2013 evidenciando el fracaso de su artificial encomienda. El resultado palpable es la proliferación de cuerpos de presión y conflictos con las comunidades provocando múltiples violaciones; no sólo la posibilidad de agresiones contra los moradores se vuelve mayor, también el nivel de corrupción con la milicia que controla los mercados lícitos e ilegales se incrementa. No tiene nada que ver con seguridad y mucho menos con respeto a derechos humanos. Si la población no protesta es por miedo de represión: madres, hermanos, padres de víctimas de las UPPs son amenazadxs todo el tiempo por los policías que ocupan y controlan las calles de sus comunidades.
Esa situación de peligro es constante por parte de la policía militar y eso lleva a las personas a caminar temerosamente. Además del acoso policial, existe una criminalización de la favela realizada sobre todo por los medios masivos de comunicación, como la Red Globo, que transmite en vivo persecuciones y operaciones policiacas que además de alimentar el morbo, fabrican la estúpida idea de que en esas comunidades «todos son bandidos». En consecuencia los intentos de asociación política de las comunidades son relacionados al crimen y por ende descalificados por la sociedad racista brasileña. En el cotidiano es aplicada la política del terror para dominar territorios mediante actividades «legales» que transforman los cuerpos en moneda de cambio y aniquila a la población en un estado de excepción continuo.
En realidad los policías no son cómplices sino protagonistas del delito, pues actúan impunes mediante el «monopolio» de la violencia para mercar con las comunidades marginadas en una ficticia frontera donde sus acciones legalizan al estado criminal, que actúa al mismo tiempo dentro y fuera de la ley. En ese punto es que las UPPs preparan a las favelas para enlazar el entramado flujo discursivo y material entre capital, delito, seguridad y mucho lucro. La llegada de la inversión privada es realizada en conjunto con la instalación de las UPPs en las favelas cariocas. «Acompañamos más de una instalación de UPP y es bizarro. Entra la policía y junto a ella vienen los equipos de Sky, empresas de telefonía, el mismo día ni la compañía municipal de limpieza entra. Quienes lo hacen son las empresas que dicen acabar con la informalidad para imponer un mercado», comenta la Red contra Violencia. En otra entrevista subrayan además: «Por ahí se ve el peso que las cosas tienen, el porqué utilizar la ocupación militar para profundizar relaciones de mercado. Eso es más de lo que se dice abiertamente pues en la falsedad de que su objetivo seria llevar servicios públicos a las comunidades lo que fue hecho de ello en cualquier comunidad ocupada es poco; no ha mejorado la educación, ni la salud, sino el mercado».
Para revisar uno de los procesos más simbólicos de esto es pertinente abordar lo sucedido en el Complejo de Alemão durante los últimos ocho años. En 2007 ocurrió la mayor operación policial de Brasil en territorio urbano: 1, 350 policías invadieron y esparcieron el terror en las favelas de Alemão; oficialmente hubo 19 muertos en cuatro horas, sin embargo datos de lxs propixs habitantes mencionan un total de 45 asesinadxs y un número mucho mayor de heridxs. En casi todos los casos dispararon contra las espaldas de hombres jóvenes que buscaban refugiarse del exterminio. Eso tuvo consecuencias importantes en el actuar de las comunidades y por supuesto en la «política de seguridad» carioca.
Tras ocupar en 2010 el Complejo de Alemão (que reúne 15 favelas con cerca de 100 mil habitantes; primero por el ejército y después por las UPPs en 2012), el responsable estatal de asistencia social y derechos humanos, el economista Ricardo Henriques (uno de los intendentes del banco Itaú, órgano financiero que registró el mayor lucro de la historia de la banca brasileña en 2014 pese a la desaceleración económica) inventó y difundió una anodina campaña en la que buscaba crear una relación entre la inversión de las UPPs y una política de «ciudadanía y desarrollo social en esas comunidades» donde son implementadas.
De lo que se trataba era proponer una agenda común entre territorios de las favelas, gobierno, sociedad civil y la iniciativa privada. Ello opera en Alemão desde las tentativas de «legalizar» lxs comerciantes ambulantes y la gestión del espacio donde está ubicado el teleférico (del cual la mayoría de lxs usuarixs son turistas extranjerxs) hasta los sugestivos seminarios como el realizado en abril de 2012 bajo el título de «El poder de la iniciativa privada en la transformación social de Río de Janeiro» donde participan ejecutivos de entes financieros como el Banco Santander y representantes de empresas como la energética Ligth.
