Fotografía: Ranllus Sleman y María González
El 17 de octubre de 2014, un día después de la visita que hicimos a San Francisco Xochicuautla, 400 granaderos fueron enviados con los trabajadores a continuar la invasión y la tala ilegal del bosque de agua. Ante tal hostigamiento y agresiones reiteradas, el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra emitió un comunicado urgente, que puedes leer aquí.
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Habitantes, comuneros y autoridades comunitarias indígenas de San Francisco Xochicuautla, poblado ñatho del municipio de Lerma, Estado de México; convocaron a una rueda de prensa el jueves 16 de octubre para denunciar la invasión de tierras comunales, la continuación del ecocidio y el desacato de un amparo federal que la empresa Autovan –dependiente de constructora Teya, de Armando Hinojosa Cantú– y el gobierno de Eruviel Ávila, están cometiendo en el Bosque otomí-mexica o Bosque sagrado de agua, ubicado dentro de su territorio.
Comunicaron que desde el 8 de octubre topógrafos, ingenieros y talamontes, custiodiados por policías estatales, entraron en tierras comunales para retomar los trabajos del megaproyecto carretero autopista privada Naucalpan-Toluca. A la fecha han talado más de cien árboles en diferentes zonas y han realizado marcaciones –sentencias de muerte– a muchos más, así como mediciones y delimitación con estacas, de la extensión y del trazo que seguiría la autopista.
Estos actos caen en la ilegalidad debido a que desde el 2 de mayo de 2014 el primer Tribunal Colegiado de segundo circuito ordenó, tras un juicio federal de amparo directo, la suspensión definitiva de todos los trabajos relacionados con este megaproyecto. La razón es que la asamblea general ejidal (del 14 de agosto de 2011) en la que aparentemente se «aprobó la afectación de las tierras comunales para la construcción de la autopista» –es decir el despojo territorial y la destrucción de 23 kms. de bosque– no cumplió con los requisitos de validez indispensables para su legalidad, fue fraudulenta, por lo que se declaró nula. Así también fue invalidado el convenio de ocupación previa, uno de los documentos pactados en esa asamblea, que permite los trabajos en tierras comunales ñatho.
Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla y del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, en compañía de respresentantes del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) y de asesores jurídicos del Colectivo CAUSA lanzaron un comunicado en el que expresan su indignación, acusan y responsabilizan de los posibles conflictos que deriven de este desacato a los representantes de bienes comunales que encabeza Ángel Valdés Ramírez y al gobernador Eruviel Ávila. El gobernador mexiquense es acusado de cometer desvío de poder (o sea de dar preferencia a los intereses de las empresas y abrirles margen de acción en perjuicio de la población a la que debe servir, desobedeciendo el mandato por el cual se le confieren facultades de gobierno y administrativas) y de violar los derechos humanos de la población de Xochicuautla, así como los de una población mayor que se beneficia con el agua proveniente de la recarga de los mantos acuíferos de este bosque (incluyendo a la población del Valle de Toluca y del Distrito Federal).
También comunicaron que como nación indígena son suscriptores de la declaratoria de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas en la ONU realizada el 22 y 23 de septiembre de 2014, la cual fue aprobada y firmada por representantes de Estado, entre ellos el presidente de México, Enrique Peña Nieto, por lo que esperan que cumpla y respete lo suscrito –que incluye temas como el respeto a la autodeterminación de los pueblos y a su territorio–.
Después mostraron el amparo federal, fruto de una lucha jurídica de años y desahogo de una demanda de nulidad que hoy protege, por ley, el Bosque de Agua; cuestión que la empresa Autovan, el gobierno mexiquense y sus agentes, simplemente están ignorando. Estas acciones implican varios delitos que el poder judicial federal tendría que castigar para probar la legitimidad de sus dictámenes y de la ley.
Entre los delitos cometidos, considerados como tales en el Código Penal Federal, se encuentran:
1) Desobedecer un mandato legítimo de la autoridad (con pena de entre 15 y 200 horas de trabajo en favor de la comunidad)
2) Destrucción de vegetación natural o derribamiento de árboles –fuera de áreas urbanas– (con pena de seis meses a nueve años de prisión y una multa de cien a tres mil días de salario mínimo; aumentando hasta tres años de prisión y mil días de multa si se afecta un Área Natural Protegida (como es el caso del Bosque de Agua)
En cuanto a lo que marca la Ley de Amparo:
1) En un juicio de amparo, la autoridad responsable (se indica detalladamente cómo se atribuye el caracter de responsable) es parte en el conflicto (Artículo 5, fracción II)
2) Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas (en un plazo de tres días), de no hacerlo se impondrá al titular de la ejecutoria (en este caso el magistrado Jorge J. Gómez de Silva Cano del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve) una multa a determinar y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para realizar el trámite de inejecución que puede culminar en la separación de su puesto y su consignación (Artículo 192)
3) Las autoridades que tengan que intervenir en el cumplimiento de una sentencia están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento (Artículo 197)
4) Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (…) se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo (Artículo 262)
5) Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, a la autoridad que dolosamente: 1. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir (…) Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas, en su caso, al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo (Artículo 267)
La obtención de un amparo federal como el que logró la población de Xochicuautla, ha costado un gran esfuerzo y una inversión de tiempo, energía y recursos para superar la ineptitud y el desvío de poder que, además del gobernador, cometen otras autoridades mexiquenses. Aquí una breve cronología de las demandas y movimientos legales que han tenido que relizarse desde 2011 para lograr dicho amparo.
