Por Renata Bessi y Santiago Navarro F.
El estado de Oaxaca, al sur de México, amaneció militarizado el martes 21 de julio de este año 2015, un hecho que hizo recordar el año 2006, cuando el gobierno intentó reprimir una de las manifestaciones de los profesores de este estado, hecho al cual respondieron mas de un millón de personas que salieron a las calles para exigir la destitución del gobernador de ese momento, Ulises Ruiz Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusado de abuso de poder y de desvió de recursos públicos. El saldo de este proceso, que se extendió durante seis meses, fue una brutal represión que dejó por lo menos 27 muertos, entre ellos un periodista estadounidense, Brad Will, así como cientos de detenidos y torturados.
Nueve años después, miles de efectivos de las fuerzas federales y estatales se desplegaron en Oaxaca para resguardar edificios estratégicos, como la planta de la empresa estatal de Petróleos Mexicanos (Pemex), los aeropuertos del estado, así como puntos turísticos en la costa del pacifico en Puerto Escondido y Huatulco. Mientras tanto 9 helicópteros de la Policía Federal sobrevolaban en la ciudad de Oaxaca, resguardando centros comerciales, gasolineras y las radiodifusoras para que no fueran tomadas por el sindicato de profesores como una forma de presión ante el gobierno, tal como sucedió en el año 2006.
La intensificación del proceso de militarización, iniciado desde los acontecimientos de las elecciones estatales realizadas el 7 de junio de 2015, fue estratégico para que el gobernador en turno, Gabino Cue Monteagudo, con respaldo del presidente Enrique Peña Nieto, pudiera tomar el control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que hasta antes del día 21 de julio estaba en manos de los profesores de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE). Esto implicó la cancelación de las cuantas bancarias de la CNTE y el bloqueo de la señal de su radiodifusora, al mismo tiempo se liberaron 32 ordenes de aprehensión para los lideres sindicales de Oaxaca.
Entre los cerca de 10 mil policías que custodian la capital de este estado figuran los elementos de la Gendarmería Nacional, quienes se capacitaron con fondos de la Iniciativa Mérida. El Congreso de los E.U. ha asignado fondos a la Iniciativa Mérida con amplio apoyo bipartidista, aportando mas de 1,600 millones de dólares a México. En apoyo a esta iniciativa, se ha equipado a la policía con helicópteros, equipo de alta tecnología y actualmente están participando con asistencia y conocimientos técnicos con el fin de lograr la «profesionalización» de la policía, y la reforma judicial y penal.
Fotografía: Santiago Navarro F.
«La embajada de los Estados Unidos se honra en asociarse con el gobierno de México para el desarrollo de la capacidad de sus fuerzas de seguridad», dijo Anthony Wayne, embajador de este país, en agosto del año 2014 ante la presentación oficial de la denominada Gendarmería Nacional de la policía federal mexicana. Así mismo sostuvo, «a través de la Iniciativa Mérida, varias agencias estadounidenses ofrecen capacitación y comparten mejores prácticas para aumentar el liderazgo y profesionalismo dentro de las agencias mexicanas de procuración de justicia».
«Desde que empezaron a implementar la políticas neoliberales y desde el Consenso de Washington, comenzó un proceso de eliminación de personas como mecanismo de control social. Y por su puesto que la gente comenzó a defenderse y fue cuando comenzaron a crear ejércitos y policías. En ese sentido el gobierno no defiende al pueblo, se defiende de él, en este caso, para que puedan avanzar las inversiones transnacionales en la educación, la energía, el petróleo, la minería y otros sectores», comentó el obispo Raúl Vera, nominado al premio Nobel de la Paz en el año de 2012.
Reforma educativa militarizada
Pese a las acusaciones hechas por el gobierno a la forma de administración del IEEPO por la Sección 22, la militarización es una acción estratégica para dar continuidad a la denominada reforma educativa por la vía de la imposición, tal como fue aprobada en el año 2013 por el congreso federal y que se esta llevando acabo en todos los estados de México. A excepción de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, donde los profesores han resistido a la implementación de dicha reforma argumentando que su principal objetivo es la privatización de la educación.
Con la presencia de los policías federales existe una tensión latente por una posible represión parecida a la del año 2006. «El narcotráfico aún es mas potente y México esta militarizado. Este contingente militar que esta aquí en Oaxaca es para controlar a unos insurrectos, ¿y cuál es la insurrección?, simplemente pedir justicia, pedirle al Estado mexicano que cese con esa reforma educativa que no es otra cosa que la eliminación de la educación publica. Porque van a eliminar a los profesores, después sigue la salud pública, y así con el sindicato de Petróleos Mexicanos», afirmó Raúl Vera.