El proyecto más cínico resultó producto de las negociaciones de 2013 para la creación del «Favela Shopping» una inversión de 20 millones de reales para la instalación de 500 tiendas que emplearían mano de obra local para el establecimiento del conjunto comercial en una antigua fábrica de 15 mil metros cuadrados; planes redondos para el «aprovechamiento» de las regiones y sus habitantes. Un billón 800 mil reales son presumidos como inversión en las áreas pacificadas con fantasmagóricas acciones de educación, salud y urbanización entre otras; la mejor fachada para lucrar con la violencia, la represión y el trabajo de las comunidades todo puesto al servicio de las grandes empresas.
Frente a ello, habitantes de Alemão no permanecen impasibles. Una de las expresiones para crear estrategias dentro y desde la comunidad es el grupo «Juntos por el Complejo de Alemão» que aglutina a 17 organizaciones y 12 asociaciones de habitantes además de colectivos autónomos. «Las favelas tienen elementos diferenciados de represión principalmente por el tráfico de drogas porque son jóvenes alcanzados por un proceso externo a la comunidad pero la política de seguridad visualiza solo la punta, porque en las favelas no existen traficantes sino narcomenudistas; quien trafica está en la Barra de Tijuca, en la avenida Presidente Vargas, está en Brasilia» comentan integrantes de la red de colectivos de Alemão durante una charla sobre violencia de Estado en una universidad en el centro de Río. Uno de los ejes de trabajo de la iniciativa de Alemão es el desarrollo de saberes locales sobre todo en seguridad pública. «La droga entra a la comunidad en un contexto de negación de derechos y como cooptación de intereses que no son legítimos de las favelas. Por ello surgió la idea de producir nuestros propios datos porque los ‘oficiales’ son manipulados y no nos dan confianza» agregan los testimonios antes de enumerar y contrastar las cifras colectadas por la comunidad.
El ejercicio se realizó con datos obtenidos mediante medios independientes que acompañan los acontecimientos en la comunidad así como de la boca de sus habitantes con quienes recolectan nombre, edad y local. Durante 2014 contabilizaron 26 asesinatos y 43 heridxs de bala en un periodo de sólo nueve meses. La estrategia se implementó como un instrumento de lucha pues aquellos datos no existen en las delegaciones policiacas y cuando se realiza un «análisis» con las cifras oficiales siempre se manipulan los datos para interpretarlos como una reducción en los homicidios. «Nadie tomó en cuenta la cantidad de desaparecidos porque cuando la curva de asesinatos ‘desciende’ sube la de desaparecidos; lo que cambia es sólo el modus operandi» afirman en la indignación mientras refieren que para 2015 el mapeo ha sido tarea casi imposible pues las muertes son diarias. «Queremos continuar con esa tarea, incluso de manera retroactiva, desde la ocupación militar de 2010 porque eso ayuda a otro análisis de lo que sucede con las UPPs junto a los ‘grandes’ acontecimientos de la ciudad; ¿Cómo se comporta la cantidad de muertxs, heridxs y desaparecidxs en las favelas durante la Copa Mundial de Fútbol o las Olimpiadas, el carnaval, los periodos electorales? Porque sabemos que esos eventos tienen relación directa desde el gobierno en razón del nivel de represión» mencionan habitantes de la favela al reconocer que desde arriba la prioridad no es la comunidad, la cual es sólo usada para generar recursos para el financiamiento privado y capital político en las farsas electorales.
Reconociendo ello lxs habitantes de Alemão han insistido en demandar cambios drásticos en las «políticas públicas» hasta ahora impuestas en las comunidades. Prueba de ello fue la audiencia pública de la asamblea legislativa de Río de Janeiro realizada el 4 de mayo de 2015 en la comunidad de Nova Brasilia. Integrada por comisiones de educación, asistencia social y seguridad estatal, con asistencia de habitantes de otras favelas como Pedreira, Acarí, Manguera, Maré, Manguinhos, lxs habitantes de Alemão recordaron la incumplida promesa del Programa de Aceleración de Crecimiento (PAC), en 2011, de construir 600 viviendas y exigieron la salida de las UPPs que prueba la descomposición que produce en la comunidad mediante el caso de la ocupación policiaca de la escuela Teophilo de Souza Pinto donde desde hace dos años la violencia se expresa mediante la presencia de los elementos de vigilancia y seguridad en el patio del colegio.