Al terminar la conferencia de prensa, autoridades y pobladores nos invitaron a acompañarlos en un recorrido por la zona donde se está devastando ilegalmente el bosque. En una pequeña caravana de alrededor de diez vehículos (entre automóviles y camionetas), además de una procesión de habitantes que caminaron hasta el lugar, llegamos al paraje Abondo que se encuentra a 10 minutos del centro de Xochicuautla, en carro. Tras adentrarnos unos 30 metros desde el camino hacia el bosque encontramos a los primeros talamontes. Advertimos su presencia en el lugar mucho antes de hacer contacto visual; el ruido de las motosierras nos guió hacia ellos. Previo a encontrar a los trabajadores, entre la maleza y en la sombra de unos árboles, nos dimos cuenta que cuatro policías estatales con escudos de granadero nos miraban, la sensación de ser asechados fue inevitable.
Un grupo de aproximadamente 60 personas fuimos acercándonos al punto de origen del rugido de la máquina; uno de los trabajadores miró a los primeros que llegamos y no dejó de destrozar el árbol sobre el que estaba. Poco a poco la gente comenzó a increparlo, a lanzar consignas. Momentos después de observar que el hombre no se detenía, se le expresó la petición explícita y enérgica de que detuviera su acción, hasta ese momento interrumpió la destrucción e intentó retirarse. Ante ello la gente comenzó a formularle preguntas: «¿cómo te llamas?, ¿para quién trabajas?, ¿sabes que lo que estás haciendo es ilegal?, ¿Cuál es el nombre de la empresa que te contrató?». A excepción de su nombre y de identificarse como ingeniero forestal, no hubo respuestas, todas «las desconocía».
Posteriormente uno de los pobladores comenzó a preguntar a los policías quién era su superior inmediato y dónde estaba. La gente pedía que un responsable o supervisor de la obra diera la cara. No había respuesta sensata, todo eran vacilaciones o declaraciones de ignorancia. Caminamos por el rastro del ecocidio, realmente la visión de la zona era desastrosa. A la distancia se escuchó de nuevo sonido de motosierras. Las y los xochicuautlas, así como la comitiva de medios, defensores de derechos humanos y abogados que los acompañábamos, bajamos por una pendiente bastante empinada para encontrar a otro grupo –más numeroso– de trabajadores que estaban terminando de despedazar un árbol mucho más grande que el primero que encontramos. Los policías que los custodiaban –aproximadamente doce para unos seis trabajadores– portaban armas de fuego, toletes y escudos de granadero con la leyenda de policía estatal.
El camino pendiente abajo (y después pendiente arriba) lo siguieron señoras con niños en brazos –o en el rebozo a la espalda– adultos mayores, jóvenes, niños, mujeres y hombres que llegaron hasta el lugar donde estaban los trabajadores, sólo para no obtener respuestas de su parte. Supuestamente alguien fue a buscar al responsable de la obra, pero después de un rato de espera fue evidente que no se iba a presentar. La gente le preguntaba a las y los policías y trabajadores que por qué hacían eso –destruir el bosque– que si no les dolía; que por qué lastimaban a su comunidad; que si ellos no tenían familia o no les importaba afectar a otras familias.
Los interpelados sólo atinaron a responder que era su trabajo y que fueran a hablar con un responsable –ya hemos visto que entre el ordenamiento y la ejecución de los delitos, tanto responsables materiales como intelectuales se «echan la bolita» unos a otros y cuando alguien llega a pagar es, usualmente, el ejecutor servil que seguía órdenes, y no el que tomó la decisión de cometer los actos–. Uno de los trabajadores nos confeso ser campesino de Toluca, que no sabía nombres de empresas ni de responsables y que le pagaban 200 pesos al día desde hace tres días; se veía consternado, como la mayoría de ellos. Al final se invitó a trabajadores y policías a retirarse del lugar y se les exigió que no volvieran a poner un pie en ese bosque. Sin embargo esto no ha sido cumplido.
Ya entrada la tarde y después de comer, una comitiva más pequeña que la primera, fuimos a un segundo punto conocido como Buenavista, que también ha sido invadido, y en el que desde hace días han estado talando de forma ilegal. Desde ahí se aprecia la construcción de dos grandes columnas de un puente que cruzaría de un cerro a otro, en los cuales son evidentes los trabajos de tala. Ahí también apreciamos las marcas hechas al terreno por topógrafos y José Luis Fernández, comunero del lugar, nos explicó y señaló la división de tierras, entre comunales y privadas, que tienen sus límites en esa zona.