Los profesores de la sección 22, desde un primer momento, han rechazado dicho modelo educativo, ya que es un modelo homogéneo para todo el país, sin considerar las condiciones de los estados que cuentan con pueblos indígenas o condiciones de extrema pobreza, como es el caso de Oaxaca, donde hay lugares que no cuentan ni con materiales de trabajo y a veces ni con aulas.
Fotografía: Santiago Navarro F.
De acuerdo con Dolores Villalobos, profesora del sindicato de la Sección 22, es un modelo que busca tercerizar la educación remplazando los espacios con nuevos trabajadores por medio de un contrato y sin derechos laborales, hasta que se torne un servicio privado. «Esta no es una reforma educativa sino laboral, lo que pretenden es que el Estado deje de proporcionar la educación pública y gratuita. Antes el Estado tenía la obligación de brindar la educación pública. Como parte de la reforma eso esta cambiando. Cambia el concepto a sólo «garantizar» la educación, esto significa que no habrá condiciones y se tornará privada. En el fondo quieren reducir el numero de trabajadores de la educación. Ahora con la reforma funcionará el sistema de contratos por uno o dos años, sin ningún beneficio», afirma Dolores Villalobos.
Así, el mayor obstáculo para que el gobierno pueda hacer efectiva la reforma al 100% ha sido la CNTE. Aunque esta coordinadora cuenta sólo con alrededor de una fracción de 200 mil profesores de un total de 900 mil trabajadores de la educación en todo México. De estos 200 mil, 60 por ciento están en el estado Oaxaca.
«El gobierno sabe que la mayor resistencia contra la Reforma está aquí en Oaxaca. Porque si esta reforma procede aquí, en este estado, no habrá mas resistencia y se implementará en todos lo demás estados», dijo Villalobos.
Mientras tanto el 22 de julio de este año 2015, en Toluca, Estado de México, por lo menos diez gobernadores de diversos estados y el jefe de gobierno del Distrito Federal se reunieron para detallar su próximo encuentro para el mes de octubre de 2015 con gobernadores de los Estados Unidos y Canadá. Una reunión que aprovecharon para discutir las medidas que tomarían en caso de posibles movilizaciones del CNTE como respuesta a la reestructuración del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Modelo educativo para América Latina
En el año 2013, tras un tumulto de protestas y un fuerte operativo policiaco-militar, fue aprobada la reforma educativa, sugerida por OCDE en el año 2008 al presidente Enrique Peña Nieto, en el Acuerdo de Cooperación OCDE-México para Mejorar la Calidad de la Educación en las Escuelas de México. En el documento, la OCDE se posiciona a la «vanguardia de los esfuerzos emprendidos para ayudar a los gobiernos a entender y responder sobre los cambios y preocupaciones del mundo actual, como el gobierno corporativo, la economía de la información y los retos que genera el envejecimiento de la población».
Una de las sugerencias de la OCDE fue abrir espacios al sector privado en el área de educación.«La reforma educativa es demasiado importante para el futuro de México como para dejar solos a los educadores en esta tarea. El Consejo Asesor de la OCDE considera urgente la creación de una ‘coalición orientadora’ que incluya a los líderes políticos y universitarios, a los líderes del sector privado y de la sociedad civil», consta en el documento.
El órgano hizo básicamente 15 recomendaciones proponiendo «una estrategia de acción que busca dar más apoyo a las escuelas, directores y docentes para mejorar los resultados de las escuelas y los estudiantes», en busca de «escuelas eficientes». Uno de los componentes de este acuerdo trata sobre el desarrollo de políticas y prácticas adecuadas para evaluar la calidad de las escuelas y los maestros y para vincular los resultados con los incentivos para lograr procesos de mejora. «Estas líneas de trabajo fueron dirigidas por el Consejo Asesor de la OCDE sobre Políticas de Evaluación e Incentivos para Docentes en México, conformado por expertos internacionales», explica el documento.
«No estamos en contra de la evaluación. El problema es cómo son realizadas y las consecuencias que trae detrás de estas evaluaciones. Por el contrario nosotros hemos construido un modelo alternativo que ya presentamos ante el congreso y no se ha respetado», afirma la profesora Villalobos.