Mediante una carta, leída por profesores de la escuela, debido al miedo de lxs alumnxs de hablar en público frente a sus agresores, las voces de lxs jóvenes exhiben la precarización de sus vidas y demandan la salida inmediata de la UPP. «Lo primero que hiere es porque genera sensación de inseguridad, nuestros alumnxs fueron abandonando sus estudios, lo comprendemos pero no nos vamos a acostumbrar. De un total de 1,400 alumnos, ahora asisten 700, la escuela está muriendo poco a poco. La instalación de la policía convierte a la escuela en objetivo de disparos, ahí están los muros y vidrios que testimonian ello; o es escuela o UPP, porque juntos no es posible» grita un maestro frente a insensibles comandantes de la policía que evaden mirar a quienes les reclaman, mientras otrxs funcionarios públicos simulan preocupación mientras garabatean algunos papeles en mano.
Las palabras son espontáneas, sinceras y llenas de rabia. Porque ante una realidad donde frente a cualquier demanda se obtiene como única respuesta «policía», la paciencia se agota. «El derecho a la vida debería ser garantizado desde que nacemos y nosotros no tenemos acceso a ninguna mierda, a nada. ¿Por qué nos vienen hablar de ley cuando no tenemos ni el mínimo derecho de salir a la puerta de casa?» pregunta una de las habitantes de Alemão que toma el micrófono casi al final de la audiencia. «Yo quiero preguntar a las madres presentes ¿quién está dispuesta a representarse, a crear un consejo de madres y no dejar más que nadie hable por nosotras?» añade para hacer un llamado a la acción y burlar la farsa del supuesto diálogo con la policía, pues incluso la sola presencia del comandante general de la policía militar de Río, coronel Ibis Silva, exhibe su hipocresía cuando se dirige a lxs habitantes utilizando un desgastado discurso de «luchas de clases» y pretende hacer pasar a la policía como víctima de una «política de guerra» de la cual ellos no se responsabilizan.
Ante ello la furia con que la respuesta golpea con la verdad hace retumbar la fragilidad de los discursos simplistas de las autoridades. «La policía no está mal preparada, está haciendo exactamente la función social que esta destinada a realizar. La policía es una institución fallida, no sólo por como actúa, sino porque vivimos en una sociedad fallida, es muy fácil pedir paciencia, cuando no lo están sintiendo en la piel, es muy fácil venir a decir que la policía es ‘pedagoga’ cuando no fue su hijo el que recibió un tiro en el pecho; fue para el hijo de Denize y murió, eso sólo puede ser una broma. Deberían pedir disculpas a todas las madres presentes» dice un joven del movimiento Ocupa Alemão para quien el acto se resume en preguntas aún hoy sin respuesta: ¿va a salir la policía de esta escuela? ¿cuándo exactamente? ¿va salir la policía del complejo?», refuerza sus palabras al tiempo que estallan los aplausos y en consignas demandando el fin de la ocupación policial.
Y del mismo modo en que se fortalecen las redes internas, el histórico recuento de luchas tiene como antecedente el 2013, cuando la comunidad de Alemão estimuló y organizó un encuentro de periferias de Brasil. Durante cinco días grupos indígenas amazónicos del estado de Acre, habitantes de Palafitas de Belém, población negra de Espíritu Santo, movimiento indígena tupinambá del sur de Bahía, entre otros, compartieron experiencias y debatieron estrategias de lucha al reconocer las semejanzas del permanente estado de excepción en el que son obligados a permanecer.
En aquel tiempo 23 indígenas fueron asesinados en cuatro meses debido a los desalojos de sus territorios, nada diferente a lo que sucede en Alemão. Las luchas son próximas, sean los hacendados que quieren apropiarse de los bosques amazónicos, sean los policías que violentan en Belém; la resistencia del movimiento negro en Espíritu Santo, las favelas cariocas o lxs tupinambas de Bahía, lo importante es tener espacios donde intercambiar posibilidades mediante redes porque es una sola lucha.