Nos enseñaron, en un mapa, por dónde es que se ha adentrado a territorio comunal la maquinaria de Autovan y por dónde pretenden seguir; luego nos orientaron en el terreno para visualizar el trazo de la carretera y notar la gran parte de tierras comunales invadidas. José Luis comentó que el Parque Otomí-Mexica es un Área Natural Protegida con categoría de Santuario del Agua y que se extiende desde las Lagunas de Zempoala hasta el Cerro de la Bufa en Villa del Carbón, Estado de México. Este parque es conocido también como el Bosque de Agua, del cual Xochicuautla es parte y que incluye pozos que abastecen a todas las comunidades circundantes así como aporta parte del agua al sistema Cutzamala –que abastece el Valle de Toluca y el Ditrito Federal– por lo cual en Xochicuautla reiteran que su lucha es una lucha por el pueblo mexicano. También otros habitantes de comunidades cercanas nos contaron de más localidades que serán, o están siendo afectadas, entre ellas, San Lorenzo Huitzizilapan, Santa María Tlalmiminolpan, Santa Cruz Ayotusco, etc.
Mapa de proyecto carretero Toluca-Naucalpan y su paso por Xochicuautla (terrotorio comunal demarcado al centro)
El señor Roberto de la comunidad Adolfo López Mateos de San Lorenzo Huitzizilapan comentó que esa localidad, que cuenta con doce comunidades, se encuentra hermanda con San Francisco Xochicuautla por las mismas afectaciones. Relató que el comisariado no ha seguido los procedimientos que exige la Procuraduría Agraria para llevar a cabo las asambleas; que no ha convocado a los dueños reales, es decir a los habitantes, para tomar en cuenta su opinión en la aprobación de proyectos; y que reúne a grupos pequeños para hacer pasar los proyectos como votados. Mencionó también que existe una tala no aprobada por asamblea que está relacionada con un proyecto denominado Gran Reserva Santa Fe, que incluye en su proyección la excavación de pozos, proyectos eólicos, una zona residencial, un parque privado, zona de servicios y un pequeño club de golf. Para dicho proyecto se están realizando mediciones y acusan al comisariado de haber levantado bardas para impedir el paso en una extensión de diez hectáreas. Lo anterior en conjunción con las diferentes dependencias de gobierno, desde el presidente municipal hasta el Tribunal Agrario.
Tras la petición oficial de información al respecto, los habitantes no han obtenido respuesta alguna. Además acusan que compañías como Coca Cola y Nestlé están buscando ser beneficiarios directos del agua de sus mantos acuíferos y despojar del vital recurso a la comunidad. Huitzizilapan también se encuentra tramitando un amparo para suspender dichas obras pero hasta el momento los trabajos continúan. A pesar de que los habitantes han solicitado y tramitado la petición de destitución del actual comisariado, la Procuraduría Agraria no ha dado respuesta alguna, por lo cual los pobladores han realizado protestas y movilizaciones para exigir transparencia y respuesta a sus peticiones por parte de esa instancia. La organización popular generada ha servido para hacer rondas y evitar en parte la tala ilegal.
Otro compañero perteneciente a Huitzizilapan, comentó que más allá de tener o no un amparo, esas zonas son lugares que no deberían de «tocarse»; que si hubiera conciencia y respeto a las comunidades, a su cultura, a sus tierras, a la naturaleza y a su forma de vida, no sería necesario un amparo; pero que lo que sucede es que hay un descaro por parte del gobierno que actúa en la ilegalidad y sin respeto por los pueblos.
La gente de Xochicuautla anunció que iniciarán una campaña de difusión a nivel nacional sobre la grave problemática por la que atraviesan y que comenzarán con la conformación de brigadas para resguardar el bosque. Pidieron estar atentos frente a las posibles agresiones u hostigamientos que puedan continuar por parte de las autoridades y declararon que seguirán su lucha por la vía jurídica y de organización social. Es importante recordar que Xochicuautla y Huitzizilapan son el Espejo 6, de los 29 que fueron enumerados en la última reunión del Congreso Nacional Indígena (CNI) con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en agosto de 2014 –cada espejo es una experiencia de resistencia ante el despojo, y en cada una se reflejan las otras– y que se preparan para ser una de las sedes del Primer Gran Festival Mundial de las Rebeldías y las Resistencias a realizarse a finales de diciembre de este año.
Al final del día nos despedimos de Xochicuautlla con la clara imagen de lo que ya se ha dicho mucho pero no siempre puede observarse mientras sucede: el «desarrollo» y el «progreso» del gobierno y las empresas, que en realidad son la devastación de la flora y la fauna, así como la afectación destructiva e ignorante de los mantos acuíferos, la cultura y la forma de vida de los pueblos de México. Es evidente la necesidad de apoyo y solidaridad para que, con la continuación de la lucha por la vía jurídica y la organización social, se haga cumplir la orden de protección al bosque, tan indispensable para la vida en tierras ñatho, otomíes y en general, en la región central del Valle de México.