Un referente de este modelo de educación en Latinoamérica es Brasil, así como en México, la política educacional tiene una orientación de organismos internacionales, intensificada a partir de la década de los años 90. Fueron implantadas políticas de evaluación por competencias y habilidades, un sistema de avaluación en larga escala, donde se estableció una participación público-privada, y la concepción de la educación giró en torno a las políticas desarrollistas y neoliberales, es decir, para el mercado, inclusive respaldándose en conceptos de economía, de competencias y habilidades, explica la investigadora Alayde Digiovanni, del Programa de Estudios de América Latina, de la Universidad de São Paulo (PROLAM/USP).
Fotografía: Santiago Navarro F.
«Los sistemas de evaluación en como son implementados no ayudan en casi nada. En algunos lugares ya tenemos este modelo que incentiva la competitividad, sistema de bonos para aquellos que presenten más rendimiento conforme la evaluación. El resultado es competición y desigualdad entre las escuelas. El sistema comúnmente desconsidera el contexto socio-económico de donde se encuentran las escuelas», sostiene la investigadora Alayde Digiovanni.
De acuerdo con Digiovanni, los acuerdos con los órganos internacionales no se restringen sólo a Brasil y México. Son políticas determinadas por organismos internacionales como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) implementadas para toda América Latina y el Caribe. «Se identifica la educación como un factor primordial para el desarrollo económico, implicado en una serie de indicaciones internacionales para las políticas públicas en temas de educación de América Latina y el Caribe. Tales recomendaciones siguen el modelo orientado por las políticas neoliberales», sostiene Digiovanni.
Justificación mediática
Junto a la estrategia militar, el gobierno ha trazado una estrategia mediática. Desde el día 21 de julio de 2015, todos los medios comerciales se han sincronizado, desde los periódicos hasta los canales de televisión que no han dejado de emitir mensajes a favor de la determinación del gobernador y de los beneficios de la reforma educativa. Detrás de la cuenta de Twitter del gobierno hay todo un equipo que mantiene un bombardeo de mensajes que terminan apagando los mensajes en contra, por ejemplo: «En #Oaxaca inicia una nueva etapa de eficiencia, modernidad y dignidad en el sistema educativo estatal» o «La #ReformaEducativa en #Oaxaca avanza y no se detendrá». El gobierno federal también figura con sus mensajes de apoyo: «El @GobRep respalda al Gobierno de #Oaxaca y al Gobernador @GabinoCue». Aliados del gobierno desde los partidos de izquierda como los de derecha también aplauden en las redes sociales los cambios para aplicar a reforma educativa en Oaxaca.
Alerta de las organizaciones civiles
Por otra parte, una red de más de 100 organizadores de derechos humanos publicaron una nota conjunta en la que externan su preocupación por la utilización de la policía federal y las fuerzas armadas contra el magisterio oaxaqueño y la ciudadanía en general. «En este país, la presencia policíaca y militar no representa una mayor garantía de seguridad, al contrario es sinónimo de represión y criminalización de la protesta social, como las graves violaciones de derechos humanos vividos en el año 2006, varios de ellos investigados actualmente en la Fiscalía de Investigaciones para Delitos de Trascendencia Social (FIDTS)», afirma la nota. Así mismo exigen la salida inmediata la policía federal y la gendarmería de Oaxaca. «(…) y responsabilizamos al gobierno federal y al gobierno del estado de los hechos que se desencadenen a raíz del proceso de militarización que vive Oaxaca», finaliza la nota.
Fotografía: Santiago Navarro F.
La Comisión de la Verdad de Oaxaca, que ha registrado y denunciado violaciones a los derechos humanos durante la militarización del año 2006, también se pronunció al respecto. «La presencia de la gendarmería, lejos de salvaguardar los derechos humanos, está propiciando un clima intimidatorio en diversos sectores de la población. Para muchos sectores aun esta fresca la memoria de los años 2006 y 2007 en Oaxaca, en los que efectivos de la Policía Federal Preventiva incurrieron en faltas graves y cometieron violaciones a los derechos humanos, hechos que esta Comisión actualmente investiga», destaca la Comisión.
Ante el contexto de militarización y de la reestructuración del IEEPO por parte del Estado, la Sección 22 ratificó que la demanda central de los estados miembros de la CNTE es la abrogación de la reforma educativa. El rechazo a la evaluación y el desconocimiento al decreto de desaparición del IEEPO, sosteniendo que de no obtener una respuesta favorable continuarán con el proceso organizativo de una huelga nacional. Mientras tanto, el lunes 27 de julio del año 2015, fue convocada la primera mega manifestación de los profesores en la ciudad de Oaxaca. Así mismo, el resto de los agremiados en la CNTE en otros estados ya han comenzado a realizar acciones de protesta en solidaridad con sus compañeros de Oaxaca y contra la reforma educativa.